Desde la década de 1990, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha proporcionado un seguro de gastos médicos mayores (SGMM) a los funcionarios y directores de las diversas escuelas y facultades distribuidas en las tres unidades de la entidad coahuilense. Este seguro, de carácter voluntario y privado, es subsidiado por la universidad en un 50%, mientras que el resto del costo de la póliza es cubierto por el interesado. Además, en un gesto de solidaridad, esta prestación se extiende también a los exfuncionarios y exdirectores ya retirados. No obstante, los jubilados deben cubrir íntegramente el costo total del servicio, beneficiándose de las economías de escala que se generan al participar en una prestación universitaria colectiva con precios más competitivos.

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

En el año 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría a la universidad y formuló observaciones financieras y de control interno por un monto aproximado de 613 millones de pesos. Estas observaciones surgieron debido a la poca eficiencia en la relación entre los recursos aplicados y los resultados conseguidos en la gestión de recursos públicos asignados a determinados programas, así como a irregularidades en la comprobación de los gastos ejercidos durante dicho periodo. Es notorio que, a pesar de la abultada suma de anomalías en la administración financiera y de recursos humanos, no se haya “descubierto” ningún error en las licitaciones de los SGMM; al parecer, todo se llevó a cabo respetando las leyes y sus reglamentos. Al menos, el portal de transparencia de la institución no reporta ninguna anormalidad al respecto.

Convocatorias para licitaciones

Generalmente, la Universidad Autónoma de Coahuila, al igual que el resto de las universidades públicas del país que ofrecen esta prestación a sus empleados, considera en su evaluación los siguientes criterios para elegir a la compañía de seguros que proporcionará la atención médica: coberturas, precios, riesgos, reputación, capacidad económica, red de proveedores, servicio al cliente e innovaciones tecnológicas. Estas pautas pueden sintetizarse pragmáticamente como el equilibrio entre calidad y precio. Si este se logra, o al menos se aproxima, los profesores estarán bien protegidos, al igual que sus familias, en cuanto a cuidados de la salud se refiere.

Convocatoria LP 001/2024

A finales de 2024 se puso a disposición de las aseguradoras la convocatoria LP 001/2024, mediante la cual se les invitaba a participar en la licitación pública por el contrato del SGMM, que estará vigente durante 2025. Recordando el contexto, después de más de cinco años (2019-2024) de ratificar el contrato con una compañía de seguros transnacional que tiene su corporativo en Francia, las autoridades universitarias decidieron cambiar de empresa, posiblemente porque ya no cumplía con la “ecuación simétrica” de calidad-precio.

Sin embargo, de acuerdo con el ranking publicado por Profeco-Condusef de las mejores aseguradoras de SGMM en México, la compañía gala ocupaba en 2020 el quinto lugar, y años después ascendía al primero en 2025. No obstante, las opciones manejadas en 2019 y 2024 no consideraron ni aceptaron el ranking de investigación presentado por los dos organismos gubernamentales. Los tomadores de decisiones de la universidad actuaron con otros criterios para nombrar a la empresa que más convenía a sus trabajadores. La paradoja se presenta porque la empresa francesa fue descartada en 2025, cuando ocupaba el primer lugar, mientras que en 2019 fue contratada a pesar de su calificación no puntera, aunque aprobatoria.

Descartando cualquier acuerdo poco transparente entre oferente y demandante, es probable que, por ignorancia o desinterés en procurar un buen servicio médico a los profesores, no se hayan considerado en el análisis otros tipos de indicadores para la decisión. Estos podrían haber permitido a la universidad mejorar sus criterios de selección, más allá de los de desempeño que la ASF regularmente utiliza en sus auditorías.

Ejemplo. El siguiente caso real ilustra las consecuencias de tomar malas decisiones. Un profesor universitario jubilado, mayor de 60 años y con más de 30 años de servicio, pagó por la cobertura médica que incluía a su esposa las siguientes cantidades: en 2019, $83,502; en 2020, $86,991; y en 2021, $125,235. En los años siguientes, tuvo que desembolsar: en 2022, $113,584; en 2023, $114,571; y finalmente en 2024, $150,261. El periodo de aseguramiento de 2019 a 2024 fue cubierto por la misma aseguradora, que salió triunfante en cinco licitaciones. Llama la atención que, de 2023 a 2024, la póliza se incrementó en un 31.15%, mientras que la tasa de inflación del país en 2024 fue de 4.21 por ciento. En un contexto más amplio, la tasa de crecimiento promedio anual del precio de la póliza en los cinco años fue 12.47%, y la de la inflación en el país, 5.32 por ciento.

Indicadores de benchmarking

En mercados muy competitivos, las empresas recurren a indicadores que pertenecen a la familia del benchmarking, los cuales les ayudan a conocer a la competencia y el peso económico que tienen sus competidores en el mercado: a) ranking de desempeño en relación con la competencia; b) índices de satisfacción del consumidor o cliente, y c) niveles de eficiencia en referencia a las mejores prácticas de la industria. Estos son sólo tres, de varios, pero son de los más utilizados.