Ciudad de México.- La nueva Ley General de Bibliotecas, entrada en vigor a principios de junio pasado, implementa, según editores, medidas excesivamente punitivas e impone requisitos administrativamente inviables para los sellos del país, particularmente para los independientes.

Fraguada en el seno de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura (SC), durante la polémica gestión de Marx Arriaga, esta ley ya ha sido objeto de cerca de un centenar de amparos para impugnar diversos artículos de la misma.

Consultados, agentes de la cadena del libro y expertos en legislación cultural alertan, en especial, sobre un aspecto de la ley: la creación de un Depósito Legal de Publicaciones que podría vulnerar los derechos de autor.

De acuerdo con el Capítulo 10, cada empresa creativa que produzca libros, publicaciones periódicas, fonogramas o películas, entre otros, deberá entregar tres ejemplares de una nueva obra a cada una de las instituciones depositarias: la biblioteca de México, la del Congreso de la Unión y la Nacional de México.

Apenas en un párrafo, y sin consultar a los afectados, la ley demanda que los sellos entreguen también una copia digital de sus obras, sin mención alguna de los mecanismos que habrán de ponerse en marcha para su resguardo ni la garantía de la protección de sus derechos de autor.

“Hoy en día, en lo digital, si entregas un epub (archivo con formato de libro electrónico), entregas una copia maestra, y la pueden fácilmente piratear”, denuncia Pablo Moya, titular de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI). “Supongamos que tienes una ventanilla, entregas un CD o un USB con tu libro. ¿Por cuántas manos puede pasar ese USB?”.

Todavía sin un reglamento, la ley no especifica cuál será el destino de ese archivo, si será meramente para tener la memoria de su publicación o si los usuarios podrán disponer de él de algún modo y bajo qué reglas.

Según editores consultados, el depósito legal es una buena idea que no ha sido llevada a buen término con la ley.

“Desde luego, qué maravilla que exista un depósito legal de libros, estamos completamente a favor; no hay ninguna animadversión u oposición a lo que esto representa, lo que sí está fuera de lugar es cómo pretenden llevarlo a cabo, y que se entregue el material sin que exista resguardo del mismo”, critica, por su parte, Déborah Holtz, fundadora de la editorial Trilce.

Como cabeza del gremio, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) saluda la creación de la ley, pero expone sus reservas con algunos artículos.

“Nosotros somos los primeros interesados en tener una buena ley de bibliotecas, nosotros como editores, que realmente apoyen lo que está buscando, que los bibliotecarios tengan una remuneración más justa y darle vida a las bibliotecas, porque sí es cierto que hay 7 mil 400 bibliotecas que han estado un poquito perdidas”, comenta al respecto Juan Luis Arzoz, titular de la Caniem.

No obstante, la Cámara apoya las objeciones de los editores sobre los archivos digitales.

“Ahí es donde estamos un poco en desacuerdo, porque no tenemos ni idea de cómo van a hacer esto y cómo le van a hacer con los derechos de autor y una serie de cositas que nos preocupan”, declara. “No puede haber descargas, ¿estás de acuerdo? Porque entonces se acabó. Si es para consulta, ¿cómo van a proteger los derechos de autor? ¿Cómo van a proteger las obras?”.

Asimismo, la Caniem también considera que la multa por no entregar un ejemplar al Depósito Legal, de 50 veces el valor del mismo, es excesiva.

Para las editoriales independientes, esto hace aún más adverso un panorama negro a causa de la pandemia de Covid-19.

“Con una industria que se ha arrastrado para poder sobrevivir, donde tenemos 500 librerías en todo el País, donde no existe una política pública para el libro y la lectura, (es terrible) que la primera noticia que tengamos sea de carácter punitivo y no haya una apertura que señale concordia y que indique qué hacemos todos, porque está en el interés de todos”, lamenta Holtz.

“Estamos en una situación muy complicada, y esta ley nos cae como un balde de agua fría. No entiendo a quién se le ocurrió esta cifra de 50 veces el valor del libro como una penalización por no haber entregado un ejemplar”, secunda Moya.

Para los sellos independientes, además, el hecho de que se les persiga para multarlos con la relación de los ISBN (identificadores internacionales de cada obra) expedidos por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) denota ignorancia sobre la industria.

Esto es así porque, cuando una editorial solicita un ISBN, muchas veces tarda más de 60 días naturales (el límite que establece la ley para entregar un libro al depósito) para imprimir un ejemplar, por lo que a veces resulta imposible cumplir con la obligación.

Problemas como estos, que pudieron haberse resuelto con una consulta al gremio, resultaron en los amparos interpuestos.

“Fue una decisión individual de cada editorial (de la AEMI), pero la mayoría vamos a ampararnos. En el caso de Ediciones El Milagro, se amparó. Todavía no tenemos la resolución, pero varias de nuestras editoriales metieron el amparo y estamos esperando la resolución de los jueces”, señala Moya sobre la decisión del sello que dirige.

“Es una posición también política por parte de varios de nosotros. Es eso: no nos consideraron para tener un diálogo previo”.

Con mesas de diálogo en proceso, en las que ha seguido participando Arriaga a pesar de ahora despachar en la SEP desde la Dirección de Materiales Educativos, se espera que algo pueda remediarse con el reglamento de la ley.

LLUVIA DE AMPAROS

Entre la centena de amparos que se han interpuesto contra ciertos artículos de la ley, las editoriales reclaman violaciones a sus derechos culturales y a la libertad de trabajo.

De acuerdo con Artículo 27, la asociación civil de activismo jurídico en favor de la cultura, 11 de los artículos infringen derechos consagrados en la Constitución, sobre todo en lo relativo al Depósito Legal de Publicaciones.

“Es una ley que carece de certeza y seguridad jurídica; es una ley muy ambigua”, reclama el abogado José Manuel Hermosillo, fundador junto con Carlos Lara de la asociación.

Artículo 27 ha promovido 11 amparos, prácticamente todos ya admitidos, en favor de editoriales con el fin de que se conceda una suspensión definitiva para que no se les obligue a realizar el depósito.

En los amparos se argumenta que la ley obstruye el derecho a participar en la vida cultural, en parte, por la excesiva multa por no entregar a tiempo ejemplares al depósito legal, medida que resulta inconstitucional porque no establece un monto gradual, ni considera la situación del productor de la obra.

Asimismo, se explica que la libertad de trabajo de las editoriales se ve violada al obligarlas a prestar trabajos, como el otorgamiento de los libros, sin justa retribución y pleno consentimiento.

También se reclama el hecho de que una ley como la de bibliotecas debió ser legalmente consultada con las asociaciones gremiales de los afectados para poder promulgarse.

De acuerdo con Hermosillo, la cantidad de amparos que se han interpuesto y la importancia de lo reclamado prácticamente aseguran que el tema llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitirá el fallo final.

“Me atrevería a apostar que sí, porque así va a ser, puesto que son muchos amparos; es una ley que, al menos en el tema de las editoriales, tiene 11 artículos que vulneran derechos fundamentales, que son contrarios a una reactivación económica, que no incentivan la actividad ni cultural, ni económica”, confía.