Francisco Miguel Aguirre Farías | Ciudad de México.- Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver su intención de reformar el Sistema de Pensiones creado en la administración del exmandatario Ernesto Zedillo, y que dio origen a las Cuentas Individuales. Sin embargo, no proporcionó mayores detalles sobre las posibles modificaciones y sólo mencionó que se lo habían solicitado diferentes sindicatos, principalmente el de los maestros, lo que genera dudas sobre si la reforma sería a la Ley del IMSS, a la del ISSSTE (que se encuentra en negociaciones) o a ambas. Tampoco especificó si se seguiría con el sistema de Contribución Definida, se regresaría a uno de Beneficio Definido o sería una combinación de ambos.

Dada la poca información que proporcionó el Presidente, cualquier comentario sobre su propuesta sería mera especulación, por lo que me abstendré de opinar en lo particular, esperando que la decisión se tome una vez que sean evaluados los impactos financieros actuales y futuros de la misma.

Aunque no tengo elementos para dar mi opinión sobre la posible reforma que plantea el presidente, considero que es un momento propicio para comentar que el problema de las pensiones en México es mucho más complejo de lo que aparenta, y que su posible solución debe analizarse y atenderse de manera holística.

Este análisis debe partir del hecho de que los esquemas de pensiones se crean para apoyar a personas que ya no pueden trabajar por vejez, por invalidez o a sus familiares en caso de fallecimiento. Cuando se deja a las personas sin este amparo, o cuando las prestaciones que se ofrecen son insuficientes, se genera un problema social. Si esas prestaciones se otorgan con montos excesivos o se asignan jubilaciones a edades jóvenes, se ocasiona un problema financiero.

Entre los sistemas con déficit social se encuentran, por ejemplo, los esquemas con cotizaciones bajas a cuentas individuales como son el ISSSTE a partir del 2007 o el IMSS a partir de 1997, aun considerando el aumento de las cotizaciones concretado en su ley de 2020. En ambos casos las rentas vitalicias no serán suficientes para garantizar una vida digna a los pensionados.

Otro esquema que deberá mejorarse socialmente en México es el de la pensión universal que se otorga a través del Programa de Pensión para Adultos Mayores.

En estos casos la mejora de los beneficios deberá ser planeada al menos para los próximos 50 años, incluyendo el análisis de las fuentes para su financiamiento.

Por otro lado, en cuanto al impacto financiero para México, el sistema de pensiones regido por la ley del IMSS de 1973 generará costos de transición típicos de un sistema con prestaciones y condiciones razonables. Sin embargo, el mayor problema financiero lo generan principalmente los esquemas que amparan a los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno y de los distintos poderes, incluyendo a los sistemas de pensiones universitarios.

Muchos de estos esquemas han sido modificados para las nuevas generaciones de trabajadores y, en algunos casos, para la generación en transición, pero en menor medida. Esto último causará que el gasto público por este concepto continúe en aumento como porcentaje del PEF cuando menos durante los próximos 15 años.

Nuevamente, el posible ajuste a cada una de las leyes o contratos colectivos que otorgan este tipo de prestaciones y condiciones para obtenerlas a los servidores públicos y universitarios deberá ser analizado y propuesto por especialistas en la materia. Estos ajustes reducirían los costos esperados y por ende garantizarían el pago de las futuras pensiones a personas que realmente lo requieran.

Siguiendo con el tema financiero, tan sólo a nivel federal ya se destina el 21% del PEF del 2023 al pago de pensiones. Esto equivale a la construcción de 3.4 trenes maya cada año, a 19 AIFAs cada año, a 8 refinerías Dos Bocas cada año, al 99% de la recaudación del IVA + IEPS, al 73% de la recaudación total del ISR, a 4 veces el presupuesto de educación o a 8 veces el presupuesto de salud, etc.

Lo más grave es que, según mis proyecciones, este porcentaje seguirá en aumento hasta el año 2036, representando el 27% aproximadamente. A partir de entonces comenzará a decrecer como efecto de las reformas a los sistemas de pensiones que hemos concretado, pero no alcanzará nuevamente el nivel actual, sino hasta el año 2060.

Hay que destacar que mientras dichas reformas inciden en un menor costo futuro por concepto de pensiones contributivas, el costo de la pensión universal seguirá aumentando hasta estabilizarse a partir del año 2070 aproximadamente, de acuerdo con mis estimaciones.

A los montos mencionados hay que agregar un 3% del Presupuesto de Egresos Federal, que calculo que actualmente se eroga en los diversos sistemas públicos de pensiones con cargo a estados, municipios, universidades públicas, poderes judiciales y organismos públicos descentralizados, entre otros. Este gasto también crecerá en las siguientes décadas como porcentaje del PEF.

Sin duda, el pago de pensiones es y será el mayor problema financiero de México durante las próximas décadas.

De no atender ordenada, sistemática y legalmente este problema, las pensiones tendrán que ser cubiertas mediante recortes en el presupuesto de otros rubros como salud, seguridad, educación e infraestructura, y también con los ingresos que genere una posible reforma fiscal, aunque esta última sólo ayudaría parcialmente, pues ninguna reforma fiscal será suficiente para hacer frente a pensiones que fueron mal diseñadas en otros tiempos y que constitucionalmente sólo pueden ser modificadas para los trabajadores con expectativa de derechos.

Desde hace décadas he planteado la necesidad de trazar un rumbo para que paulatinamente se vayan corrigiendo los problemas sociales y/o financieros de los más de mil sistemas públicos mexicanos.

Recientemente algunas organizaciones públicas y privadas han retomado parcialmente la propuesta que hice en mi libro “Pensiones… ¿Y ahora qué?”, que he promovido por el país, en el sentido de crear una secretaría de seguridad social o bien un instituto que coordine los diferentes conceptos de la seguridad social (el tema de salud podría atenderse de manera independiente), pues como dije, no hay un responsable único de este tema en México. Sin embargo, la creación de la secretaría o del instituto, por sí misma, no resolvería los problemas en el tema de pensiones, pues solamente los administraría.

La propuesta completa que he planteado para atender los problemas sociales o financieros de los diferentes sistemas de pensiones públicos mexicanos incluye la elaboración de una Ley Marco o General que establezca pisos y techos en cuanto a los montos de las prestaciones y las condiciones para obtenerlas. Así mismo, la ley definiría las cuotas y aportaciones mínimas y máximas. Los pisos y techos se establecerían de manera gradual para la generación en transición y directa para las nuevas generaciones.

Las leyes, contratos colectivos o convenios que otorguen derechos pensionarios públicos deberán ajustarse de manera que cumplan con lo que establezca la ley marco, ya sea a través de esquemas de beneficio definido y/o de contribución definida.

La ley general debe establecer normatividades diferentes para la pensión universal, para el IMSS y para los sistemas de pensiones que amparan a servidores públicos y universitarios. De esta manera, se intentará converger en un solo esquema para cada uno de estos tres grupos.

En caso de que se cree una secretaría de seguridad social, esta tendría la obligación de observar lo que se establezca en la ley general de pensiones, de lo contrario, la misma ley crearía a un instituto nacional de pensiones y lo normaría.

El diseño de la ley general de pensiones requiere de un análisis profundo de especialistas en el tema con experiencia en concretar reformas a este tipo de esquemas. Para aumentar las posibilidades de que esta ley marco transite es necesario promover un pacto nacional en el que participen los trabajadores a través de sus representantes, las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno y la sociedad en general, de manera que se logre equilibrar los aspectos político, económico y social en el proyecto que se plantee.

En caso de que políticamente no fuera posible concretar la promulgación de una ley general de pensiones, se podrían elaborar unos lineamientos que señalen los pisos y techos mencionados y presupuestar un monto que sería distribuido entre los sistemas pensionarios que acepten acatarlos, siempre que adecuen formalmente sus normatividades.

En concreto, para resolver el problema de pensiones es necesario crear una ley general que regule a todos los sistemas públicos de pensiones del país y que su cumplimiento sea vigilado por una nueva secretaría de estado o por un instituto nacional de pensiones creado por la propia ley general.

Dado que el presidente pone el tema de pensiones nuevamente en la mesa con su intención de hacer modificaciones que permitan disminuir los déficits sociales, considero que es un excelente momento para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo propongan un plan de acción para solucionar en su conjunto el problema de pensiones en México, de manera que no exista pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión y tratando de no construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, ni viceversa.