La población carcelaria es mayoritariamente pobre; no sólo en México, sino del mundo. Bajo ese criterio podría colegirse que quienes pertenecen a ese estrato delinquen más que cualquier otro. El estereotipo, además de equivocado, resulta profundamente injusto.

Si los delitos de corrupción o cuello blanco se castigaran con la misma severidad que los cometidos por necesidad, llamados también famélicos, veríamos la realidad tal cual es: la ley se aplica a quienes no tienen influencia ni dinero para defenderse en un sistema donde jueces, magistrados y ministros favorecen casi siempre a los políticos que los nombran y a los acaudalados y capos que sufragan sus servicios.

Manejar los hilos de la justicia les permite ganar litigios, recuperar cientos o miles de millones del fisco, burlar los códigos y jamás pisar la cárcel.

¿Quién, sino los pobres, pagan en Coahuila el moreirazo mientras los responsables del atropello y sus secuaces –banqueros, empresarios y magistrados– comparten el botín?

Los coahuilenses han pagado ya a los bancos 70 mil millones de pesos, casi dos veces el equivalente de la deuda, cuya base de 38 mil millones todavía es la misma. Y aún tardarán 20 años para salir del hoyo financiero.

La falta de inversión en servicios, obras e infraestructura, la resiente más la población asentada en barrios y ejidos. ¿Dónde está la justicia? El vacío cuestiona los argumentos de quienes se oponen a la reforma judicial, sin desconocer la existencia de jueces íntegros y personal comprometido con sus tareas delicadas.

Pero incluso ellos son víctimas de un poder donde las posiciones (nepotismo) y los beneficios son para las cúpulas. Las leyes se endurecen contra los débiles y son laxas con los poderosos. A mediados de la década pasada alrededor de 7 mil personas –la mayoría mujeres– purgaban penas de hasta 10 años “por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogur, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” (Guadalupe Fuentes López, Sin Embargo, 14.10.15).

El Artículo 379 del Código Penal Federal establece desde 2016: “No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento”.

El Código Nacional de Procedimientos Penales ya consideraba la excluyente del robo por necesidad (Artículo 316). Empero, había una trampa permitida por la ley: “Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) son los que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos, (pero) no sólo las acusan de este delito, también (…) de intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales”. Sin dinero para defenderse ayer y hoy, el resultado ese el mismo: la prisión.

México es uno de los países con mayores índices de impunidad en el mundo: la cifra rebasa el 95%. También es uno de los estados donde la justicia se ensaña más contra los desamparados. Ese sólo hecho hace necesaria una reforma judicial.

Para dar resultado, la condición es que sea integral y comprenda a las fiscalías –de la federación y de los estados– a las policías locales y a las agencias nacionales. La independencia del Poder Judicial ha sido siempre un mito.

Si no lo fuera, la ciudadanía sería la primera en salir en su defensa frente a cualquier intento para someterla. Los cambios deben ser para mejorar la procuración e impartición de justicia, no para hundir al país en una vorágine peor que la de ahora.