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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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11 Septiembre 2019 04:01:00
Declaración Patrimonial
Juan Pardinas, en el libro “La Sociedad Civil vs La Corrupción” de Alejandra Lajos, en la Editorial Grijalbo, habla de la renuencia de la clase política para adoptar con honestidad y bajo completo apego a la ley, a la obligación de rendir la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, en lo que se conoce como la Ley 3de3, promovidas en el sitio http://www.3de3.mx y desde hace algunos años, entre candidatos, gobernadores y otras instancias.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila contempla sanciones a quien o quienes no cumplan con su declaración, ya sea inicial, por conclusión del cargo o la declaración anual.

Pero ¿cómo saber si la o el servidor público está diciendo la verdad en lo que envía a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas? Porque qué tal y que hace su declaración patrimonial a tiempo, pero en unos días recuerda que olvidó declarar algún ingreso extra, un terreno a nombre de su cónyugue, o una empresa en la que tiene invertido algún capital, y entrega un anexo.

Casos mediatizados en las últimas semanas en la prensa nacional y que ha puesto en jaque a titulares de la Función Pública federal, llaman a la reflexión de lo que debe o no debe ser la ruta de la transparencia y de rendición de cuentas de quienes ocupan una posición en la nómina del Estado, la Federación o los municipios.

Estos hechos, obligan a revisar los formatos que se tienen para la presentación de la declaración patrimonial que tienen los estados y contrastarlos con los propuestos por el IMCO y Transparencia Mexicana, por ejemplo.

La apertura de la Plataforma Digital Nacional, a la que le falta mucho para ser una herramienta de consulta y que opera en el sitio https://plataformadigitalnacional.org es una buena propuesta porque entre otros datos, se podrán conocer los registros de servidores públicos sancionados, las declaraciones patrimoniales (en cuando quede definido el nuevo formato), servidores públicos en contrataciones, etcétera.

Sin duda las declaraciones patrimoniales requieren formatos que permitan el cruce de información con datos almacenados por ejemplo en el Registro Público federal o de los estados, el Servicio de Administración Tributaria o Hacienda, incluso en la Comisión Nacional Bancaria, es decir que la declaración facilite el monitoreo de la evolución del patrimonio de las y los funcionarios. Es el ideal de los nuevos formatos, que en teoría y por acuerdo del SNA, deberían quedar listos para el 31 de diciembre de este año.

El entorno de lo público no se puede permitir la discrecionalidad o la opacidad, pues conduce a posibles deficiencias en el gasto y hacia una corrupción estructural.

Antes de cerrar su artículo, en este libro de muy recomendable lectura, Pardinas plantea una frase que en esta editorial retomo: “Como tantas cosas que pasan en este país, la sociedad civil ha llenado, de una manera constructiva, lo que debería haber hecho el Estado, como los formatos para la declaración patrimonial, de interés y la constancia de pago de impuestos”.
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