Parece que los legisladores mexicanos padecen los estragos de una agenda política que no sólo les roba el sueño, también la salud, y los hace ausentarse de la curul y de las discusiones que mantienen en vilo al país.

Primero, el senador priísta Miguel Ángel Riquelme; el lunes por la mañana fue hospitalizado en Saltillo debido a un problema cardíaco, aunque los médicos insisten en que no se trató de un infarto.

Un día después, es decir, la mañana de este martes, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero también terminó en el hospital, bajo las recomendaciones de su cardiólogo, quien la envió de emergencia debido a su historial de cirugía de corazón abierto.

Mientras tanto, los legisladores discuten una reforma judicial en una sede alterna, pero sin Sánchez Cordero, quien lamentó no poder participar en el debate.

¿Será que los niveles de presión y estrés en la clase política alcanzaron puntos críticos?

Salió bien

Y a propósito del senador Riquelme, quien permanece internado en el hospital La Concepción, en Saltillo, se pudo conocer que este martes por la mañana ingresó al quirófano y luego de una intervención de varias horas, el resultado fue favorable.

Los especialistas lo intervinieron para un “cateterismo diagnóstico”, derivado de una arritmia cardiaca que hizo encender las señales de alarma a todo mundo.

Se sabe que el ex gobernador de Coahuila salió bien de la cirugía y se recupera satisfactoriamente, aunque el seguimiento a la sesión para debatir y seguramente aprobar la reforma judicial la tuvo que hacer desde su habitación.

Hay confianza en que Riquelme esté de regreso a sus actividades para la próxima semana, cuando se discutirá en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial.

Por cierto, el legislador coahuilense fue designado presidente de la Comisión de Federalismo, e integrante de las comisiones de Seguridad, Desarrollo Municipal, Energía y Economía, las dos últimas que presidirán Laura Itzel Castillo Juárez y Marcelo Ebrard Casaubón.

Coincidieron en Torreón

Como estaba previsto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas tuvo agenda completa este martes en Torreón. Estuvo con el alcalde Román Alberto Cepeda González, empresarios y con mandos del Ejército Mexicano en la Laguna, durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede). Fue reunión de evaluación en la que también estuvieron el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup y los secretarios de Desarrollo Regional en la Laguna, Eduardo Olmos Castro y de Seguridad Pública, Federico Fernández Montañez. Por cierto, Lalo Olmos, el alcalde Román Alberto y Federico Fernández se saludaron bien y de buen ánimo. Despejaron cualquier duda sobre el nivel de relación que llevan.

Comisiones legislativas

En más del Senado de la República, el paisano Alfonso Cepeda Salas aseguró la presidencia de una comisión clave: la de Seguridad Social, por la cual transitan los intereses de la relación laboral entre el gobierno federal y el magisterio.

Al profe Cepeda le dieron a elegir entre la comisión de Seguridad Social y la de Educación. Sin pensarlo dos veces, optó por la primera y dejó vía libre en la de Educación al michoacano y también morenista Raúl Morón Orozco, profesor normalista y exalcalde de Morelia, quien en la década de 1980 formó el Movimiento Democrático Magisterial y fue la piedra en el zapato para el liderazgo de Elba Esther Gordillo Morales.

Respecto de los senadores coahuilenses Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, no se les ve ni el rastro. Hasta donde se sabe, no lograron figurar en ninguna comisión relevante… Mientras algunos legisladores se convierten en protagonistas, otros pasan desapercibidos.

Láynez, no va

Otro paisano que anda en las grandes ligas, el ministro Javier Laynez Potisek, advirtió sobre la viabilidad de la reciente reforma judicial que busca la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros.

Al calificarla de desorganizada y precipitada, el originario de Torreón aseguró que la iniciativa no tiene bases legales sólidas y parece más una estrategia para deshacerse del pleno actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No es menor que el ministro haya rechazado su participación en una eventual elección de la Corte, pues argumentó la falta de certidumbre en el proceso y la escasa credibilidad que tiene entre el electorado.

Su postura pone en evidencia las lagunas y riesgos de la reforma, y resalta que el proceso es más bien una “venganza” política, que un esfuerzo por fortalecer la justicia en México.