Nacional
Por La Jornada
Publicado el miércoles, 14 de agosto del 2024 a las 15:23
Ciudad de México.- La directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonzo, informó que ultiman detalles para que los 55 mil trabajadores del Poder Judicial lleven a cabo un paro de labores indefinido, en caso de que no sean escuchadas sus propuestas para modificar por completo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia.
En contraparte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no descartó que detrás de esos “amagos” de paro esté la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quién ha propiciado las protestas de trabajadores del poder judicial, a quienes dijo, se ha engañado con que se lesionarán sus derechos adquiridos, “lo que es absolutamente falso”.
Antes, en conferencia de prensa y acompañada del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, la funcionaria se lanzó en contra de la reforma judicial y sobre todo de la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, sostuvo que en el proceso intervendrá el crimen organizado y que diez mil trabajadores de confianza quedarán en el desempleo.
Por ello, sostuvo, que ultiman detalles para iniciar un paro de labores indefinido, en caso de que no sean escuchadas sus propuestas para mejorar esta reforma.
“ Si se implementa la reforma como está, eligiendo jueces por voto popular, sí va a causar un caos en la justicia, porque hay una curva de aprendizaje que no es fácil, el aprendizaje es complejo, el Poder Judicial es complejo y las personas que entran al Poder Judicial no van a aprender de un día para otro”, insistió Rosa Elena Alonzo.
Sin explicar por qué habla a nombre de los 55 mil trabajadores del poder judicial, insistió en que el voto popular no es la mejor opción para que las personas lleguen a ser jueces y magistrados, debido que tendrían que tener contacto con personas, probablemente, del crimen organizado, o de otras sociedades que no son convenientes”.
Sostuvo que la carrera judicial se da a través de la “meritocracia “ y la iniciativa lo que pretende “es destruir la independencia judicial, la independencia judicial es la garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidirá los litigios con apego a derecho y nada más que a derecho”.
“ Nosotros queremos que sea escuchada nuestra voz, pero que se vea reflejada, estamos pensando en medidas graduales para ser escuchados”.
Agregó que la suspensión de labores sería la última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma integral y que el producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actos sociales, por ello anunciamos que hemos procedido a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”.
“ Por lo pronto, dijo, los jueces y magistrados están acudiendo, ya a instancias del extranjero. Tenemos algunas acciones llevadas a cabo y la comunidad internacional está al pendiente de esta situación”.
En conferencia de prensa posterior, Monreal dijo que los trabajadores no tienen por qué manifestarse, a menos que estén mal informados, ya que no hay un sólo párrafo en la iniciativa presidencial que ponga en riesgo sus derechos o los vulnere. “Es falsa la aseveración de Alonzo de que vaya a haber despidos. “La propia Constitución en uno de sus transitorios establece que ello no ocurrira”.
Expuso asimismo que se equivoca la funcionaria ya que la reforma contendrá los candados necesarios para que el crimen organizado no participe en la elección de los juzgadores.
Sobre la posible responsabilidad de la presidente de la Suprema Corte en esas amenazas de paros, dijo que “Norma Piña no debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores a caminos son retorno. Prefiero el diálogo, a pesar de que tendremos mayoría calificada, vamos al díalogo con todos”.
Insistió en que a la presidenta de la Corte le falta diplomacia y pericia para poder llevar a cabo una relación de coordinación y colaboración entre los poderes. “Para mí ese ha sido el origen del desencuentro que existe entre el poder judicial y los poderes legislativo y ejecutivo”.
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