Nacional
Por Agencia Reforma
Publicado el sábado, 31 de agosto del 2024 a las 00:27
Ciudad de México.- El Tribunal Electoral declaró inelegible al Alcalde electo de Charapan, Michoacán, el perredista Rubén Torres García, por simular ser mujer para quedarse con la candidatura.
La presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, propuso lo mismo para el Presidente electo de Lagunillas, Michoacán, Octavio Chávez, quien también mintió sobre su género.
Sin embargo, se desechó por cuatro votos contra el suyo, pues el quejoso no firmó la denuncia.
En ambos casos, los magistrados reclamaron a estos políticos, y a sus partidos, el PRD y PT, hacer fraude a la ley para quedarse con posiciones que correspondían a mujeres.
Los jueces aclararon que no juzgaron el físico, pues su apariencia es masculina, sino que durante sus campañas se promovieron como hombres.
En el caso del Edil electo de Charapan, el PRD lo registró como acción afirmativa de diversidad sexual e, incluso, presentó una carta en la que aseguraba identificarse con el género femenino. Sin embargo, en su comportamiento no actuó así.
“Se observa un mecanismo de fraude a la paridad por parte de los partidos políticos consistente en entregar formatos escritos de autoadscripción de géneros falsos para cumplir con el requisito de paridad de género en sus postulaciones y así eludir la postulación de mujeres en cargos que la norma fundamental de paridad exige”, determinó el Tribunal.
El Congreso de Michoacán deberá nombrar a quien quede en el cargo, con la aclaración de que no podrá ser el mismo político.
“No se ostentó con el género femenino ni como perteneciente a la comunidad de la diversidad sexual en la propaganda que utilizó en sus redes sociales, en realidad se presentó ante el electorado como un candidato a presidente municipal”, dijo Reyes Rodríguez.
La Magistrada Janine Otálora lamentó que los partidos invisibilicen la lucha que han realizado por años quienes integran la comunidad LGBT+.
“Es una vergüenza que utilicen los principios y criterios que favorecen a las personas que, de forma discriminatoria, han sido excluidas de los espacios de deliberación y toma de decisiones para pervertirlos con prácticas que se alejan de los objetivos constitucionales que justifican su existencia”, dijo.
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