“Elección de Estado” se refiere a la manipulación que hace un Gobierno de cualquier proceso electoral, haciendo uso de todos los recursos políticos, jurídicos, financieros y administrativos con que cuenta, con el fin de favorecer a candidatos por cualquier causa.

En el caso que nos ocupa y con la mira puesta en la elección del próximo 1 de junio de este año, en la que estarán, supuestamente, en juego los 16 cargos del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, uno del Tribunal Laboral, tres para el Tribunal Disciplinario que se habrá de crear y los 105 juzgadores y juzgadoras de primera instancia, pareciera que se vence ese supuesto de elección de Estado.

Y es que, como ya sabemos, ahora se está aprovechando la elección diseñada desde la reforma votada por todos los integrantes del Congreso de nuestro estado, incluso los de Morena, con la que supuestamente se armonizó la reforma al Poder Judicial local, con la impulsada por el expresidente AMLO, publicada en septiembre del pasado año. Lo que evidentemente no sucedió.

La anterior aseveración obedece a que, de inicio, la reforma propuesta y aprobada por AMLO, establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar listas de candidatos de la sociedad civil, profesionistas del Derecho, sobre las cuales vote la gente, con el fin primordial de erradicar la corrupción, el nepotismo y el otorgamiento de puestos a amigos y personas a fin del proyecto político del gobernante. “Cualquier persona que cumpla con los requisitos en la Ley podrá aspirar a ser juez, ministro o magistrado”, reza en la exposición de motivos.

Como es de verse, la supuesta motivación de la reforma judicial, en ambos niveles, aseguraba que contrario a lo que ocurría, donde las convocatorias sólo eran conocidas por la elite del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, seguidas por procesos sin transparencia, con la reforma se lograría que cualquier ciudadano con carrera de Derecho, que tenga carrera en el Poder Judicial, podrá inscribirse y si cumple los requisitos, será insaculado y de esa insaculación abierta, irá a la boleta.

Pues bien, déjeme decirle que, nada de eso está sucediendo, y mucho menos en Coahuila, donde el sistema gubernamental actual, ya operó, incluso, desde antes de emitir la convocatoria, para asegurar que sus elegidos para ocupar los puestos de jueces y magistrados, sean los únicos que puedan ser marcados el 1 de junio en una boleta, por tanto, la elección que mandata la reforma, servirá como mero trámite y justificación.

Para quien dude de mi anterior aseveración, le propongo lo siguiente: anote y guarde usted los siguientes nombres: primero, el de los actuales magistrados en funciones, incluyendo, desde luego al del presidente actual de dicho poder, con excepción de dos o tres que deben concluir su encargo hasta el año 2027; luego, ponga a estos otros: Dulce María Fuentes Mancillas, Lariza Montiel Luís, Jafia Pacheco Valtierra, Rodolfo Rábago Rábago, Ricardo Treviño Villarreal, Rebeca Villarreal Gómez, Jesús Homero Flores Mier, Yezca Garza Ramírez, Tamara Garza Garza, José Manuel Gil Navarro, Javier Armendáriz Reyes Retana, Rosalinda Garza García, e Isaías Montemayor Ortiz. ¿Ya lo hizo? ¿Le parece si los recordamos después de esta pequeña elección de Estado?