El día de ayer, como nunca en nuestro estado, los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por unanimidad, aprobaron remover al consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, por causa de dos quejas en su contra, que aseguran fueron comprobadas. Con la anterior destitución, el IEC se quedó acéfalo, a menos de seis meses de la elección judicial, responsabilidad de éste.

Con esta noticia, pareciera que todo está puesto para que la elección del Poder Judicial en Coahuila sea un rotundo fracaso; y es que, de entrada, la Reforma Constitucional al Poder Judicial se encuentra trucada de origen; es decir, desde la misma reforma federal, ya que ésta obedeció enteramente al capricho y deseo de revancha del anterior Mandatario de México, que, en su afán de someter a este Poder, terminó destruyéndolo desde su estructura normativa.

Como era de esperarse, la Reforma Judicial, además de ser por demás invasiva de la independencia del Poder Judicial, atenta contra la profesionalización de los titulares de juzgados federales, ya que fue confeccionada para simular la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación, por lo que cambió el modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación; sin embargo, su diseño se encuentra perfectamente planeado para que en la realidad, no sean los ciudadanos quienes elijan de manera popular, abierta y democrática a los jueces, magistrados y ministros, sino que, al final sean los mismos integrantes del partido en el poder, quienes eligiéndolos a placer, y con ello controlar a este poder que se supone autónomo.

Pues bien, en nuestro estado, para cumplir con la ordenado por la reforma federal judicial, el Congreso de Coahuila hizo lo propio concretando su reforma Judicial Integral local, con la que se dijo, armonizó con ello la legislación estatal a lo establecido en la Reforma del Poder Judicial aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero hizo tan bien, que no sólo replicó, si no que hasta mejoró, ese diseño simulador en la elección de los jueces y magistrados ahora locales.

Por si usted no sabía, en nuestro estado, los congresistas, de todos los partidos, incluyendo los de Morena, acordaron aumentar los requisitos de los aspirantes a estos puestos, para evitar que ciudadanos comunes pudieran acceder a los mismos, asegurándose de que los funcionarios ya enquistados en este Poder Judicial y uno que otro amigo del sistema, sean los que verdaderamente puedan hacerse de cualquiera de estas sillas; tal cual lo demuestran exigencias como: contar con carrera judicial, un certificado de idoneidad expedido por el mismo Poder Judicial local y experiencia en la administración de justicia, requisitos que solamente ellos pueden reunir, y que se contraponen con el principio de elección popular abierta, que mandato la reforma federal.

En resumen: con todas las circunstancias nombradas, la elección de jueces y magistrados en nuestro estado amenaza con fracasar, no sólo por la mala condición del órgano electoral local, sino que, por si fuera poco, ahora las reformas a nuestra Constitución local en materia judicial y electoral, son evidentemente contrarias a la reforma federal y por ende ilegales por ser inconstitucionales.