Difícilmente se puede identificar un problema más grave, que penetre en todos los ámbitos de nuestro tejido social, como es la situación de violencia contra las mujeres. Como sociedad, no podemos dejar de percibirla como una deformación -una tara- que demerita la dignidad humana y la convivencia comunitaria; una malformación cultural, un lastre para la educación integral, un freno para el desarrollo económico, un severo problema de salud pública, de seguridad y de justicia; causa y efecto de la mayor pobreza y desigualdad en las que hoy se hunde al país.

La cifras de ONU Mujeres indican que en el mundo más del 30% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta hasta el 70 por ciento.

Durante la pandemia, por ejemplo, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia física y/o sexual. Los datos también señalan que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia y que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía.

En México, la mayoría de las mujeres ha experimentado algún incidente de violencia en su vida, una proporción importante ha sufrido violencia sexual y, en el extremo, al menos 10 mujeres son asesinadas cada día.

La violencia se ejerce de diferentes maneras. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) del Inegi, al menos 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha enfrentado una situación de violencia física, emocional, sexual o de discriminación. Las más comunes son la violencia emocional (49%), seguida de la sexual (41%) y la física (34%).

El problema de feminicidio va en aumento: de 2015 a 2020 se incrementó en más del 100% y el número de víctimas aumentó en un 129%, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De enero a noviembre de 2021 fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, de las cuales 2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso y 922 sufrieron feminicidio por razón de su género, una cifra récord en las últimas décadas. Además, debe considerarse el grave problema de la desaparición de personas que mucho afecta a las mujeres y que durante los meses recientes ha alcanzado niveles extraordinarios: de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gobernación, entre las personas desaparecidas se ha observado un incremento de la proporción de mujeres respecto de los hombres, al pasar de 28% en 2015 a 39% para 2020.

Para dimensionar la cuestión hay que puntualizar que en 22 entidades federativas (68%) y en 643 municipios (26%) se ha tenido que declarar la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres.

Por supuesto, el fenómeno de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres se ha exacerbado durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Como bien lo expresan analistas del centro de estudios México Evalúa, “La violencia contra las mujeres se ha convertido en la otra pandemia, la pandemia sombra. Aun cuando se le ha reconocido como un problema público, complejo y del más amplio impacto, se mantiene en incremento. La respuesta del Estado se ha quedado corta”.

Muy corta en efecto se ha quedado la política pública del Gobierno federal, pero lo más inexplicable es que el Ejecutivo se haya convertido en un enemigo declarado de las organizaciones feministas que reclaman decisiones y acciones concretas del Gobierno a favor de la igualdad de género y la solución a los problemas de violencia contra las mujeres. Se han reducido los recursos presupuestales para los programas con enfoque de género -aunque la patraña del oficialismo pretenda ocultarlo considerando los apoyos sociales como si fueran acciones a favor de la igualdad- se han cancelado proyectos de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyos a refugios de mujeres maltratadas, programas de apoyo a la producción y al empleo, y acciones de apoyo a la salud y a la educación de las mujeres, entre otros.

Y lo más insultante para las mujeres es la actitud del propio Ejecutivo federal y de funcionarios de los tres poderes que pretenden minimizar el problema de violencia contra las mujeres; una resistencia que niega la realidad por su mentalidad retrograda y, en el fondo, machista.

Urge definir una estrategia para la acción pública que permita avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y a favor de la igualdad. Desde la ciudadanía tenemos mucho qué hacer, desde nuestro entorno inmediato hasta la construcción de una alianza entre la sociedad y el Gobierno -en especial, los gobiernos locales- para enfrentar con decisión y con una visión a favor del desarrollo del país, esta pandemia que tanto nos degrada.