Por estos días, en el plano estatal y en terrenos del Tribunal Electoral de Coahuila, se desarrolla la “calificación” -por llamarle de alguna manera- de las elecciones municipales celebradas el 2 de junio.

Salvo en Sabinas, donde la diferencia fue de 104 votos entre primer y segundo lugar, con un universo de 33 mil 421 sufragios emitidos, lo cual podría generar nulidad y repetición de la votación, o cambio de mayoría en un momento dado, en los 37 de 38 ayuntamientos restantes los resultados y el desarrollo del proceso no tendrían mayor inconveniente para confirmar a quienes ya recibieron del árbitro su constancia de mayoría en los días posteriores a la jornada electoral.

El ánimo social tampoco acompaña, pues en el estado hubo protestas menores en Arteaga y Frontera, de morenistas y petistas, respectivamente, donde alrededor de mil 500 votos de diferencia les separaron de la victoria en ambos casos. Sin manifestaciones públicas, en Francisco I. Madero (donde ganó Morena por tercera ocasión consecutiva desde 2018) se presentó la misma distancia entre primero y su más cercano competidor.

Pese a la claridad y las amplias diferencias en el resto de la entidad, y a las pocas irregularidades documentadas formalmente, los partidos políticos y sus candidatos contendientes que resultaron derrotados hicieron valer su derecho al pataleo; o lo que es lo mismo: la opción de activar los órganos electorales así sea con demandas notoriamente frívolas, para no dejar pasar la oportunidad legal, o simplemente para dejar constancia -ante sus seguidores o patrocinadores- que sí hicieron lo posible por ganar, pero el sistema, como monstruo de mil cabezas, se los impidió con todos los medios a su alcance. Ajá.

El clásico “yo no perdí, me hicieron fraude” que, si fuese una jugada de futbol, sería la “obradoriña”.

No obstante, el fenómeno de los malos perdedores debilita la democracia poco a poco. Desde que se declaran a sí mismos ganadores a minutos de cerrarse las casillas, sin conocer siquiera resultados de las encuestas de salida, hasta las impugnaciones de saliva.

Siete juicios resueltos entre el 3 y 5 de julio dan cuenta de la rebatinga de regidurías y posiciones en los cabildos entre militantes. Ninguno fructificó. El resto, es decir, 43 más, se desahogarán en las semanas siguientes.

Sin embargo el paradigma lo ha puesto ya Gerardo Covarrubias, en Ramos Arizpe, de la coalición Morena-PT, al iniciar un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, identificado con el folio TECZ-JDC-29/2024, el cual se acaba de resolver el 3 de julio.

Una frase del Tribunal sintetiza el caso: “no acreditó la existencia de los hechos a través de indicios fidedignos y confiables que tuvieran una relación coherente entre sí”.

Si bien Covarrubias expresó en su queja haber presentado denuncias previamente ante el IEC y la Fiscalía de Delitos Electorales, cuando le fueron requeridas no pudo acreditarlas ni aportó datos para su identificación.

Puro pico, pues.

Cortita y al pie

El asunto es cíclico y no tiene fin. El año pasado, por ejemplo, Ricardo Mejía Berdeja impugnó la elección de Gobernador pese a que la diferencia entre ganador e impugnante fue de casi 600 mil votos. La mayor de la historia contemporánea.

Morena hizo lo propio. Ambas quejas estaban redactadas sobre las rodillas. Documentos muy cortos de extensión, plenos de retórica. Básicamente generalidades, falacias, clichés, lugares comunes, leyendas urbanas, vaguedades e imprecisiones anexadas al cuarto para las 12 de vencer el término legal. Para que no se diga son cómplices o colaboracionistas o, peor aún, paleros.

Aunque fueron más bien incompetentes. Mientras Morena desistió abrir un juicio de revisión constitucional luego de recibir la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila el 1 de agosto, el PT agotó la ruta para diferenciarse y se fue hasta la última instancia.

Y como en la escuelita: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicó al PT punto por punto porque no tenía razón y además lo exhibió, afirmando que “no combatió directamente las consideraciones que sostienen la sentencia local”.

Dicho de otra forma: nunca, en ningún momento, presentó pruebas, todo fue puro blof, discursos engañabobos al aire, sin sustancia.

La última y nos vamos

Más que resarcir derechos, impugnar se ha convertido en el recurso de los malos perdedores para presentarse como agraviados ante la opinión pública y azuzar a indignados y resentidos, inconformes con el resultado, en tanto negocian prebendas o se acercan otras elecciones. Oportunismo.

Se dijo aquí antes: en el fondo lo que buscan partidos y candidatos perdedores es zafarse de la responsabilidad. Aventar la bolita. Escurrir el bulto. Hacer ver ante quien quiera creerles que sí dan la batalla y, aunque pierden, meten las manos, sólo que las autoridades fallan por consigna en su contra pues favorecen al status quo.

No existen elecciones modélicas ya que toda decisión política es una elección entre males. Ni siquiera el sistema es perfecto; lo único que salva a la democracia es que el resto de las formas de gobierno son mucho peores, como definió Churchill.

Por lo demás, tan falsa es la política sin conflicto como la que sólo es conflicto, como encarnan Morena y PT con sus impugnaciones de oficio.