Ciudad de México.-  El capítulo sobre México del Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW), presentado este jueves, advierte sobre la ineficacia del sistema de justicia penal y la persistencia de la detención arbitraria y la tortura en el país.

Todo ello, señala, en un escenario de alta incidencia de delitos violentos en diversas regiones.

“ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo en octubre, heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado”, apunta.

“ A nivel nacional, la tasa de homicidios bajó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25.9 (por cada 100,000 habitantes) en 2022 a 24.9 en 2023. Sin embargo, el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”.

El informe de HRW remarca que la impunidad impera en la gran mayoría de los casos, tanto de violencia del crimen organizado como de abusos por parte de las fuerzas del Estado.

“ El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas. Rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar rendición de cuentas”, advierte.

“ Sólo el 16 por ciento de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a través de la mediación o de algún tipo de compensación. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva“.

En 2022, detalla, las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y sólo 82 casos derivaron en procesos penales y 10 dieron lugar a una sentencia condenatoria o absolutoria.

En tanto, abunda, el 37 por ciento de las personas presas en 2023 no habían sido condenadas por ningún delito y más del 20 por ciento de quienes se encontraban en prisión preventiva llevaban más de dos años en esa situación.

La modificación constitucional para ampliar la lista de delitos para los que se requiere prisión preventiva automática, aprobada en noviembre por el Congreso, advierte, contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a México eliminar esta práctica.

Por otra parte, reprochó HRW, el Gobierno ha tardado en implementar muchas de las medidas exigidas por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas de 2017, como la creación de un banco de datos forenses.

La organización internacional refrendó su cuestionamiento a la reforma constitucional para eliminar la disposición que prohibía a los integrantes de las Fuerzas Armadas ejercer funciones no militares en tiempos de paz.