Nadie lo pidió, y de hecho salvo a los interesados que participaran en el proceso de selección, acomodados previamente con el poder o incautos que se inscriben a convocatorias y legitiman con candidez a otros aspirantes que de antemano serán favorecidos, a ninguno interesa la elección de jueces y magistrados locales que se desarrollará el próximo 1 de junio, y que ya comenzó en Coahuila con el banderazo del árbitro electoral, el martes, y las reformas a la Constitución del Estado, consumadas el pasado 20 de diciembre.

De entrada, una premisa: los juzgadores no son representantes populares ni deben serlo. No están vinculados al territorio más allá de la competencia territorial en donde ejercen su jurisdicción. Se trata de cargos técnicos, y deberían ser independientes en la medida de lo posible, como es su naturaleza y origen. Desafortunadamente ya no será así, si acaso un día lo fue.

Ahora bien, votarles a favor mayoritariamente no les imprimirá tal independencia pese a que deberán financiar con recursos propios sus campañas, ni generará más control -o por lo menos conocimiento- público a su función; al contrario: les condicionará con un electorado anónimo sin conocimientos jurídicos en la mayoría de los casos, o visible que buscará cobrarles más adelante, en los juzgados, un eventual apoyo en especie.

En ese contexto absurdo generado por la mayoría sobrerrepresentada de Morena y aliados en el Congreso de la Unión el 15 de septiembre de 2024, la entidad fue obligada a ajustar su legislación y renovar el Poder Judicial en tiempos carentes de sentido, con un presupuesto extraordinario para el Instituto Electoral de Coahuila (de 388 millones de pesos actualmente, y estiman aumentar a 596 millones).

Sin partidos políticos organizando campañas ni movilizando representantes y votantes, por lo menos no abiertamente, un IEC promoviendo el voto como suele hacerlo: institucionalmente, es decir, de cara al círculo rojo y no masivamente hacia la lista nominal, y una boleta que será como un rollo de papel higiénico, literal y figuradamente, es previsible una baja participación ciudadana, bajo mínimos históricos.

Ese contexto naturalmente favorece al statu quo, desde luego, pues al no haber ánimo social ni movimientos populares con injerencia en el asunto, mucho menos resistencias, así sean temporales o artificiales, se imponen las inercias y los intereses creados.

En ese sentido existen las condiciones para que la conformación de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, salvo por la paridad obligada de género (misma que introducirá las mujeres que hoy no existen en la plantilla, y descartará los varones que hoy ocupan plazas en exceso bajo ese parámetro), no diste mucho del roster que actualmente despacha. Inclusive “las personas juzgadoras” tienen el derecho a pedir ser incorporadas de manera directa a los listados de planillas que contenderán por los cargos judiciales, sin someterse a valoración previa.

La legalidad (o el legalismo, según se vea) se suele cumplir a pie juntillas en las instituciones de Coahuila: ya hay reglas, comités de evaluación instalados, uno por cada poder del Estado, representación de universidades, públicas y privadas, colegios de abogados y otros colectivos en la mesa simbólicamente, fases aprobadas y convocatorias abiertas. A más tardar el 6 de febrero habrá humo blanco en las designaciones.

Pocas entidades tienen el control político y la tradición para desplegar el sistema en torno a un caso aparentemente nuevo, y cooptarlo sin que este modifique o les afecte su funcionamiento interno.

Por esas mismas fechas, para dimensionar, Tabasco apenas estará proyectando su calendario electoral en la materia.

Cortita y al pie

En total serán votados 106 cargos locales el 1 de junio. Nueve magistrados del Tribunal Superior, tres del Tribunal Disciplinario Judicial de nueva creación, y cuatro de los tribunales distritales, además de 90 jueces de primera instancia (32 en materia penal del sistema acusatorio y oral, 20 familiar, 16 civil, 14 laboral, y ocho mercantil) en ocho circuitos judiciales.

Los cuatro magistrados restantes del Tribunal Superior, y 20 jueces de primera instancia, seguirán en funciones y se renovarán hasta 2027 de forma escalonada.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿cuántas de las 14.6 millones de boletas que serán impresas para cubrir el padrón en Coahuila (seis por cada ciudadano) ni siquiera serán usadas y acabarán en trituradoras de papel?

Un pronóstico: 92 por ciento.