El domingo anterior se celebró la enésima oportunidad en que Morena no pudo instalar la Presidencia de su Consejo Estatal en Coahuila, luego de que aquél naciese muerto en 2022 y aquella permaneciese dos años acéfala.

De hecho es el único estado de los 32 en el país que no cuenta con uno a la fecha, pues el que tuvo fue cooptado por Mejía Berdeja y semanas después desestimado. En su día originó expulsiones del partido y expedientes ante la “Comisión Nacional de Honestidad (cuál) y Justicia (ajá)”.

Su némesis, hoy como ayer, sigue siendo el mismo: la incapacidad para ponerse de acuerdo entre sí. La misma que les impidió formalizar alianzas con otros partidos en las elecciones locales de 2020, 2021 y 2023 (ni siquiera con sus aliados de papel (PT, Partido Verde y eventualmente UDC), siendo arrasados en todas.

Se trata de un órgano directivo “de conducción” dentro de su organización interna. No es ejecutivo como sus comités estatales ni administra prerrogativas, aunque alguna opinión tiene, en torno a temas políticos como el reparto del botín, que es a fin de cuentas el motivo existencial de un partido: ser el vehículo para llegar al poder.

No obstante, en la práctica, se reduce a una estructura de “abajofirmantes” que lo mismo respalda a un narcogobernador que saluda el autoritarismo. Al igual que los 23 gobernadores emanados del emblema guinda y sus aliados, sólo son usados de manera centralista para firmar desplegados en apoyo a cualquier tema de coyuntura, en automático, sin que sea tomada en cuenta siquiera su consideración.

Ahora bien, ¿no le resulta por lo menos exagerado fincar en una elección interna de 2024 las aspiraciones políticas de 2029, como asumen sus participantes?

Máxime cuando en un bimestre, del 1 de septiembre al 1 de noviembre, han cambiado ellos mismos las reglas del juego político y el sistema se rompió. La normalidad semidemocrática que se vivió de 1997 al 30 de agosto de 2024 no existe más.

Qué esperar, por ejemplo, de los próximos 50 meses que faltan para llegar al ansiado proceso electoral para renovar la Gubernatura de Coahuila que inicia el 1 de enero de 2029, particularmente cuando hemos transitado de la militarización a la supremacía constitucional en un plazo de sólo dos meses, con la toma del Poder Judicial en el camino.

Por lo demás, cuál es el valor de sus protagonistas como representantes populares de la entidad, gestores y cabilderos de asuntos públicos locales por definición, si una vez en las Cámaras, ya en el plano Federal, son tratados por el régimen como un número más, al grado de presentarse situaciones surrealistas en las últimas semanas con sus congéneres diputados y senadores, como aparecer sus votos en el tablero de votación cuando ni siquiera habían asistido a la sesión, o pretender que sus votos fueran emitidos de antemano todos juntos, en un sobre cerrado individualizado con su nombre, para garantizar el sentido de su votación sin dejarles opción al libre albedrío.

No sólo son un dedo más, son en este caso un dedo que ni siquiera se levanta por sus propios medios. Ni qué decir ya de leer siquiera las iniciativas que les presentan para su tramitación ipso facto; ni tiempo ni ganas. Llevan apenas cinco quincenas pero son, parafraseando la obra de Juan Villoro, materia dispuesta.

Cortita y al pie

La victoria federal de 2024 fue un espejismo, como lo fue la de 2018. Ambas condicionadas por el arrastre de la campaña presidencial a nivel nacional. Sin esa coyuntura, Coahuila sigue siendo la entidad que le propinó la peor derrota electoral a Morena desde que se constituyeron como partido político: casi 500 mil votos de diferencia, el 4 de junio de 2023. Ninguna otra en el país ha tenido una ventaja tan amplia en una elección de Gobernador desde que tomaron el poder en 2018.

Ni echando montón con la estructura del Gobierno federal, reunida en torno a Ricardo Sóstenes, frustrado “Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación”, y una línea de financiamiento paralela basada en las adjudicaciones directas de contratos millonarios por carbón.

Sigue siendo, además, un movimiento-franquicia entregado a los Guadiana, hoy endosado como si fuese patrimonio personal de la familia (empleados y pagafantas), con un Comité Ejecutivo Estatal que sirve sólo como correa de transmisión del Comité Ejecutivo Nacional, quien a control remoto dirige -cuando puede y se acuerda- a sus militantes y simpatizantes con decisiones que casi siempre provocan encono y fragmentación puertas adentro, y una “clase política” estatal (es un decir, pues lo que menos tienen es “clase” y lo que menos practican es “política”) compuesta por excandidatos perdedores que cierran espacios a otros que no sean los mismos de siempre, y cercan el partido a un reducido coto de “no poder”.

La última y nos vamos

Están en la borrachera sexenal y tienen ansias de arrebatar. Sin embargo no por mucho madrugar amanece más temprano.

Serena, Morena; que Coahuila no es matatena.