El Diario NY | Ciudad de México.- Hace tiempo que el hijo de Irma Huerta debió salir de prisión de no ser porque incumplió con todos los pagos que exige el “autogobierno’’ del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Al principio intentó dar las cuotas requeridas “por el bien de su hijo’’, pero poco a poco se dio cuenta de que es imposible cubrirlas.

“Los presos en México tienen que pagar para que le den comida, para que no los golpeen, para tener derecho a tomar talleres de capacitación o les permitan trabajar (dos requisitos para reducir las penas), para que les pasen lista… hay gente que llegan a pagar hasta 10 mil pesos mensuales y aún así los maltratan, los mandan a la celda de castigo, un calabozo donde entran pesando 80 kilos y salen de 40″.

Y eso que el hijo de Huerta no está en una de las “peores’’ cárceles del país, sino en las de rango medio, según el último Diagnastico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), muy por arriba de a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, la más terrible.

Lejos de las otros infiernos que siguen al de San Blas, el de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.

“Las cárceles mexicanas están en manos de otros internos o grupos delictivos porque las autoridades penitenciarias, para mantener el equilibrio, se apoya en grupos de internos’’, advirtió María Sirvent, coordinadora de la organización civil Documenta que busca apoyar a internos como representantes legales, una asunto que se debate en la corte.

“El reto ahora es la implementación de la ley, más presupuesto y monitorear el gasto’’, solicitó frente al reto de controlar las cárceles del país, donde de enero a agosto del último año -según sus cuentas basadas en estadosticas oficiales- se han presentado 1022 incidentes violentos, 515 riñas, 213 agresiones a terceros y siete homicidios y cinco suicidios.

Irma Huerta, madre de un recluso mexicano, fundadora de la organización Madres Hermanas de la Plaza Luis Pasteur.

El último informe de la CNDH 2016 basado en el análisis de 131 centros penitenciarios que representan el 44% del total nacional encontró deficiencias en la falta de separación entre procesados y sentenciados, mal de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento, ausencia de atención medica y actividades laborales, educativas y deportivas.

Irma Huerta, quien es fundadora de la organización Madres Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, ejemplifica estas carencias con la tragedia de su hijo quien lleva siete años preso y ha vivido todo el drama penitenciario. De hecho omite el nombre del muchacho porque cada vez que ella denuncia algo a su hijo le dan tremendas tundas en el reclusorio.

Con el tiempo y a través de las denuncias de la organización, el chico se salva de algunas palizas porque la madre no se queda callada, dice.

“El no puede hacer deporte porque padece de una enfermedad por la que sangra constantemente de la boca, la nariz y la orina y le provoca anemia y, como no hace deporte, no se le reduce la pena. Tampoco se le reduce porque no trabaja y no trabaja porque hay que pagar por ello y una vez pagué por ello pero para seguir extorsionando le quitaron el trabajo a los dos meses“, comenta.

Recientemente la CNDH solicitó a las autoridades tener “voluntad política’’ para resolver el problema. “No se puede tener éxito en el combate al crimen si se descuida la última parte del proceso, que son los centros penitenciarios, porque no se está cumpliendo con la reinversión social de aquellos que un día van a estar fuera”, dijo el ombudsman nacional, Luis González Plasencia.