Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar todos los amparos contra la reforma judicial, así como los recursos derivados de estos, en tres juzgados y tres tribunales colegiados de Jalisco.

El Pleno del CJF aceptó una solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para concentrar estos amparos, que suman varios cientos, y han sido promovidos por personal judicial y asociaciones civiles ante juzgados federales de todo el País, desde agosto de 2024.

“  Se incluyen en la orden de concentración los juicios de amparo ya sea que se encuentren en trámite, pendientes de resolución, con excepción de aquellos cuya la resolución que haya puesto fin al juicio haya quedado firme por falta de impugnación y se haya ordenado su archivo”, dice la circular del CJF, aprobada el miércoles pasado, y notificada este viernes a los tribunales a nivel nacional. 

Los amparos deberán ser concentrados ante los juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, que fueron los primeros en recibir demandas contra la reforma luego de su publicación el 15 de septiembre.

Los titulares de estos juzgados son Conrado Alcalá, María Rocha Aguilar yFrancisco Reséndiz Neri.

Las quejas y recursos de revisión derivados de estos amparos, en tanto, serán resueltos por el Quinto, Sexto y Séptimo tribunales colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, salvo aquellos recursos que sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

La concentración facilitará al INE y demás autoridades el trámite de los litigios, y también hará más rápido el proceso para llegar a resoluciones finales. En el sexenio pasado, esta figura se usó en los amparos contra el Tren Maya y la construcción del AIFA.

Los recursos judiciales han generado más de 500 suspensiones contra todas las etapas de la reforma al Poder Judicial, desde antes de que fuera aprobada porMorena y sus aliados en los congresos federal y estatales, hasta las que actualmente se llevan a cabo en los Comités de Evaluación de los tres Poderes, para elegir a los candidatos que estarán en la boleta de la elección prevista para el 1 de junio.

Todas las autoridades han ignorado estas suspensiones, incluidos los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, congresos locales, el propio INE y los comités de Evaluación, salvo el del Poder Judicial Federal (PJF), que el 7 de enero suspendió su proceso de selección de candidatos por orden de un juez de Morelia.

Varios jueces han impuesto multas a los consejeros del INE, así como a varias autoridades del Ejecutivo, y han denunciado los desacatos a las suspensiones ante la Fiscalía General de la República (FGR), que es la única que puede acusar penalmente por este delito.

Las autoridades se han escudado en una sentencia dictada el 18 de noviembre por tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF (TEPJF) que afirmaron que la elección no se puede frenar, porque deriva de un mandato Constitucional.

Esta sentencia, sin embargo, es declarativa, pues el TEPJF no tiene facultades en materia de amparo, y varios juzgados y tribunales la han rechazado expresamente.

A estas alturas, es necesario que la Corte aclare si los amparos deben ser desechados por improcedentes, y de no ser el caso, si es posible suspender el proceso de la elección judicial.

La Corte tiene pendiente resolver controversias promovidas por juzgadores bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, en las que piden aclarar si el TEPJF puede revocar los amparos, pero lo más fácil para Ministros y Ministras, sería atraer y resolver lo antes posible recursos que ya existen contra las admisiones de las demandas y contra las suspensiones definitivas.