“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México”.
Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y un grupo de ministros y magistrados del Consejo de la Judicatura presentaron este 8 de septiembre dos documentos con una propuesta de reforma al sistema de seguridad y justicia radicalmente distinta a la del presidente López Obrador. No toca nada más al Poder Judicial, sino otros temas importantes, como la prevención del delito, el trabajo de las fiscalías y los ministerios públicos, las defensorías de oficio, la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la Guardia Nacional, los institutos de medicina forense y el manejo de los reclusorios.

“Podemos cambiar las cosas, debemos escucharnos entre poderes de la Unión -declaró la ministra Piña-. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”.

Los dos documentos, Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas y La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, no proceden de una sola persona. Reúnen propuestas de “muchas generaciones de juristas”, me dice en radio el constitucionalista José Elías Romero Apis. Al contrario de los foros del Congreso, en que no se tomaron en cuenta las posiciones distintas a las del Presidente, esta recaba los puntos de vista de decenas de juristas que participaron en las mesas de discusión de la Suprema Corte.

Al Presidente no le interesa mejorar la situación de seguridad y justicia del país, sino cobrar una venganza a jueces, magistrados y ministros que aportaron fallos con independencia y que creyeron en “el cuento de que la ley es la ley”. AMLO ha olvidado ya que el 8 de agosto de 2018, al recibir su constancia como Presidente electo, prometió no someter a presiones a “ninguna autoridad encargada de impartir justicia” y tener “absoluto respeto con sus veredictos”. La reforma que ha impulsado, sin embargo, es un pretexto para tomar control del Poder Judicial y anular la autonomía de los juzgadores.

“¿La elección de jueces en qué ayuda?”, se preguntaba en mi entrevista Romero Apis. “¿Con cuántos votos se logra la honestidad de un juez?”. El Tribunal de Disciplina de la reforma de AMLO, por otra parte, se convierte en una espada de Damocles que impedirá a los nuevos juzgadores trabajar con libertad. Sus decisiones no podrán ser objeto de apelación o de ningún otro recurso. Los magistrados de ese tribunal serían el instrumento para controlar las decisiones de los jueces.

El Presidente menospreció ayer las propuestas de la ministra Piña: “Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen, a que se reforme el poder judicial. Sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial; urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Necesitamos un estado de derecho”. No hay, sin embargo, nada en su reforma judicial que busque reducir la corrupción.

El Pleno del Senado abordará hoy la iniciativa de reforma judicial. La mayoría de los especialistas coincide en que no resuelve ningún problema de seguridad o justicia. Su propósito es hacer depender el Poder Judicial del Ejecutivo. Las propuestas presentadas por la ministra, en cambio, sí tratan los temas de fondo de manera sistemática. Por eso las rechaza López Obrador.

Andy

Andrés López Beltrán “va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”, dijo ayer AMLO. No sé qué cargo le darán, pero es claro que nadie en el partido se va a atrever a votar contra sus posiciones. Puede ser el instrumento para que López Obrador mantenga su vigilancia sobre la presidenta Sheinbaum.