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Lourdes de Koster
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08 Abril 2020 04:04:00
Fideicomisos en Coahuila
En la publicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, del Decreto 524, que describe la distribución del recurso público, transferencias y aportaciones que en el 2020 ministra la autoridad estatal, define los Fideicomisos Públicos como “aquellos en los que el fideicomitente (es quien transmite el bien o bienes objeto del fideicomiso) sea el Gobierno del Estado, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o cualquier institución fiduciaria (quien recibe esos bienes) cuando ésta actúe en cumplimiento de los fines de cualquier dependencia o entidad de la administración pública estatal.

Es algo complejo el tema, sin duda. Se trata de un rubro opaco y del que escasamente se habla o se puede acceder a través de información en sitios web oficiales, que esté a la vista, que sea pública y actualizada.

En Coahuila y por años, quizá décadas, la palabra fideicomiso ha representado una forma de canalizar, desviar, o encubrir montos de dinero que se destinan de manera poco clara y bajo esquemas de mínima transparencia, hacia actividades o tareas que permiten desarrollar proyectos o programas que se ha dicho, son en favor de la comunidad.

Aquí lo cuestionable no es tanto el objetivo y los resultados de lo que se hace con ese dinero público, sino lo tortuoso que se vuelve acceder a reglas de operación, a la normatividad bajo la cual se decide a quién se le entrega la cantidad y los montos que se destinarán para tal o cual fideicomiso.

Y es que en el estado hay fideicomisos de los que pocos saben para qué existen, y lo más grave: ¿Quién maneja el recurso o el beneficio que se obtiene del fideicomiso?

Como el Fideicomiso del Fondo Minero, o del Puente Internacional Piedras Negras II, el Fideicomiso de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Gobierno del Estado, el Fideicomiso para al Operación del Museo de las Aves, o como el Fideicomiso Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, el Fideicomiso de Fondo Metropolitano Monclova y de Saltillo, por citar algunos que aparecen en la plataforma de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

En el Anexo 34, del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, que rebasa los 88 millones 820 mil pesos (en el desglose del Presupuesto de Egresos 2020), se establecen Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo que representan 11 millones de pesos de la cifra antes mencionada. Pero ¿Cuáles son los fideicomisos con fondos públicos, el resultado y quiénes aprueban las cantidades que recibirán o reciben?

Quizá hasta que llega el Informe de Resultados de cada entidad o los avances de gestión presupuestal al Congreso del Estado y que son turnados a la Auditoría del Estado, se podría saber o tener al menos un balance de las metas cubiertas o del gasto que cada fideicomiso realizó.

En tanto, a partir de la semana entrante y luego del Decreto presidencial que ordena extinguir todos los fideicomisos para concentrar los recursos disponibles en la Tesorería de la Federación, en Coahuila casi nada se ha dicho sobre lo que ocurrirá con estos esquemas. ¿Será conveniente o no el financiamiento público a través fideicomisos en el estado? Es pregunta.
23 Octubre 2019 03:59:00
Denuncia vs rastreo en internet
Hace unos días escuchaba a integrantes de un colectivo interesado en impulsar mecanismos de denuncia dirigido a las y los trabajadores del estado, municipios y de las oficinas federales radicadas en Coahuila, con el objetivo de garantizar el anonimato de quien señala hechos relacionados con actos de corrupción, como peculado, cohecho, uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito o cualquiera de las irregularidades consignadas en las leyes de esta materia.

La idea es evitar ser rastreados cuando se decide presentar una denuncia de una situación ilegal que se está atestiguando o que ocurrió en una oficina del Estado o Municipio, pero claro, el temor a represalias o el riesgo de perder el empleo puede enmudecer a funcionarios honestos e íntegros, que no están de acuerdo con lo que está pasando en su lugar de trabajo y menos porque involucra finanzas públicas.

¿Cómo evitar que localicen la dirección de IP o dirección de protocolo de internet?, ¿de qué computadora o celular se puede enviar una denuncia por hechos de corrupción sin ser localizado?, ¿a quién y a dónde enviar los datos y dar seguimiento a la denuncia sin que se descubra quién es el interesado? y ¿qué día de la semana o en qué horario puede ser menos factible que se detecte la identidad de quien señala o el origen de la queja?, eran las preguntas.

Y es que según expertos, un simple “me gusta” en la red social de la que se hable, el agregar un comentario, enviar un mensaje privado, una búsqueda de información, o la descarga de contenidos en cualquier plataforma en internet, representa una ruta personal que genera una “huella digital” o un historial de lo que se hace en la computadora personal, el celular o el equipo que se tiene a cargo en la oficina o el trabajo, de ahí la importancia de desarrollar este y otros mecanismos que incentiven la denuncia como los que se tienen en plataformas de las instancias que forman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y las generadas desde la Secretaría de la Función Pública federal, que son instrumentos que cumplen con un objetivo: facilitar la denuncia de hechos de corrupción.

No obstante, la denuncia es sin duda uno de los ejes principales de los planes de trabajo que ha impulsado el Consejo de Participación Ciudadana, sociedad civil, académicos, empresas, especialistas y el Sistema Estatal Anticorrupción desde 2017, como el Programa de Canalización de Reportes por Posibles Hechos de Corrupción que, a través del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, sigue abierto y vinculado en la plataforma
https://anticorrupcion.ccic.org.mx/, así como las infografías sobre la ruta para denunciar delitos graves de corrupción o faltas administrativas, diseñadas y socializadas en una campaña simultánea detonada por integrantes del Comité Coordinador hace un par de meses, casi al cierre de la implementación de la metodología del Reto de los 100 Días.
19 Diciembre 2018 04:03:00
Contralores municipales
Más de una veintena de alcaldes en Coahuila fueron reelectos a mediados de este 2018, en el reciente proceso comicial y por lo tanto, continuarán en funciones a partir del 1 de enero.

Una de las áreas torales en las administraciones locales, principalmente cuando se habla de observar y sancionar la aplicación del presupuesto y el cumplimiento de las leyes en materia fiscal y de combate a la corrupción, son las
contralorías.

Los órganos internos de control tienen una función específica y concreta, una actividad difícil cuando se habla de la generación de un cambio, cuando se trata de incidir en la trasparencia del gasto y evitar dispendios o erogaciones fuera de lo presupuestado.

De ahí que las designaciones de contralores, debería pasar por un proceso de competencias, de análisis y evaluación de habilidades técnicas, a través de mecanismos que involucren, incluso, al ciudadano. Tal como este año lo propuso el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila junto con organizaciones de la sociedad civil, para decidir los nombres de quienes estarían a cargo de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado. Desafortunadamente en el Congreso del Estado la propuesta no avanzó como se esperaba, no al menos como fue planteada por el CPC y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta iba más allá. Porque el Consejo Anticorrupción había planteado la incidencia de los y las ciudadanas, las cámaras empresariales, académicos y grupos interesados, para establecer un esquema de designación abierta y por competencias de los 38 contralores municipales. Esto, en mucho le abonaría a la vigilancia real, estricta, con apego a la ley y sin conflicto de interés, desde los órganos internos de control en las presidencias municipales, sobre todo en medio de un cambio de administración como el previsto el próximo 1 de enero en Coahuila.

Y este tema, el de la profesionalización de las y los servidores públicos, es parte de los resultados de la Consulta Ciudadana desplegada desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y cuyos resultados fueron presentados el martes 18 de diciembre en la Ciudad de México. Estos números en buena medida definieron los alcances de la Política Nacional Anticorrupción.


En uno de los apartados de la Política Nacional, se habla de la preocupación generalizada en el país y en Coahuila por el problema grave de la corrupción y del grado de impunidad que prevalece no sólo en el sector público, sino que igualmente permea en el sector privado. Mucho falta por hacer y lo ideal sería comenzar por la designación de contralores municipales, que no sean amigos del alcalde en turno, que no tengan “negocios” o conflictos de interés con quien dirige la Presidencia Municipal, que sean más bien autónomos, independientes y que lleguen al cargo dispuestos a señalar y sancionar los gastos ilegales y las malas prácticas en los ayuntamientos.


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