“Por voluntad de un Presidente al que no le gustan los contrapesos y mucho menos la rendición de cuentas, las instituciones de la democracia mexicana se han devaluado”.

María Amparo Casar, 24.04.2024

Un Presidente que se dice liberal y humanista ha lanzado un nuevo ataque con toda la fuerza del Estado contra una organización no gubernamental y la mujer que la dirige. El delito de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, AC (MCCI) ha sido realizar investigaciones que han revelado actos de corrupción en los gobiernos de López Obrador y de Peña Nieto; el de María Amparo Casar, no doblegarse ante un Presidente autoritario que dice que en México ya no hay corrupción sin más prueba que un pañuelo blanco.

López Obrador mandó una vez más a Pablo Gómez a hacer el trabajo sucio. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) divulgó información privada de personas y empresas violando el derecho a la privacidad. No sólo presentó de manera ilegal información privada, que la UIF recopila con el supuesto propósito de combatir el crimen y no de intimidar a ciudadanos o personas morales, sino que se equivocó o mintió en varias afirmaciones.

Gómez dijo, por ejemplo, que Claudio X. González Guajardo es “apoderado legal” de MCCI, pero este dejó de participar en la organización en junio de 2020; la presidenta y apoderada de MCCI es María Amparo Casar, a quien también el Presidente ha tratado de destruir con ataques personales. Afirmó de la misma manera que “la Embajada de Estados Unidos” ha hecho aportaciones a MCCI. El titular de la UIF debería saber que “la embajada” no hace aportaciones; en todo caso, estas vienen de instituciones del Gobierno estadunidense, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que entre otros mandatos tiene el de promover la democracia y proteger los derechos humanos.

Gómez dijo que durante este sexenio MCCI recibió 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos y 299 millones de empresas y particulares mexicanos; nunca explicó, sin embargo, por qué la UIF investigó a una asociación civil que no ha sido acusada de ningún delito.

Si realmente el presidente López Obrador estuviera interesado en combatir la corrupción debería aplaudir y apoyar el trabajo de MCCI. Las instituciones gubernamentales dedicadas a esa tarea, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, cuestan a los contribuyentes más de 10 mil millones de pesos al año (IMCO) sin que hayan logrado descubrir casos importantes de corrupción. MCCI, en cambio, ha encontrado uno tras otro, entre ellos los dos mayores de los últimos tiempos, la Estafa Maestra en el sexenio de Peña Nieto y Segalmex con AMLO. Ninguno de sus casos ha sido desmentido con pruebas.

La furia de los ataques contra MCCI y Casar subraya el hecho de que AMLO no está interesado en combatir la corrupción. Ha aprovechado las investigaciones de MCCI para vengarse de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra y para tomar medidas contra algunos mandos inferiores de Segalmex, pero sin dejar de proteger a su amigo Ignacio Ovalle, quien era el director general. Ahora ha anunciado que se revisará la deducibilidad de las donaciones a MCCI. La SRE presentará una nota de protesta a Washington por las aportaciones a MCCI. La difusión de los nombres de los donantes busca asustar a las empresas que han apoyado a la institución. El Presidente quiere, además, restringir el financiamiento a las organizaciones civiles, como hacen las dictaduras.

López Obrador usó la bandera del combate a la corrupción para llegar al poder, pero su intención actual es proteger a los corruptos. Por eso exhibe tanta furia contra la organización que más éxito ha tenido para revelar casos de corrupción.

Presidenta

Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial con un margen abrumador; no hay duda de que había que declararla Presidenta electa. El Tribunal Electoral, sin embargo, debió haber señalado las violaciones del Gobierno a las reglas de equidad en la elección, como lo hizo en 2006.