Tal cual lo sostuve en la entrega anterior, la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo, concretamente en la cámara de Diputados de nuestra Nación, que le obsequiaron los conejeros del Instituto Nacional Electoral, con la venia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al partido oficial de Morena; así como la pretendida reforma constitucional para dominar al Poder Judicial, por estos del mismo partido del aún presidente, pueden sin duda, tildarse de ilegales.

Si usted aún considera que dichos actos se impusieron dentro de las normas legales de nuestro país, debo decirle que la sobrerrepresentación contraría el límite de representación establecido en nuestra constitución, ya que la misma dispone que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. La finalidad de dicho precepto busca garantizar un principio básico de la democracia representativa: que “todos los votos cuenten igual”. Sin embargo, ahora que los tres partidos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron 45.9% de la votación este mismo órgano les otorgó ilegalmente el 61.6% de las diputaciones federales, esto es, prácticamente lo doble de lo permitido por la carta magna.

Como ejemplo de lo anterior, le recuerdo el caso Partido Encuentro Social, en la elección del año 2019, en el cual este gracias al convenio de coalición con Morena, obtuvo 56 diputaciones, a pesar de que ni siquiera alcanzó el 3% de la votación para obtener su registro ni ganó un solo distrito electoral, desde ahí estos partidos, conjuntamente con el PT y el Verde Ecologista aprendieron a utilizar las normas que regulan las coaliciones para defraudar la Constitución.

Pues bien, ante el anterior escenario, y rumbo a la jornada electoral 2021, el INE emitió los criterios para asignar las diputaciones de representación proporcional que integrarán el Congreso mediante el acuerdo INE/CG193/2021, de marzo de 2021. Con dicha decisión el INE pretendía impedir que los partidos que compiten en coaliciones reciban un número de curules mayor a su votación obtenida fuera del margen constitucional, lo que evidentemente ahora no quiso aplicar.

Aunado a la ilegalidad en la que ya se mueve el Poder Legislativo de nuestro país, ahora se pretende que también lo haga el Poder Judicial, ya que, de aprobarse su reforma, lo que se está haciendo en franco desacato a las suspensiones decretadas por jueces federales y fuera del debido proceso legislativo, ahora también se pretende poner en elección popular a la totalidad de los juzgadores federales, en un modelo que en ningún país del mundo sucede, contrario a las mentiras de la futura presidenta y los emisarios del actual, y su aplicación será verdaderamente imposible. Lo anterior, dado que no podrá crearse un modelo electoral que pueda hacer funcional una loca elección de tantos candidatos a cualquier silla del tribunal superior mexicano.

Es decir, que además de ilegal, la nueva conformación del Poder Judicial, será imposible, dado el tamaño, la magnitud y el costo de la supuesta elección de ministros, magistrados y jueces, que tanto nos quieren vender los del partido oficial, a fin de establecer un sistema ilegal y totalitario.