Tras consumar el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus reformas constitucionales, se empiezan a dar los números del costo que esto tendría para la economía mexicana.

Las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s ya advirtieron que los cambios, particularmente los relacionados con el Poder Judicial, podrían deteriorar la capacidad de México para mantener su grado de inversión.

Pero quien ya le puso cifras fue México Evalúa, que estima que podría traducirse en un costo financiero de entre 14 mil 23 millones y 73 mil 861 millones de pesos anuales, dependiendo de cuántas agencias recorten la nota crediticia.

Perder este estatus haría que los préstamos internacionales sean más caros para México, lo que incrementaría los costos de financiamiento y reduciría recursos para programas sociales, infraestructura y otros proyectos cruciales.

Para un país que ya enfrenta un costo financiero de la deuda que superó el billón de pesos en 2023, esta sería una carga insostenible.

En un escenario donde una sola calificadora como Fitch reduzca la calificación crediticia, el costo adicional sería de 14 mil 23 millones de pesos.

Si dos agencias como Moody’s y Standard & Poor’s hicieran lo mismo, el costo subiría a 28 mil 402 millones de pesos.

Esto no es sólo una cifra: es dinero que México tendría que destinar a pagar intereses más altos, en lugar de invertir en educación, salud o seguridad.

El equipo encabezado por Mariana Campos también señala que una baja en la calificación no sólo encarecería el servicio de la deuda, sino que provocaría una fuga de capitales.

Los inversionistas internacionales, alarmados por el aumento del riesgo percibido, podrían retirar inversiones, lo que generaría una depreciación del peso, aumentos en la inflación y una mayor incertidumbre económica.

En resumen, la economía mexicana estaría al borde de una crisis similar a la vivida en la década de 1990.

La estabilidad económica alcanzada a lo largo de más de dos décadas permitió al país acceder a financiamiento a tasas más bajas, y cualquier retroceso en este aspecto significaría perder la confianza del sector financiero.

La reforma que no necesitamos.

PARECE QUE EL Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en caso de que desaparezca con las nuevas reformas, se quiere despedir con hasta cinco investigaciones contra Telcel. El equipo de Javier Juárez Mojica sancionó al carrier que dirige Daniel Hajj con 90.6 millones de pesos por prácticas monopólicas en la venta de teléfonos y tarjetas SIM. El IFT detectó que Telcel otorgaba incentivos a la cadena Bodesa, que se ubica en Colima, Jalisco y Michoacán, para que no comercializara servicios de la competencia, lo que afectó a los consumidores al limitar sus opciones.

LA PRESIDENTA ELECTA, Claudia Sheinbaum, confirmó la continuidad de Antonio Martínez Dagnino como jefe del SAT para el próximo sexenio. Este nombramiento refuerza la intención de mantener la estabilidad en la recaudación fiscal, área en la que el SAT ha mostrado buenos resultados en los últimos años. La decisión busca dar confianza a los mercados y garantizar la continuidad de las políticas fiscales que han fortalecido las finanzas del país.

GBM INFRAESTRUCTURA ANUNCIÓ una distribución de 11.9251 pesos por cada uno de sus certificados de capital de desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta distribución, que asciende a 14.3 millones de pesos será liquidada el próximo 20 de septiembre. Del total, 3.1558 pesos corresponden al reembolso de aportaciones y 8.7692 pesos al pago de intereses por certificado.