Un Gobierno de coalición implica la búsqueda del fortalecimiento de la democracia representativa y también, la oportunidad de perfeccionar la democracia interna de los partidos políticos.

La razón del Gobierno de coalición está cimentada en la necesidad de construir mayorías para alcanzar gobernabilidad democrática, lo que además de ampliar márgenes de consenso otorga elementos para mantener equilibrio entre el ejercicio del Poder Ejecutivo y el Legislativo en contextos de gobiernos divididos.

Se ha demostrado en países como Alemania, Bélgica, Países Bajos o Suecia, que gobernar en coalición permite expresar mejor los principales valores de la democracia, ya que compartir responsabilidades de Gobierno con otras formaciones políticas supone una apuesta al pluralismo político y aumenta la base social del Gobierno, pero además aumenta la sensibilidad gubernamental hacia las reivindicaciones de los ciudadanos en general.

Hoy más que nunca, debemos quitarnos la idea de que quien gane puede gobernar solo, esto ya es ingenuo, propio de un modelo ya superado, de otros tiempos, y no del pluralismo democrático que estamos viviendo.

En ese sentido hoy en día se deben incorporar en el Gobierno una serie de proyectos que vienen de distintos partidos, ópticas y sensibilidades políticas. Por eso en Coahuila era impostergable legislar en la materia, ya no solo para que los gobiernos de coalición fueran posibles, si no porque hoy en día sean indispensables.

Y muchos se preguntarán, ¿para qué sirve una ley de estas características? Lo que una ley de gobiernos de coalición busca, es que a partir de la instalación del Gobierno, exista voluntad de acuerdo, diálogo y entendimiento, de tal suerte que una buena predisposición en un poder se traduzca a una buena predisposición en los demás poderes.

La reforma constitucional, ya aprobada en Coahuila, –falta la ley reglamentaria o secundaria– no menoscaba en ningún momento las facultades constitucionales que expresamente le han sido conferidas a la Gobernadora o Gobernador, pues lo que se logra a través de esta iniciativa es garantizar la participación continua, plural e incluyente de todos y cada uno de los partidos o actores políticos, que manifiesten su deseo de hacer uso de la figura jurídica de una candidatura común, cuyo elemento esencial se basa en la idea de postular a una misma candidata o un mismo candidato que los represente a todos.

La reforma garantiza la participación permanente de los partidos políticos que formaron parte de la alianza electoral en campaña, en la responsabilidad de involucrarse en la administración pública, y además permite transitar al ejercicio democrático y plural en la estructura administrativa del poder Ejecutivo Estatal o Municipal.

Es decir, un acuerdo que vaya más allá de solamente ganar elecciones, para posteriormente construir las bases de un Gobierno de alianza que abra la posibilidad de generar nuevas ideas, propuestas, alternativas, visiones y soluciones que puedan resultar viables al momento de unir a otras fuerzas políticas que coadyuven y caminen hacia una misma dirección.

A lo largo y ancho del mundo, los cada vez más comunes gobiernos de coalición han logrado garantizar certeza, objetividad y autenticidad desde el momento de la conformación de la coalición electoral y posteriormente ya en el plan de Gobierno, han dotado de transparencia los acuerdos que marca la ley y les ha dado legalidad por medio del registro de un programa de Gobierno y un convenio, que establezca la forma en cómo gobernará la candidata o el candidato y acuerdos para la conformación de un Gabinete que esté integrado por una coalición de partidos, que en conjunto busquen encontrar las políticas públicas que den la solución a las problemáticas sociales.

Claro que gobernar en coalición exige más pericia política, un mayor dominio del arte de la política y, sobre todo, el establecimiento de pautas de comportamiento interno, en el seno de la coalición.

Un Gobierno de coalición debe saber incrementar la comunicación entre gobernantes y gobernados teniendo en cuenta la presencia de una opinión pública progubernamental con criterios dispares, debe exigir a los miembros del Gobierno que sigan protocolos muy pautados para la comunicación de políticas.

Debe diseñar criterios para gestionar posibles crisis de Gobierno, debe crear órganos plurales de coordinación de la acción de Gobierno, debe clarificar las relaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan, debe evitar una inflación de departamentos y de cargos y debe compatibilizar el impulso de una acción de Gobierno compartido con la identidad partidista de los miembros de la coalición.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.