Una de las características fundamentales de un estado liberal, es la igualdad de todos ante la ley. El presidente López Obrador se precia públicamente de tener una ideología liberal y en varias ocasiones ha hecho suya una frase característica del pensamiento liberal: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Sin embargo, constantemente toma decisiones que lo colocan a él, a sus colaboradores y a sus proyectos al margen y por encima de la ley.

Lo vemos en el Tren Maya. La obra ha sido controvertida desde un principio, pero la ley establece reglas para dirimirlas. Para un proyecto como este, obliga a tener una Manifestación de Impacto Ambiental, antes de empezar los trabajos, con el fin de prever los daños y tomar medidas para reducirlos. El Gobierno, sin embargo, hizo caso omiso a esta ley y comenzó la obra sin el estudio.

Quienes consideran que el proyecto no cumple con los requisitos de ley tienen como opción legal el juicio de amparo. A él recurrieron ambientalistas que piensan que el Tren Maya dañará de manera irreversible el ambiente.

Un juez de amparo les concedió una suspensión provisional y después otra definitiva. Esto significa que la obra debe detenerse, mientras el juez examina el fondo del asunto. Actuaron bien los ambientalistas, con la idea de que en nuestro país no hay nadie al margen ni nada por encima de la ley.

El Presidente, sin embargo, está empeñado en demostrar que él y su Gobierno sí están al margen y por encima de la ley. Por ello decidió que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional y reanudó los trabajos a pesar de la suspensión. En otras palabras, el Presidente decidió desacatar abiertamente un fallo judicial.

Ayer, López Obrador reconoció que las obras se reiniciaron hace una semana a pesar de la suspensión: “Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y seudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”.

En un estado de derecho, una orden del Presidente no justifica el desacato de una decisión judicial. El Mandatario puede estar convencido de que la obra beneficia al pueblo, pero hay otros que consideran que lo que perjudica. Para resolver estas controversias las sociedades liberales han creado los sistemas de tribunales. Solo en las dictaduras la palabra del gobernante es la ley.

No es la primera vez que López Obrador sostiene que sus decisiones deben aplicarse sin importar el derecho. Ya una vez declaró: “Que no me vengan a mí con que la ley es la ley”. Cuando era Jefe de Gobierno del DF, recordemos, fue sometido a juicio político porque desacató un fallo judicial. El entonces presidente Vicente Fox decidió no presentar acusaciones, pero el desacato sí existió.

Uno puede entender que el Presidente esté convencido de que el Tren Maya –uno de sus proyectos favoritos– es indispensable para el país. Lo que no es aceptable, sin embargo, es que imponga sus deseos por encima de la ley.

Ni él ni nadie puede presumir de liberal, y de encabezar un Gobierno en el que no hay nada al margen de la ley, cuando impone sus decisiones de manera autoritaria y se niega a reconocer los fallos judiciales que no lo favorecen.

Quizá haya que recomendarle a López Obrador la lectura de Cartilla Moral, de Alfonso Reyes, el libro que él mismo consideró como guía ética. Este señala que la igualdad ante la ley es una de las más nobles conquistas del ser humano. Hay que hacerle caso.

Calentamiento

Londres registró ayer su temperatura más alta de la historia, 40 grados. El calentamiento global es una realidad: han aumentado las muertes por calor en Europa, pero, como comenta Bjorn Lomborg, las muertes por frío del invierno, 10 veces superiores, han disminuido de manera mucho más rápida.