En días pasados, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum (2024-30), presentó su plan de trabajo abreviado en 100 enunciados. El número 14 de la larga lista señalaba el compromiso de construir un millón de casas habitación en el territorio nacional durante su gestión, cifra que se considera prudente y asequible, pero modesta en relación con el déficit de vivienda del país y también con las que propusieron administraciones federales precedentes.

Es probable que la dimensión del proyecto habitacional por 600 mil millones de pesos se haya hecho en función de los limitados recursos del presupuesto federal. Sin embargo, por el efecto multiplicador que tiene en la economía la industria de la construcción, se puede convertir en un detonante para el crecimiento económico de los próximos años. No se debe perder de vista el impacto transversal que tiene ese sector en varias industrias, desde la siderúrgica hasta la cementera; se estima que son más de 10 en las que tiene influencia y que le aportan materias primas y productos para las edificaciones.

La industria de la construcción ha tenido bajas tasas de crecimiento después de la pandemia; todavía en 2023 no recuperaba el nivel que alcanzaba en 2012, cuando llegó a 6.5% del PIB nacional, que significó que por cada 100 pesos que generaba la economía mexicana, 6.5 pesos provenían de la construcción. La tabla 1 señala su comportamiento en el periodo 2018 a 2023. Otro dato, poco alentador, es el número de empleos, que se incrementó modestamente, de 2.6 a 2.7 millones. En casi seis años la tasa de crecimiento de la industria fue inferior a 4 por ciento.

Tabla 1
Año -Crecimiento
2018 -6%
2019 -5.8%
2020 -5.2%
2021 -5.5%
2022- 5.4%
2023 -6.1%
Fuente: Inegi.

Desafíos del programa de vivienda. Con la visión social de la 4T, se pretende incidir en el nicho de mercado conformado por familias y personas de bajos ingresos, incluyendo a aquellas que prestan sus servicios en la economía informal. Preferentemente destinado a jefas de familia, población indígena y adultos mayores. El prototipo de vivienda es de 60 metros cuadrados, con un precio que oscilará entre los 700 mil y un millón 200 mil pesos. El plazo máximo para liquidar el crédito hipotecario sería de 30 años, con tasas de interés “blandas”, probablemente por debajo de las de mercado. Aunque, habrá subsidios para aquellas familias que estén al margen de la seguridad social, cuya tasa de interés se fijará en 0 por ciento. La responsabilidad del financiamiento, mejor dicho de la subvención, recaerá en la Financiera del Bienestar. Por las disparidades en el desarrollo regional, sólo 206 mil 800 viviendas se localizarán en el norte del país, el resto en el centro y sur.

La planificación urbana. El ignorarla ocasionó que se despilfarraran inversiones en viviendas que nunca se habitaron y fueron blanco del vandalismo urbano. Se estima que alrededor de 600 mil casas habitación están abandonadas; fueron fraccionamientos construidos en zonas semiurbanas, aisladas y privadas de servicios primarios, así como alejadas de los comercios y fuentes de trabajo. Para que el programa tenga el impacto social esperado, es condición imprescindible que los responsables del proyecto mantengan la coordinación con los gobiernos municipales, quienes tienen el diagnóstico urbano de las ciudades seleccionadas para emprender la obra de vivienda. En ocasiones la intención del político es buena, pero se pierde por la toma de decisiones de sus subalternos, carentes de información técnica de la región.

Trasparencia en el manejo de los recursos públicos por 600 mil millones de pesos. Por lo general, la obra pública se presta para malos manejos, se puede mencionar, casi como una constante, la colusión que se da entre funcionarios públicos y desarrolladoras inmobiliarias en la selección y adquisición de los predios a edificar los espacios habitacionales; se privilegia el interés de particulares sobre el de la comunidad o población a beneficiar. Se requieren controles en el ejercicio del gasto, rendición de cuentas y supervisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.En cuanto a las dependencias del Gobierno que financian el programa, como Infonavit, Financiera del Bienestar, etc., sus administradores deben tener en claro que el dinero público que se invierta no debe ir a fondos perdidos, sino que aunque el retorno de la inversión se proyecte en el mediano y largo plazo, debe recuperarse. No confundir la subvención gubernamental con el impago y transferencias unilaterales.

Tasa de inflación. Es otro factor de riesgo. Aunque es una variable macroeconómica que no pueden controlar los participantes en la industria de la construcción, afecta el programa porque erosiona los presupuestos de las obras. La estabilidad de precios es un aliado seguro del cumplimiento de las metas establecidas.