Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere “poseer el día de la designación…título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”, además de “gozar de buena reputación”, entre otros requisitos (Art. 95, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Ella llegó a la Suprema Corte impulsada por AMLO y rodeada de cuestionamientos, y hoy aspira a presidirla. No parece extraño que, a causa de ello, se extreme el examen de las calidades con las que cuenta la ministra Yasmín Esquivel Mossa para el desempeño de tal dignidad. No es, como alguien ha pretendido ridículamente, un caso de misoginia o cosa que se le parezca. 

En cambio, gran sorpresa ha causado el descubrimiento acreditado por Guillermo Sheridan: la señora ministra presentó, para obtener el título de licenciada en derecho, una tesis profesional plagiada. Eso es inaudito y escandaloso por sí mismo, un hecho cuyas consecuencias son, sin lugar a duda, inhabilitantes y que aun podrían llegar a configurar conductas tipificadas como delitos.

Lo peor del caso es que, en el ejercicio de la defensa mediática, lo único que ha tenido lugar es un intento de desvirtuar la acusación sin referirse a ella, un falaz movimiento de distracción que en nada se ha referido a la imputación central de plagio, a pesar de la nitidez con que ha sido planteado y ampliado por las ulteriores revelaciones.

En lugar de comparar las dos tesis para demostrar que no son iguales y, por lo tanto, la falsedad de la imputación, la señora Esquivel se dedicó a reunir testimonios escritos de antiguos profesores, documentos inconducentes porque, en general, hacen referencia a su desempeño académico en otros cursos y posgrados cursados por ella, y no a la tesis cuya originalidad se cuestiona.

Uno solo de esos testimonios resultó digno de ser tomado en cuenta: El de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien dirigió las tesis de Edgar Báez, que se reputa como original, en 1986, y de Yasmín Esquivel en 1987, que resultan ser fundamentalmente idénticas.

Lo que su intervención aportó, lejos de ser en descargo de la ministra, permitió descubrir que la misma profesora dirigió las tesis de Juan Carlos Blanco Silva, en 1993, y de Juan Carlos Martínez Mendoza, en 2010, todas ellas con apariencia de identidad.

Surge entonces, justificadamente, no sólo la cuestión del plagio, sino que se hace necesario añadir la duda sobre quien fue el verdadero redactor de la primera, dada la soltura con que la directora de todas ellas dispuso del texto en cada caso, y con esa posibilidad surgen también circunstancias agravantes. 

La Real Academia dice que plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, mientras que el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define al plagio como “acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados” (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_816.pdf).

En el caso hay plagio, y la falta por sí misma, una vez comprobada formalmente, bastaría para revocar el título profesional de los beneficiados por él indebidamente, pero también para fincar, por las vías judiciales, administrativas y políticas, las responsabilidades que correspondan en cada materia, incluidas las penales.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le gusta referirse a sí misma como “Alto Tribunal”, expresión que resultaría en extremo sarcástica si tolerara que uno de sus integrantes careciera de la calidad moral de excelencia, verdaderamente ejemplar y sobresaliente, que ha de caracterizar a quien tiene en sus manos la delicada misión de juzgar, en última instancia, sobre asuntos que son vitales para la pervivencia del Estado de derecho en México.

Este deplorable caso, por su gravedad, exige acciones de enmienda inmediatas y ejemplares; es una oportunidad para virar hacia el rumbo debido, con inteligencia y firmeza para sortear los obstáculos que se pueden adivinar.