Desde que Donald Trump ganó nuevamente las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una ola de nerviosismo e incertidumbre ha permeado en los mercados financieros y en el subconsciente colectivo de la sociedad mexicana.

Los analistas han manifestado sus posturas, encontradas algunas de ellas. Algunos miran en el horizonte nubarrones, relámpagos y centellas, mientras que otros lo ven soleado y sin probabilidades de tormenta.

La verdad es que ya conocemos a Trump como candidato y como Presidente. Las amenazas comerciales y arancelarias, condicionadas al tema migratorio que lanzó recientemente, son las mismas de su primera campaña a la Presidencia.

Claro, el entorno y las circunstancias son diferentes. Hoy en día tiene una mayor presión para cerrar el paso a las importaciones con alto contenido chino a través de nuestras fronteras y, como ya no se puede reelegir, existe el riesgo de que tome decisiones más doctrinarias y menos populares.

Siempre que se imponen aranceles e impuestos, quien gana es el Gobierno, vía recaudación, y quien pierde es el productor o exportador del bien o servicio, ya que sus ventas se reducen. Pero también hay otros perdedores: el comprador, que tendrá que pagar un mayor precio o dejar de consumir ese producto, y la economía en general, ya que enfrentará presiones inflacionarias.

El Gobierno mexicano respondió ya con valentía: si Estados Unidos impone un arancel de manera unilateral, México hará lo propio. Y sí que es una amenaza creíble; ya lo hemos hecho en el pasado. En 2018, en épocas de Ildefonso Guajardo como secretario de Economía, Trump decretó un arancel contra el acero y aluminio mexicanos,  y México, de manera muy inteligente y estratégica, impuso aranceles a productos procedentes de regiones altamente afines al Presidente y con poco impacto en el consumidor mexicano, tales como aceros planos, uvas, arándanos, manzanas, quesos y algunos cortes de cerdo.

De cancelar el T-MEC ni que hablar. Fue durante la Administración de Trump cuando se suscribió, y fue catalogado por él mismo como un acuerdo excepcional. Además, su vigencia es obligatoria hasta 2036, y los trabajos para tumbarlo tardarían más de lo que durará la próxima Administración.

Lo que se revisará en 2026 es la conveniencia de extenderlo seis años más y quizá pongan sobre la mesa temas como el contenido nacional, garantías sobre la protección de inversiones derivado de la reforma judicial y los relacionados al sector energético.

Si logramos un acuerdo migratorio que satisfaga a Trump, resolveremos el tema comercial. Si no, se lo tendría que pensar dos veces, porque afectaría a sus consumidores y, ante la represalia mexicana, también a algunos productores. Además, su animadversión a China es superior a la de México, por lo que es probable que dirija hacia allá sus baterías. Por lo pronto sigamos en paz y trabajando, el panorama se comienza a despejar.

Ya lo conocemos como candidato y como Presidente.

Las amenazas comerciales y arancelarias que lanzó recientemente, son las mismas de su primera campaña a la Presidencia