Después del proceso revolucionario de inicios de siglo pasado, los mexicanos hemos luchado durante más de 100 años por hacer de nuestra vida pública una democracia, entendida esta como un sistema político de normas e instituciones que permiten procesar las decisiones colectivas.

Hasta 1977 se logró iniciar un proceso de reformas electorales que permitieron la instauración de un auténtico sistema de partidos políticos, con el cual se pudo superar el viejo régimen autoritario de un solo partido hegemónico.

Lo anterior fue resultado de una creciente inconformidad y resistencia de diferentes segmentos de la sociedad: sindicatos, grupos campesinos, partidos y agrupaciones políticas no reconocidas oficialmente, así como de la inédita irrupción social que representó el movimiento estudiantil de 1968.

Como lo señala Gilberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes más reconocidos de este movimiento: “…fue la culminación de un largo proceso de enfrentamientos del Estado con la sociedad”.

Las reformas electorales, ocho desde su inicio, han permitido abrir las puertas a una legítima participación de todas las fuerzas políticas, incluidas las expresiones minoritarias, construir un sistema institucional de partidos y de organización de los procesos electorales –cuya pieza fundamental es hoy el Instituto Nacional Electoral– y lograr condiciones de equidad en la competencia.

Los cambios, aunque paulatinos y complejos por la pluralidad del debate para acordarlos, han permitido que actualmente se pueda contar con un padrón electoral, credencial de elector, financiamiento público de los partidos políticos, fiscalización, acceso a publicidad en radio y televisión, capacitación electoral y organización transparente de los procesos electorales.

Uno de los avances más relevantes es la creación de una institución organizadora de las elecciones –el INE– autónoma respecto del Gobierno y los partidos políticos para garantizar elecciones imparciales y desterrar el fraude. Esta autonomía permite que los órganos electorales, a nivel nacional y local, cumplan sus funciones y adopten sus decisiones sin la intervención de los otros poderes e instituciones del Gobierno, de partidos políticos y de grupos de interés públicos y privados que participan en los asuntos públicos.

Gracias a estos cambios, que mucho esfuerzo nos han costado, han sido posibles elecciones libres, donde puede prevalecer la certeza, la equidad y la imparcialidad.

La alternancia de los partidos políticos o de expresiones independientes en el Gobierno ha sido una realidad a nivel nacional, estatal y municipal. La ciudadanía ha podido constatar –para bien o para mal– el resultado de sus decisiones expresadas como mayoría en las urnas. Hace algunas décadas esto era impensable.

La democracia es el único régimen político que garantiza la participación libre y efectiva de la sociedad en la toma de decisiones, la división auténtica de poderes, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales, la existencia de un estado de derecho, entre muchas otras cosas. Es lo opuesto del Gobierno despótico de una sola persona y de las prácticas dictatoriales que minimizan la dignidad humana.

Si bien nos falta mucho por avanzar en esta transición hacia la democracia, lo cierto es que nuestra primera responsabilidad como ciudadanía es asegurar que la ambición desmedida de poder de los actores políticos no destruya lo que hasta hoy hemos logrado.

Nuestro régimen político esta amenazado por quienes durante mucho tiempo estuvieron exigiendo los cambios, y hoy que son una realidad, son un estorbo para su proyecto de despotismo empobrecedor.

Permitir que se destruyan los avances de nuestra democracia es acceder al umbral de la dictadura.