Cienfuegos, otra vez Cienfuegos. Aparece y desaparece, figura y luego regresa a la penumbra permanente. El exsecretario de la Defensa Nacional cuyo nombre aparece en caso tras caso, documento tras documento, investigación tras investigación y a pesar de ello, elude toda investigación judicial. Logra ser exonerado y perdonado, aunque eso entrañe nunca saber la verdad sobre Ayotzinapa, y jamás proveer justicia para quienes desaparecieron ahí. El general aprehendido en Los Ángeles e insólitamente liberado tras una negociación bilateral de “alto nivel”. El militar que desde el primer día obstaculizó la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre la desaparición de los 43 y lo sigue haciendo. Protagonista de un extenso reportaje de ProPublica y The New York Times que exhibe los costos democráticos de militarizar al país. Las interrogantes que rodean a Cienfuegos y la inmunidad que lo arropa revelan el altísimo precio que ha pagado López Obrador para cogobernar con las Fuerzas Armadas.

Después del arresto en Estados Unidos, AMLO inicialmente reaccionó lamentando los lazos del militar con el narcotráfico, pero luego reculó. Después de la presión ejercida por las Fuerzas Armadas, el presidente mexicano cambió de parecer, denunciando la intervención de la DEA y la subversión de la soberanía nacional. Ahora, la tensa colaboración entre México y Estados Unidos en torno al combate al narcotráfico pasa por uno de sus peores momentos. AMLO acusó a la DEA de “fabricar evidencia” contra el general y ha impuesto restricciones cada vez más severas a operaciones conjuntas para enfrentar a los cárteles. Al norte de la frontera, la percepción es que el arresto de Cienfuegos trajo consigo el peor de todos los mundos: impunidad y enemistad. El militar fue rápidamente exonerado en México y la cooperación entre ambos países no ha vuelto a ser la misma. Hoy los narcos mexicanos son los principales proveedores de cocaína, metanfetaminas, heroína y opioides sintéticos al mercado estadounidense. Estados Unidos compra y México vende, produciendo la epidemia de drogas más letal en la historia de ambos países.

La Guardia Nacional no ha alterado el panorama, ya que el año pasado solo arrestó a 8 mil 258 sospechosos -38% de los detenidos por la Policía Federal en 2018. La liberación de Ovidio Guzmán despertó dudas sobre si en realidad hay una estrategia de seguridad nacional detrás de lo que parece ser pasmo ante el crimen organizado, o la complicidad con sus líderes. Pero el caso que mejor ilustra las contradicciones de la 4T ante el crimen en todas sus encarnaciones es el de Cienfuegos. La secrecía en torno al general, la salvación de su pellejo, y el silencio oficial que aún prevalece en torno a su proceder, apuntan a un entramado de colusión, no de aclaración. En nombre de la defensa de la soberanía, se han guardado secretos que todavía no salen a la luz pero deberían. Y el reportaje apunta en la dirección correcta.

El arresto de Cienfuegos fue el resultado de años de investigación, años de intercepción de comunicaciones, años de entrevistar a testigos, años de sospechar que protegía bandas criminales en las zonas militares que comandó. Al recorrer la cortina en el caso Cienfuegos, empiezan a salir a la luz historias de connivencia entre narcos y militares, complicidad entre narcos y funcionarios, lazos entre narcos y gobernadores. Eso no es nuevo, y el arresto de Genaro García Luna subraya la infiltración criminal del Estado desde el sexenio de Calderón. Pero AMLO parece empeñado en cercenar cualquier posibilidad de colaboración o investigación bilateral. Elimina equipos conjuntos, desacelera las extradiciones, suspende la colaboración de la DEA con la Marina. Cierra puertas y echa cerrojos, quizás preocupado por la lista de 20 nombres -de miembros del gabinete, gobernadores y procuradores mexicanos- actualmente en la mira de autoridades estadounidenses.

Al proteger a Cienfuegos como lo ha hecho, López Obrador se pone a sí mismo. Porque parecería que lo defiende por miedo, o duplicidad, o presión, o encubrimiento. Manda el mensaje de que la militarización proveerá de cobertura a la corrupción. Y el general Cienfuegos lo sabe. Tan es así que cuando lo arrestaron en Los Ángeles preguntó: “¿Qué no sabe quién soy yo?”. En México la respuesta es conocida: otro militar por encima de la ley.