En los hormigueros de la política de Gómez Palacio comienzan a acomodarse las cosas rumbo a la elección de Alcalde en 2025.

Del lado de Morena, la recién electa diputada federal Betzabé Martínez está buscando apoyos en las altas esferas de Morena porque su relación con su antigua impulsora, Marina Vitela, se ha deteriorado.

Marina ahora quiere empujar a Alejandro Mata, quien será diputado local por el Distrito 10. Pero las hormigas dicen que a Marina ya ni le alcanza tanto el gas, tras el golpe que representó el arresto de Cuauhtémoc Estrella, su tesorero en el Ayuntamiento, por denuncias que tienen que ver con irregularidades en esa Administración.

Marina buscará apoyarse en su protector, el todavía dirigente de Morena, Mario Delgado, mientras que Betzabé está cerrando filas con el próximo líder del Senado, Adán Augusto López.

Y del lado del PRI de Gómez, las hormigas reportan que Ernesto Herrera Reza, sobrino de la alcaldesa Leticia Herrera, ya no trae tanto entusiasmo por buscar la Presidencia Municipal.

Se dice que, tras un análisis de los resultados, en el PRI se dieron cuenta de que ni el financiamiento ni la presencia pública son suficientes para ganar la elección, como quedó demostrado tras la derrota del campeón de boxeo Cristian Mijares.

Además, el cálculo es que para 2025 todavía se sienta la inercia de la aplanadora morenista de este año, tal como pasó de la elección federal de 2018 a la municipal de 2019.

En caso de que Ernesto, mejor conocido como “Güino”, desista, la carta sería Brenda Calderón, pues aunque perdió la diputación local del Distrito 11, es la que mejor desempeño tuvo y la única que no perdió por paliza.

Una sorpresa cayó de Monterrey, y es la participación de dos empresas laguneras en la triangulación de contratos entre el Gobierno de Nuevo León y el despacho jurídico del gobernador Samuel García y su padre.

El entramado que se reveló ayer fue que el Gobierno neoleonés le asignó contratos por 380 millones de pesos a una empresa llamada Pilsa en junio de 2022, y un año después otra empresa llamada Dilsa contrató servicios jurídicos y fiscales del despacho de Samuel por 40 millones de pesos.

Pero no son empresas ajenas, pues ambas tienen su sede en Torreón y eran propiedad del empresario Leobardo Flores Leal cuando se dieron estos contratos. Leobardo es nieto de Leobardo Flores Ávila, quien fuera un legendario líder de la CTM en Torreón y factor de poder en el PRI local, cuando el tricolor era aplanadora.