Las mayorías legislativas sirven para cumplir el programa del partido gobernante y no las agendas de las fuerzas políticas vencidas. El periodista Gerardo Moyano escribe al respecto en el bisemanario Espacio 4: “Ninguno de los cambios promovidos por la 4T incomodó tanto a los grupos de interés como el relacionado con el Poder Judicial. La enmienda -ya aprobada- pone en jaque a un poder que opera bajo la sombra de los favores y los privilegios. Mientras los jueces alzan la voz, la ciudadanía reclama un cambio profundo y duradero”.
Moyano advierte que “El respaldo electoral que recibió la 4T en las elecciones de junio no solo fortaleció el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que le proporcionó las herramientas necesarias para abordar uno de los reclamos sociales más profundos: poner fin a un sistema de justicia elitista y selectivo. La reforma judicial es quizás la ‘transformación’ más vinculada a la promesa de combatir la corrupción con la que AMLO llegó al poder, y no había mejor forma de asegurar su cumplimiento que legitimarla en las urnas. Así lo interpretaron los millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum y le otorgaron a Morena la mayoría calificada en el Congreso.
“Aunque alineadas con el combate a la corrupción, las reformas en materia de seguridad y crimen organizado (extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional), así como las de austeridad (fin de las partidas secretas y de la condonación de impuestos, límites salariales para servidores públicos), los nuevos derechos (salud preventiva, programas sociales, reforma educativa) y los cambios en el régimen político (restricción del fuero presidencial, revocación de mandato, consulta popular, entre otros), dejaron la sensación de que, como bien señala la oposición, aún se podía hacer mucho más para enfrentar la impunidad.
“De ahí que la iniciativa presentada por el Ejecutivo en febrero pasado y aprobada por el Congreso en las primeras semanas de septiembre, apuntara a “cortar el copete de los privilegios” (según palabras de AMLO) e incluyera: la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 y la desaparición del Consejo de la Judicatura, el cual será reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
“La elección popular de jueces fue el punto más impugnado por los poderes fácticos. Nuevamente recurrieron a la estrategia de sembrar miedo entre la sociedad en lugar de ofrecer alternativas. La contrapropuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no solo llegó tarde, sino que carecía de legitimidad debido a su cercanía con grupos empresariales y el líder del PRI, Alejandro Moreno. En este contexto, a pesar de las recurrentes ‘advertencias’ sobre la posible inestabilidad económica y política del país, López Obrador abordó uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía.
“Y aunque aún está por verse el impacto en los índices de impunidad (que superan el 96%, según México Evalúa), el cambio se presenta como necesario para sacar al país de las antípodas de la justicia. (…) Las entidades federativas tienen un plazo de 180 días para ajustar las leyes locales, garantizando la independencia de jueces y magistrados, así como su elección por voto directo y secreto. También deberán establecer órganos independientes para la administración y disciplina de sus tribunales”.
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