Sigue la masacre de periodistas. Y sigue la impunidad de los “mataperiodistas”. Y es que en los gobiernos de Morena –gobiernos municipales, estatales y el federal–, a nadie le importa impedir que los periodistas sean asesinados por matarifes a sueldo. Y es que, para el partido en el poder, “el mejor periodista es el periodista muerto”.

Por eso, en la gestión de López Obrador se llegó a la mayor masacre mundial de periodistas; con 81 comunicadores abatidos por manos criminales, sin que ninguno de los responsables haya sido castigado.

Y hoy, en el naciente Gobierno federal, manos criminales le arrebataron la vida al periodista Mauricio Solís Cruz, la noche del martes 29 de octubre del 2024, en Uruapan, Michoacán.

Un joven periodista que era director del portal Minuto a Minuto y que fue asesinado a balazos, minutos después de que entrevistó al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de la plaza principal de esa ciudad. Una atrocidad que se suma a los miles de casos de impunidad gracias a los gobiernos de Morena.

El crimen, como ya se dijo, se contabiliza como el primer asesinato de un periodista en la gestión de la espuria Claudia Sheinbaum, luego de que en el gobierno de López Obrador fueron asesinados un total de 81 comunicadores.

Y es que “la señora Presidenta” no ha cumplido siquiera el primer mes de gestión y, en su Gobierno ya se contabilizan más de 2 mil víctimas de la violencia criminal, además de un periodista asesinado.

Y por tanto, está claro que ya vivimos la continuación de un Gobierno de terror, ya que en el de López Obrador se contabilizaron casi 200 mil muertos a causa de la violencia criminal, un total de 81 periodistas asesinados, más de una docena de sacerdotes muertos y cientos de luchadores sociales a los que les arrebataron la vida.

En pocas palabras, vivimos en un Gobierno de terror que hoy se reproduce y que va por el mismo camino que el sexenio pasado. Eso sin contar con los más de 50 mil desaparecidos, los casi 20 mil feminicidios, la persecución y crimen de sacerdotes y luchadores sociales y la cancelación de libertades básicas, como la libertad de manifestación callejera.

Y es que, a querer o no, el mundo entero conoció el tamaño de las atrocidades que se viven en México, cuando la autoridad de nuestro país ordenó el “encapsulamiento” de dos juezas que protestaban en la calle, a quienes más de 200 policías sometieron por cometer “el delito” de repudiar la desaparición del Poder Judicial, mientras que los criminales son solapados en todo el país.

Por eso, cuantas veces sea necesario, debemos regresar al fastidioso “se los dije”. Y es que, como sociedad, no podemos acostumbrarnos a la impunidad, a la muerte cotidiana de ciudadanos, de periodistas, de sacerdotes, de luchadores sociales.

No, a cada atentado contra la vida humana debe seguir un reproche social contundente; una crítica al Gobierno en turno; una exigencia pública de justicia y de que se pondrá fin a la impunidad.

Por eso la proclama: “No a la muerte de ciudadanos, de periodistas, de sacerdotes y de luchadores sociales”. Sí, al estado de derecho y a la gobernabilidad.

Al tiempo.