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17 Noviembre 2019 04:05:00
(Hiper) Presidencialismo
Por: Gerardo Blanco

Con el paso del tiempo, en distintas latitudes, ha quedado demostrado que los gobiernos con mucha legitimidad, con alto respaldo electoral, a la larga, optan por emprender decisiones políticas adoptadas de manera unilateral, sin ponderar los debates y sopesar otras razones divergentes, afectando los principios constitucionales como la división de poderes, el federalismo y los derechos humanos.

Ganar la Presidencia con el 53% de los votos y obtener una gran mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión no significa, por sí mimo, un cheque en blanco para hacer y deshacer la Constitución. Tampoco para dinamitar las instituciones que, con el paso de las décadas, se han construido mediante procedimientos democráticos con la participación de las diferentes fuerzas políticas. Muchos menos cuando la narrativa con la que se pretende justificar esa ruta está sostenida en meras subjetividades.

Lo que pasó esta semana en la Cámara de Senadores resulta un buen ejemplo de ello. La designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sacó lo peor de la clase política, tanto de Morena como de los de “oposición”. No se pone en tela de juicio la capacidad de la recién nombrada para dirigir el órgano más importante en materia de derechos humanos que tiene el país, sino la poca legitimidad del proceso que la lleva al cargo, el cual vulneró las reglas constitucionales. Además, se presume la poca independencia que pueda tener frente al Presidente, gracias a su afinidad partidista.

Es evidente que el presidente López Obrador, antes y durante el ejercicio de su mandato, se ha dedicado a cuestionar y vulnerar la autonomía de los órganos constitucionales. Estos, ya lo hemos dicho, sirven para controlar y neutralizar el quehacer presidencial. Son, en conjunto con el Legislativo y el Judicial, parte del diseño constitucional para contener y equilibrar el ejercicio del poder político.

México conoce bien las consecuencias de un presidencialismo exacerbado, conocido también como hiperpresidencialismo. Este fue el motor fundamental de la perpetuidad en el poder del partido hegemónico, del PRI que gobernó durante casi 70 años. El Poder Ejecutivo tenía una absoluta preeminencia sobre el Legislativo y el Judicial, concentrándose el poder en una sola persona que era depositario de un sinfín de facultades y atribuciones, muchas de ellas ejercidas con una alta dosis de discrecionalidad.

Fue precisamente la edificación de órganos autónomos, el pluralismo político, los gobiernos divididos, lo que coadyuvó para transitar hacia un régimen democrático.

Por supuesto, como apunta Karl Lowenstein, un Ejecutivo fuerte no va en detrimento de la democracia, siempre y cuando esté subordinado al sufragio universal y sus actos estén enmarcados dentro de la Constitución.

La confrontación presidencial con los órganos autónomos no solo se presenta con la CNDH. Reiteradamente el Presidente ha dicho que el Instituto Nacional Electoral (INE) es costoso e ineficiente. Aunado a ello, Morena, por medio de diversas iniciativas para reformar la Constitución y las leyes electorales, pretende reventar al órgano electoral disminuyendo al máximo su presupuesto y, peor aún, queriendo, incluso, concertar la conclusión anticipada del encargo del presidente del Consejo General.

Paralelamente la mayoría legislativa de este partido coincide en disminuir 50% del financiamiento público de los partidos políticos. Esta medida popular, disfrazada de austeridad, solo busca el aplauso fácil al tiempo que disminuye la capacidad política y electoral de las fuerzas opositoras, imposibilitándolas de competir en condiciones equitativas por los cargos públicos.

Un Poder Legislativo alineado al Presidente es una mala noticia. Cooptar los contrapesos y erosionar la competencia política, también. López Obrador debería aprender de la tragedia ajena y aguzar los sentidos para entender que, aunque no lo parezca, lo mejor que le pude pasar a su Gobierno es estar vigilado por instituciones democráticas fuertes e independientes, que estén dirigidas por perfiles idóneos, elegidos por medio de un minucioso consenso que incluya a las diferentes posturas ideológicas.
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