Finalmente, y aunque se antojaba imposible, dadas las incontables resoluciones en contra emitidas por diversos jueces federales y otros miles de ambigüedades, las inéditas campañas electorales de los más de 3 mil candidatos a cargos federales de impartición de justicia, así como los 2 mil aspirantes de 19 Estados, iniciarán pasado mañana, y su periodo de duración será sólo de 60 días, en los cuales, los candidatos deberán promocionarse, con recursos propios, para ganar el favor de los ciudadanos, el próximo 1 de junio.

Con el arranque de estas raras campañas, debemos entender que, aunque no lo queramos, a contra justicia y razón, los comicios para la renovación del Poder Judicial de la Federación y de los Estados, únicos en el mundo, se llevarán a cabo; esto, a pesar de lo ocioso, polémico, costoso e inútil que resultará dicho proceso eleccionario, en el cual, casi al final y muy por la fuerza, a los candidatos les fueron impuestos topes de campaña, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó topes diferenciados dependiendo de la postulación.

Así pues, con una expectativa de participación de menos de veinte por ciento del padrón electoral, tanto a nivel federal como en nuestro Estado coahuilense, el Instituto Nacional Electoral (INE) se gastará 13 mil millones de pesos del erario nacional, haciendo de esta loca elección una de las más costosas en la historia de México; mientras que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) invertirá poco más 138 millones de pesos de nuestras arcas locales.

Ahora bien, tal como lo mencioné al principio de esta columna, para quien esto escribe, esta elección en lo absoluto traerá beneficio al país, ni a nuestro estado; lo anterior dado que, en primer término, los comicios que inician obedecen a una reforma judicial fundada en intereses meramente políticos, teniendo como principal finalidad la captura del Poder Judicial por parte del régimen que gobierna; por tal, tendremos como resultado una generación de juzgadores que deberán obedecer al régimen que les creó esta posibilidad de acceder al puesto.

Por si Usted duda de mi anterior aseveración, déjeme decirle que, al igual que en nuestro Estado, en la federación, los encargados de la selección de los supuestos candidatos que aparecerán en las boletas el próximo primero de junio, lograron torcer tanto los requisitos a los candidatos, que llegaron al extremo de garantizar, desde ahora, que sólo los personajes que les convienen aparezcan en las boletas; es decir, que el día de la elección usted no elegirá nada ni a nadie, y lo único que logrará con su participación, será legitimar la imposición de un supuesto candidato, en un puesto que evidentemente, tiene amarrado desde tiempo atrás.

En resumen, el gasto que nuestro Gobierno erogará para simular una elección democrática, es de dimensiones exageradas y por demás absurdo, dado que, si lo único que se pretendía era infiltrar a amigos e incondicionales en los poderes judiciales federales y locales, para lograr su control, mejor lo debieron hacer de manera directa, ya que, si en realidad pretendían mejorar la administración de justicia, el dinero que descaradamente ahora desperdician en este teatro, mejor lo debieron invertir en los mismos órganos de justicia, que, si de algo se duelen, es precisamente de la carencia de recursos.

¿No lo cree Usted?