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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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08 Noviembre 2019 04:05:00
Punto sin retorno
La masacre contra la familia LeBarón el lunes pasado en los límites de Sonora y Chihuahua, donde cárteles de la droga se disputan el territorio a sangre y fuego, abrió un segundo boquete en la estrategia de seguridad de la cuarta transformación y en la credibilidad del presidente López Obrador, a menos de un mes de la pifia en Culiacán.

Los ejercicios de transparencia chocan con el escepticismo ciudadano. El Gobierno se puso a sí mismo contra las cuerdas. Si con el hijo del “Chapo” fracasó, la circunstancia exige acciones inmediatas y respuestas precisas para dar con los asesinos de los seis niños y las tres mujeres menonitas.

La estrategia federal contra la delincuencia organizada difícilmente variará, pues hacerlo equivaldría a admitir el fracaso de un plan recién puesto en marcha con la Guardia Nacional. En todo caso, deberá reforzarse con ayuda internacional como ocurrió en Colombia para neutralizar a Pablo Escobar Gaviria, “el capo más peligroso del mundo”, jefe del cártel de Medellín. La Casa Blanca y el Capitolio han puesto los ojos sobre México para forzarlo a limpiar la casa de narcos. ¿Vuelta a la política de exterminio de Felipe Calderón y Peña Nieto?

López Obrador ofreció pacificar al país sin balazos. Las Fuerzas Armadas, contra su naturaleza, han acatado la instrucción a regañadientes y silenciando las armas. El narcotráfico interpretó el mensaje como rendición y ha bañado de sangre y plomo al país. Las masacres se suceden una a otra sin que la Federación defienda a la sociedad.

Los gobernadores, en este caso los de Chihuahua y Sonora, están igualmente rebasados y tampoco hacen nada para frenar la escalada de violencia. La tarea y el desgaste se lo dejan al Presidente, como igual lo hicieron con Vicente Fox, Calderón y Peña.

Sin embargo, los cárteles han cruzado un punto sin retorno. Dirigir su insania y sevicia contra mujeres y niños ha provocado repudio dentro y fuera de México. Lo ocurrido en Sonora tendrá graves consecuencias para el crimen organizado, pues activará mecanismos nacionales
e internacionales.

En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto Alfredo Zavala Avelar, desató la ira de la Casa Blanca y una cacería de contra capos de la droga y funcionarios mexicanos a través de la Operación Leyenda, en la cual participaron varias agencias del Departamento de Justicia.

El Gobierno de Reagan presionó al de Miguel de la Madrid hasta que detuvo a Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero, y posteriormente a Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”. Los líderes del cártel de Guadalajara recibían protección de políticos estatales y federales.

El 12 de diciembre de 1989, Caro fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro de Camarena y Zavala, homicidio calificado, siembra y tráfico de mariguana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. En 2013, primer año de Gobierno de Peña Nieto, un tribunal colegiado liberó al capo.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. El narcotráfico en México, como en Colombia, escaló a terrorismo. La presión contra AMLO y nuestro país ya empezó y no cederá hasta que ofrezca resultados concretos.

El senador republicano Josh Hawley ya pidió sanciones contra México, y recordó al Gobierno “que sus cárteles están asesinando ciudadanos estadunidenses, traficando con niños e inundando nuestras comunidades con drogas mortales. Entonces sí: creo las sanciones están justificadas contra aquellos que se niegan a actuar”, publicó en Twitter.
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