“Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.
Miguel de Unamuno

El Gobierno y sus partidos tienen las mayorías suficientes para aprobar por la vía rápida la reforma judicial. Ya lo hicieron en diputados y muy probablemente comprarán al senador que les falta en la cámara Alta. Quizá ya lo tengan en el bolsillo, pero no han dicho quién es para evitar presiones. Están venciendo, pero no convenciendo.

Nos dicen que con la reforma se eliminará la corrupción del Poder Judicial. No hay, sin embargo, en la iniciativa una sola medida para lograr esa meta. Al contrario, el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros multiplicará las oportunidades para la corrupción. Incluso la prohibición del uso de recursos públicos o privados para las campañas sembrará semillas de corrupción. Prevalecerán las campañas financiadas con dinero negro o las que realicen los candidatos ricos que puedan pagar sus propios gastos. Los elegidos, lógicamente, buscarán recuperar lo invertido.

Nos dicen que con la reforma la justicia se volverá pronta y expedita, pero la propuesta no ofrece ninguna razón para pensarlo. El documento establece que los juicios fiscales deberán resolverse en seis meses y los penales en un año, pero hoy también la Constitución ordena que la justicia sea pronta y expedita, cosa que nunca se ha cumplido. Para reducir el tiempo de los procesos se necesitarían leyes más sencillas y un mayor número de jueces, así como equipos de apoyo más grandes y capacitados en los tribunales, pero la iniciativa no considera nada de esto. Los jueces inexpertos que saldrán del voto popular podrían, efectivamente, acelerar los juicios, pero sólo si dejan de considerar todos los detalles de la ley y los precedentes. Los juicios así serían más rápidos, pero no justos.

Nos dicen que el Gobierno y sus legisladores tienen un mandato popular para cambiar el sistema de justicia de nuestra Constitución. Falso. Los partidos oficialistas obtuvieron sólo 54% del voto popular en la elección para el Congreso; carecen de legitimidad para tirar a la basura todo el sistema constitucional de justicia y reemplazarlo por otro con mayores deficiencias.

Nos dicen que la reforma fortalecería la independencia judicial, pero la iniciativa deja en claro que el resultado sería exactamente el contrario. El Presidente ha propuesto un sistema para que los jueces sean electos de listas de candidatos postulados por el Gobierno. También ha inventado un Tribunal de Disciplina que acabaría con la independencia judicial al intervenir en los procesos y sancionar a los jueces que no acaten las órdenes del régimen.

Nos dicen que la reforma no afecta nuestras relaciones comerciales. No entienden que para las empresas internacionales es importante trabajar en países con un estado de derecho claro y justo. Nos dicen que hay que conocer la reforma judicial antes de hablar sobre ella, pero quienes parecen no conocerla son quienes la están aprobando al vapor en el legislativo. Nos dicen que la reforma le da el poder al pueblo, pero lo que hace más bien es entregar un poder absoluto a un partido hegemónico que no está dispuesto a escuchar o a dialogar con los demás.

El Gobierno y el partido hegemónico han vencido, pero no convencido. Están poniendo fin a un sistema de justicia que busca cumplir con los principios de los países democráticos y lo sustituyen por otro ineptamente copiado de países autoritarios donde el gobernante ordena a los jueces cómo actuar.

Olvido

Claudia Sheinbaum declaró tras su victoria electoral: “Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Nuestro deber es y será siempre velar por cada uno de los mexicanos sin distingos”. Tristemente lo olvidó, como lo demuestra su respaldo a una reforma judicial aprobada por diputados sin considerar a la oposición o a los juristas.