¿Qué tiene La Laguna para que los fraudes de alcance nacional tengan ahí su epicentro?

Sucedió anteriormente con el Infonavit en el plano local, y acaba de ocurrir con otra institución, el ISSSTE, en el ámbito federal.

Se trata de la Junta Especial número 42, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, desde donde se cometieron latrocinios en perjuicio de la hacienda pública, mediante una red de corrupción relacionada con el otorgamiento ilícito de montos irregulares en alrededor 3 mil pensiones, todas anteriores a 2019, otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado.

Pero antes, un poco de contexto para entender el tema.

La reforma laboral de 2019 ordenó la desaparición gradual de las 66 juntas especiales de Conciliación y Arbitraje que había en el país, conforme se resolviesen los expedientes rezagados en ellas.

Se trasladaron entonces sus funciones a los Poderes Judiciales a través de Tribunales Laborales especializados (por lo demás, si nos ponemos exquisitos, no existe un fundamento legal para que los nuevos jueces en materia laboral utilicen toga y martillo (martillete) como disfraz en las audiencias laborales, parafernalia para indicar al contentillo el inicio y término de la intervención del juzgador. Pero esa es otra historia…).

La domiciliada en Torreón fue suprimida en noviembre de 2023, y los casos que quedaron pendientes fueron enviados a la Junta Especial 1 en Ciudad de México. Gerardo Alfonso Montellano Valdez fue su último presidente.

Su jurisdicción abarcaba el idílico Estado 33, pues de Coahuila comprendía los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Sierra Mojada, Ocampo, Torreón y Viesca, y de Durango a su vez Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, General Simón Bolívar, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo.

Pues bien, Francisco Ayala Borunda, originario de Chihuahua, ex presidente de la Junta Especial 42, acaba de ser vinculado a proceso el 28 de julio dentro de la causa penal 299/2023, iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), dependiente de la Fiscalía General de la República.

No se le aplicó prisión preventiva, sino que debe presentarse mensualmente a firmar y se le retiró su pasaporte para evitar salga legalmente del país.

Anteriormente había ocupado cargos administrativos dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con los laudos en la Junta en Torreón durante su presidencia, provocó afectaciones estimadas en 3 mil millones de pesos a las finanzas del ISSSTE.

Además de él, se dictó auto de vinculación a los ex actuarios de la Junta, Raquel Andrea Hinojos Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza.

Previamente, el 21 de diciembre de 2023, las abogadas Élida “N” y Denisse “N” (madre e hija, originarias de San Pedro de las Colonias) habían sido vinculadas a proceso por el Ministerio Público de la FGR Delegación Coahuila.

Las litigantes, básicamente, se engolosinaron. Reclutaron 146 empleados en activo para reclamar vía 65 escritos de demanda un reconocimiento de invalidez total y permanente por padecimientos de incapacidad, a fin de no continuar con sus actividades laborales. Exigiendo como prestación el pago de seguros individuales e institucionales, obtuvieron 45 millones 582 mil pesos, cifra que supone un daño patrimonial.

Asesoraron además jubilados para demandar pagos ilegales al ISSSTE por compensación e indemnización que no les correspondían por ley, en contubernio con los funcionarios.

De acuerdo con La Jornada, recibían el 50% de lo asignado a cambio, como compensación por el juicio, y se hubiese consumado de no ser por la aseguradora MetLife, y porque las acusadas -quienes enfrentan el proceso en libertad, justo es decirlo- en un desplante de poder, organizaron un concierto privado de Napoleón a todo lujo.

Cortita y al pie

¿Qué tiene el aire o el agua de Torreón que incita las estafas a gran escala?

Deje usted que decenas de negocios y particularmente familias acaudaladas no paguen la luz, como se ha exhibido en días pasados a través de los operativos de CFE, donde cientos de usuarios ilegalmente conectados al servicio fueron descolgados.

O que miles de familias (130 mil créditos litigados desde Coahuila) hayan sido despojadas de sus casas de Infonavit mediante juicios fraudulentos o simulados en contubernio con el Poder Judicial del Estado, la mayoría desde Torreón (6 jueces, 12 secretarios de juzgado y una oficial de partes fueron cesados de su función).

La última y nos vamos
Una raya más al tigre. Como La Laguna ninguna. Lagunero primero. Y todas esas cosas que se dicen para reafirmar el sentido de pertenencia.