Un número indeterminado de pipas con diesel cruzan a diario la frontera, de Eagle Pass a Piedras Negras. Recorren la carretera 57 desde su inicio, en fila, como si fuesen vagones de un ferrocarril.

Desde ahí se desplazan, cargadas del combustible, por todo el país como bólidos en busca de una flama que produzca la conflagración. Eso sí, escoltadas por la Guardia Nacional en algunos casos para evitar el robo de combustibles tierra adentro.

Y así sucedió en la semana: un accidente a la altura de Nava (pipa doble remolque volcada e incendiada) paralizó el martes la vía de comunicación durante 7 horas en ambos sentidos, ocasionando filas kilométricas en hora pico (a las 13:30 en adelante). No sólo es el tránsito asfixiado, un incidente de tal magnitud genera un caos en dos regiones de estado: Norte y Carbonífera. Trastoca por ejemplo la dinámica laboral.

Circular por ese trayecto es un deporte de alto riesgo, al compartir la vía con transportes que cargan hasta 62 mil litros de diesel por viaje. No en pocas ocasiones convoyes de 20 pipas. Es el “programa de abastecimiento de combustible” o, en los hechos, un boquete al sistema fiscal. Evasión.

Me explico. Una de las primeras maniobras “del Bienestar” (adjetivo para representar lo chafa, torcido y mal hecho) fue la presunta compra de pipas en Estados Unidos en enero de 2019, por parte del Gobierno federal, quien envió una “misión” de funcionarios por 571 unidades que costaron 85 millones de dólares, como se explicó en una “mañanera”.

No obstante, nunca se ha mostrado evidencia de su adquisición, motivada por una supuesta cruzada contra el huachicol que dejó sin gasolina por semanas al país y nunca erradicó la problemática.

Acto seguido, inició por esas mismas fechas la importación ilegal de combustible, como consta en los registros periodísticos. Cabeza de Vaca fue de los primeros en señalar el tema desde Tamaulipas (epicentro de la operación), y le costó una persecución política que a la fecha lo tiene fuera del territorio mexicano.

En agosto de 2024 Pemex informó que incrementó su flota de pipas a mil 800 unidades. En 2021, para dimensionar con sus propios datos, sólo había 700 realizando esas actividades.

La dinámica es fácil: viajan de México a la refinería ubicada en Deer Park (que desde enero 2022 pertenece a Pemex), en la periferia de Houston, Texas, a cargar combustible. Sólo 350 kilómetros le separan de la frontera con Coahuila, con Piedras Negras. Cuatro horas de camino es nada, comparado con la ganancia. De regreso, etiquetan el diesel bajo una fracción arancelaria que le hace pasar como aceites o lubricantes automotrices (las cartas de pedimento mencionan productos que no pagan impuestos; otras, por su parte, son clonadas, alteradas o copiadas para simular la legal procedencia e introducir de “contrabando” mayores volúmenes a los reportados).
No es un trascendido sin verificar, sino información oficial: según el SAT, 66.7 millones de barriles fueron ingresados a México de manera ilegítima durante 2023 (último año reportado). Para dimensionar: el 30% de la gasolina que se vendió ese año, fue introducida de manera ilegal en el país.

Es fácil deducir la irregularidad, pues la cantidad que produce Pemex, sumada a las importaciones, no da como resultado el consumo nacional total. El desfase que se obtiene con una simple resta, es la cantidad que llega de manera ilegal.

El modus operandi es simple: el diesel se comercializa en el mercado mexicano a gasolineros y transportistas a gran escala en 18 pesos por litro. Pemex, en cambio, oficialmente lo vende a 24 (precio correspondiente a enero 2025) y obliga a que, cara al público, no baje de 26 en las gasolineras.

En su listado de permisos vigentes otorgados por la extinta Comisión Reguladora de Energía, hay 1995 razones sociales, entre personas físicas y morales, autorizadas para transportar diesel en autotanques y semirremolques.
El lucro, por supuesto, se triplica con el huachicol fiscal. Esto, naturalmente, no se puede concretar sin la complacencia (complicidad, sería un término más adecuado) de la Agencia Nacional de Aduanas.

Cortita y al pie

Como identificó la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el segundo semestre de 2024 el SAT incluyó en su listado de “empresas que facturan operaciones simuladas” (fantasmas, pues), a nueve comercializadoras de combustible, mismas que carecían de capacidad material, activos y personal. Entre todas tenían permisos gubernamentales para importar mil 240 millones de litros de combustible, valuados en más de 20 mil millones de pesos al comercializarlos en territorio nacional.

La última y nos vamos

Por lo demás, Trump da, Trump quita. El arancel (impuesto) del 25% a las importaciones de petróleo (como el que compra Deer Park a Pemex) proyectado para entrar en vigor a mediados de febrero, de concretarse, encarecería por consecuencia la gasolina ya refinada que recompra de vuelta la paraestatal a “su” empresa en Estados Unidos, y el negocio paralelo del huachicol fiscal entre los importadores autorizados que de ahí surten.
Dicho de otra forma: ya no sería tan redituable.

Salvo que sí lo sea, es decir, que lo siga siendo, pues al cliente le trasladan el costo final del producto: diesel más caro, independientemente si llegó a la estación de servicio por ducto, buque-tanque, o mediante piperos del Bienestar.