Por: Marisol Ochoa

Con una revisión en tiempo récord, 17 congresos estatales -en su mayoría de extracción morenista y aliados- aprobaron la reforma a la Guardia Nacional, que ya puede ser declarada constitucional. Así se cumple uno de los últimos deseos del presidente, aún en funciones hasta el día lunes 30 de septiembre. ¿De verdad, valió más la prisa de darle el regalo de despedida al presidente, que un verdadero diálogo en torno al diagnóstico de lo que nos pasa en temas de seguridad y violencia actualmente? La respuesta es evidente.

Más de lo mismo, pero ahora con una gran diferencia que apunta a una centralización del control en materia de seguridad en manos de la consolidación de la cuarta institución militar del país. Así, después de la modificación a doce artículos de la constitución, entre los que destacan las de los artículos 21 y 123 respectivamente, en los cuáles se atribuyen funciones de investigación de la mano de ministerios públicos y el de que la Guardia Nacional podrá regularse con sus propias leyes. Pareciera ser que la apuesta a generar una policía civil que intervenga en materia de seguridad se aleja en el horizonte.

Nadie discute que las intervenciones militares por ahora sean la opción para enfrentar la criminalidad, lo que se argumenta, es que después de casi 18 años, los niveles exacerbados de violencia y expansión delictiva en algunos estados del país es un hecho, y que al término de este sexenio, los datos duros muestran una realidad devastadora en la cual alcanzaremos los 200 mil homicidios dolosos, lo cuál nos habla de un contexto delicado de 90 muertes diarias. Este es el panorama que ha estado conformándose en el mismo periodo en que la Guardia Nacional se creó ya hace casi 5 años con aproximadamente 120 mil elementos y un despliegue territorial en 150 regiones a lo largo y ancho del país.

Las evidencias de la incapacidad de contención de las violencias, de la falta de coordinación con estados y municipios, de la mano de una incapacidad crónica -por voluntad, recursos u omisión-, para desarrollar policías profesionales, ha generado un ambiente de aletargamiento en los tres niveles de gobierno donde la criminalidad nos guste o no opera a sus anchas. Cooptaciones territoriales, extorsiones, enfrentamientos, toma de recursos, robos en todas sus modalidades, secuestros, son solo algunos de los fenómenos violentos que en varias localidades del país se viven todos los días, sin que hasta el momento exista una verdadera coordinación, contención y gestión de las lógicas criminales. Para muestra, solo habrá que voltear a ver a Culiacán, donde después de tres semanas, la vida cotidiana se encuentra paralizada, y donde la ciudadanía tiene que arreglárselas como en otras localidades para librarla.

Así esta reforma pondrá a prueba la organización y planes que en materia de seguridad se estén pensando en el próximo sexenio, donde preguntas se ponen sobre la mesa ¿Quién estará a cargo de decidir las operaciones e intervenciones en materia de seguridad? ¿Cómo se operarán las intervenciones desde una perspectiva coordinada con estados y municipios, o desde una lógica centralizada? ¿Qué papel jugará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?…Una cosa es clara, si no existe transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de evaluación, seguimientos en los tres niveles de gobierno, participación de organizaciones civiles y una tolerancia a la autocrítica…nada habrá valido la pena y eso solo comprobaría la hipótesis, más allá de acabar con la corrupción, de que la premura de garantizar las reformas tanto judicial como a la Guardia Nacional serían controles políticos sin visión de estado y protección de nuestra democracia…¿se generará una nueva visión y compromiso enfocada en garantizar y proteger a la ciudadanía?…ya lo veremos.