Ciudad de México.- A más tardar el próximo 20 de marzo, el Congreso deberá aprobar la legislación secundaria que sepultará a los siete órganos autónomos que fueron eliminados de la Constitución y cuyas funciones serán absorbidas en su mayor parte por el Poder Ejecutivo.

Una vez aprobado el nuevo marco jurídico, la Presidenta Claudia Sheinbaumemitirá los decretos de extinción en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e iniciará el desmantelamiento formal y el despido de buena parte de sus 4 mil 524 empleados.

El pasado 20 de diciembre se publicó en el DOF la reforma constitucional por la que quedaron extintos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

También, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La reforma estableció un plazo de 90 días naturales para que el Congreso emita las normas que permitirá que el Poder Ejecutivo y, en su caso, el Judicial y el Legislativo, así como el Inegi, asuman las facultades de regulación, supervisión, evaluación, gestión, administrativas y de imposición de sanciones que tenían encomendadas los órganos autónomos.

Por ejemplo, en el caso del INAI, deberán ser modificadas o abrogadas, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia que regulan un marco jurídico en el que el Instituto funge como una autoridad cuasijurisdiccional para resolver las denuncias de los ciudadanos ante las evasivas de entrega de información.

También, tendrán que ser modificadas la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que otorgaban al INAI la atribución, incluso, de imponer sanciones económicas.

La facultades cuasijurisdiccionales del INAI, según ha declarado la Secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, podrían ser enviadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), esto es, que los recursos de revisión promovidos por los ciudadanos contra el Ejecutivo serían resueltos por esta instancia para evitar el dilema de ser juez y parte.

La extinción del INAI tendrá un efecto cascada en las legislación estatales, pues la Constitución preveía la existencia de un Sistema Nacional de Transparenciaencabezado por el INAI y conformado por los 32 órganos garantes de las entidades federativas, además de que fungía como autoridad de segunda instancia para los ciudadanos que no quedaban conformes con la resolución de su instituto local.

La reforma constitucional mandata a los estados a armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales dentro de los 90 días naturales posteriores a la aprobación de la legislación federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo suya la iniciativa de extinción promovida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que estos órganos no han cumplido con el propósito para el que fueron creados, representan un obstáculo para el nuevo proyecto político que representa la Cuarta Transformación, han resultado onerosos y registrado actos de corrupción.

“ Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. La Auditoría (Superior de la Federación) documentó que los siete comisionados -entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes- habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior el país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos”, señaló el pasado 21 de noviembre.

Una semana después, de nueva cuenta, argumentó en favor de la desaparición.

“ Los organismos autónomos se crearon, no para acabar con los monopolos privados, ¿o qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas”, reprochó el 29 de noviembre.