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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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14 Noviembre 2019 04:07:00
El rescate de Evo y Andrés Manuel
El colaborador más funcional que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Esta semana dio muestras de su capacidad al rescatar a Evo Morales de Bolivia y, al mismo tiempo, abrirle un tanque de oxígeno político al Presidente, que se estaba asfixiando en la crisis de seguridad. Una chuza política que le trajo costos y beneficios, pero que logró sus principales objetivos, cambiar la conversación –para ayudar a López Obrador– y retomar la política exterior –escapando por un momento del rol de bombero que le tienen asignado en Palacio Nacional–.

El gambito está en la díada del costo-beneficio. Los costos por haber llevado a cabo una acción que polarizó a la sociedad –más por el encono hacia López Obrador, quizás, que por rechazo a Morales–. Pero el beneficio en el campo doméstico, es enorme, al arropar al Presidente, que hasta el domingo estaba peleando solo ante todos, y reforzar su imagen en la opinión pública. La idea del asilo de Morales fue evaluada en las primeras horas del domingo en la Cancillería. Ebrard habló con la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado Pérez, quien en las primeras horas de caos en aquella nación, le dio la información clave para la toma de decisión: el partido en el poder, Movimiento al Socialismo, condicionaba su participación en el esfuerzo por estabilizar al país, solo si Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, podían salir del país.

La valoración era que la permanencia de Morales en Bolivia haría imposible la pacificación del país y ponía en riesgo su vida. Para entonces, las turbas opositoras ya habían irrumpido y quemado su casa y la de su hermana. Ebrard se lo planteó al Presidente y López Obrador lo autorizó. Se dispuso un avión militar –originalmente adquirido por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex– para ir por Morales y por García Linera, tan pronto como se tuviera la aceptación del expresidente y de las Fuerzas Armadas, las únicas en ese momento que podían tomar esa decisión. Prácticamente cuando Ebrard hacía pública la oferta de asilo, el avión partía hacia Bolivia.

El Gobierno peruano autorizó que el avión mexicano repostara en Lima, en donde esperó varias horas en espera de la respuesta de las Fuerzas Armadas bolivianas. Cuando partió por Morales, la Cancillería comenzó a tener problemas con las autoridades peruanas para obtener el permiso de repostar con el expresidente a bordo. No había una negativa para el sobrevuelo, pero no quedaba claro por qué demoraba tanto la autorización. El problema no era con los mexicanos, con quienes mantenían la comunicación fluida, pero tampoco quedaba claro si querían pasarle una vieja factura a Morales, con quienes habían tenido una relación ríspida.

El avión llegó por Morales sin tener claridad sobre la ruta para llevarlo de regreso a México. Ebrard urgió un plan alterno, porque la situación en Bolivia se estaba deteriorando aceleradamente y el aeropuerto Chimoré, por donde iba a salir, estaba rodeado por simpatizantes y detractores. La embajadora Mercado Pérez ofreció conseguir el permiso para sobrevolar Brasil, y su seguridad fue tomada con escepticismo. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, ofreció buscar el reposte en Paraguay. La embajadora Mercado Pérez habló con Ebrard media hora después del ofrecimiento, para comunicarle que estaba arreglado y tenía los oficios que respaldaban el sobrevuelo. Reyes habló con la cancillería argentina, y el presidente Mauricio Macri reforzó la gestión mexicana ante el Gobierno del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

El avión con Morales partió hacia Asunción, mientras la Cancillería buscaba permiso de Ecuador para volar en su espacio aéreo. Sin ese permiso partió el avión, y entró al espacio aéreo ecuatoriano, aunque el Gobierno en Quito no había respondido a la petición mexicana. La nave mexicana salió del espacio aéreo ecuatoriano y enfiló al mar, bordeando las Islas Galápagos –a 900 kilómetros de la costa ecuatoriana– y enfiló rumbó a México, donde entró a territorio nacional por Tapachula.

Los detalles en lo general de esta ruta fue presentado por Ebrard el martes en la mañanera, narrada de una forma épica, aunque en realidad, ese tipo de vicisitudes son normales cuando las naves tienen incidencias extraordinarias –asilados polémicos, aviones de guerra rumbo a un conflicto, o secuestros aéreos, por citar tres ejemplos–. La presentación hecha por Ebrard le dio más espacio al presidente López Obrador, y permitió que su Gobierno le diera una recepción de víctima y héroe. La posición mexicana, sin embargo, pareció ir rumbo a la confrontación con el Gobierno de Estados Unidos.

Para ser cuidadosos, se envió el mensaje al Departamento de Estado que anunciarían el ofrecimiento de asilo a Morales. Ebrard no lo habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para no meterlo a los temas de la relación bilateral. Quien lo informó a la Cancillería estadunidense fue la embajadora Martha Bárcena. En la reunión de la OEA el martes, el representante estadunidense, Carlos Trujillo, criticó la definición mexicana de “golpe de Estado”, pero Ebrard minimizó la crítica a partir del reporte de Bárcena, quien le informó que no había existido una reacción negativa cuando les notificó el asilo de
Morales.

El costo político con Estados Unidos, dice Ebrard, será nulo. En cambio, desvió el énfasis informativo en los medios de comunicación estadunidenses, y borró los temas de seguridad, frenando la ola de opinión negativa contra López Obrador. Ahora, dependerá del Presidente que recupere la iniciativa perdida tras “El Culiacanazo”. Será difícil. López Obrador es muy terco y no ve en el mediano y largo plazo. Esa incapacidad ha hecho que todas las bombas le estallen, como seguramente será en esta ocasión.
13 Noviembre 2019 04:07:00
Lecciones de Bolivia
En Bolivia se rompió el orden constitucional cuando las Fuerzas Armadas le recomendaron a Evo Morales que renunciara a la Presidencia. Con el último respaldo que tenía para aferrarse al poder, Morales dimitió y junto con él las tres personas que seguían en la línea de sucesión, provocando un vacío de poder que aún no se llena, y una crisis política que camina a la anarquía.

El arbitraje de las Fuerzas Armadas fue el colofón de semanas de protestas tras unas elecciones consideradas fraudulentas, en donde Morales utilizó recursos tramposos para ganarlas, sentando en Bolivia, en muchos sentidos, un precedente preocupante para América Latina.

Sus opositores se fueron a las calles, y se enfrentaron violentamente a la policía durante semanas. Previamente, el Tribunal Electoral controlado por Morales, incumplió con la función legal que le correspondía y avaló el fraude. Como la Cámara de Diputados y el Senado estaban en manos de incondicionales del Presidente, tampoco existieron los contrapesos para impedir sus abusos.

La falta de equilibrios exacerbó a la sociedad y aumentó la polarización. La inexistencia de instituciones que sirvieran de equilibrio para contribuir a una salida política y constitucional al problema, obligaron a la ominosa intervención de las Fuerzas Armadas.

Los observadores bolivianos han subrayado que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general William Kaliman, que “recomendó” a Morales renunciar, mantenía una relación excepcional con él. Morales los había colmado de privilegios, dinero y les encomendó responsabilidades que habían estado en el ámbito civil, como en el área de la aviación y programas sociales. Los militares eran parte de la gobernabilidad del presidente Morales, a quienes había cooptado política y económicamente.

Durante la mayor parte de la crisis, que explotó el 20 de octubre cuando la oposición rechazó los resultados electorales, se mantuvieron neutrales y pasivos. En una primera explicación del cambio de actitud, se puede conjeturar que Morales estaba derrotado antes de dimitir, que se comprobó cuando al anunciar nuevas elecciones para detener la crisis, el conflicto se agudizó.

Al Presidente no le quedaba más recurso que apoyarse en las Fuerzas Armadas para sofocar la rebelión, lo que en un análisis de costo-beneficio, por la reacción del general Kalimán, era más alto intervenir para sofocar la rebelión que deslindarse de Morales. No querían un baño de sangre. Morales dimitió ante el riesgo que aferrarse a la Presidencia pudiera haberlo causado.

Su caída fue posible porque el país se había roto. Las instituciones estaban anuladas como intermediarias al haberse puesto al servicio de Morales. Dos días después de la elección, líderes políticos, de la sociedad civil y sindicatos, convocaron a una huelga general. Los organismos internacionales regionales, también mostraron su precariedad, incapaces de poder actuar. Cuatro días después de la cuestionada elección, la Organización de Estados Americanos recomendó una segunda vuelta, que denunció Morales como un intento golpista.

El Tribunal Electoral reconfirmó la victoria de Morales, quien ya había declarado que su victoria y la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, se debían a la voluntad de los bolivianos. El domingo, la oficialista Central Obrera Boliviana, que durante los casi tres lustros de Morales en el poder fue la cabeza de una coalición de sindicatos, organizaciones vecinales y pueblos indígenas que se agrupaban dentro del Movimiento al Socialismo, el partido del Gobierno, rompió con él.

Morales utilizó los recursos de la democracia para minar la democracia. En 2017 una Suprema Corte subordinada a él, abolió los términos para mandatos constitucionales, permitiéndole ir por una nueva reelección. La libertad de expresión sufrió regresiones y utilizó los tribunales para hostigar y controlar a periodistas independientes.

Su discurso polar fue alejando a las clases medias, en donde el Comité Civil de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, uno de los dos motores de la rebelión, fue ganando apoyo e influencia. Morales canceló proyectos de coinversión con el sector privado y dejó de recibir recursos para inyectarlos en la economía, cuyo mensaje negativo se acentuó por la creciente intervención del Gobierno en la economía y la amenaza de nacionalización de los activos empresariales.

Un país partido, con una ruptura del orden constitucional originada por una violación de las leyes electorales, que está en el origen del conflicto y en el colofón del derrocamiento de Morales, es una derrota de la democracia.

El andamiaje se ha mostrado como era, débil y disfuncional, mantenido por un gobierno autoritario. Le falló el cálculo y la sensibilidad política a Morales, al no ver la descomposición acelerada que la imposición para un nuevo mandato presidencial había provocado.

Este error debilitó sus alianzas, y aferrarse a un nuevo mandato presidencial, cegado por su ambición de poder, le impidió notar que se estaba quedando solo. La Central Obrera Boliviana no actuó como contrapeso de los sindicatos que convocaron la huelga general, y la policía lo fue abandonando en los últimos días al pasarse al lado de la oposición. No encontró el respaldo político de sus vecinos, con la posición extrema del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se sumó temprano a la petición de una segunda vuelta.

La caída de Morales aporta lecciones para muchos, como aquellos que apuestan por el aniquilamiento de las instituciones, o de quienes, estando al frente de las instituciones, se vuelven subordinados de los presidentes. Los equilibrios son importantes y los contrapesos son fundamentales, particularmente cuando los líderes se ciegan por su poder y respaldo popular, pensando que con solo gobernar a una parte del país, es suficiente.

Bolivia, con la agudización de sus contradicciones y el colapso de la alianza en el poder ante un repudio encendido, es un buen espejo para reflexionar y evitar caminar por el mismo sendero que recorrió Evo Morales, que fue el de la polarización y la desunión.
12 Noviembre 2019 04:07:00
Bolivia y la trampa mexicana
La renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia dejó al desnudo lo que es el Gobierno mexicano. En 24 horas mostró protagonismo, improvisación y precariedad en análisis y oficio diplomático, al mismo tiempo que construyó una coartada para defender los intereses y el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que parecía una confusión sobre los sucesos en esa nación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado. Punto. Sin concesiones. ¿Cómo llegó a eso? Con un sofisma. En la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, lo justificó de esta forma:

“Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien… a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el Ejército de Bolivia pidió la renuncia del Presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe porque el Ejército pidió la renuncia del Presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país”.

La manera como se presentó tiene errores, y omitieron análisis más sofisticados sobre los hechos –probablemente deliberados–, así como las acciones de otros gobiernos de la región, que los desnudó internacionalmente, pero arropó domésticamete. Como botones
de muestra:

1.- Evo Morales renunció de palabra –hasta el lunes la entregó a la Asamblea Legislativa–, por lo cual, cuando expresaba México su posición, seguía siendo Presidente y por tanto era apresurada. Junto con él renunciaron el vicepresidente, la líder del Senado y el líder de la Cámara de Diputados, quienes se encuentran en la línea de sucesión. Por tanto, no hay quien asuma la Presidencia para convocar nuevas elecciones. En la prelación constitucional podría subir la líder del partido de oposición Jeanine Añez Chávez, segunda vicepresidenta en el Senado, pero se le dificultará porque se requiere una mayoría calificada, imposible de alcanzar para ella porque está controlado por el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales. Se puede argumentar que Morales creó una crisis constitucional al dejar un vacío de poder que ha sido llenado por el caos y la anarquía en Bolivia.

2.- El argumento del golpe de las Fuerzas Armadas no se sostiene. Las Fuerzas Armadas sólo pidieron que renunciara Morales, no todo el Gobierno y el Legislativo. No lo depusieron, ni instalaron una Junta Militar en su lugar, suspendieron garantías o impusieron a un títere. No salieron a las calles para evitar caos y violencia, ni decretaron un estado de excepción, o tomaron control del Gobierno, las comunicaciones, ni censuraron los medios de comunicación o prohibieron las reuniones. Esto no quita importancia a la ruptura del orden constitucional, pero no es un golpe.

3.- Ebrard se apresuró a ofrecerle asilo político a Morales. El Presidente ha dicho que no se va a ir de Bolivia y está en Cochabamba, su tierra, quizás operando políticamente para ver cómo saca provecho de la crisis que detonó. Nadie le ha pedido a México que lo asile, con lo cual, pierde fuerza política en caso que, de solicitarle que lo recibieran, capitalizaría su aportación para apaciguar la violencia y contribuir a la pacificación. Ebrad adelantó conclusiones, cuando apenas iniciaba la siguiente fase de la lucha política boliviana.

4.- Ebrard anunció el lunes que pedirían una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos para analizar la situación en Bolivia. La decisión es correcta, y debió haber sido la única que formularan, pero no el lunes, sino el domingo, como varias naciones latinoamericanas lo hicieron en la víspera, tan pronto como se volvió ingobernable Bolivia.

La aparente confusión mexicana quedó confirmada de manera clara en los mensajes que se apuraron a escribir miembros del Gabinete o cercanos a López Obrador. Lo más destacado surgió de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó en Twitter: “Ángela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la Presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, lo acusan de ‘dictador’. El conservadurismo y su doble rasero”.

La principal crítica a Sheinbaum provino desde Washington, en la cuenta de la embajadora mexicana Martha Bárcena, quien respondió en Twitter: “Con una diferencia fundamental, Alemania es un país con un sistema parlamentario y Bolivia tiene un sistema presidencial. En Alemania el Gobierno encabezado por Angela Merkel ha sido de coalición. Un poco de sistemas políticos comparados”.

Optaron por ocultar, desde el Presidente para abajo, que la crisis constitucional boliviana fue detonada por Morales, al haber cometido lo que interna e internacionalmente se considera un fraude electoral, y haber rechazado cuatro días después de la elección la sugerencia de la OEA para convocar nuevas elecciones, como lo reiteró el domingo pasado. La confusión mexicana impide que haya en México un debate racional a partir del conocimiento. Los pronunciamientos primitivos, por ignorantes y temerarios, distraen y obstruyen un análisis que permita tomar decisiones correctas.

La ruptura del orden constitucional en Bolivia es un asunto muy serio, al igual el que las Fuerzas Armadas sean el árbitro de una crisis política. Esto habla de la debilidad de las instituciones y de la necesidad de fortalecer los instrumentos democráticos. Pero quizás todo es deliberado, porque la caída de Evo Morales es un golpe directo al proyecto autoritario que está construyendo López Obrador en México. De esto hablaremos en la siguiente columna.
11 Noviembre 2019 04:07:00
El efecto de los Rico MacPato
En la ola contra la desigualdad que está sacudiendo al mundo, los villanos de las críticas al neoliberalismo, por haber sido sus principales beneficiarios, son los que más tienen, en particular los multimillonarios. Son los plutócratas, a quienes señalan de ambiciosos, avaros y de haber chupado la sangre de los que menos tienen para tener más, sin importar que el sistema económico que inició en el Reino Unido a finales de los 70 produjo la desigualdad que ha puesto de cabeza al mundo y permitido el surgimiento de líderes populistas en más de 60 naciones. Contra la pared los han puesto millones de personas en el mundo, en muchos casos bajo el grito amenazador de “mueran los ricos”.

Ahora UBS, la sociedad de bancos suizos, que es la principal administradora de la riqueza privada en el mundo, publicó su reporte sobre multimillonarios donde hace un alegato en contra de lo que su presidente, Joseph Stadler, considera parcialidad en los medios de comunicación, que han construido esa imagen. En el reporte, los defiende ampliamente. Es cierto que se han enriquecido, admite, pero mientras se han enriquecido, también han beneficiado al resto de la sociedad al generar empleo, crear riqueza para otros, incluidos muchos de sus empleados, y pagado impuestos”.

Esto, según el reporte, porque en los últimos 30-40 años, ha sido un periodo de excepcional innovación en los negocios, que ha permitido que el cambio económico sea más rápido que en cualquier otro periodo en la historia, provocado por “su visión de largo plazo, la toma de riesgos inteligente, el foco empresarial y la determinación que ha resultado en que sus negocios hayan tenido mejores resultados financieros que otros” en el sector privado o en el público. A esto es lo que UBS le llama “el efecto multimillonario”, que ha tenido un mayor impacto en Estados Unidos y en la región de la Cuenca del Pacífico –a la que pertenece México–, particularmente en las industrias de la tecnología del futuro y la economía china, que se desarrolla velozmente.

El reporte responde a varios años de críticas contra los multimillonarios beneficiarios del neoliberalismo, pero no únicamente surgidas de los líderes populistas, que montados en la desigualdad y la molestia de millones, llegaron al poder en decenas de países en el mundo con una agenda antisistémica que mantiene a varias naciones en confrontación interna. Han provenido de académicos formados en escuelas de países que han vivido el neoliberalismo, como Thomas Piketty, quien en su afamado libro Capital en el Siglo 21 escribió: “No importa cuántas desigualdades justificadas de riqueza pueda haber, las fortunas pueden crecer más allá de la justificación racional en términos de utilidad social”.

Más recientemente, en febrero pasado, en un medio que no se puede señalar de ser de izquierda, The New York Times, uno de sus columnistas, Farhad Manjoo, escribió Abolir a los Multimillonarios, un artículo donde afirmó: “En algún punto de extrema riqueza, el dinero inevitablemente corrompe. Ya sea de izquierda o derecha, compra poder político, silencia disidentes, sirve principalmente para perpetuar una mayor riqueza, frecuentemente sin ningún bien social en reciprocidad”.

En noviembre de 2015, Didier Jacobs, analista senior del capítulo Estados Unidos de la ONG Oxfam, denunció que una tercera parte de la riqueza de los multimillonarios no tenía origen en su eficiencia empresarial. “Cincuenta por ciento de la riqueza de los multimillonarios del mundo no es meritoria, sino se debe a herencias o a una alta presunción de complicidades. Otro 15% tampoco es meritoria, sino a la presunción de los monopolios. Todo esto no se lo deben a la globalización. En cambio, el crimen y la tecnología son probables fuentes despreciables de la extrema riqueza”.

El reporte de UBS refleja la preocupación que existe en esos sectores por la creciente corriente de opinión negativa sobre la riqueza extrema, asociada invariablemente con la desigualdad. “El boom de los multimillonarios ha sufrido una corrección natural”, declaró recientemente Stadler. “El dólar fuerte, combinado con una gran incertidumbre en los mercados de valores en medio de un difícil entorno geopolítico, ha creado las condiciones para esta caída”. A finales de 2018, había 2 mil 101 multimillonarios en el mundo, que significó un incremento de 538 personas (38.9%) durante los cinco años previos, pero su riqueza se disminuyó en 4.3 por ciento.

Eso no es mucho consuelo para millones de personas representadas por sus líderes o, incluso, en el mainstream de las finanzas, la política y los medios. En noviembre pasado, Oxfam publicó un análisis de 13 casos en América Latina, que revela cómo la acumulación del poder de las élites minaban el proceso democrático mediante la creación de políticas públicas a costa del resto de la población. En esta región, el 10% de la población concentra el 68% de la riqueza, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total. El 1% más rico concentra el 37% de la riqueza, y las fortuna de los 80 multimillonarios en la lista de Forbes, es mayor al PIB de casi todos los países del subcontinente.

Sí hay un problema de fondo. UBS dijo en su reporte que los empresarios multimillonarios quieren hacer del mundo un mejor lugar para vivir, en lo social y en lo ambiental, y que varios de ellos –una minoría, reconoció–, han invertido grandes cantidades de recurso en filantropía. Es cierto, pero como señalan sus críticos, haciéndolo, preservan el sistema del cual se han beneficiado. Los Rico MacPato del mundo van a tener que hacer mucho más, y más de fondo y duradero, que lo que describió UBS. “No digo que los multimillonarios deben ser héroes”, le dijo Stadler al Financial Times, “pero al menos deben ser reconocidos”. Esa batalla, la tienen perdida.
08 Noviembre 2019 04:06:00
Consejos (no pedidos) al Presidente
Aunque parezca imposible, en tres semanas desde que se dio “El Culiacanazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aprendió nada sobre manejo de crisis y ordenamiento del mensaje.

Todos los días da tumbos, aumentando por horas de manera unilateral su número de enemigos, y hundiéndose en el pantano. Nadie le ha dicho que cuando cae en arenas movedizas hay que moverse despacio, y él mismo es muy refractario al aprendizaje continuo, por lo que sigue nadando a toda velocidad. La matanza de la familia LeBarón, con sus inéditos grados de crueldad, le agregó problemas al enorme de sí que ya tenía en México –por su docilidad ante los cárteles de la droga y la inaplicación de la Ley–, pues al ser un crimen contra ciudadanos estadunidenses, se involucró el Gobierno, el Congreso, los medios y la sociedad estadunidense. En este caso, también siguió López Obrador sin moverse un ápice.

Los medios de comunicación en Estados Unidos siguieron tundiendo el jueves al Presidente por la catástrofe de su estrategia de seguridad, diagnóstico ampliamente compartido en México, que escaló a niveles con voces en The New York Times, el periódico más influyente del mundo, sugiriendo que este país se iba rumbo a ser un estado fallido, que es un concepto que no se utilizaba allá desde 2005, cuando el narcotráfico floreció durante el Gobierno de Vicente Fox –por hacer lo mismo que López Obrador: no combatir a los cárteles de la droga–, y el Pentágono preparó un informe donde anticipaban ese destino para los mexicanos. Es la primera vez en el Gobierno del presidente Donald Trump que todos los actores políticos y sociales en su país, están alineados en un tema.

La reacción que han tenido en Palacio Nacional, es que parecieran sentirse acorralados. El lenguaje crecientemente ácido del Presidente contra los medios, clasificados oficialmente por él como “adversarios” –sinónimo de enemigos–, va acompañado por su inocultable irritación mañanera.

No hay quien lo pueda calmar porque López Obrador es un peleador que goza de mantener la fricción en la relación con sus interlocutores y disfruta el enfrentamiento. Le funcionó en el pasado porque era el opositor de todos y la victimización le funcionaba.

Ahora como Presidente, la victimización tiene un efecto contrario, y a quien ataca fortalece, como ha sucedido paradójicamente con su némesis, el expresidente Felipe Calderón. Con Calderón ha sucedido lo que positivamente pasó con él cuando Fox quiso meterlo a la cárcel: como no lo mató políticamente, lo fortaleció. Sugerirle que es mejor ignorarlo que enfrentarlo, no es lo único que podría hacer. Hay otros consejos no pedidos por el Presidente, que podría considerar:

1.- No debe tomar como ejemplo inverso la inacción del presidente Enrique Peña Nieto cuando el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Quince días de inacción y otros de dubitación, hicieron que un crimen municipal que debió quedarse encapsulado en Guerrero, se convirtiera en un crimen de Estado.

Al irse al otro extremo, la sobreexposición de López Obrador le ha provocado tres semanas de caída sostenida en aprobación. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, considera que la caída del Presidente será de alrededor de tres puntos. Ayotzinapa le costó a Peña Nieto, pero no en el corto sino en el mediano plazo. Es decir, si se confirma la caída, estadísticamente será monumental.

2.- No puede atrapar todos los negativos todo el tiempo. “El Culiacanazo”, con todo el desorden de versiones encontradas del Gobierno para explicar lo inexplicable, desarrollado en este espacio en los últimos días, debió haberlos centrado en cómo administrar una crisis y unificar el mensaje.

Sin embargo, prueba el caso de los LeBarón, el Gobierno sigue entrampado en su insaciable vocación de ocupar todos los espacios, aunque no le pertenezcan. Pese al horror de la masacre y la utilización de armas prohibidas en México, mientras la Fiscalía General no lo atraiga, es un delito del fueron común –tipificado como homicidio–, cuya responsabilidad recae en la Fiscalía de Sonora.

Por eso, es inaudito que fuera un general –¿por qué volvió a meter a los militares en lo que no les compete?– quien divulgara los primeros peritajes del asesinato colectivo –¿no debía hacerlos el fiscal de Sonora y una autoridad civil?– que, además, contradice las primeras versiones oficiales. La síntesis del desastre de comunicación de Palacio es eso: su versión oficial contradice su otra versión oficial.

3.- No debe mantenerse en la negación absoluta de la realidad que lo atropella todos los días. El caso LeBarón requiere una estrategia (real) de comunicación política. El Presidente dejó escapar la iniciativa de ponerse en contacto con Trump, no al revés, para informarle lo que había sucedido con sus connacionales.

El canciller Marcelo Ebrard debió haber hecho lo mismo con el secretario de Estado Mike Pompeo. No fue, ni tampoco impidieron las amenazas intervencionistas de Trump. Siguen dejando el campo abierto. Urge que Ebrard y la embajadora Martha Bárcena, busquen entrevistas en los medios de comunicación de ese país y acudan a los populares programas de análisis dominicales, para evitar que los sigan quemando a fuego rápido.

4.- Debe entender que el fusible no es él. Esta semana que termina ha sido prolífica en desatinos. Administrar su voz y manejar de manera más inteligente los silencios le ayudará mucho a recomponerse internamente y mejorar su comunicación externa.

Tiene, por lo mismo, que huir de los temas de seguridad y dejar que sean otros los que se desgasten, porque en esos asuntos, debe entender, nadie sale bien librado.

El Presidente quiere absorber todo, por autoritario, por vanidoso, porque no confía o por lo que sea. Eso no le da rendimientos. Encapsularse todavía mas, es aislarse más. Es tiempo que empiece a admitirlo.
07 Noviembre 2019 04:06:00
López Obrador y Trump, enfrentados
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no escucha los tambores de guerra que empezaron a sonar en Estados Unidos tras la masacre de nueve ciudadanos estadunidenses en Sonora, que alguien se apure a explicarle lo que significa, porque de no atender el problema y empezar a revisar su estrategia de seguridad, el choque de trenes con el presidente Donald Trump será fuerte y lo va a aplastar.

Por lo pronto, la ruta de colisión es una visión distinta sobre cómo enfrentar el crimen.

Trump quiere guerra a los cárteles de la droga y que se aplique la ley; López Obrador quiere que se pare el trasiego de armas a México.

El Presidente no aceptó ninguna de la ayuda ofrecida por Trump por respeto a la soberanía mexicana, lo que es un argumento baladí porque el jefe de la Casa Blanca ya vio que López Obrador, solo lo dice para consumo doméstico. Cedió al cambiar la política migratoria para hacer el trabajo sucio contra migrantes en el sur del país ante el chantaje comercial.

Entregó soberanía al decidir por presiones de su contraparte. Eso fue en un momento donde López Obrador estaba en uno de sus puntos más sólidos de su Administración. Hoy se encuentra en el punto de mayor debilidad de su Presidencia.

Perdió el consenso interno, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que han sido su sostén, y desde “El Culiacanazo”, su espacio de maniobra se achicó. El cártel de Sinaloa lo humilló en Culiacán a mediados del mes pasado, de cuya derrota no ha logrado salir, y para añadir variables negativas al escenario, el cártel de Sinaloa opera en el norte de Sonora, donde murieron los nueve ciudadanos estadunidenses. Para el Gobierno de Estados Unidos, sus ciudadanos se encuentran en lo más alto de sus prioridades, una posición que trasciende los conflictos políticos e ideológicos.

El asesinato de los miembros de la familia LeBarón llegó en un muy mal momento para López Obrador y muy oportuno para Trump y los republicanos, que están luchando para evitar que se abra un juicio político contra el jefe de la Casa Blanca.

El “spin” es claro. Tom Cotton, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, señaló que el Gobierno de EU podría verse forzado a tomar acciones unilaterales si el Gobierno de México no actuaba apropiadamente en el asesinato de sus connacionales. El periódico conservador The Wall Street Journal, remató su principal editorial con el señalamiento que “si México no puede con los cárteles, Estados Unidos debería de intervenir militarmente”.

La crisis de seguridad en México se volvió trasnacional en menos de un día y la estrategia de abrazos y regaños en lugar de confrontar a criminales, comenzó a ser motivo de sorna. El senador republicano Linsday Graham, dijo que su equipo checará si los cárteles mexicanos son considerados organizaciones terroristas dentro de los confines de la ley estadunidense.

No lo son, cuando menos todavía, pero dos cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se encuentran dentro de las cinco organizaciones trasnacionales consideradas como los peores enemigos de EU.

Hay que tener mucho cuidado con las acciones del Gobierno y el lenguaje.

“El presidente López Obrador asumió la Presidencia hace casi un año, diciendo que su estrategia para lidiar con los cárteles iban a ser más abrazos y no balazos”, ironizó Cotton.

“Eso puede funcionar en un cuento de niños, pero en el mundo real, donde tres mujeres y seis niños estadunidenses han sido asesinados y quemados vivos, lo único que puede contraatacar a las balas son más balas y más grandes. Si el Gobierno mexicano no puede proteger ciudadanos estadunidenses en México, entonces EU debe tomar las cosas en su propia mano”.

Las afirmaciones son temerarias, pero se sustentan en un viejo fallo de la Suprema Corte de Justicia de esa nación de 1991, a favor del Gobierno de ese país que avaló que sus agentes entraran al consultorio del doctor Humberto Álvarez Macháin en Guadalajara, lo capturaran y se lo llevaran subrepticiamente a El Paso, donde lo entregaron a la DEA para que lo juzgaran por el asesinato de su agente encubierto en el cártel de Guadalajara, Enrique Camarena, seis años antes.

El presidente López Obrador está herido por su fallida estrategia de seguridad y por su tozudez a mantenerla como hasta ahora, pese a las evidencias de que está naufragando. Trump le ofreció enviar tropas para pelear una “guerra” contra los cárteles mexicanos, que López Obrador rechazó. Fue correcta su posición, pero mantener una estrategia de seguridad irreductible, sin cambio o ajustes, llevará a una situación de mayor fricción con Washington y mayor violencia en México.

La masacre con la familia LeBarón colocó al presidente López Obrador en donde han estado antecesores suyos, donde Gobierno, Capitolio y medios de EU se alinean detrás de un tema que afecta a México.

El presidente Miguel de la Madrid enfrentó los embates, cuando el asesinato de Camarena facilitó la narrativa antimexicana a Washington, de la misma forma como “El Culiacanazo” redujo la capacidad de maniobra de López Obrador.

En el contexto político interno en EU, la relación con México se vuelve sumamente delicada, para los mexicanos, y compleja para López Obrador. No puede ceder de la manera grotesca como lo hizo cuando cambió aranceles por política migratoria, pero tampoco puede mantenerse en el punto en donde está.

Entre más rígida sea su posición, más fácil de quebrar. Necesita mostrar un cambio en la estrategia de seguridad y buscar resultados. López Obrador no puede seguir mendigando plazos de gracia para que le salgan las cosas, sino componer lo que rompió, antes de que lo compongan desde el norte.
06 Noviembre 2019 04:07:00
López Obrador y las otras ranas
La información corrió como la liebre. Al menos tres mujeres y seis niños miembros de la familia LeBarón, de Chihuahua, miembros de la comunidad mormona de ciudadanos de México y Estados Unidos, fueron asesinados en Sonora. Fueron emboscados, acribillaron a un niño cuando corría para huir, mientras sus hermanos y su madre morían calcinados en una de las camionetas en las que viajaban. Vivimos la secuela del culiacanazo, donde los criminales están empoderados ante un Gobierno federal rebasado, sin rumbo, y crecientemente aislado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso desviar el debate sobre la operación fallida en Culiacán y desató una cacería cibernética contra periodistas, que escaló a alertar sobre la gestación de un golpe de Estado. No lo vencerán, proclamó, y utilizó como efecto de demostración la fábula de Esopo, Las Ranas Pidiendo Rey, que concluye con una víbora de agua enviada por Zeus, que atrapó a todas las ranas opositoras y las devoró sin compasión. El enviado de Dios –él–, contra los que piensan distinto. Fue una metáfora de poder. Pero hay otra que podría servirle más al Presidente, la del paradigma.

El Paradigma de la Rana es un ejercicio en Teoría de Juegos, que consiste en colocar a un batracio en un balde de agua sobre la estufa. Gradualmente se va subiendo la temperatura, pero la rana no siente nada raro, ni se da cuenta que su entorno se está alterando. Sólo hasta que comienza a hervir el agua, comprende que algo grave sucede. Demasiado tarde; la rana se coció por dentro. Este ejercicio tiene como fin ilustrar la falta de capacidad para reconocer la alteración de los factores externos a fin de tomar medidas correctivas, y suele ser una de las razones del fracaso de gobiernos, que insensibles ante esos cambios, entran en una dinámica perniciosa.

El culiacanazo es el balde subiendo la temperatura, y el Presidente no quiere darse cuenta, o es muy orgulloso para admitir que está equivocado, por lo que corregir o cambiar el rumbo, está fuera de discusión. El Presidente ha insistido, tras la liberación de Ovidio Guzmán López hace 20 días, que seguirá sin enfrentar a la delincuencia organizada. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo ratificó ayer en el Congreso, y justificó el desastre de la política de seguridad que ha instrumentado. “No podemos revertir una tendencia históricamente creciente”, dijo. “A partir de diciembre tendremos punto de inflexión”.

Una mentira más. La “tendencia históricamente creciente” es a partir de mediados de 2015 –tras cuatro años de baja sostenida–, derivada del mismo error que cometió el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto –con el mismo argumento que López Obrador–, no combatir criminales, que se combinó con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que puso en la calle a miles de delincuentes. La realidad sepultó las razones morales y la ingenuidad e ignorancia del Gobierno ante un fenómeno que desconocen. De ahí el no combate a las organizaciones criminales y sus subsiguientes derrotas.

El Presidente vive su propio paradigma de la rana. No está escuchando lo que le grita la realidad. Lo que sucedió con la familia LeBarón mostró la calidad de violencia inhumana que se vive en México, y que no parece comprender en toda su magnitud. López Obrador está prejuiciado y envenado con los medios en México, donde sólo ve a Tezcatlipoca, el dios de la muerte. Pero si se asomara a otras latitudes, comprobaría que el registro que hace de su política de seguridad la prensa mexicana, es compartido por lo que ven fuera del país.

En sus primeros despachos sobre el asesinato de los miembros de la familia LeBarón, The New York Times publicó: “El martes, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad ante el toque de tambor de la violencia. Pero los asesinatos del lunes parecen haber alcanzo un nuevo mínimo con niños y sus madres masacrados en la carretera. Amenaza con convertirse en un momento galvanizador para los ciudadanos frustrados con la violencia y los esfuerzos del gobierno por detenerla”.

Con un lenguaje inusual, The Washington Post reportó que el asesinato de los mormones había sido “un asalto brutal que subrayó el creciente control del crimen organizado sobre algunas partes del país”. Falko Ernst, un analista sobre México del Grupo de Crisis Internacional, citado por el Post, afirmó: “Este fuerte ataque probablemente afectará la política de seguridad del país. En los próximos días yo espero que se incremente la presión en Estados Unidos sobre Trump y que esa presión se le transfiera a López Obrador”.

No conocen al Presidente mexicano. López Obrador no siente estar mal, sino que todos están mal por no entender el alcance de los cambios que está haciendo en México. Descalificar a todos, no es una buena señal, pero eso sucede con él de manera más que frecuente. Trump habló por teléfono ayer con él y le rechazó la oferta de apoyo para combatir a las organizaciones criminales, aduciendo la soberanía de su Gobierno, aunque públicamente se vio mancillada en Culiacán el 17 de octubre por el cártel de Sinaloa, y anteriormente atropellada por Trump, al forzarlo, mediante chantajes comerciales, a servirle de policía migratorio en el sur mexicano.

López Obrador se mantiene firme sobre su mula, a la que le impide ver un nuevo camino. No importa que su estrategia de seguridad esté desarticulada y el país, que avanza su tiñe rojo, tenga dueños regionales empoderados, mejor armados, con mejores finanzas y capaces de chantajear al Presidente. Son los cárteles de las drogas que López Obrador no quiere enfrentar salvo con lecciones morales y de buena conducta. La rana se está cociendo rápidamente en Palacio Nacional.
05 Noviembre 2019 04:07:00
¿Pan y circo Presidente?
El presidente Andrés Manuel López Obrador incendió las redes sociales. Como ofreció, este lunes dio a conocer el informe de los orígenes de una campaña ruin en contra de la prensa, desatada luego que lo cuestionaron por la opacidad y las contradicciones de la relatoría sobre “El Culiacanazo”.

Alejandro Mendoza, jefe de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana –responsable también de Plataforma México– identificó una cuenta madre de bots, @tumbaburros, y dijo que se registró actividad desde las cuentas del hijo del expresidente Felipe Calderón, del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, y del coordinador del PAN en el Congreso, Juan Carlos Romero Hicks.

La fiesta inició. Pan y circo para los gladiadores al servicio del Presidente, quien pidió a los cibernautas que no insulten y que argumenten. En una cantina llena de borrachos, eso es imposible.

La campaña contra medios y periodistas fue una bomba en redes sociales. Mendoza informó que el 74.27% del intercambio de menciones fue de usuarios reales, con el restante 25.73% de bots.

De estos totales, dos de cada tres menciones fueron negativas a los medios de comunicación, provenientes principalmente de la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Chihuahua, que no es atípico en estas oleadas, y que a nivel internacional procedieron de Chile, España y Perú, donde se concentran redes de anarquistas, algunas vinculadas a sectores en el entorno de López Obrador.

Las imputaciones directas fueron rechazadas y desmentidas, pero Mendoza sostiene que su equipo tiene el soporte técnico que respalda lo informado. Un experto en redes sociales observó que el hecho de que no sean bots, tampoco significa que sean reales, sino que se refiere a un método de ataque diferente.

De cualquier forma, la polarización generada por la retórica presidencial se intensificó, sin que todavía esté claro el origen verdadero del ataque. Un estudio independiente realizado por empresas especializadas en redes al que se tuvo acceso, elaboró una tabla con los datos de los usuarios en donde más se recargaron los mensaje negativos el sábado pasado, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. El autor de esa columna, en el lugar 4, seguido en el 5 por Irving Pineda, reportero de TV Azteca, quien aseguró en la mañanera que los ataques contra la prensa eran por órdenes del Gobierno federal, Luis Cardona, del periódico digital La Opción de Chihuahua, quien cuestionó las contradicciones del Gobierno en “El Culiacanazo” en el lugar 6, y Carlos Loret en el 13. En total, durante ese periodo hubo alrededor de 3 mil 200 usuarios interactuando.

En el lugar 9 apareció uno de los paleros del Presidente, Ignacio (Nacho) Rodríguez, vinculado a gobiernos del PRI y el PRD en Tabasco, que tiene un canal de YouTube llamado “El Chapucero”, que es la cabeza de playa de los ataques sistemáticos a la prensa. Rodríguez, precisamente, fue uno de los primeros que actuó tras la información de Mendoza, y afirmó que @tumbaburros era el hijo de Calderón.

Al ser desmentido por todos lados, la emprendió contra una estrella en las redes sociales y creador de memes políticos sin igual, @vampipe, quien respondió divulgando la lista de cuentas en Twitter desde donde se alimentó la conversación contra los medios: @mariahvv84 (que es falsa) con 187 mil 559 mensajes, @Enrique0908 (también falsa) con 62 mil 745, @DRFRANCISCORH_7 (falsa) con 48 mil 880, @GarciaN97108791 (falsa) con 38 mil 592, y @FaridGonzalez2 (que es real) con 15 mil 816. Otra cuenta que también actuó de manera activa fue la de @LOVREGA, que opera en el entorno del propagandista John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La información proporcionada por el Gobierno el lunes, sugiere que la mayor carga negativa provino de cuentas asociadas a panistas y priistas. Investigaciones académicas han encontrado fuentes distintas. Un estudio realizado por Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en marzo pasado, encontró una “operación sofisticada” para producir narrativas políticas a un entramado de cuentas de Twitter de la llamada #RedAMLOVE, con el propósito de crear un cerco informativo sobre la crítica al Presidente.

Las campañas de ataque, dijo Signa Lab al dar a conocer su investigación, han sido capaces de construir estrategias de censura y acoso online a través de la diseminación de una idea a través de tuits y hashtags, con la finalidad de “mantener a raya a quienes critican al Presidente”.

Todo este esfuerzo de pan y circo, si se analiza el comportamiento del presidente López Obrador cada vez que un problema es más fuerte que su capacidad para manejar a la opinión pública, o como distractor para desviarlos de las cosas importantes, parece ser resultado de un tema que no le funcionó como esperaba, la existencia de una conspiración de medios y militares para derrocarlo, que se le salió de las manos, no solo por la forma como descalificaron sus conocimientos históricos, sino porque enardeció más
el ambiente.

La discusión sobre las redes sociales y los medios, sin embargo, tampoco hará evaporar el tema de fondo: porqué liberó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su estrategia fallida de seguridad.

Los esfuerzos del Presidente y su equipo de propaganda por desviar la corriente de opinión pública, demuestra que para López Obrador es más barato asumir el gasto de su capital político y el deterioro acelerado de la imagen de los titulares del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es enorme, a que se descubran las razones de su Pax Narca.

Todos los distractores, sin embargo, pasarán, y quedará la pregunta clave: qué se descubrió en Culiacán que tanto quiere esconder.
04 Noviembre 2019 04:08:00
Falacias y amenazas de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador tiene razón. Es un Presidente muy criticado y se puede argumentar que es quien más lo ha sido durante sus primeros 10 meses de gobierno en la historia moderna del país. Se explica por la velocidad con la que está haciendo cambios, que genera resistencias de grupos de poder internos y externos, y que en los medios produce análisis y señalamientos no del por qué de los cambios, donde hay enorme respaldo, sino por el cómo los está realizando, violentando leyes, aplastando instituciones y desarrollando proyectos que no se ve tengan destino. La crítica ayuda a los gobiernos a mejorar sus propuestas. En su opinión, la crítica lo quiere derrocar. Es absurdo, pero su exigencia irreductible de subordinación absoluta, tampoco tiene registro en la memoria moderna. Sus controversias las apoya en actos de fe; la crítica pide razones.

La intransigencia a dialogar con quien está en desacuerdo con sus ideas, también ha hecho estragos en el proceso de toma de decisiones. En las reuniones diarias previas a las mañaneras, los miembros del gabinete legal, el gabinete legal ampliado, directores de área y hasta invitados que acuden a ellas, hay quienes ya optaron por callar ante la descalificación que ha hecho el Presidente de quienes discrepan. Su personalidad aplasta y resulta contraproducente que lo contradigan. Para tratar de persuadirlo a que cambie una política que fallará, o que acepte una propuesta que no está en su cabeza, hay que decírselo de manera repetida por días con diferentes palabras. El autoritarismo que enseña afuera es similar dentro de Palacio Nacional, y se nota. El 65% de inversionistas consultados recientemente por el Bank of America, dijo que el principal riesgo que ven en México es la forma como toma decisiones el Gobierno. 

Hoy deben estar más preocupados, tras la forma ciclónica como cerró la semana el presidente López Obrador. El jueves se peleó con la prensa en su conferencia matutina, los llamó -nos llamó a todos perros, aunque el viernes matizó-, e hizo una analogía que sugería que los medios fueron quienes encabezaron el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. La comparación es falsa y tramposa. El golpe de Estado contra Madero se fraguó y financió en las oficinas de Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México. 

El viernes volvió al ataque, y reaccionó con descalificaciones de un sector del Ejército representado por el exsubsecretario de la Defensa, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien en un discurso frente a la cúpula militar afirmó: “La sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda”. Las palabras de López Obrador hieren al Ejército en una semana donde los llevó al patíbulo, al llevarlos a asumir la responsabilidad única del culiacanazo, quitando presión pública al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 
Según el Presidente, las palabras del general sobre la inconformidad del Ejército obedecieron a su rechazo a su estrategia de seguridad porque como subsecretario en el gobierno de Felipe Calderón “se aplicó una política de represión y exterminio” que él no va a llevar a cabo. El combate a criminales no es represión, sino aplicación de la ley; el exterminio es un delito de lesa humanidad (si tiene pruebas, debe proceder penalmente contra quienes lo realizaron). El Presidente no sólo confunde conceptos -y esconde su laxitud en el combate a delincuentes-, sino que la falta de filtros en su discurso lastima a las Fuerzas Armadas. Quienes hoy lo rodean en el Ejército y la Marina, también participaron en aquella estrategia. Se puede criticar a Calderón por la forma como lo hizo, pero las Fuerzas Armadas, entonces como hoy, fueron institucionales. Los medios, a quienes acusa de silencio cómplice, denunciaron también los excesos de aquella política y documentaron ejecuciones extrajudiciales. El Presidente miente cuando niega esa realidad, y los archivos están para desmentir sus dichos.

La escalada no cesó. En la suma de esos dos días, al tercero, en su cuenta de Twitter, López Obrador escribió dos mensajes inquietantes. Uno decía que “los conservadores pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero” porque no tuvo o las condiciones le impidieron tener una base social. Pero “ahora es distinto… la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país”. En el otro, precisó: “Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”. 

El Presidente se quiere victimizar y a partir de esa postura identificar al enemigo interno -sus críticos-, recuperar el consenso para gobernar -incluido el apoyo a no combatir a los cárteles de la droga y avalar las violaciones a la ley que de ahí emanan-, debilitado por el culiacanazo, y justificar actos de represión. Pero no hay condiciones objetivas mínimas -ni las habrá- para un golpe de Estado. El país no está quebrado, el Ejército no está dividido, el sector empresarial no está financiando a militares para que lo derroquen, ni hay insurrectos en el país. Tampoco hay una conspiración avalada por el Gobierno de Estados Unidos. Lo que sí hay, es un esbozo de lo que quisiera hacer. Al recomendar la fábula de las ranas de Esopo, que le piden a Zeus un rey por tanta anarquía y desorden, pero como no les gustó, le pidieron otro. Al que les mandó fue “una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a todas sin compasión”. 
01 Noviembre 2019 04:07:00
¡Recórcholis Presidente!
En tan solo 24 horas el Gobierno de México ha vulnerado la seguridad nacional por instrucciones de quien debe ser su mayor garante, el Presidente de la República. En dos conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrojó a la tarima de la opinión pública al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que en aras de la “transparencia” -como retóricamente se esconde la opacidad del Gobierno-, revelara información secreta que pone en riesgo la vida de militares y de sus familias, y mostró las capacidades tácticas y tecnológicas que, al poder ser vistas y analizadas por el crimen organizado, minan al Estado mexicano. El Presidente no es un traidor a la Patria, no hay que equivocarse. Lo que se puede argumentar es que no termina de entender que es Jefe de Estado, no un político en campaña permanente.

La nueva montaña rusa en donde se ha metido de manera voluntaria ha rebasado su capacidad cognitiva y de reacción, pero no su vocación indómita para hablar de todo sin detenerse un momento a reflexionar sobre el daño que pueda causar. En la conferencia del jueves sucedió algo muy grave. Nelly San Martín, de la revista Proceso, cuestionó que en la relatoría que hizo el general Sandoval el miércoles, no mencionara quién había ordenado el operativo, ni establecía la cadena de mando. Con una extraña demostración de sinapsis, el Presidente, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, interrumpió al general Sandoval cuando hablaba de un militar que por no aceptar un soborno del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre fue amenazado, al igual que su familia, a quien le ordenó que, sin revelar el nombre de ese oficial, revelara el nombre del “operativo en lo nacional”. Esa instrucción generó una lamentable confusión que atenta contra el Estado.

Operación nacional no es la operación en Culiacán per se. El general Sandoval no pidió explicación al Presidente en la tarima de Palacio Nacional, en una conferencia transmitida en vivo, ni tampoco se negó a acatar la orden. Tampoco le pidió una aclaración a la instrucción antes de dar el nombre del teniente coronel Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GIAN), como el responsable, no de haber ordenado el operativo o como el mando más alto en el culiacanazo, sino como “el responsable de la generación de la obtención de información”. No es lo mismo, pero el mensaje que salió de Palacio Nacional es que él fue el jefe de las acciones del 17.

En un día, se revelaron dos secretos de Estado. El miércoles, por instrucciones presidenciales, el general Sandoval dio a conocer la existencia del GIAN, un órgano secreto adscrito al desaparecido Estado Mayor Presidencial, que no podía encontrarse en ninguna parte de los organigramas del Gobierno federal. El GIAN fue descrito miércoles y jueves como un grupo altamente capacitado que había participado en muchas acciones contra objetivos de alto impacto. En la exaltación del GIAN señalaron dos de sus acciones, aunque uno de ellos, Santiago Mazari, el jefe de la banda criminal de Los Rojos, no fue capturado, sino se entregó este año. El otro secreto fue el nombre del teniente coronel Verde, como jefe del GIAN, a quien, al haber exaltado como un grupo de élite altamente exitoso, se puso su vida en riesgo. 

En ninguna parte del mundo se dan a conocer los nombres de quienes encabezan las unidades especiales. Uno de los ejemplos más famosos de esta secrecía es el vestíbulo de la CIA en Langley, Virginia, donde en un muro de mármol blanco están estrellas, sin nombre, de sus agentes caídos en misiones. Cometer indiscreciones de esa naturaleza, por ignorancia o ingenuidad, tiene consecuencias. En México hubo un episodio lamentable de ruptura en la seguridad del Estado en diciembre de 2009, cuando después de que se hizo un homenaje público a un marino que participó en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, como represalia sus hermanos subcontrataron a una célula de Los Zetas para que mataran a su madre y a sus dos hermanos. El presidente López Obrador, quien forzó la revelación del nombre del jefe del GIAN, había criticado, paradójicamente, aquella falla en la que incurrió el Gobierno federal. 

Todo ello, empero, no reveló quién diseñó y estuvo en lo alto de la cadena de mando operativa. El responsable de la operación fue el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, exjefe del GIAN, que trabajó con el teniente coronel. Lo que sí quedó al descubierto con la relatoría de lo sucedido en Culiacán, fue la capacidad táctica y operativa del Ejército y los cuerpos especiales militares. Demostraron falta de organización, ausencia de estrategia, carencia de información de inteligencia, y deficiencias notables en el mando. La estructura completa de lo que se considera la última trinchera de defensa de México, quedó exhibida como incompetente e incapaz.

Otro secreto de Estado que se reveló fue que la Marina, que durante más de una década fue responsable del combate del Cártel de Sinaloa, está desplazada. Sus comandos de élite, los más preparados de las fuerzas especiales mexicanas, están en sus bases. El resultado se vio hace dos semanas al intentar capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De los operativos exitosos se pasó al fiasco. Y para ocultar la vergüenza de una derrota tan pública y contundente, la fuga fue hacia adelante, aumentando los yerros. Son estos muy graves, al haberse revelado secretos de Estado, desnudando a las Fuerzas Armadas frente a las organizaciones criminales y regalándoles información para que puedan humillarlos cuando, con dinero y decisión, quieran hacerlo.
31 Octubre 2019 04:07:00
Culiacán, cómo tiraron la toalla
La esperada relatoría sobre lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado finalmente se dio a conocer. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, mostró la manera como, antes de que capturaran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional estaban derrotados. La descripción de cómo fueron sucediendo los eventos aquella tarde, son la radiografía de un Gobierno incapaz, estratégica, táctica y operativamente en materia de seguridad, y que ante el chantaje de criminales tira la toalla. Las fuerzas federales tienen más capacidad de fuerza que los criminales, dijo bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien precisó que no la usaron porque eso habría significado iniciar una lucha armada que habría cobrado muchas vidas de civiles. Sin embargo, la justificación del momento esconde el sofisma gubernamental.

La línea de tiempo no refleja una “acción precipitada”, como desde el día 18 el general Sandoval reconoció, sino la incompetencia de quien diseñó la operación y la falta de conocimiento de campo y de información de todos aquellos que la aprobaron en el Gabinete de seguridad. El arquitecto del culiacanazo no apareció en la conferencia de prensa donde se reconstruyó la ruta de la derrota de las instituciones, que fue el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, bajo las órdenes formales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero en realidad al servicio del general Sandoval. Tampoco estuvo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, responsable de la información sobre la capacidad de fuego y organización del Cártel de Sinaloa, que humilló en cuatro horas al Gobierno federal.

En la reconstrucción por horas y minutos del culiacanazo, el general Sandoval detalló con candidez –en política eso no significa transparencia– la forma como los perímetros de seguridad nunca pudieron ser sellados, porque la velocidad con la que las células del Cártel de Sinaloa actuaron para ganarles las posiciones en las calles, esquinas, puentes estratégicos y los accesos a la capital, fue más eficiente que la planeación realizada por el general Rodríguez Bucio. Según el general Sandoval, al no tomar sus posiciones los militares para impedir el rescate de Guzmán López, el plan de extracción no fructificó.

Las imágenes que dio a conocer el general desnudan el desastre de la operación. Desperdiciaron el factor de la sorpresa por la torpeza en la operación de campo y porque la orden de cateo que presumiblemente debió haber pedido la Fiscalía General –este dato es fundamental para entender la derrota de ese día– nunca llegó. Quienes intervinieron en la detención de Guzmán López no la consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la doctrina de abrazos no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el general Sandoval– a sus hermanos (principalmente a Iván Archivaldo), que dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Como cualquier persona podría imaginarse, eso nunca sucedió, sino que escalaron las amenazas y ataques. Esas imágenes, acompañadas de la narrativa militar, probablemente arrancarán sorpresa y sorna entre los cuerpos especiales altamente entrenados para operaciones contra objetivos de alto impacto, en México y en el extranjero.

La destrucción de la operación diseñada por el general Rodríguez Bucio, ejecutada en campo por Carlos Alberto Flores –fichado por el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, para ser su próximo secretario de Seguridad–, quien tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a Guzmán López desde una semana antes, fue apreciada en la relatoría del secretario de la Defensa en los videos que difundió donde se puede ver con claridad la manera como actuaron las células del Cártel de Sinaloa, doblegándolos, la forma como tomaron Culiacán en sus manos, y la manera como fueron arrinconándolos y dejándolos aislados de cualquier refuerzo federal en apoyo. Estos refuerzos ni siquiera se atrevieron a tratar de recuperar el control de las casetas de peaje fuera de Culiacán, ante lo que han dicho superioridad numérica del adversario.

La relatoría del general secretario aporta más información, perturbadora. Por voz de él se sabe que fue ejecutada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN), sin mencionar que operaron de la mano del general Rodríguez Bucio. El problema es que legalmente el GAIN no podía actuar como la fuerza central en la operación, porque no puede perseguir a presuntos delincuentes civiles. Sus atribuciones solamente les permiten actuar como auxiliar de los fiscales o ministerios públicos federales. Es decir, si no fueron ellos quienes eran los responsables máximos de la operación, adicionalmente a las fallas tácticas en las que incurrieron, violaron la ley. El general Sandoval no mencionó la presencia de miembros de la Fiscalía General.

La fallida operación duró cuatro horas, como se adelantó en este espacio el lunes pasado, y nunca llegó la orden de cateo, ni el apoyo militar para la extracción de Guzmán López. La decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán fue correcta en ese momento. Lo incorrecto no está en esas cuatro horas, sino en la planeación que obligaron a esa decisión, y en la falta de visión estratégica, política y jurídica, para iniciar la persecución de su objetivo de manera inmediata, para su pronta recaptura. Reducir a un “error táctico” lo que sucedió en el culiacanazo, como dijo Durazo, es inadmisible. La humillación al Estado Mexicano –porque no fue sólo al Presidente o al Gobierno– no puede limitarse a la frivolidad política de disfrazar la profundidad de la derrota, a un pie de página en la historia de este país.
30 Octubre 2019 04:07:00
Conspiración contra López Obrador
El magistrado electoral, José Luis Vargas, estalló una bomba en el Tribunal Electoral. Al salir en defensa de su integridad ante un señalamiento en el periódico Reforma de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investigaba por inconsistencias en su evolución patrimonial, respondió escalando el conflicto.

La descalificación de Reforma no fue el puerto de destino, sino que identificó al diario como parte de una “estrategia encabezada por un grupo económico y político de ultraderecha para apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral”, y generar un proceso de desestabilización del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de ese grupo ubicó a su contraparte, Reyes Rodríguez, como pieza clave de lo que llama una “conspiración”.

Esta “conspiración”, dejó entrever Vargas, quedó de manifiesto cuando Reyes solicitó 1.2 millones de pesos para financiar un viaje a Alemania de varios abogados panistas, Roberto Gil, y el neomorenista Germán Martínez, para que junto con más de una decena de políticos y académicos participaran en un seminario sobre América Latina en la Universidad de Heidelberg.

El encuentro era en el Instituto Max Planck, donde se iba a hacer un homenaje al profesor Dieter Nohlen, estudioso de los procesos de transición democrática y para hablar sobre casos regionales donde ven amenazas a la democracia. Vargas intervino para frenar la aprobación del presupuesto.

El 28 de agosto de este año, el Comité de Administración del Tribunal Electoral canceló el presupuesto y el evento porque no había “elementos de beneficio institucional (ni) fundamentos para realizar un seminario en Alemania”.

Tres días después, Rodríguez reaccionó drásticamente y renunció al Comité Académico y Editorial del Tribunal. “Las directrices de la Escuela Judicial Electoral no pueden estar sujetas a decisiones que injustificadamente interfieran con ese espacio mínimo de libertad académica y de investigación”, se quejó el juez electoral.

En la carta pública que difundió Vargas el lunes, dijo que el propósito del seminario era planear una estrategia desde diversas trincheras, para desestabilizar al Gobierno de López Obrador y mermar sus posibilidades electorales en 2021 y 2024.

No queda claro cómo un foro académico sirva para encubrir el diseño de una estrategia de ese y cualquier tipo, ni cómo determina que es una “conspiración” y qué es una discusión. Menos clara es la razón por la cual Rodríguez solicitó recursos para financiar el viaje de varios de los asistentes. Y todavía más oscuro es el trasfondo de este nuevo pleito público.

Vargas sí lo tiene claro. Rodríguez, apuntó en su carta abierta, tiene “furia” contra él y encabeza los esfuerzos dentro del Tribunal para minarlo. Opera, según se deduce de su denuncia, con Martínez, quien el 5 de septiembre presentó junto con otros dos senadores de Morena una iniciativa de Ley para recortar el periodo de cuatro de los siete magistrados.
El único fin, denunció Vargas, era controlar la independencia del Tribunal Electoral.

Dicho de otro modo, buscar un cambio en la composición del tribunal, con el horizonte en las elecciones intermedias de 2021 y presidenciales de 2024. La iniciativa fue rechazada en menos de 24 horas. Sin embargo, hay otros intereses que se cruzaron en ese episodio, por lo que tener una mayoría en el Tribunal Electoral no siempre se relaciona directamente con elecciones.

Vargas tiene un pasado laboral panista, cercano a Santiago Creel y a Juan Molinar Horcasitas, aunque llegó al Tribunal Electoral como propuesta del PRI. En 2011 se negó a anular la elección para la Gubernatura en Michoacán, donde perdió Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón –que le costó el cargo de fiscal de Delitos Electorales–, y en 2018 elaboró un dictamen para anular la elección en Puebla, que ganó la panista Martha Érika Alonso.

Rodríguez también tiene raíces panistas, y durante la discusión sobre Puebla tomó partido por la entonces presidenta del Tribunal, Janine Otálora, que se enfrentó a Vargas. De acuerdo con personas que conocen las influencias y el balance del poder dentro del Tribunal, Rodríguez era, antes que nada, una pieza de Gil.

La publicación de Reforma del lunes afloró una lucha de poder dentro del Tribunal. El señalamiento que la UIF lo estaba investigando por inconsistencias en su evolución patrimonial fue desmentido por el propio jefe del organismo, Santiago Nieto. La carta pública de Vargas donde lanza las acusaciones respaldado en la información exhibida como falsa por Nieto, tuvo respuestas inmediatas. Rodríguez desmintió la imputación y Gil, ignorando el desmentido de Nieto, exigió a Vargas que explicara de dónde había salido el dinero señalado por el periódico.

El Tribunal Electoral no es una institución caracterizada por su discreción, pero no se recuerdan acusaciones tan graves como las lanzadas por Vargas contra su propio compañero de sala, personas y empresas.

Se enmarcan también en una campaña de limpia que desde hace meses lleva a cabo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en todo el Poder Judicial, Arturo Zaldívar, y que incluye el desmantelamiento de una red de complicidades de abogados que llevan casos de gobernadores y alcaldes, con jueces del Tribunal Electoral, que resuelven favorablemente por sus clientes.

Vargas esboza en su denuncia esta línea de acción, cuando señala que la publicación en Reforma busca “boicotear reformas institucionales que tienen como fin transparentar instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones de Estado”.

El choque entre grupos de interés dentro del Poder Judicial está resultando violento, y la purga de Zaldívar genera resistencias. Vargas no lo menciona abiertamente, pero en su carta sugiere que iba a ser daño colateral de lo que está haciendo Zaldívar, alineado al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual coincide, por ahora, el juez electoral Vargas.
29 Octubre 2019 04:08:00
Cinco crisis en Palacio Nacional
Una semana después de la claudicación del Gobierno federal ante el cártel de Sinaloa, el saldo que dejó fueron cinco crisis al presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que no parece poder salir. Tiene maneras de lograr superarlas, pero requiere de un método, técnica, humildad y, sobre todo, la decisión política de hacerlo de manera racional, no intuitiva.

De otra manera, el pantano en el que se encuentra será cada vez más pesado y difícil de vencer. Su retórica no basta. Convence a los incondicionales, se aleja de moderados y críticos.

Las crisis que dejó “El Culiacanazo” son:

1.- La del proceso de toma de decisiones. Después de varios días de contradicciones, el no saber con claridad quién tomó la decisión de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, empieza a oler a encubrimiento.

El Presidente ha estado en un péndulo, desde avalar la decisión, hasta decir que no estaba enterado. El mismo día de la liberación, dos altos funcionarios del Gobierno tenían informaciones encontradas sobre lo sucedido.

Los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dieron versiones antagónicas. No se sabe sin son mentirosos o quieren cubrir las violaciones a la ley que se cometieron y no encuentran la forma de hacerlo.

2.- La de la fractura en el Gabinete de Seguridad. El mal proceso de toma de decisión llevó a esta crisis en el Gabinete. Durazo dijo que la acción del Gobierno en Sinaloa se ejecutó en seguimiento a una estrategia acordada en el Gabinete de Seguridad, pero 12 horas después Sandoval afirmó que no había consenso en esa estrategia.

Durante toda la semana pasada, los choques intramuros fueron muy fuertes: el secretario de Seguridad, contra el exmilitar a cargo de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, de quien dijeron responde Sandoval; las Fuerzas Armadas contra Durazo; y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, exmilitar también, contra Durazo. Dentro de Palacio Nacional, la molestia se concentró en el secretario de Seguridad.

3.- La de comunicación política. El equipo cercano al Presidente ha demostrado ser incompetente en momentos de crisis. El director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, responsable del mensaje del Presidente, ha sido incapaz de unificar la narrativa de lo que sucedió –motivo directo de las contradicciones–, y de ordenar el discurso del Presidente, que prácticamente todos los días se corrige a sí mismo.

Es difícil disciplinar a López Obrador, cierto, pero Ramírez Cuevas lejos de intentarlo, calienta su temperatura. En Palacio Nacional se quejan que suele arrojar más gasolina al fuego cuando el Presidente se incendia y pelea con quien se le ponga enfrente. La peor crisis de todas es esta, porque si existiera un buen manejo de la crisis, podría administrar las otras cuatro y minimizar los daños.

4.- La de credibilidad. El Presidente mantiene sus niveles de aprobación, pero las encuestas telefónicas para medir si había un acuerdo sobre su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, resultó negativa. Los eventos de Culiacán, de acuerdo con las encuestas, fueron conocidas por más del 90% de los mexicanos, pero la sociedad se partió en apoyos, aunque quienes reprobaron su decisión estuvieron entre el 50 y el 60% de los encuestados, mientras que quienes lo apoyaron no superaron el 35% promedio.

Los niveles de aprobación del Presidente se mantuvieron prácticamente sin alterarse, aunque de acuerdo con los expertos, en las mediciones nacionales cara a cara, podría notarse una reducción en el apoyo. Internacionalmente, es un desastre.

La percepción de derrota, debilidad, de ausencia de leyes, circuló por todo el mundo, con registros de prensa en ese sentido hasta en naciones muy poco interesadas en los temas mexicanos, como las africanas. El desprestigio de los mexicanos solo es superado por la percepción negativa que, vista en primeras planas en el mundo, tiene López Obrador.

5.- La confrontación con Estados Unidos. La decisión del Presidente de liberar a Guzmán López, sin una decisión inmediata de reordenar su captura, dejó al Presidente en una ruta de confrontación con Washington. Las primeras señales se vieron la semana pasada en el Capitolio.

La estrategia de no combatir a los cárteles, es relativa. En secreto México colabora con Estados Unidos, pero el problema, se quejan los estadunidenses, es que ese apoyo es parcial y marginal. Esa indecisión lleva a falta de compromiso, como se quejó el Gobierno estadunidense la semana pasada de López Obrador, y conducirá a un choque por incumplir con acuerdos bilaterales de combate al crimen organizado trasnacional.

El Presidente no está viendo que desde que se resolvió el tema de los aranceles, el siguiente en la lista de presiones sería el de las drogas, que nunca terminó de alejarse. Culiacán les ha dado el pretexto perfecto, y será un nuevo tema en la campaña negativa en Estados Unidos.

Estas crisis encierran una serie de realidades objetivas que afrontará el Presidente. La más delicada es cómo poder recuperar el estado de derecho, porque tiene un problema de fondo: no acepta que se ha perdido.

La negación absoluta impedirá encontrar una solución a un problema que, como se vio en Culiacán, se acentuará, en buena parte por un efecto paralelo, con el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, enemigos del cártel de Sinaloa, que al ver cómo operó tácticamente y su capacidad de fuego, los hará elevar la calidad de sus armas y la sofisticación de sus estrategias, convirtiendo a México en un campo de batalla de tres ejércitos irregulares de criminales, frente a un Estado que por alguna razón cada vez más sospechosa, no los combate, salvo con prédicas, que con todo respeto, al Presidente no le sirven para nada.
28 Octubre 2019 04:06:00
Culiacán: lo que no se vio
Lo que sucedió hace dos semanas en Culiacán aún no termina de conocerse. El Gobierno no acaba de cuadrar su mensaje y esta semana prometió dar a conocer la línea de tiempo de cómo se dieron las cosas aquel jueves negro, cuando la captura de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán provocó una batalla de alrededor de cuatro horas hasta que desde la Ciudad de México, pese a que los comandos paramilitares del cártel de Sinaloa no habían podido rescatar a su jefe, dieron la orden de rendirse.

Una reconstrucción de cómo fue la batalla, realizada por personas con acceso a lo que sucedió en Culiacán, arroja alguna luz a una operación que sigue en la oscuridad. El comando que vigiló la casa de Ovidio Guzmán López –cuya ubicación fue proporcionada por la DEA– pertenece al Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, dependiente de la Secretaría de la Defensa, que dirigió hace varios años el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio.

El perímetro de seguridad –que sí se instaló, contra la primera versión publicada en este espacio– estuvo a cargo de militares, también con larga experiencia en este tipo de acciones.

La comprobación de que Guzmán López había llegado a esa casa con su familia fue a las 13:00 horas tiempo del Pacífico –una más en el centro del país– y solicitaron el apoyo de expolicías federales de la División Antidrogas, con dos décadas de experiencia en operaciones contra objetivos de alto impacto. Los exfederales, acompañados de militares, lo detuvieron sin disparar un tiro en un fraccionamiento en la zona del Malecón, y lo mantuvieron solo, en la sala de su casa. Le tomaron fotografías, y durante cuatro horas esperaron la orden de cateo para concluir la misión. La operación de captura comenzó a partir de las 14:30 horas y pocos minutos después comenzaron los intentos de rescate, que provocaron balaceras en varios puntos de la capital sinaloense.

El perímetro de seguridad se tendió entre 100 y 150 metros del punto del objetivo, y lograron frenar los ataques de los comandos del narco. Un funcionario confirmó que cuando no pudieron horadar el perímetro de seguridad y se empezaron a movilizar refuerzos militares hacia Culiacán, iniciaron el ataque al cuartel general del Ejército, sede del Batallón 94 de Infantería, y a dos unidades habitacionales militares en esa capital, con cerca de 70 departamentos.

Mensajes de radio transmitidos por WhatsApp por los agresores interceptados por el Ejército, registraron las amenazas de “levantar” mujeres y niños familiares de los militares y matarlos, incluso. Las alarmas en las unidades habitacionales, con lo que se inicia el protocolo de defensa contra un ataque, sonaron poco antes de las 15:00 horas. El primer ataque contra instalaciones militares se dio a las 15:05 horas, en el Área de Operación, el cuartel general, en el Centro de la ciudad.

En la colonia 21 de Marzo, donde se encuentra una unidad habitacional a siete kilómetros del cuartel general, el ataque comenzó a las 15:50 horas, al llegar los comandos del cártel, que dispararon ráfagas con AK-47 y lanzaron dos granadas de 40 milímetros, que no explotaron, porque no les quitaron el dispositivo de seguridad. Ahí mismo entraron en un departamento, pero la esposa de un militar se escondió con éxito en un clóset. Esa unidad está protegida solo por una malla ciclónica.

En la colonia Guadalupe, a tres kilómetros del cuartel general, las ráfagas de metralleta contra la unidad habitacional se impactaron en el muro que la rodea, y se está tratando de determinar si balazos en vehículos dentro de la unidad, fueron realizados durante ese ataque.

El asalto contra las instalaciones militares, para obligar a los militares a retirarse de sus puestos e ir en busca de sus familias, fue acompañado de levantamientos de soldados.
Un sargento de vacaciones fue levantado en las calles en Culiacán. En Costa Rica, sindicatura de Culiacán, dos pelotones del Ejército llegaron en vehículos con mantas en los costados que decían Plan DN-III, que iban a apoyar la seguridad de la caseta de cobro de la carretera a Mazatlán, y confundieron en un principio a los sicarios con policías judiciales estatales, al verlos vestidos de negro, como usualmente lo hacen.

Cuando se acercaron y vieron las AK-47, descubrieron que eran sicarios. Ahí capturaron a un oficial y cuatro soldados, y se llevaron dos vehículos del Ejército, una Cheyenne y un Humvee. En Limón de los Ramos, otra sindicatura de Culiacán, en la caseta de cobro para Guamúchil, levantaron otros dos soldados. Un oficial más fue privado de su libertad en una de las unidades habitacionales.

La batalla en Culiacán se dio en las calles, mientras el grupo de agentes que capturaron a Guzmán López esperaba la orden de cateo –solicitada antes de la captura– y la extracción en el helicóptero artillado Blackhawk de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para proceder.

Habían pasado cuatro horas desde que se iniciaron las balaceras, e Iván Archivaldo Guzmán, hermano de Ovidio, habló por radio con el grupo que lo tenía y exigió su liberación a cambio de la vida de militares y familiares. Nadie ahí tenía la autoridad para tomar esa decisión y siguieron resistiendo, porque los refuerzos militares no pudieron penetrar los dos círculos de defensa de los paramilitares del cártel fuera de la ciudad.

La exigencia de Iván Archivaldo se hizo del conocimiento del general Rodríguez Bucio, quien informó a sus superiores. Nunca llegó el helicóptero para sacar a Guzmán López, ni los refuerzos para la extracción, ni la orden de cateo. Lo único que llegaron fueron el cese al fuego y la orden transmitida por los militares: liberen al objetivo.
25 Octubre 2019 04:06:00
Ya viene el coco
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump hablaron por teléfono el sábado pasado. Según el mexicano, Trump expresó su solidaridad ante lo ocurrido en Culiacán.

Trump no ha dicho nada de esa llamada, ni la Casa Blanca la ha registrado, pero fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien escribió a propósito, un cáustico mensaje en su cuenta de Twitter. “Expreso mi solidaridad total con las fuerzas de seguridad de México y el apoyo de mi Gobierno a la lucha contra el crimen organizado trasnacional. El bien siempre derrota al mal. México no está solo. Juntos venceremos”.

El mensaje de Landau revela voluntarismo –“juntos venceremos”–, empatía con el discurso religioso de López Obrador –“el bien siempre derrota al mal”–, pero, sobre todo, hay un deslinde. La solidaridad de la que habló el Presidente no fue para todo el Gobierno, sino para las fuerzas de seguridad, a quienes les ordenaron desde la Ciudad de México que liberaran a quien habían capturado –lo que nunca hubiera sucedido en Estados Unidos–.

Después vino la llamada a la acción, el apoyo de Washington a la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que es donde las maderas están crujiendo. En la víspera, Eric Trump, el tercer hijo del Presidente estadunidense, colocó en su cuenta de Twitter un video de 47 segundos de la cadena de televisión CBS sobre la balacera en Culiacán. “Esto es una locura”, apuntó. “La falta de leyes en México es la principal razón por la que necesitamos un fuerte muro”. Esto, sin saberlo en ese momento, era la primera llamada de lo que vendría después.

Richard Glenn, subsecretario de Estado adjunto para Narcóticos Internacionales y Asuntos Legales, testificó el miércoles en el Congreso en una audiencia sobre los presupuestos para el próximo año, donde fue sutilmente crítico de México.

En su declaración escrita entregada al Congreso, Glenn afirmó que “un nuevo avance alarmante” es que las operaciones de tráfico de fentanilo en México se están incrementando y evolucionando hacia la producción. México, recordó, es el país donde se origina la mayor cantidad de heroína y metanfetaminas que se consumen en EU, y la principal ruta de trasiego de la cocaína sudamericana.

Sin establecer un vínculo abiertamente, dijo que las organizaciones trasnacionales criminales, como llaman a los cárteles, perpetúan la violencia y la corrupción, con lo cual aumentaron los homicidios este año como nunca antes.

El testimonio de Glenn fue retomado por los medios mexicanos con el ángulo que México no estaba suficientemente comprometido en la lucha contra el crimen organizado, lo que motivó una respuesta del presidente López Obrador en su conferencia de prensa diaria, sugiriendo que era una intromisión en los asuntos internos de este país, sin respeto a la soberanía.

Nadie preguntó su definición de soberanía, pero en materia de seguridad, la queja estadunidense es que han inyectado recursos a México para cambiar las condiciones del narcotráfico, y no se han alcanzado los objetivos. La comparecencia de Glenn era, precisamente, para solicitar más recursos al Congreso para México.

El Gobierno de López Obrador mantiene ese tipo de cooperación en secreto, y permitido misiones especiales de fiscales estadunidenses encabezadas por la DEA, para revisar lo que están haciendo con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, y se ha llegado, incluso, a aceptar a la delegación estadunidense lo que siempre estuvo prohibido y es regulado por convenciones internacionales: utilizar equipos de combate en territorio mexicano.

Apenas hace dos semanas estuvo en México Kirsten Madison, asistente del secretario de Estado, Mike Pompeo, para Narcóticos Internacionales y Asuntos Legales, acompañada de sus contrapartes de la DEA y del Pentágono, para discutir sobre la siguiente fase de la cooperación en materia de seguridad, incluyendo la necesidad de que México desarrolle una estrategia amplia e integral de todo el Gobierno para el combate contra el narcotráfico, que incorpore metas y objetivos.

Casi más de lo mismo, aunque la queja de los estadunidenses es que hoy no ven que López Obrador esté dispuesto a hacerlo. En mayo del año pasado, cuando Glenn testificó ante el mismo Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso, sobre el crimen trasnacional, la película era diferente. Detalló cómo la reorientación de la Iniciativa Mérida para combatir el modelo empresarial de los cárteles de la droga, que llevaba a la reducción de la producción, estaba teniendo éxito, con una mejor capacidad de las autoridades mexicanas producto del entrenamiento que estaban recibiendo a nivel federal y estatal.

Ese lenguaje desapareció del nuevo mensaje de Glenn. La cooperación existente se ha venido reduciendo. No lo dicen abiertamente, pero la laxitud en el combate a los cárteles de la droga y la reducción de presupuestos para combatir el crimen trasnacional y para los programas de erradicación de cultivos de heroína, se ven con preocupación en Washington.
Las declaraciones de López Obrador de repudio a la Iniciativa Mérida, como lo plantea el Presidente, es por los equipos y armas para combatir el crimen organizado. En Washington no se entiende del todo el discurso, porque desde hace varios años la Iniciativa Mérida no ha estado enfocada al abastecimiento de pertrechos de guerra.

El presidente López Obrador, podrían empezar a asimilar los estadunidenses, no entiende muchas cosas de muchos temas, como el de la seguridad, y su retórica suele estar anclada en viejas ideas y prejuicios como los tiene sobre la Iniciativa Mérida.

Lamentablemente para él y para todos, su equipo de seguridad parece estar en la misma línea cognitiva. Los choques serán cada vez más frecuentes y al final, terminaremos perdiendo todos. De esa forma, Culiacán no será un síntoma, sino la enfermedad, de no cambiar el rumbo que siguen las cosas.
24 Octubre 2019 04:07:00
Las confusiones del Presidente
El discurso presidencial continúa naufragando en contradicciones y confusiones. Con esto enrarece más el ambiente, genera más dudas, y muestra de manera creciente que la crisis por la humillación del Gobierno en Culiacán por parte del cártel de Sinaloa, pegó por debajo de la línea de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre más explica su orden –dejar en libertad a una persona que las fuerzas federales habían capturado para salvar vidas–, más alarma lo que dice. Ahora suplantó el Derecho por la justicia, alegando que cuando se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado, a preguntas de Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, y de Alejandro Lelo de Larrea, director de Círculo Digital, sobre la legalidad de su acción –cuestionada en este espacio ese día– afirmó:

“Por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el Derecho, tiene que ver con la justicia… Es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el Derecho, pues la justicia”.

López Obrador antepuso la justicia al Derecho. Por justicia se entiende, de acuerdo con la definición clásica, como un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. El Derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación o entre Estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinados formalmente por la jurisprudencia de cada nación. “Yo creo que no hubo ningún delito”, respondió el Presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el Artículo 87 constitucional, que establece que al tomar posesión de su cargo, el Presidente protesta “hacer guardar a guardar la Constitución”. La misma Carta Magna señala, en el Artículo 16, que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

El jueves pasado agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ante la posibilidad de que se perdieran vidas si lo extraían de donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad. Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el Derecho.

La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, a quien habían detenido las autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue a un delincuente.

Su concepto de justicia se aplicó a un miembro importante del cártel de Sinaloa, sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara una vez que no hubiera vidas en riesgo. Es decir, le extendió un salvoconducto.

La abundancia de eficaz retórica presidencial es perturbadora en este caso. Guzmán López estaba siendo buscado por el Gobierno de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana, por lo que un juez federal de Washington autorizó su captura en 2018. La decisión del presidente López Obrador contraviene las leyes.

“El derecho”, respondió a los periodistas, “es un medio para que haya justicia; ese es el fin”. ¿Justicia para una persona acusada de delitos en EU y reconocidos por su Gobierno al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo?

La forma como se expresó el Presidente parecería sugerir que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente, sino una persona a la que se le tiene que hacer justicia, para lo cual, hay que devolverle su libertad. No es así, sin embargo, pues el mismo Presidente anunció que en algún momento en el futuro, buscarán capturarlo nuevamente, lo que agrega a su confusión y menosprecio al orden jurídico que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación del término “justicia” para explicar la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, reforzado por declaraciones reiteradas que no va a combatir a los cárteles con el fuego que las organizaciones criminales sí utilizan, y que no va a cambiar su estrategia de convencerlos con argumentos morales que pregonan que el camino que escogieron es el del mal.

La Constitución supeditada a su cristianismo, sin importar que las leyes hayan sido aplastadas por sus valores morales a favor de un presunto delincuente. Hasta la ignominia ha tomado el lado de los criminales, lo que levanta cejas en muchos lados.

En su defensa política, el Presidente ha dicho que, si hay una denuncia contra él, acudirá a comparecer para explicar porqué aplicó la justicia e ignoró la Ley. Podría haber fundamento legal que probara que incurrió en un delito, por las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales, que él mismo promovió, y que ampliaron los delitos para que pueda someterse a proceso al Presidente, no solo por traición a la patria, sino por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y aquellos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Materia para someterlo a un proceso existe, pero eso no va a suceder. El Poder Judicial no es lo autónomo que dice ni lo independiente que presume. El Congreso tampoco iniciará un juicio político. México seguirá siendo un país donde lo más fácil de violar, si se tiene poder, político o por las armas, es la ley.
22 Octubre 2019 04:05:00
La ilegalidad del Presidente
Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero de El Universal, Alberto Morales, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el Gabinete de Seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen ser transcritas:

“A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación.

“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.

La respuesta del Presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discrecional.

2.- Viola el Artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del Presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el Artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:

“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.

5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:

“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.

6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del Presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrió el Gabinete de Seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un Presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral solo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.

Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del estado de derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump de que si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.

Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin leyes, por decisión, públicamente señalada, del presidente López Obrador y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes.
21 Octubre 2019 04:07:00
Humillación a López Obrador
La operación para capturar a Ovidio Guzmán López el jueves pasado en Culiacán fracasó antes de empezar. No nos entrampemos en la discusión moral sobre si fue correcta o no la decisión presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su liberación para salvar vidas –de eso hablaremos mañana–, porque oculta la magnitud y profundidad de la acción de un Gobierno que llevaron a esa disyuntiva, y perfila lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”. El jueves 17 de octubre definirá en muchos sentidos al Gobierno de López Obrador.

Investigar a los mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el Gobierno el fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad y, al avalar sus recomendaciones, del Presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán López se hizo por petición del Gobierno de Estados Unidos para efectos de extradición. Por eso fue encabezada por agentes de la Fiscalía General apoyados por la DEA –primer anomalía, sobre la actuación en campo de agentes extranjeros–, con el respaldo táctico de la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Qué falló?

1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, cometió el gabinete de seguridad errores que no se dieron en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto:

a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.

b) Intervención hormiga. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación llegaban a la plaza clandestinamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, en vehículos privados para evitar ser detectados. No partían de las instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.

c) Inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del Cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.

2.- Ese tipo de operaciones se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él.

e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal.

f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del incompetente plan. ¿A alguien en ese gabinete se le ocurrió que tendrían que sacar a su objetivo de manera rápida y segura de Culiacán?

La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.

El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al Gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecerlo al Presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo.

Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al Gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.

18 Octubre 2019 04:07:00
Infierno en Culiacán
Lo peor que sucedió ayer en Culiacán es que la noche llegó y para muchos, la certeza de despertar al día siguiente se había perdido. Desde 1975, en que durante el velorio de un hermano de Miguel Ángel Félix Gallardo, el último de los grandes barones de la droga, se desató una balacera que se extendió por la ciudad, no se había vivido lo que este jueves sufrió Culiacán. Pero mucho peor. Cuando menos hasta la hora del crepúsculo, amplias zonas de Culiacán estaban bajo el control de las milicias de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que bloquearon cada una de las salidas de la capital de Sinaloa y el aeropuerto. Los sicarios llegaron por decenas a Culiacán para defender a sus patrones y realizaron acciones quirúrgicas contra las fuerzas de seguridad, atacando las instalaciones del Ejército, la Fiscalía, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Testimonios de habitantes de Culiacán narran lo inenarrable. Los ejércitos del narcotráfico golpearon al Ejército y le arrebataron la capital a las autoridades. El Gobierno, al menos durante la mayor parte del día, quedó en manos de los paramilitares de Guzmán, pero la confusión no permite llegar aún a ninguna conclusión. Lo único claro es que la única autoridad real en Culiacán durante las horas de luz de este jueves, eran los narcotraficantes, ante el repliegue del Ejército. Controlaban todo. En la periferia de Culiacán establecieron tres retenes en cada carretera, de acuerdo con personas que lograron escapar de la capital, para frenar algún ataque del Ejército, al que pusieron a controlar las casetas de peaje. 

Comenzó todo a media mañana. Según un culiche que estaba tomando café en la zona comercial de Culiacán, conocida como Tres Ríos, donde la batalla campal inició. Alrededor de las 11 y media (una hora más tarde en la Ciudad de México), recordó que trascendió que habían detenido a uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán. “La confusión era si efectivamente había sido el Ejército o los rivales de los Guzmán”, dijo al recordar las primeras horas de un día que terminó para él siete horas después, cuatro que estuvo encerrado en el restaurante porque era imposible salir a las calles por las balaceras, y tres más en llegar a su casa, no muy lejos de ese lugar, por tantos vehículos bloqueando las calles, incendiados y procurando evitar los puntos de mayor violencia. Como todos los que han aprendido a vivir en el riesgo, su vehículo llevaba los vidrios abajo para que pudieran observarlo y ver que no era policía, militar o sicario.
La operación era para detener a Ovidio Guzmán López, de 29 años, apodado El Ratón, buscado por el Gobierno de Estados Unidos, lo que añade confusión a lo que realmente sucedió ayer. Agentes de la DEA presumiblemente fueron los que presionaron al Gobierno federal y participaron en la pésimamente planeada operación, que provocó la toma de Culiacán por parte de los paramilitares de los Guzmán. Las grabaciones de quienes participaron en la detención, a las que tuvo acceso esta columna, muestran la desesperación.
“Están parapetados con el 75 (que significa ‘detenido’ en las claves policiales). No les llega el apoyo”, dijo uno de los agentes que estaba buscando apoyo.

“¡Dile a los putos que suban los Blackhakws; tienen autonomía de vuelo”, dijo otro, que sabía que sus compañeros estaban rodeados.

No sabían que ni el Ejército ni la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana ordenaron a los Blackhawks, poderosos helicópteros artillados, volar para apoyar a sus compañeros, porque temían que los derribaran con los Barrett, el fusil de alta potencia que utilizan los grandes cárteles de la droga. La unidad que detuvo a Guzmán López quedó a merced de los paramilitares. La forma como salieron con vida y el detenido no está nada claro. Grabaciones obtenidas por fuentes cercanas a los federales de varios jefes de sicarios, proporcionadas a esta columna, tienen diálogos inexplicables con la información conocida hasta este momento.

“Pendiente plebada”, dice uno, “ya rescataron al patrón”.

“Por favor, pongan atención”, dijo otro, “ya no tiren bala. Ya no tiren bala. Ya todo bien. Díganle a la plebada. Ya no vamos a ir por el muchacho, ya todo se arregló”.

Una versión que no pudo confirmar María Idalia Gómez, editora de Eje Central, es que Iván Archivaldo Guzmán, el hijo más conocido de “El Chapo” Guzmán, fue detenido, pero lo liberaron. 

“Paren todo, paren todo”, grita uno más de los jefes operativos paramilitares. “El patrón ya se entregó. Paren todo”.

En otra grabación, los paramilitares hablan por radio sobre lo que planeaban hacer. “Seguimos matando guachos, nos siguen matando gente. Vamos por unas personas. Métanse a la guarda, saquen mujeres, lo que sea, niños”. Otro dice, aparentemente a militares que capturaron: “Se van a morir a la verga. Métanse. Van a mamar un vergal de niños, de señoras y todo a la verga. Mire compa. Deje de pedir apoyo al Gobierno. Desafánese y a la verga”.

Los paramilitares liberaron a decenas de prisioneros del penal Aguaruto. Las autoridades dijeron que no eran más de 30, pero hay indicios que fueron muchos más. Hay un número indeterminado de civiles muertos, y muchos más se salvaron porque se encerraron en sus casas. El saldo de muertos y heridos es desconocido, pero es un evento activo. Nunca se había visto nada así en una ciudad del tamaño de la capital de Sinaloa. Nunca imaginamos que esto sucedería en México.
17 Octubre 2019 04:05:00
Señor Presidente, ¿así o más claro?
El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo empuja al ridículo– y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el Gobierno les cedió la plaza.

La matanza de policías estatales en Aguililla puso al Gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47, no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el Presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.

La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aún combatirlos sistemáticamente –en Iguala se cruzaron con ellos– se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el Presidente que más apegado a ellas ha gobernado– pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.

Se queja de las dos formas de enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo Gobierno. López Obrador critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su Gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.

Pero está peor que el de Peña Nieto. Arturo Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.

El Presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos, no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional –solo hay salarios presupuestados para siete mil guardias– ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma. “Abrazos, No balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.

López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aún así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el Presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el Presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su Gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.

La soberbia, la marca del nuevo Gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el Presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así, no va a poder con la violencia.
16 Octubre 2019 04:08:00
Peligro para Pemex; ¡cuidado, Andrés Manuel!
Una serie de grabaciones telefónicas de funcionarios de Pemex donde mostraban la corrupción en los más altos niveles de Pemex fueron presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur en Brooklyn hace cinco días como evidencia en una demanda contra el Gobierno de México por parte de la empresa Oro Negro, renovando el escándalo por el saqueo en la empresa del Estado mexicano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Las grabaciones fueron revisadas por The Wall Street Journal y Univisión, y a ellas se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes con frivolidad y estrechez de miras, que soslaya o ignora que lo que se dirime en Nueva York es mucho más relevante, por sus consecuencias, que su ajuste de cuentas con el pasado.

López Obrador dijo que las grabaciones que muestran corrupción correspondían al Gobierno anterior y no deberían sorprender ni provocar rasgaduras de vestiduras. La simpleza de su pensamiento es peligrosa. Hacer la diferencia entre el Pemex del presente y el Pemex del pasado juega bien en su narrativa de la destrucción de todo lo que lo antecedió, pero en términos políticos y jurídicos es la misma empresa. El Presidente debería ser cuidadoso en sus declaraciones y preocuparse, pues desde mayo la Comisión de Bolsas y Valores, conocida como la SEC, el acrónimo de Securities and Exchange Commission, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan a Pemex.

“Las grabaciones revisadas por The Wall Street Journal ofrecen una rara ventana a la corrupción endémica en una de las más grandes empresas estatales de México”, escribió Robbie Whelan, uno de los corresponsales del diario en este país. “Durante un periodo de tres meses en 2017, Black Cube –una empresa de investigación israelí–, contratada por Oro Negro, grabó en secreto decenas de horas de conversaciones con exejecutivos de Pemex, en ese entonces en funciones, describiendo un elaborado sistema de pagar para jugar en la empresa petrolera, donde se aceptaban sobornos por contratos”.

El párrafo es demoledor en términos jurídicos, pero se apoya en la investigación que inició la SEC sobre posibles irregularidades contables (subrayado mío), apoyada por los abogados de la unidad criminal del Departamento de Justicia que se enfoca al Acta de Prácticas Corruptas, los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn, la oficina del FBI en Houston y la oficina de la SEC en Miami, donde vive Gonzalo Gil White, fundador y presidente de Oro Negro. Si López Obrador no entiende lo que esto significa, o si en su equipo de colaboradores no le han explicado la magnitud de lo que representa esta investigación, la omisión significará una irresponsabilidad más grande de lo que las consecuencias para Pemex podría significar que se le señalara como una institución endémicamente corrupta.

En junio de este año se tocaron en este espacio las investigaciones sobre corrupción en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, y sus consecuencias: “La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución… La forma como el Gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex… al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya… es más chico que Pemex... Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior…

“Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y… no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya, son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del Gobierno y, como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta”.

El análisis comparativo es PDVSA, Petróleos de Venezuela, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia civil y militar, donde se hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, por las componendas con los empresarios, beneficiados con contratos a cambio de sobornos.

Esto se paró cuando intervino Estados Unidos. El 28 de enero el Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades y los intereses de PDVSA y prohibió realizar transacciones con la compañía. Cortó el acceso del Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Ya no puede acceder a financiamiento en los mercados estadunidenses, una de las razones por las que detonó su crisis.

La economía venezolana quedó a merced de Estados Unidos porque no fueron las personas, sino PDVSA la que estaba con la gangrena de la corrupción. Por ese camino va Pemex. El presidente López Obrador debe avivarse y ampliar su horizonte estratégico y de acción. No hizo caso del juicio en Brooklyn en un principio cuando no figuraba directamente Pemex. Hoy ya no es lo mismo. O actúa rápidamente o todos pagaremos su negligencia.
15 Octubre 2019 04:07:00
Nada de qué presumir
Se agradece que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconozca que no hay nada de qué presumir en el combate a la delincuencia. Qué bueno que se desterraron los discursos triunfalistas del periodo de la transición y entramos al terreno de la realidad. Frenar la violencia y revertir la tendencia no iba a ser nada fácil, después de seis años de una estrategia de seguridad fallida, equivocada, y pensada más en la construcción de una candidatura presidencial -la del senador Miguel Ángel Osorio Chong-, que en la protección de los mexicanos. El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claudicó en su función prima, por incompetente, ignorante y ambicioso, y la misma ruta parecía que seguiría el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este primer corte de caja, vemos con agrado que no es así. Pero no todo es bueno.

Durazo dio a conocer un informe de 95 páginas llenas de datos y cuadros estadísticos, cuyo trabajo de arqueología permite sacar unas primeras conclusiones. A nivel nacional, como dijo el secretario, se logró una contención en homicidios. Durazo dijo que el máximo histórico se alcanzó en julio del año pasado, con 3 mil 74 homicidios dolosos, y que en los primeros meses del año se estabilizó en 0.4. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, publicadas el 20 de septiembre -en seis días vendrá la actualización mensual-, durante agosto de este año hubo 3 mil 54 asesinatos, lo que explica su “estabilización”. Sin embargo, el total de personas asesinadas durante los primeros ocho meses de 2019 fue de 23 mil, lo que significa un incremento de 35% respecto a 2018, cuando se registraron 22 mil 891 muertes en el mismo periodo.

Estos datos también tienen que ser analizados con otra gráfica que fue dada a conocer por el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien afirmó que el índice de letalidad se redujo 88% este año, al registrar 123 muertes de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad federales, contra 230 muertes de agresores en el mismo periodo de ocho meses de este año. Estos datos tienen una explicación: el Gobierno de López Obrador no está combatiendo a los criminales. Las muertes se registran cuando son agredidos y responden el fuego, o cuando actúan en flagrancia, no por operativos especialmente diseñados para enfrentar a la delincuencia organizada.

A nivel local, el informe muestra un dato espectacular, por lo negativo del mismo. Una gráfica ilustrativa (página 14) menciona el número de efectivos de la policía por entidad, que incluye una columna sobre el déficit y el superávit de las policías en el país. Por cuanto al déficit, las cinco entidades que presentan el mayor rezago de policías por habitante son Tamaulipas (-76.79%), Veracruz (-64.75%), Coahuila (-59.86%), Estado de México (-59.79%) y Zacatecas (-58.95%). Con respecto al superávit, solo aparecen cuatro: Yucatán (4.46%), Colima (14.12%), Tabasco (14.46%), y Ciudad de México (191.52%). Si usted piensa que leyó mal el porcentaje de policías por habitante en la capital federal, no lo hizo. 

La Ciudad de México tiene un superávit de tres dígitos. El número de policías por cada 100 mil habitantes supera en 70% el estándar internacional y, sin embargo, la seguridad es un desastre. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y la consultora GLAC, entre enero y agosto la Ciudad de México se colocó como la cuarta entidad con mayor incidencia delictiva, con mil 874 incidentes por cada 100 mil habitantes, superada solo por Colima (2 mil 375), Querétaro (mil 955) y Aguascalientes (mil 917). Por cuanto a homicidio doloso, Colima se mantiene en el primer lugar, con 56 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, y la Ciudad de México en el lugar 19, con 11.4 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, casi igual que Veracruz (11.6 por cada 100 mil habitantes), que se encuentra en el imaginario colectivo como uno de los estados más peligrosos del país.

Durazo fue cuidadoso y en ningún momento mencionó a la Ciudad de México, cuya jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la funcionaria más protegida por el presidente López Obrador. El secretario habló de la percepción de inseguridad que se vive en el país, sobre la base de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, dada a conocer en septiembre, donde 78.9% de los mexicanos dice vivir con inseguridad. Cuando se analiza la encuesta por estados, 14 entidades superan la media nacional, donde la Ciudad de México figura en el segundo lugar con mayor sentir de inseguridad, con 89.23%, 10% más que la media nacional, y solo superada por Tabasco, con 90.24 por ciento.

El mensaje de Durazo se alejó positivamente de su discurso triunfalista durante el periodo de transición, derivado -por confesión de parte- de que el estado desastroso que dejó Peña Nieto en cuanto al tema de la seguridad, fue corroborado en los hechos por este Gobierno una vez que entró en funciones. Usar la estadística de una manera particular para proyectar la imagen de que se va avanzando, como lo hizo el secretario, no es una manipulación particular. Todos los gobiernos lo hacen, pero hizo algo distinto: ocultar la cifra de la inseguridad y la violencia hasta que la realidad lo atropelló. Durazo expresó la preocupación del Gobierno y lo mucho que les falta por hacer para mejorar la seguridad, el tema que más preocupa a los mexicanos. Tienen que revertir la tendencia, porque los primeros nueve meses del Gobierno de López Obrador, fueron los más violentos en los tres últimos sexenios. 
14 Octubre 2019 04:07:00
El poderoso López Casarín
En el penthouse de un edificio sobre Periférico Sur, a la altura de San Ángel Inn, se encuentra el centro de operaciones empresariales de Javier López Casarín, que se presenta en su sitio oficial como un empresario innovador que fundó el grupo Reinventando México.

No dice nada que desde este año es funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y menos aún, del papel que jugó durante la transición el año pasado, donde por instrucciones de Marcelo Ebrard, quien había sido nominado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, concretó el infame acuerdo migratorio con Estados Unidos y la peor crisis migratoria en la historia de México.

Nada se hubiera sabido de estos acuerdos secretos de Ebrard y su viejo amigo, violentando todas las normas -como el que alguien sin representación alguna tomara decisiones de Estado-, sin informar al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estaba en funciones, ni consensuar con el equipo entrante de la Secretaría de Gobernación, de no ser por una revelación importante, aunque marginal, en el nuevo libro de los corresponsales del The New York Times en la Casa Blanca, Julie Hirschfield y Michael Shear, Border Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration.

Hirschfield y Shear, dicen sus editores en Simon & Schuster, identificaron a los jugadores detrás de las políticas antiinmigrantes de Trump, mostrando cómo planearon, tropezaron y pelearon por cambios importantes en la política de migración que polarización a la nación. Los autores describen en el libro a López Casarín como “la mano derecha” de Ebrard, quienes el 15 de noviembre de 2018 acordaron en Houston los controvertidos Protocolos de Protección Migratoria, donde quienes piden asilo esperan la solución a su solicitud en México, donde, incluía el compromiso, México daría visas humanitarias. Este último punto provocó la crisis migratoria que tuvo como consecuencia la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles que, a su vez, significó la cesión de soberanía más grande que se recuerde en tiempos de paz.

Ebrard ha vendido su gestión con Estados Unidos como un gran éxito, pero las revelaciones de Hirschfield y Shear, obligan al escrutinio del papel del canciller y López Casarín. Al futuro canciller nunca le gustó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador designara como embajadora ante la Casa Blanca a Martha Bárcena, una experimentada y reconocida diplomática que durante mucho tiempo antes de la elección, junto con su esposo, Agustín Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, platicaban sobre política exterior. Ebrard intentó bloquearla, e incluso retrasó su ratificación en el Senado. 

La tensión entre Ebrard y Bárcena explotó en los primeros días de diciembre, cuando la embajadora lo confrontó porque tenía información de que la hermana de López Casarín estaba abriendo una oficina para llevar los asuntos del canciller sobre la avenida K en Washington, donde se encuentran las grandes empresas de cabildeo en esa capital. Bárcena, según personas que conocieron la conversación, lo encaró y le dijo que debía quedarle claro que quien llevaba los asuntos de México en Estados Unidos era ella. Cuando en enero pasado la columnista de El Heraldo de México, Marta Anaya, mencionó la existencia de la oficina alterna, la cancillería lo negó. Se había cancelado la apertura porque el presidente López Obrador había sido enterado de ello en noviembre.

Ebrard se quedó sin oficina alterna, pero a López Casarín le había dado atribuciones ilegales, Por ejemplo, sin representación oficial alguna, le instruyó a encargarse personalmente de la visita de Ivanka Trump, la hija del Presidente, invitada oficial a la toma de posesión de López Obrador. La noche del 1 de diciembre, Ebrard ofreció una cena oficial en la Casa de la Bola en honor a la delegación de Estados Unidos que había asistido a la toma de posesión, donde figuraban la entonces secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nelson, y los gobernadores de Arizona, Doug Ducey, y de California, Jerry Brown.

En la puerta, recibiéndolos, no estaba el director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino Lilia Casarín, tía de Javier López Casarín, quien fungió como maestro de ceremonias sin tener en ese entonces ningún cargo. 

La usurpación de funciones iniciada en Houston seguía. El vocero de la cancillería, Roberto Velasco, dijo que López Casarín fue solo un facilitador con los estadunidenses porque Bárcena no había sido ratificada, sin tomar ninguna decisión. No explicó por qué un ciudadano sin responsabilidad legal, asumió funciones oficiales. Pese a que las señales de la irregularidad en el actuar de ambos empezaron a surgir en la prensa, no se detuvieron.

En marzo, el internacionalista Fausto Pretelín escribió en su columna en El Economista que era acompañante de Ebrard en reuniones internacionales, como una que citó el 3 de febrero en Montevideo, y meses antes, en la organización de la seguridad de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a la casa de la transición de López Obrador el 13 de julio. “Fue López Casarín”, agregó Pretelín, “el personaje que coordinó y distribuyó La Verdad de la Línea 12 del Metro, escrito con rasgos de libelo que incluía documentos en defensa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard”.

Los arreglos oscuros de Ebrard y López Casarín han quedado expuestos. No se sabe qué pasará y si las revelaciones en Estados Unidos provoquen una reacción en el Senado. Por lo pronto, su incondicional, como presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un órgano desconcentrado de la cancillería, copresidió una reunión sobre innovación en Nueva Delhi, pasando encima del jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura. 
11 Octubre 2019 04:07:00
El oscuro Anexo 23
El pasado martes, el presidente Andrés López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del Presidente se difundió un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y el personaje que encabezó a los estadunidenses, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja el presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Los diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo: pasaron revista al Gobierno de México, y evaluaron si, como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, le dijo a López Obrador que para que aprobaran los demócratas, necesitaban ver no solo la reforma laboral, sino las garantías de que se va a ejecutar.

Los estadunidenses estaban muy escépticos. En ocasiones anteriores y gobiernos distintos, compromisos adquiridos por los mexicanos nunca fueron completados. En esta ocasión, le dieron al Presidente tres meses para que mostrara las garantías. En el comunicado del Comité que encabeza Neal -no mencionado en el boletín del presidente López Obrador-, se reveló que vinieron a “evaluar la capacidad del país para avanzar en las reformas prometidas e implementar los cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes mexicanas y los requerimientos renegociados del acuerdo” (subrayado mío). La presencia del secretario Arturo Herrera fue estratégica: decirles de dónde saldría el presupuesto para que caminara la reforma, que detalló la secretaria Luisa María Alcalde.

Los secretarios fueron puestos a prueba por los legisladores estadunidenses con el aval del Presidente, a quien le interesa enormemente que se apruebe el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como ha dejado claro en su sumisión ante al presidente Donald Trump, al hacer todo lo que desee para evitar su enojo. Alcalde explicó “los requerimientos renegociados del acuerdo” contenidos en el Anexo 27. Originalmente, el acuerdo negociado por los exsecretarios Ildefonso Guajardo, de Economía, y Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores, y el representante del presidente electo, Jesús Seade, fortalecería las normas y derechos laborales, en particular la negociación colectiva para promover salarios más elevados -hasta en 17.2% en una primera instancia-, y mejores condiciones laborales.

A los demócratas les pareció insuficiente. En mayo reformaron el Anexo 27 para facilitar la implementación del derecho a sindicalizarse a través de organismos independientes, y ampliar la reforma laboral para facilitar el registro de elecciones sindicales y mecanismos de resolución de disputas. Pero una condición demócrata, que aceptó el Gobierno de López Obrador, es que el acuerdo no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes en la legislación para asegurar que el Gobierno fortaleciera las nuevas leyes laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadunidenses, fue ignorada por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la reforma laboral. 

Aun con esta insólita cesión de soberanía -permitir a un poder extranjero escribir leyes laborales mexicanas-, los estadunidenses no quedaron satisfechos. “Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del Gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”, dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. “Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN”.

Es decir, los diputados estadunidenses quedaron a gusto con la música, pero no ven clara la partitura. Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos López Obrador, les dieron la certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor del acuerdo. Acción, no palabras, es lo que han demandado desde mayo cuando hablaron con el Presidente, y aún no terminan de concretarse las promesas de hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso siempre elude confrontar al presidente Trump o a su Gobierno. Por lo mismo, hay acuerdos en lo oscurito de los que no quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.

10 Octubre 2019 04:05:00
Las lecciones de El Guasón
A mediados de septiembre, el Pentágono recibió un boletín del FBI con la leyenda “Para Uso Oficial Solamente”, en donde advertía que la película “El Guasón” (“Joker”) había generado una actividad inusitada en las redes sociales vinculadas a los llamados “inceles”, el acrónimo en inglés para grupos de extremistas que se consideran “celibatos involuntarios”. Días después, el Pentágono recibió información de inteligencia de la policías de Texas donde alertaban que en la Dark Web, la puerta de entrada al mundo más tenebroso, ilegal y clandestino en el universo digital, habían encontrado “conversaciones muy preocupantes y específicas relacionadas a atacar un cine durante el estreno de la película”. El 18 de septiembre, el Pentágono emitió una alerta a su personal sobre el potencial de un tirador asesino en las proyecciones.

“El Guasón”, producido por Warner Bros., que habla de un enfermo mental, sicópata, se estrenó esta semana y rompió récord de taquilla. En Estados Unidos y el mundo vendió 247 millones de dólares en boletos, con lo que superó a Venom, lanzada el mismo fin de semana del año pasado, que recaudó 80 millones de dólares. En la alerta del Pentágono, le pidió a su personal estar atento a los estrenos, identificar al menos dos rutas de escape en los cines y en la eventualidad de un tiroteo, “correr, esconderse y pelear”. No hubo ataques el fin de semana, y le película fue aclamada mundialmente.

David Erhlich, en una crítica de la película en IndieWire, un portal para directores independientes, la industria y los cinéfilos, escribió: “Es una película sobre los efectos deshumanizantes del sistema capitalista que engrasa la escalera económica, borrando la línea entre la riqueza privada y el valor de la persona, hasta que la vida misma pierde su valor absoluto. En escala personal y política, ‘El Guasón’ encuentra que las cosas en este mundo necesitan estar muy, muy mal, antes de que la gente se preocupe por cambiarlas. El trauma transforma”.

En efecto, “El Guasón” es un thriller oscuro y violento. Es Hollywood, pero también desnuda al mundo y a México. De acuerdo con su director, Todd Philips, reforzado en sus parlamentos por el actor principal Joaquin Phoenix, “El Guasón” es apolítico, pero refleja “nuestro mundo –como apuntó Erhlich– que está predispuesto a pensar que ‘Arturo’ –el nombre del villano– es el modelo a seguir: solitario, hombres blancos creativamente impotentes que son arrastrados a ideologías odiosas por las comunidades indignadas que las fomentan alrededor de ellas”.

La película es una distopía. “El Guasón”, asesino de yuppies impertinentes de Wall Street, de su madre, de un afamado animador de televisión, de policías, doctores, y todo aquello que en el statu quo de la sociedad de Ciudad Gótica enfatiza la ruptura social, la enorme de la brecha de la desigualdad, con autoridades débiles y principios de anarquía que escalan hacia la violencia colectiva y enajenada, donde es visto como un mesías, el antihéroe involuntario en un entorno que recuerda el movimiento Occupy Wall Streethace casi 10 años, sin líderes, que se rebeló contra el poder de las corporaciones y la forma como los que más tienen, acumulaban todavía más, a través de los altos salarios a sus fiscalistas, contadores y abogados, en detrimento de quienes menos tienen.

“Como la máscara de Guy Fawkes en ‘V de Vendetta’,” escribió Phil de Semlyen en la edición inglesa de Time Out, “el maquillaje de payaso de Arthur es adoptado como la cara de la protesta, y mientras se gradúa en la persona de ‘El Guasón’, se convierta en la figura simbólica de la multitud indignada”. La película es una declaración política, véase por donde se vea, un manifiesto a favor de las víctimas de la opresión y el empobrecimiento de los 80, la época en la que se desarrolla la vida disfuncional de Ciudad Gótica, cuyo contexto en la vida real fue el neoliberalismo que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido y Estados Unidos, cuando miles de trabajadores se fueron a las calles despedidos, cuando industrias completas desaparecieron y comenzó a cambiar la cara del mundo.

Ese mundo produjo sociedades indeseadas. Lo dice “El Guasón” a “Murray Franklin”, imitación del legendario Johnny Carson e interpretado por Robert de Niro, en el colofón de la película, donde al aire en su show nocturno revela sus crímenes y justifica, sin justificar, el abandono al que fue sometido por la sociedad. Esa revelación, abre la presión social en Ciudad Gótica, que se colapsa y le da entrada a la anarquía. El grito que ratifican, reproducido por los tabloides desde el asesinato de los jóvenes banqueros, era “matar a los ricos”. Las condiciones socioeconómicas de marginación y la iniquidad en avanzar por la escalera hacia el desarrollo, son galvanizadas por la violencia de “El Guasón” contra aquellos a quienes la multitud identifica como emblemas de su desgracia.

El discurso de “El Guasón” agrede con violencia, con resentimiento, identificando a quienes son los buenos para enfrentarlos con quienes son los malos, la lucha de los villanos con las víctimas, el balance intercambiable y confuso entre el orden y el caos. De Semlyen relacionó la película con “una visión de pesadilla de la última era del capitalismo”. Las frases irresponsables entran como llamado a la acción entre quienes menos tienen o aquellos que buscan revanchas contra quienes tienen mas. Nada es absoluto; todo es relativo. Cuesta trabajo entenderlo y caminar hacia procesos de sanación social, de reconciliación con nosotros mismos, sin olvidar a quienes hicieron cosas indebidas y que paguen. Pero entrar a la oscuridad de Ciudad Gótica en espera de un guasón, es suicidarnos, como individuos y como sociedad.
09 Octubre 2019 04:06:00
La regenta Claudia
Regente es una palabra de varias acepciones. Una es política, de quien gobierna. Si hablamos del Gobierno de la Ciudad de México, también cabe la definición de administración. Regencia es como se llamaba al entonces Distrito Federal, que era un departamento administrativo del Gobierno federal. Lo encabezaba un regente, al que más adelante se le llamó jefe de Gobierno del Distrito Federal, nombrado por el presidente en turno. Desde 1997, cuando el cargo pasó a ser de elección popular, la izquierda ha gobernado la hoy Ciudad de México, cohabitando con gobiernos del PRI y del PAN, manteniendo una distancia y abordaje crítico a los problemas comunes. Esa relación autónoma con el Gobierno federal ya no existe. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con sus acciones y omisiones, la desapareció y se convirtió en regenta. 

Sheinbaum fue electa en las urnas, con una gran legitimidad y amplio mandato. Sin embargo, se ha subordinado al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera vergonzosa, quien le resuelve los problemas que generalmente la atropellan. Es un apéndice de López Obrador, de quien se mimetizó. Cada vez que el Presidente da una instrucción, ella repite el mensaje y sus palabras. Cada vez que se le va la ciudad de las manos, lo que es cotidiano, el Presidente ordena a su Gabinete que le ayude a salir del pozo. No quería Guardia Nacional, y se la pusieron. No podía con las bandas de narcomenudistas, y el Cisen y la Marina entraron a su rescate. Iba a entrar en desabasto de combustible, y el director de Pemex le dio todo lo necesario para evitarle problemas. El lunes, fue la Secretaría de Gobernación quien negoció con los líderes de taxistas que estrangularon a la Ciudad de México durante 12 horas, para que levantaran sus bloqueos.

López Obrador la estima como alguien casi de la familia desde hace varios lustros, y si por ellos fuera, sería la candidata a la Presidencia en 2024. El Presidente la ha cuidado sobremanera desde los sismos de 2017, cuando el equipo de mayor confianza de López Obrador recibió instrucciones de apoyarla para evitar que cometiera tropiezos, en particular cuando parecía que el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, en la entonces delegación que ella encabezaba, se la iba a llevar entre sus escombros. Cuando un par de sicarios ejecutaron a dos israelíes en Artz Pedregal, para desviar la opinión sobre el crimen organizado, sacrificaron al entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, a declarar la sandez que se trataba de un crimen pasional. 

Hasta ahora la han protegido, pero ¿hasta cuándo será esto posible? La semana pasada, ante la creciente exasperación de la ciudadanía ante las órdenes a la policía capitalina de no hacer nada frente a la violencia y destrozos urbanos de los grupos anarquistas, colaboradores del presidente López Obrador dijeron que no iban a seguir permitiendo esa política impulsada por Sheinbaum, porque estaba a punto de volverse un conflicto entre ciudadanos. La obligaron a desplegar una estrategia -los irresponsables “cinturones de paz”, que violaron la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto de Roma, que es un instrumento de la Corte Penal Internacional-, pero respaldaron sus acciones con un despliegue de fuerza federal, incluida la Policía Militar. 

Sheinbaum tiene rendimientos decrecientes, sin cumplir aún el año de Gobierno, al haber permitido -con su confusa decisión de no afectar la libertad de manifestación-, tolerar la paralización de la Ciudad de México de manera constante sin importar que afecte la libertad de terceros, se produzcan daños en propiedad privada, y afecten la economía capitalina. En algunos momentos, la ciudad es gobernada por los más violentos, no por sus autoridades.

La protesta de los taxistas del lunes afectó a la ciudad por 12 horas. Protestas policiales han frenado diversas partes de la capital durante más de 10 horas. Agricultores de todo el país afectaron la zona poniente de la ciudad y el Centro Histórico por más de cinco horas. Todo tipo de grupo social, organizado, gritón, y de preferencia violento, pone en jaque a la ciudad ante la mirada pasiva de la Policía, cuyas órdenes son no intervenir. Hasta vecinos inconformes con políticas microlocales han bloqueado el segundo piso del Periférico.

La Ciudad de México es de quien trabaja la mejor protesta o se organiza con mayor eficiencia para violar la ley, a sabiendas que las autoridades sirven de florero. El ambulantaje regresó a Paseo de la Reforma y volvió a inundar la Plaza Pino Suárez. Los taxistas, que le han tomado la medida a las autoridades, recibieron prórrogas indefinidas para pasar revista, y los temibles microbuseros -la amenaza más grande para los capitalinos- pudieron retomar algunas de las rutas de donde los habían erradicado. La capital es la segunda entidad más violenta del país y, como no se había visto, sus calles se han vuelto campo de batalla de organizaciones criminales.

A Sheinbaum le quedó grande el cargo, que explicaría por qué López Obrador ha intervenido tantas veces como sea necesario a los asuntos de la Ciudad de México. Claramente no quiere que Sheinbaum fracase y se vuelva un lastre para sus propios fines. ¿Hasta cuándo será posible? Por lo pronto, la fuerza del Presidente es suficiente para apuntalarla pese a sus yerros y deficiencias, pero ser regenta de la Ciudad de México no es solo un despropósito sino una regresión. No se luchó por democratizar la vida pública capitalina y conquistar la autonomía del Ejecutivo federal para que Sheinbaum desmantele, por inepta y sumisa, lo que con tanto esfuerzo se construyó.

Nota: En la columna de ayer se identificó a la CRE como el Consejo Regulador de Energía, cuando en realidad es la Comisión Reguladora de Energía.

08 Octubre 2019 04:06:00
El tsunami de López Obrador
El acuerdo presidencial se mantiene sólido. Andrés Manuel López Obrador hiló cinco meses consecutivos de aprobación ciudadana (68%), según la encuesta mensual que publica El Financiero. Pero además, se reflejó un consenso revigorizado, al revertir tendencias a la baja que se veían observando en sus atributos y políticas en los meses anteriores. Todo subió en esta nueva encuesta publicada el lunes, su honestidad, su liderazgo, su credibilidad. Incluso, hasta que una mayoría sienta que la seguridad va mejorando, que su lucha contra la corrupción va en camino ascendente y que la economía está bien. La estrategia de comunicación política a través de las mañaneras va funcionando.

Al mismo tiempo, sin embargo, la brecha entre sus gobernados se está ensanchando. La sociedad que invierte, la que mueve la economía, provee los equilibrios, la que le ayuda a reducir la opacidad, que con los contrapesos permite que la gestión sea más eficiente, está bajo acoso y ataque permanente por parte de López Obrador, embarcado en un proceso de desinstitucionalización, no para desaparecerlas, como en un principio parecía ser su objetivo, sino para colocar a sus incondicionales dentro de sus órganos de dirección para influir en ellos y que no dificulten el cambio que desea.

La renuncia de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permitirá presentar una terna con tres personas que respondan a su proyecto.
Próximamente enviará sus propuestas para el relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente hizo lo mismo en el Consejo Regulador de Energía y está cambiando a los consejeros independientes de Pemex. A través de los instrumentos democráticos que se fueron construyendo en el último cuarto de siglo, está mediatizándolos. El Presidente está tomando el control de los pilares del Estado, como el Congreso, que acata inopinadamente sus deseos, y la Suprema Corte, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, parece crecientemente subordinado a López Obrador.

El presidente está en el mejor de los mundos. Alto consenso ciudadano para lo que quiera hacer, con un mandato poderoso. Contra sus enemigos utiliza la mañanera para amedrentarlos y hostigarlos, utilizando como fuerte arma política al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que suelen acusar públicamente con investigaciones sin terminar. El último caso es el de Medina Mora, que no tenía planes de renunciar, hasta que fue ablandado la semana pasada cuando la UIF congeló las cuentas de varios de sus hermanos, como parte de su investigación por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento. A quienes expresan puntos de vista distintos, los descalifica y etiqueta de conservadores que defienden el status quo, entendido este, en la verbena popular del nuevo Gobierno, como defensores de un sistema corrupto y lleno de privilegios.

La encuesta de El Financiero revela que el discurso del Presidente, la demagogia y la propaganda, recuperaron energía y está penetrando eficientemente entre la población. Ello le da espacio de maniobra y le reduce presiones. López Obrador tuvo éxito en el último mes, si uno ve los resultados del estudio demoscópico, en la administración de las expectativas, que es como un gobernante tiene que caminar durante su gestión. Levantó esperanzas sobre el combate a la corrupción, a partir probablemente de las acciones contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que a su vez llenaron el imaginario colectivo –expresado a través de la prensa política– con su sed de venganza para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea sometido a juicio. Mejoró sustantivamente (8%) la percepción sobre el combate a la delincuencia, sin hacer nada salvo manejar el discurso de la contención. De la misma manera, sin tampoco hacer nada visible, el respaldo a la Guardia Nacional creció cinco puntos, de 62% a 67%, y sus negativos cayeron seis, de 22% a 16 por ciento.

Las mañaneras, que han sido criticadas ampliamente, mostraron un nuevo apoyo para López Obrador. Entre agosto y septiembre, según la encuesta, repuntó 5% el apoyo nacional a ese modelo de comunicación, colocándolo en una aprobación de 59%, un nivel que no había tenido desde febrero, cuando estuvo en 69%. Los negativos de las mañaneras también se redujeron significativamente, de 21% a 16%, casi igual que lo que tuvo de febrero a mayo. Es decir, el Presidente no se desgastó, pese a que en las últimas semanas se ha equivocado con informaciones abiertamente falsas.

Los mexicanos, siguiendo con los datos de El Financiero, le están perdonando todo a López Obrador. El discurso, por tanto, está teniendo impacto y éxito. Sin embargo, como el mismo admite en privado, la aprobación no será para siempre, lo que suele repetir entre sus colaboradores para que no se dejen engañar por la magia efímera de la demoscopia. La administración de expectativas que le funciona se sostiene en temas económicos de bolsillo, donde el incremento al salario mínimo, el diferencial de tasas de interés, la transferencia directa de recursos en sus programas sociales y las remesas, neutralizan las preocupaciones en otros campos, como el de la seguridad y el empleo formal.

El problema de lo bien que lo hizo en el último mes es, paradójicamente, su principal riesgo. Las expectativas pueden administrarse hasta el momento que se tienen que entregar resultados, particularmente económicos. No puede alterarse el ingreso y el dinero en el bolsillo. Si López Obrador puede torear desafíos como las guerras comerciales del presidente Donald Trump, o que no se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o que haya una baja calificación para Pemex, mantendrá el apoyo de 7 de cada 10 mexicanos. ¿Es probable? Sí.

¿Posible? Eso sí que no.
07 Octubre 2019 04:07:00
El avión que no se vende

En tres ocasiones en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el Gobierno del presidente Felipe Calderón y solo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en ese monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.

Solo hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, que entre sus empresas está Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al Gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la Presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001 y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para reemplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obraror puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo de “la opulencia y lo ridículo”.

El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California del Sur, donde no hay aviación comercial pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing, y de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio a través de Transparencia en febrero de este año, está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro. 

Cuando el avión iba a partir para California, la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión “casi nuevo y muy lujoso”. No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del avión fue presentada al Congreso para su aprobación y lo incluyó en el presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos dos prominentes morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

La decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas en el mundo. El que adquirió el Gobierno tiene una arquitectura más ligera que cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había dos tipos de Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de 250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.

El avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-, pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado 7 mil 500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque en realidad, Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares de la aviación gubernamental. Por ejemplo, el Air Force One del Presidente de Estados Unidos, un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y su precio es de 379 millones.

La configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder venderse. Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el Gobierno -como es la configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo-, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el avión que la Boeing utilizó como demo en todo el mundo, y similares a él existen otros tres en el mercado. Es decir, es una nave vieja para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.

El avión José María Morelos y Pavón se está deteriorando pese al servicio de mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.




04 Octubre 2019 04:07:00
La irresponsabilidad de Sheinbaum
Ante la violencia desatada durante las marchas en las últimas semanas y la crítica por la inacción de la policía, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió con una estrategia ilegal e irresponsable, con la cual volvió a incumplir con su responsabilidad prima como autoridad: el uso de la fuerza, no para reprimir sino para que, dentro de la ley, haga respetarla a quien pretenda violarla. Utilizó a civiles como carne de cañón contra los violentos para que suplieran el deber del gobierno. Y para que no hubiera daños en propiedad privada o inmuebles públicos, tapió con vallas de metal todo el Centro Histórico, afectando la vida económica, la libertad de tránsito y el orden público.

Esta solución no caminará en el tiempo. La forma como respondió a la crítica por permitir que grupos anarquistas realizaran desmanes, causaran daños y se adueñaran de las calles del centro, es insostenible. Utilizar civiles en lugar de policía para que enfrenten a los anarquistas o a quienes irrumpan con violencia en la vida cotidiana es un acto cobarde, no de Gobierno. Pretender que con ese tipo de estrategia evitará que siga escalando la tensión y que las posibilidades de un enfrentamiento entre civiles y anarquistas crezcan con cada marcha, es ingenuo al dejar que sea el azar el que resuelva el dilema.

La idea para contener la violencia fueron los “Cinturones de Paz”, una instrucción de Sheinbaum girada el martes a todas las dependencias capitalinas para que aportaran 300 trabajadores y sirvieran de colchón entre los manifestantes en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco de 1968, y los grupos anarquistas. Ninguna fuerza pública mediaba entre ellos. Fueron personas sin capacitación para contener, a quienes se obligó a cumplir una función para la cual no fueron contratados. Peor aún, la disposición de Sheinbaum violó el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los trabajadores “ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas”.

Hubo golpes, gases, algunos heridos y mucha suerte para las autoridades, porque los grupos de anarquistas que llegaron al Centro Histórico a cumplir con la agenda que sigue el anarquismo insurreccional desde hace 20 años -provocar y llamar la atención de los medios como forma de protesta contra el modelo económico global y neoliberal- no incluían su corpus más experimentado -que se vio a plenitud en la violencia que desataron cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente en 2012-, ni su capacidad de ataque regular, que incluye bombas molotov. No está claro si a través de los vasos comunicantes de los anarquistas con miembros de los gobiernos de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes comparten objetivos, hubo una negociación para que se redujera el nivel de violencia. 

Pero utilizar burócratas como escudo humano frente a los violentos, es idéntico al empleo de mujeres y niños por parte de los cárteles de la droga para impedir que sean atacados por la policía. A la utilización de civiles para cuidar que la policía no interviniera en su contención, que al final ese fue el resultado, se le agrega la forma como tapiaron las fachadas de comercios e inmuebles creando una trampa en la ruta de la marcha. Esto planteó un escenario de alto riesgo, producto de otra falla estratégica, al creaR embudos para los civiles en caso de que hubiera estallado la violencia dentro de esos caminos bardados con metal. 

En la planeación de operativos cuyo objetivo es dispersar a quienes violentan el orden público, nunca se les encierra para emboscarlos, sino se deja una puerta de escape, deliberadamente, para que por ahí puedan huir, reduciendo de esta forma el grado e intensidad de la violencia. Las autoridades capitalinas no hicieron eso, y levantaron muros de metal, prácticamente imposibles de saltar, con cordones de policías en las calles donde no se había tapiado con las vallas. Si no hubo consecuencias que lamentar, se debió a que los anarquistas no tenían la intención de escalar los enfrentamientos -como se puede ver al analizar sus comportamientos en otras marchas a lo largo de los años-, y no como resultado de una buena estrategia policial.

Blindar resuelve coyunturalmente para Sheinbaum el problema del vandalismo en comercios, pero no es una solución de corto, mediano o largo plazo. No puede recurrir al mismo ejercicio cada vez que haya marcha, porque como en el caso de los “Cinturones de Paz”, transferir a la sociedad una responsabilidad de Gobierno, y pedirle indirectamente que sea ella la sacrificada porque la autoridad no quiere pagar costos políticos al tener que cumplir con sus obligaciones de ley, es insostenible. El pozo donde se ahogó el niño no se tapa cada vez que haya niños merodeando; se cancela y punto. En este caso, no se trata solo de evitar que se dañen comercios sacrificando a comerciantes y consumidores, sino que se impida que terceros afecten sus derechos, su libertad y su vida cotidiana.

Sheinbaum tiene que dejar atrás sus dogmas de oposición y asumir los costos de gobernante. No es reprimiendo a quien violente la ley, sino aplicando la Ley. Para reforzar esa acción, el uso de la fuerza pública siempre debe ser opción, no para reprimir, sino para restablecer el orden de las cosas. Para eso existen protocolos para la policía y organismos de derechos humanos que pueden acompañarlos en sus tareas para impedir abusos, y trabajo de inteligencia. Por encima de ello, se necesita actuar con responsabilidad y valor, dos cualidades de las que hasta ahora carece Sheinbaum.
03 Octubre 2019 04:07:00
1968: ¿crimen de Estado?
Claudia Sheinbaum tenía 6 años cuando inició el movimiento estudiantil de 1968 que concluyó con la matanza en Tlatelolco del 2 de octubre. No participó en las manifestaciones -salvo que la hayan llevado sus padres en hombros-, ni fue víctima de la represión policial y militar durante los tres meses que vivió ese movimiento, pero como a muchos de su generación, aquel episodio marcó su vida y definió su participación política. Ayer, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas, el campo de batalla de soldados contra soldados y militares contra brigadas paramilitares, donde quedaron atrapados cientos de personas en el fuego cruzado, y calificó lo sucedido ahí como un crimen de Estado. ¿Lo fue?

Un crimen de Estado se define como una serie de acciones donde un Gobierno rompe sus propias leyes o las del Derecho Internacional -genocidios, torturas, crímenes de guerra y corrupción-. Incluye el papel de las instituciones para cometer o condonar esos crímenes, lo que añade dificultad teórica para encontrar una definición jurídica del crimen de Estado. En el caso de lo que sucedió en Tlatelolco, la contraparte teórica es la tesis de Max Weber del “Estado soberano”, que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, empleado por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de Gobierno un mes antes, dijo que todo tenía un límite, “no podía tolerar que el orden legal fuera roto irrevocablemente”, y que utilizaría “a las Fuerzas Armadas”. Así lo hizo, pero alejándose de las normas y procedimientos que regulan la tesis weberiana, al cometer violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, detenciones arbitrarias, declaraciones falsificadas y dejar, cuando menos, 44 muertos.

Aquella herida que marcó la historia -parafraseando al historiador Gastón García Cantú-, se ha discutido y analizado desde diferentes ángulos, pero uno que distorsionó la dialéctica con el movimiento estudiantil y cerró los caminos para una solución pacífica, sigue en tinieblas, pese a que el resultado de la matanza definió la sucesión presidencial. Díaz Ordaz, un abogado de mano dura, optó por la solución de fuerza propuesta por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y dejó de lado la posición negociadora del secretario de la Presidencia, su amigo Emilio Martínez Manatou. 

Díaz Ordaz asumió la responsabilidad total de los hechos en su quinto informe de Gobierno en 1969, pero ni él ni nadie de su Gobierno, salvo Echeverría, fue llevado a juicio. El exsecretario de Gobernación, símbolo de la represión, fue indiciado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos, que creó el presidente Vicente Fox, por su presunta responsabilidad en los hechos de 1968, en la represión del Jueves de Corpus en 1971, y en la Guerra Sucia de los 70. Lo detuvieron en 2006, pero por edad y salud estuvo en prisión domiciliaria hasta 2009, cuando obtuvo la libertad absoluta y se le exoneró del delito de genocidio.

Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, fue muchas veces señalado de haber instruido a sus agentes de campo en la represión el 2 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones que dio ese día, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, no hizo nada irregular o ilegal. Ciertamente, las instrucciones para atacar a grupos indefensos, como aquellos en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre, no se dejan por escrito, pero su papel como represor ese día, nunca se documentó. Sus agentes formaron parte del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en donde participaron miembros de ese cuerpo militar de élite, la Policía Judicial y la Policía del Distrito Federal. Ninguna de sus cabezas, el general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán; el general Gutiérrez Oropeza, el procurador general Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto, jefe de la policía capitalina, o su superior, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, fue indiciado. 

Hasta hoy se desconoce con certeza cómo la disputa por la candidatura presidencial fue causa indirecta de la matanza de Tlatelolco, ni las traiciones dentro del gabinete de Díaz Ordaz. Filmaciones inéditas de aquella tarde muestran cómo desde la vieja Torre de Tlatelolco, que era la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comenzó a disparar contra la multitud en la plaza, hacia donde corrieron soldados para protegerlos. ¿Fueron francotiradores del Estado Mayor Presidencial? Es un misterio. 

El primero en caer herido esa tarde fue el general José Hernández Toledo, responsable militar de la operación en Tlatelolco, por un balazo desde el Edificio Chihuahua, en cuyo tercer piso estaban los líderes estudiantiles encabezando el mitin, quien fue relevado en el mando por el general Jesús Castañeda Gutiérrez, miembro del Batallón Olimpia, y a quien nombró Echeverría su jefe del Estado Mayor. ¿Acaso el general Hernández Toledo respondía al general García Barragán y al ser eliminado como jefe militar de la operación, el general Gutiérrez Oropeza lo sustituyó con uno de los suyos? También es un misterio.

Probablemente no alcance la ley para decretar que fue un crimen de Estado, pero vistos los resultados políticos de la matanza, Echeverría en la Presidencia, los jefes militares del Batallón Olimpia promovidos, el general Coronal del Rosal marginado, el entonces presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, cercano a Díaz Ordaz y enemigo de Echeverría, defenestrado en 1971 tras la trampa para culparlo de la represión del Jueves de Corpus, se puede argumentar que lo que sucedió hace 51 años fue en realidad un golpe de Estado. 
02 Octubre 2019 04:07:00
La amenaza anarquista
La prensa política amaneció el lunes con críticas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.

Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.

La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un Gobierno– para evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el búmeran de mayor violencia y las críticas de ser un Gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del Gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser Gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.

Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet, se identificaron como miembros de la Brigada de Acción Simón Radowiski –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.

Un informe del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”, Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.

Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reinvindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup–, y del EPR.

En ese comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo Auditorio Che Guevara, un “espacio autónomo de trabajo autogestivo” que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio “Justo Sierra”.

Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller Ricardo Flores Magón, el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación evidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.

Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El artilugio retórico es sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.

01 Octubre 2019 04:07:00
La amenaza anarquista
La prensa política amaneció el lunes con críticas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.

Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.

La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un Gobierno– para evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el búmeran de mayor violencia y las críticas de ser un Gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del Gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser Gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.

Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet, se identificaron como miembros de la Brigada de Acción Simón Radowiski –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.

Un informe del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”, Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.

Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reinvindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup–, y del EPR.

En ese comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo Auditorio Che Guevara, un “espacio autónomo de trabajo autogestivo” que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio “Justo Sierra”.

Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller Ricardo Flores Magón, el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación e-vidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.

Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El artilugio retórico es sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del Presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.
30 Septiembre 2019 04:05:00
El tigre está suelto
No fueron pocos los que interpretaron como amenaza la afirmación que hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la convención anual de banqueros en Acapulco, que si se diera un fraude electoral él no frenaría el descontento popular y no sería él quien amarrara al tigre. La metáfora generó reacciones de alarma, por lo que trató de matizar sus declaraciones. No hubo fraude en la elección, sino un voto masivo a su favor que le dio enorme legitimidad a su victoria y a su Presidencia. Sin embargo, él no dejó de seguir alimentando al tigre con la exacerbación de sus sentimientos y un discurso de odio que afirma no tener, pero que todos los días ejecuta contra todo aquel que, deliberadamente o no, interfiere en sus planes. Su obsesión contra un pensamiento diferente llega a veces a lo absurdo.

Hace unos días, en su conferencia de prensa matutina, al hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, dijo que en un vuelo a la Ciudad de México, el capitán informó a los pasajeros que tendrían una demora para aterrizar por la saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Cualquier persona que haya viajado a esta capital en los últimos años, sabe que rara vez, sobre todo en la noche, llegará a tiempo porque siempre está saturado. López Obrador sugirió, sin embargo, que el piloto había exagerado la saturación, porque seguramente era “simpatizante del conservadurismo”. Dijo textualmente: “Lo que quieren es que haya saturación de más en el aeropuerto y nos echen la culpa a nosotros”. 

La sobrevaloración que tiene el Presidente de sí mismo, corresponde a su ego al pensar que todo lo que sucede tiene que ver con él. No es el epicentro del mundo ni todos están atentos a lo que hace o deja de hacer. Pero la retórica con la cual procesa inconvenientes -algunos ajenos a su responsabilidad, como la saturación del aeropuerto-, polariza y enfrenta. Su visión maniquea de la vida pública ha colocado a quienes no son sus incondicionales como enemigos, y los combate todos los días. A quienes lo apoyan, se les han sumado grupos violentos tolerados por el Gobierno.

La toma de casetas, por ejemplo, se ha convertido en un método sistemático de allegarse recursos los fines de semana. Las autoridades consienten que se tomen las casetas en horas específicas de la mañana sin que intervengan. El resultado práctico es una especie de impuesto social para compensar, quizás, la falta de recursos y de crecimiento derivado de la política económica. Ofrecer amnistía a delincuentes -en lugar de reponer procesos para hacer justicia dentro de la ley-, y ofrecer disculpas a los victimarios y olvidar a las víctimas, aumentan la combustión social. La impunidad para el que violenta y afecta las libertades de terceros, envía señales de apoyo para que se ultraje, sin castigo y hasta con alegría -“las benditas redes sociales”, justifica-, a todos aquellos a quienes apunta el Presidente en sus mañaneras. 

La tolerancia al vandalismo ante la mirada pasiva de la policía de la Ciudad de México durante la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dejó pintas que decían “quema al rico”, una evocación al discurso del Presidente donde acusa que todo aquel que ha tenido en su vida movilización social, lo ha logrado gracias a un sistema de privilegios, abusos y corrupción de los gobiernos anteriores, por lo que son “conservadores” y “neoliberales”. En otra marcha 48 horas después, por la despenalización del aborto, activistas dañaron muros y rejas de la Catedral Metropolitana, y prendieron fuego a la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

La permisividad a la violencia del presidente López Obrador, con los mensajes claros a quienes delinquen que las fuerzas de seguridad no irán detrás de los criminales porque “no van a reprimir” -confusión conceptual o posición política que manipula la aplicación de la ley con un delito-, y que prefiere becarios a sicarios, porque la forma de pacificar el país es con abrazos y no balazos, otorga carta blanca a quienes quieran cometer delitos o utilizar la fuerza para alcanzar sus objetivos.

El tigre está suelto, pero no aquel que veía López Obrador durante la campaña electoral, como consecuencia de un fraude electoral que lanzarían a las calles a miles de personas para impedirlo. El que soltó al tigre es su discurso que blinda a criminales, y el que reiteradamente llama a la acción -el ataque violento a todo lo que no es López Obrador y su proyecto-, para que se sumen a su lucha por transformar el país. Su estrategia es altamente riesgosa.

El presidente López Obrador está conjurando un clima de violencia entre los buenos, que son los que lo respaldan, y los malos, que son el resto de los mexicanos, los que se mantienen pasivos y neutrales, y los que discrepan de él. Su discurso de empoderamiento lo acompaña con llamados implícitos al ajuste de cuentas mediante demagogia simplista pero efectiva ofreciendo el paraíso e identificando a los demonios. No es, como dice, Presidente de todos los mexicanos, sino de una parte. Esta división que hace diariamente con la semántica, fractura el tejido social y alimenta el encono. Cuidado. Tenemos experiencias amargas. Recordemos siempre que el clima mata.

Nota: en la columna “Ayotzinapa, el oscuro teniente”, publicada el jueves pasado, se identificó a Leonardo Vázquez Pérez, exsubdirector de Seguridad Pública de Guerrero, como un teniente retirado. La Secretaría de la Defensa precisó que Vázquez Pérez alcanzó ese grado en la Fuerza Aérea, donde fue operador aéreo, pero que fue dado de baja en 2001.
27 Septiembre 2019 04:07:00
¿Siguen vivos?
Desde hace varias semanas en el Gobierno federal se mencionaba con insistencia la posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa, que fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, no hubieran sido asesinados como afirmó el exprocurador general Jesús Murillo Karam, sino que estuvieran vivos. Hipótesis de ello han corrido desde que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, por declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban en que la organización criminal Guerreros Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche de verano, habían hecho leva con varios de ellos y los tenían trabajando en los campos de amapola. Sin embargo, la duda sobre si estaban muertos provenía de un documento que nunca fue integrado por el Gobierno anterior en el expediente del Caso Ayotzinapa, del análisis técnico de los teléfonos celulares de los normalistas, realizado por el FBI a petición de la PGR y del que no se tenía conocimiento hasta ahora.

Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala. Autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron activos después del crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el patrón de comportamiento de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al crimen. Es decir, la red de vínculos de los teléfonos fue la misma antes y después del 26 de septiembre, como si nunca hubieran desaparecido.

Los informes del FBI obtenidos por Eje Central muestran que las llamadas realizadas antes del 26 de septiembre a municipios de Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, continuaron realizándose a los mismos teléfonos -cuyos propietarios no están identificados- hasta dos meses después de la desaparición. No hay una explicación que resuelva las incógnitas, pero el FBI señaló en su informe que los números revisados tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”. 

La pregunta ¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza de los padres de volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar que las nuevas búsquedas serían de vida, como han pedido en estos cinco años los padres de los normalistas.

Será la primera vez que los busquen con vida desde el 30 de septiembre de 2014, cuando tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de Inteligencia Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que iba con los estudiantes cuando fueron atacados, no aparecía, se enfocaron las investigaciones en determinar cómo los habían matado y en dónde podrían encontrarse sus cuerpos. 

El tema de la telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido activos después de la desaparición. El Gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no profundizó las investigaciones, y hasta el 6 de julio de 2017 admitió ante la CIDH que tres chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas habían sito utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que a la Policía Federal le correspondía indagar esas pruebas.

La Policía Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra de los excomisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich Castilla, así como en contra del excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos, cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, responsable directo de no haber integrado el análisis de telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con exfuncionarios de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam nunca les informó de la existencia del documento. En la constancia de expedientes que se entregó a la CNDH, tampoco figura el reporte.

El FBI realizó el análisis de la telefonía celular a partir de la información que le proporcionó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la PGR el apoyo del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje Central, el primer reporte se entregó con fecha 7 de noviembre de 2014, y el segundo 14 días después. Las fechas son importantes. 

El 7 de noviembre fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la frase “ya me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación clasificando a los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo”. El 28 de enero de 2015 ofreció otra conferencia de prensa donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43 normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al río San Juan. 

Los documentos revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la información del FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones.
Peor aún, que la escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo hecho, habría derrumbado sus conjeturas, o cuando menos lo habría obligado a matizarlas. No hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de la justicia.
26 Septiembre 2019 04:07:00
Ayotzinapa, el oscuro teniente
El 24 de junio de 2013 Acapulco amaneció con perros muertos en las calles con mensajes dirigidos al subsecretario de Prevención y Operación Judicial de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el teniente retirado Leonardo Vázquez Pérez. “Que te quede claro y no se te olvide la mano que te dio de comer. Acuérdate del tío Arturo Beltrán Leyva que te mató el hambre y que te la sigue matando a ti y a tu familia aunque ya no está con nosotros”, decía uno. 

“Ya basta de estar asesinando a nuestra propia gente, a la misma gente que te tendió la mano y te sigue dando de comer. Deja de molestar a las tiendas que de ahí sale el dinero para que tú tragues. Respétanos. Este atento llamado es para que agarres la línea del Tío como siempre lo has hecho y nos ayudes a limpiar toda la bola de secuestradores y extorsionadores”, señalaba otro.

Cuando esto sucedió, Beltrán Leyva llevaba poco más de cuatro años muerto, abatido por comandos especiales de la Marina que lo cazaron en Cuernavaca. Aquel 16 de diciembre de 2009, tras un operativo de cuatro días, la poderosa organización que comandaba, enfrentada con sus antiguos socios del Cártel del Pacífico, empezaba a ser desmantelada. Los marinos nunca toman prisioneros. Los hermanos Beltrán Leyva eran figuras clave en el narcotráfico, controlaban la seguridad de los jefes y sus familias en el Cártel del Pacífico, y administraban el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco de cocaína y precursores químicos para las metanfetaminas.

A la muerte de Arturo, esa organización se dividió. Una parte creció como Guerreros Unidos, cuyos fundadores, Alberto y Mario Pineda Villa, que eran pistoleros de Beltrán Leyva, fueron asesinados por órdenes de este capo cuando descubrió que estaban secuestrando y extorsionando a sus espaldas. La otra parte se agrupó en Los Rojos, fundado por Jesús Nava Romero, quien murió junto con Beltrán Leyva. La organización de los Beltrán Leyva se fragmentó  y nunca volvió a tener la misma fuerza. 

Vázquez Pérez no estaba ajeno a ellos. Sujeto a una nueva investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una figura de interés para las autoridades. Sinaloense, llegó a Acapulco donde vivía su hermana, que era una de las parejas sentimentales de Beltrán Leyva, sobre la costera de Acapulco, en una casa que años antes le habían incautado. Eran los tiempos en que Beltrán Leyva compraba favores y protección. Vázquez Pérez se incorporó como subsecretario de Seguridad de Guerrero, aunque todavía no tienen claro las autoridades cómo entró al cargo. Ahí estuvo casi cinco años, sin que se conozca de una acción policial significativa de su parte.

Cuando aparecieron los perros muertos con los mensajes, su nombre llamó la atención de las autoridades. El rompecabezas sobre su probable relación con el narcotráfico no ha terminado de armarse, pero tras la cadena de eventos en los últimos años, la presunción es que se encontraba más cerca de Guerreros Unidos, donde jugaba clandestinamente un papel importante la hermana de los Pineda Villa, María de los Ángeles, quien era la esposa del alcalde José Luis Abarca cuando desaparecieron los normalistas en Iguala. 

Esa organización controlaba Iguala y seis municipios aledaños en Tierra Caliente, y los policías municipales fueron quienes detuvieron y les entregaron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, actuando como reacción a lo que pensaban era un ataque de Los Rojos, que tenían influencia en otros municipios de esa región, Chilpancingo y Morelos. Abarca y Pineda Villa fueron protagonistas importantes en el crimen contra los normalistas, aunque siempre lo han negado, y su estructura policial estaba supervisada desde Chilpancingo por Vázquez Pérez, a quien el gobernador Ángel Heladio Aguirre había nombrado secretario de Seguridad el 13 de enero de 2014.

Tras el crimen contra los normalistas, el nombre de Vázquez Pérez siempre estuvo presente, pero no en el primer plano. Cuando el Gobierno de Aguirre colapsó, se fue a Estados Unidos, donde ya se encontraba su hermana, y cuando sintió que las cosas se habían enfriado, regresó discretamente a vivir en Guadalajara. Extrañamente, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le prestó suficiente atención, pese a que su nombre apareció en una libreta de contactos que pertenecía a Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos que fue puesto en libertad en julio del año pasado porque el juez consideró que los dos testimonios donde narraba cómo habían detenido y desaparecido a los normalistas, habían sido extraídos mediante torturas.

Información obtenida por los investigadores del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo regresó al primer plano de las sospechas sobre el grado de involucramiento que pudo haber tenido en la desaparición de los normalistas, particularmente en omisiones al no haber informado con detalle y rapidez sobre los movimientos que estaban haciendo los estudiantes. La Comisión de la Verdad llamó a declarar la semana pasada al exgobernador Aguirre, al exfiscal Iñaki Blanco y, de manera precisa, a Vázquez Pérez. Las principales preguntas fueron sobre el papel del exsecretario de Seguridad. La próxima semana irán a declarar, pero a la Fiscalía General.

Vázquez Pérez ha mantenido un perfil extremadamente bajo durante todos estos cinco años, pero finalmente está en el centro de la investigación. No hay acusaciones formales en su contra, pero las autoridades creen que si habla lo que sabe, podrán entender partes importantes de lo que sucedió aquella noche y lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. Dentro del gobierno de Aguirre había varios funcionarios que le tenían enorme desconfianza y hoy se está viendo por qué.

25 Septiembre 2019 04:07:00
El asesinato de Garza Sada (y II)
Cuando se presentan las oportunidades hay que aprovecharlas porque quizás nunca regresen. No es algo que se le dé al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando sale de su hábitat natural: el neoliberalismo, la corrupción, los conservadores, sus adversarios, sus diferencias. Palabras convertidas en concepto político para justificar lo que sucedió y lo que viene. Retórica hueca para cubrir deficiencias conceptuales e indefiniciones políticas. Por eso, cuando le preguntaron el lunes sobre el episodio protagonizado por Pedro Salmerón, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que llamó “jóvenes valientes” a quienes asesinaron a don Eugenio Garza Sada hace 46 años, lamentó la polémica y dijo: “Hay que evitar la confrontación… ir al cambio por el camino de la concordia”.

El Presidente se escabulló. “Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren construirse en un grupo reaccionario como los que ha habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país”, dijo en la conferencia de prensa mañanera, eludiendo el debate. “Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero todos tenemos que hacerlo porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos avanzando sin confrontación, sin desgaste, desde luego sin agresiones mayores, sin violencia”.

Tiene razón en que cada cambio radical presenta resistencias fuertes. Emiliano Zapata se levantó en armas contra la industrialización de los ingenios en Morelos, como él mismo, sin empuñar las armas, se ha rebelado y desmantelado el proceso de industrialización del país de los últimos 40 años. Son acciones reaccionarias, que es lo que achaca a otros. Quienes se oponen al cambio climático y a la equidad de las mujeres, como sucede con él, también son clasificados mundialmente como conservadores, aunque en realidad forman parte ineludible de la agenda de izquierda. López Obrador, es una contradicción viva entre el conservadurismo que ataca y el progresismo que proclama.

Sobre este tema dice mucho pero no dice nada. De la renuncia de Salmerón, a quien elogió como historiador, dijo que su decisión dejó sin argumentos a “los adversarios”. Pero al mismo tiempo, lo justificó políticamente, reduciendo a lo personal el asesinato del fundador del Grupo Monterrey. “Hay que separar entre los familiares del señor Garza Sada, que tienen sentimientos de dolor por haber perdido a un ser querido, a los amigos también”, dijo en su conferencia, “(de) los adversarios políticos nuestros. Por ejemplo, el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera en contra de nosotros”. Qué triste, para todos.

El asesinato de Garza Saza, un desastre militar de la Liga Comunista 23 de Septiembre, dio pie a otros asesinatos, el del empresario tapatío Fernando Aranguren, y el del cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Terence Leonhardy –la Liga nunca supo que era agente de la CIA con cobertura diplomática– secuestros como el del cónsul honorario en Guadalajara, Anthony Duncan Williams y del empresario sonorense José Hermengildo Sáenz, o el fallido contra Margarita López Portillo, hermana del entonces Presidente electo.

Las acciones guerrilleras provocaron una respuesta feroz del presidente Luis Echeverría, que desató una guerra sucia contra los movimientos armados, que fue continuación de la larga noche de represión en México. El Gobierno de Echeverría tenía infiltrada a la LC23S y supo con antelación del secuestro contra Garza Sada, pero no hizo nada por evitarlo. Era una época en la cual estaba confrontado con el Grupo Monterrey y el asesinato, por omisión, también fue su responsabilidad.

No es desconocido que Echeverría creaba conflictos para resolverlos él mismo. El más importante, quizás, el del movimiento estudiantil de 1968, donde se jugaba la candidatura presidencial con el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou, y que se inclinó por quien le representó al presidente Gustavo Díaz Ordaz la mano dura intransigente, no la conciliadora y negociadora. Esa cerrazón fue lo que detonó la lucha armada, cuando cientos de universitarios vieron que las opciones políticas estaban cerradas y consideraron que solo mediante las armas podrían cambiar al país. Por diferentes razones, que no son motivo de este texto, fracasaron. Pero en el camino se fueron autodestruyendo con asesinatos y acciones contra la población, ejecuciones contra policías o ajusticiamientos internos por diferencias ideológicas.

Sí hay razones suficientes para discutir lo que hizo el Estado Mexicano con aquellos disidentes y con sus prácticas salvajes contra quienes se le rebelaban, como también existen para las autocríticas de los asesinatos y excesos que cometieron las guerrillas justificando su necesidad de cambio. Al presidente López Obrador no le parece que debe ser motivo de discusión, pero en los hechos toma postura. Por ejemplo, el lunes el Estado Mexicano –así se dijo– ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la LC23S, que fue una de las víctimas de la guerra sucia. El domingo en Los Pinos, se entregó el premio “Carlos Montemayor” a dos exmiembros de la misma organización.

Es decir, sí hay una definición presidencial en los hechos, pero no así en las palabras. López Obrador ha dicho reiteradamente que la opción armada no es solución, y el mandato de las urnas el año pasado demostró que sí es posible el cambio mediante votos, no balazos. Su legitimidad le permitía abrir este debate y zanjar de una vez las diferencias históricas que arrastramos desde entonces.

Desgraciadamente no lo hizo. En cambio, pronunció una vez más frases baladís.

“(En) este ambiente hay que procurar serenar, tranquilizar”, dijo. Pero volvió a atacar a los empresarios, a los funcionarios públicos, a los medios. Nuevamente, gasolina sobre el pasto seco. Nuevamente, un debate frustrado.
24 Septiembre 2019 04:08:00
El asesinato de Garza Sada (I)
En la política todo está vinculado, hasta lo que no está. Soslayarlo puede reabrir las heridas y dividir. Esto sucedió la semana pasada, donde la conmemoración luctuosa por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un empresario ejemplar que le dio fuerza moral y dirección a los industriales en Monterrey, la acompañó Pedro Salmerón, hasta ese momento director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un mensaje en Facebook donde elogió a Garza Sada y explicó el contexto social y político de aquellos años de febril actividad guerrillera, llamando a sus asesinos “jóvenes valientes”. Esas palabras, sacadas de contexto pero desafortunadas al no tomar en cuenta el entorno polarizado e irracional que se vive, desataron una polémica encendida.

El asesinato de Garza Sada no enorgullece a la izquierda, aunque en ella se refugió Salmerón para ocultar su poco tacto político y fugarse hacia delante, al decir que era la extrema derecha fascista quien lo atacaba. Salida fácil y hueca, como las que hoy abundan. Este tema no está resuelto. María de los Ángeles Magdaleno recordó en un ensayo en el número 99 del Boletín de Investigaciones Históricas de la UNAM en la primavera de 2014 que el Partido Comunista había calificado a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la de los “jóvenes valientes” que asesinaron a Garza Sada, como “un grupo manejado por la ultraderecha, sin ninguna ideología revolucionaria”, lo que de otra forma documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez en 2006 con su libro Nadie Supo Nada, donde demuestra que el Gobierno del presidente Luis Echeverría supo con bastante tiempo de antelación que se planeaba el secuestro del empresario –tenía un informante, Leonel, en la célula que lo planeó– sin que hiciera nada por impedirlo.

El asesinato de Garza Sada está profusamente documentado en los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Está también la génesis de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su desarrollo, sus planes y sus fracasos. En el expediente 11-235-74 H250 L-11 figuran las declaraciones de Ignacio Arturo Salas Obregón, primer líder de esa guerrilla. La LC23S se fundó el 15 de marzo de 1973 en la casa del dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, Fernando Salinas Mora, “El Richard”, en Guadalajara, y según la declaraciones de Salas Obregón, “desde la primera reunión se planteó la necesidad de efectuar el secuestro de alguna persona importante para obtener una fuerte cantidad de dinero y la liberación de compañeros presos en diferentes cárceles”. Posteriormente se determinó que la víctima sería Garza Sada, haciendo a un lado otra víctima potencia, Eugenio Garza Lagüera.

No parece fortuito que hayan pensado en un empresario de Nuevo León. Salas Obregón estudió en Monterrey y, paradójicamente había estado en un instituto que recibía apoyo financiero de quien fue víctima. Ahí conoció a Raúl Ramos Zavala, quien tenía la idea de unificar a todos los grupos armados, objetivo que no vio porque fue abatido en un enfrentamiento en 1972, pero que lo introdujo con quien sería uno de los jefes de la célula que realizó el atentado. Salas Obregón declaró que “asesoró y supervisó” los planes del secuestro, pero admitió que su ejecución recayó en los responsables del Comité Coordinador Zonal, Jesús Piedra Ibarra –hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra–, José Ángel García Martínez y Javier Martínez Torres, quien ejecutó al chofer y al ayudante de don Eugenio cuando defendieron al empresario, y que también murió en el atentado. Los otros autores materiales del asesinato, según el Expediente 11-235 L-31 H 240-254, fueron Anselmo Herrera Chávez, que murió durante el ataque, Elías Orozco Salazar, que fue procesado en Monterrey, Edmundo Medina Flores e Hilario Juárez García, que escaparon. Salas Obregón y Piedra Ibarra fueron detenidos más adelante por la DFS, y desde entonces están desaparecidos.

De acuerdo con Salas Obregón, interrogado por la DFS, se iba a pedir como rescate de Garza Sada la liberación de todos los presos que pertenecían a la LC23S, que se les proporcionara un avión para salir de México, y 5 millones de pesos en dólares, que acompañarían con la exigencia de la publicación de las bases fundamentales de la guerrilla, un llamamiento a obreros, campesinos y estudiantes, así como una huelga general. Eso no sucedió, como tampoco tendrían éxito final en su objetivo de cambiar el régimen por las armas. Como escribió Magdaleno en su ensayo, “los militantes de la LC23S y otros grupos, integraron una guerrilla que retó militarmente al Estado y este casi los aniquila”.

El Estado lo encabezaba el presidente Echeverría, quien de acuerdo con el Expediente 11-219-972 de la DFS, consintió el asesinato. Al día siguiente del atentado, los empresarios del Grupo Monterrey publicaron un desplegado en el periódico local Tribuna, donde preguntaban: “¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por qué aguantarnos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo?” Los empresarios tildaban de “populista” a Echeverría y el Presidente los veía como sus enemigos. Doscientas mil personas acudieron al funeral, y ahí, en su cara, le gritaron “asesino”. Rogelio Garza Zambrano, sobrino de don Eugenio, político y empresarios, dijo años después: “Echeverría no jaló el gatillo, pero ese crimen fue fruto de su retórica seudorrevolucionaria”.

Los abusos fueron de las dos partes. La guerrilla, cuyas tácticas produjeron más secuestros y asesinatos, y el Gobierno, que desató una feroz guerra sucia contra las guerrillas, donde murieron decenas, quizás cientos de ellos, pero también arrasaron con personas inocentes. Ese capítulo no ha sido cerrado políticamente, y el tropiezo de Salmerón abrió involuntariamente la oportunidad, que lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aprovechó. De ello hablaremos mañana.


23 Septiembre 2019 04:07:00
La noche de Iguala
El domingo 28 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, informó al presidente Enrique Peña Nieto y a sus principales colaboradores, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 en Iguala. “Se trata de una depuración entre narcotraficantes”, dijo con contundencia, recordó uno de los asistentes en esa reunión. En la lógica que tenía el Gobierno peñista, llevada al absurdo como estrategia para combatir la inseguridad, no meterían las manos. La lectura del exprocurador no era precisa, y el manejo que dieron fue un desastre. Minimizar que en el centro de una lucha entre grupos criminales en Iguala habían quedado atrapados decenas de estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, harían que aquella noche fuera uno de los detonantes del fracaso de Peña Nieto y el principio del fin de su sexenio.

El Gobierno de Peña Nieto nunca encontró el motivo real del crimen contra los normalistas –hasta hoy, solo se tiene la certeza de que uno de los 43, murió– que cumple cinco años esta semana, pero las investigaciones que nunca se detuvieron permiten tener como hipótesis de trabajo que fueron privados de su libertad y probablemente asesinados la mayoría de ellos, al menos, dentro del marco de la guerra entre Guerreros Unidos y Los Rojos, que luchaban por el control de dos corredores de droga, el de Iguala-Ciudad Altamirano-Estado de México, dentro del territorio de los primeros, y el de Acapulco-Chilpancingo-Ciudad de México, además del trasiego, distribución y comercialización de la heroína, extraída de la amapola, cultivada en esa Tierra Caliente.

Una hipótesis que ha venido sumando más evidencias es que aquel 26 de septiembre, cuando llegaron dos autobuses a Iguala con los normalistas –que se apoderaron de otros dos en la terminal– activó a Guerreros Unidos que estaban en alerta por información que tenían que Los Rojos habían llegado a su territorio para atacarlos. Esto fue detonado por un ataque al lavado de autos Los Peques, de los hermanos Benítez Palacios, que utilizaban los guerreros para llevar a sus víctimas y descuartizarlas. El ataque a Los Peques fue desestimado inicialmente por las autoridades, al no haber comprobado los dichos de algunos vecinos que lo habían referido.

Nuevas pesquisas señalan que los Benítez Palacios, al ser atacados, se replegaron a sus casas, donde se enfrentaron dos o tres veces con Los Rojos. Aparentemente, este ataque era en represalia porque tres días antes habían asesinado en la cercana Mezcala a Narciso Vázquez Arellano, uno de líderes locales, hermano de quien era vocero de la Sociedad de Estudiantes de Ayotzinapa, que se hacía llamar Omar García Vázquez. La alerta fue dada por Víctor Hugo Benítez, “El Tilo”, al jefe de plaza en Iguala, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, a quien le aseguró, según las investigaciones, que se transportaban en taxis y autobuses. Esto explicaría, por ejemplo, el ataque al autobús donde viajaba de regreso a Chilpancingo el equipo de futbol Los Avispones, y a varios taxis que iban detrás de ese autobús.

Policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, detuvieron a los estudiantes para entregárselos a Guerreros Unidos. El jefe del 27 Batallón de Infantería, el teniente coronel José Rodríguez Pérez, hoy general brigadier retirado, fue notificado por un representante militar en el C-4 de esa ciudad sobre actos violentos en Iguala, y llamó al secretario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, para ofrecerle ayuda. La respuesta fue que tenía todo bajo control. Lo que no conocía el militar en ese momento, que él era parte de la estructura criminal de Guerreros Unidos.

En mayo de 2016, Murillo Karam dijo que no había móvil en la desaparición de los normalistas, porque “todo sucedió sin planearlo”, cuya versión fue asentando la idea de que los normalistas habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. No obstante, la variable del narcotráfico siempre estuvo presente, derivado de las declaraciones de los presuntos criminales que dijeron en sus declaraciones que estaban infiltrados por Los Rojos. El Gobierno de Peña Nieto, nunca quiso hacer públicas sus investigaciones sobre la penetración de ese grupo en la normal de Ayotzinapa, ante el temor que lo acusaran de criminalizar a la rural.

Según Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, acusado de asesinar a los normalistas en el basurero de Cocula, varios de los jóvenes señalaron a Bernardo Flores Alcaraz “El Cochiloco”, de haberlos llevado a Iguala ese día, apoyado por cuatro supuestos estudiantes, quien recibía órdenes telefónicas de Omar García Vázquez. Nuevas líneas de investigación están tratando de determinar si todos los jóvenes que iban en los autobuses aquella noche, realmente eran normalistas. Una hipótesis es que alrededor de la mitad no estudiaban realmente en la normal y estaban relacionados con Los Rojos.

La idea de que sí se dio la desaparición dentro del conflicto entre bandas criminales ha crecido. Incluso los padres de los normalistas pidieron al Gobierno la captura de Santiago Mazari, “El Carrete”, líder de Los Rojos, para que aportara información para entender lo que sucedió esa noche. Mazari fue detenido a finales de julio. Las nuevas pistas no paran ahí. Apuntan también a funcionarios del Gobierno, entonces, de Ángel Heladio Aguirre, y de policías federales.

Nota: La diputada Dolores Padierna envió una carta de más de 359 palabras a El Financiero en relación a la columna Los Nudos de Ayotzinapa, y afirmó que era falso que ella y René Bejarano hubieran apoyado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. La columna nunca los relaciona con Abarca, sino con una red corrupta y criminal que involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena en Guerrero, a la que no se refiere.

20 Septiembre 2019 04:07:00
Los otros datos de Claudia
Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno al frente de la Ciudad de México. Está insatisfecha en el tema de inseguridad, donde tiene un pendiente con los ciudadanos, dijo. Pero también dio sus datos: de diciembre a agosto, los homicidios dolosos disminuyeron 34%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 45%, y el robo de vehículo, 27 por ciento. En agosto de 2018, comparó, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019, de 3.16. Hasta ahí sus datos, que no coinciden con la información del Gobierno federal.

Los datos de incidencia criminal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad -que recibe la información de delitos de las procuradurías, como sería la de la Ciudad de México-, clasificado por la consultora GLAC, son muy diferentes. En el periodo diciembre de 2017 a agosto de 2018, hubo mil 128 homicidios dolosos, mientras que en los nueve meses de su gestión, de diciembre de 2018 a agosto de 2019, la cifra fue de mil 222. Es decir, no disminuyeron 34% como afirmó, sino bajaron únicamente seis crímenes en el mismo periodo. Pero si se mide de enero a diciembre, como es el estándar para hacer las comparaciones, ese delito subió 18%, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

Sheinbaum afirmó que las lesiones dolosas por arma de fuego tuvieron una caída radical de 45%, porcentaje que no figura en las cifras oficiales. Según el Secretariado, el homicidio doloso con arma de fuego se incrementó 14.42%, a 849, durante su periodo de gobierno, contra 742 en el mismo lapso de la administración anterior. El robo de vehículo, que señaló había bajado 27%, tampoco es real: bajó 0.84%, de 8 mil 532, a 8 mil 460. El éxito que proclamó es falso, aunque bien podría haber dicho que en esos delitos que escogió mencionar, hubo una contención. No sirve mucho para la propaganda, pero sí para su honestidad política. Nada para celebrar, al final de cuentas, pero al menos no se le disparó la violencia como en muchas otras partes del país.

Hay otros delitos que no mencionó, como el robo a casa habitación con violencia, que se disparó 56.55%, de 336 a 526, o el del robo a negocio con violencia, que subió 29.83%, de 3 mil 201, a 4 mil 156. Los robos a vehículos con violencia bajaron de 2 mil 911, a 2 mil 797, pero sin violencia subieron de 5 mil 621, a 5 mil 663. El robo a transportistas con violencia se disparó de 57 a 89, pero sin violencia se redujo de 10 a 5. Los robos a transeúntes, con y sin violencia, se redujeron 27.16% (a 12 mil 964) y 40.58% (2 mil 91), respectivamente.

El secuestro bajó de 258 a 153, como también las lesiones dolosas, de 5 mil 408, a 4 mil 838, pero la extorsión escaló dramáticamente, de mil 460, a 2 mil 173, y las violaciones se mantuvieron prácticamente igual, de 967 a 970. El total de delitos de todo tipo tuvo una mejoría mínima de 0.03%, al pasar de 184 mil 892, a 173 mil 736. “Tener mejores cifras no significa tener mejores resultados”, dijo David Blanc Munguía, investigador de Causa en Común, que se ubica en una corriente de opinión de expertos que han demostrado la imprecisión de las cifras presentadas por Sheinbaum.

La declaración de Sheinbaum de que la seguridad sigue siendo un tema pendiente es correcta. Mentir a los ciudadanos informando cifras que no existen, no lo es y, además, es innecesario. Pese a la muy mala percepción que existe sobre su Gobierno en materia de seguridad, se podría argumentar que en las condiciones actuales que vive el país, con el desastre de la estrategia a nivel nacional, a nueve meses de gestión, sus resultados son positivos. No se puede aún afirmar que se revirtió la tendencia criminal, pero tiene a su favor que contuvo algunos delitos y en otros están subiendo a menor tasa que en la Administración anterior. Eso está bien, pero está lejos de poder cantar la victoria que pomposamente entonó ante el Congreso capitalino. Sobre todo, cuando su Gobierno ha recibido todo el apoyo federal para cuidarla y evitar que la ciudad se le incendie y la afecte políticamente. Varias áreas del Gobierno federal han sido puestas a su servicio como con ningún otro gobierno estatal en el país.

La Ciudad de México, desde hace muchos años, tiene la mejor policía por cuanto a número y equipamiento. Además conviven la Policía Federal, que aún no ha sido liquidada, las Fuerzas Armadas y servicios de policía privados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, contra lo que Sheinbaum quería en un principio, ordenó el desplazamiento de unidades de la Guardia Nacional a patrullar la capital, y la Central Nacional de Inteligencia -el viejo Cisen- ha efectuado tareas de inteligencia en la capital para que pueda dar golpes de alto impacto ante la ciudadanía.

Pese al tutelaje del Gobierno federal, como describió el diputado Guillermo Lerdo de Tejada en su posicionamiento ante Sheinbaum durante el informe, sus datos fríos tienen que ser analizados en contextos mayores para ubicarlos en su justa dimensión. Una de las variables a considerar la dio el diputado del PAN Christian Von Roehrich, quien la confrontó en el Congreso local con el número de denuncias durante el primer semestre del año (127 mil 322) por haber sido víctimas de un delito, contra la disminución de 50% de las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. “Tenemos más delitos y menos detenidos”, dijo el diputado. “En pocas palabras, mayor impunidad”. Sí, como lo admitió Sheinbaum, nos queda a deber. 

19 Septiembre 2019 04:05:00
Los nudos de Ayotzinapa
Las contradicciones no son lo único que tiene metido al Gobierno federal en un problema de difícil solución en el caso Ayotzinapa. La acotación que se pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá ser lograda. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas abrió el coliseo para ofrecer sangre a los mexicanos, al denunciar al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, como responsables de un proceso por el que, por decisiones del juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra 43 normalistas. La Fiscalía General irá por ellos y puede llegar a detenerlos incluso, pero echada la rueda a andar, no se podrá parar. 

Encinas es la representación de esa contradicción. En enero pasado, al instalar la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo que el punto de partida serían los informes del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense argentino, que fue el primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los normalistas. Los dos concluyeron que varios testimonios claves habían sido obtenidos mediante torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda, entre otros, elogió el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado, donde participaron soldados y policías federales.

En reconocimiento abierto del Gobierno al trabajo del grupo de expertos, el fiscal general Alejandro Gertz Manero nombró a su secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en el nuevo Gobierno vieran que las cosas no eran como las creían. Ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Encinas les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando, en septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, le dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar, y le dio la razón a tres presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López Astudillo, “El Gil”, que los habían torturado para autoincriminarse. 

Ahora, el Presidente y el subsecretario se quejan del Poder Judicial, mostrando claro antagonismo con su postura de hace meses. No se sabe cómo va a cuadrar las cosas Encinas, pero si la línea que persigue es procesar solamente a Murillo Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no alcanza a ver el mediano y largo plazo de lo que inició, le faltarán brazos para nadar a puerto seguro. Junto con el ala más beligerante alrededor del Presidente, acusó al 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, de responsabilidad en el crimen, por lo cual debería llamar a declarar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez. También al jefe de la 35ª Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el Gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al exsubsecretario de Gobernación Luis Miranda, con quien el exgobernador Ángel Heladio Aguirre hizo lo mismo. No menos importante el jefe de la Zona Naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual secretario de la Marina.

Y hay más: Alfredo Higuera Bernal, quien durante los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto tuvo a su cargo la investigación del caso Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz Manero subprocurador especializado para Investigaciones de la Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal Díaz Leal Ochoa, era el responsable de inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas.   

Es decir, el Gobierno de López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y cuánto avanzó la investigación. En los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes el Cisen, deben estar las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera nada a nivel federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle al Gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en 2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían relaciones estrechas con la corriente perredista de “Los Chuchos”, y con los morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un exfuncionario que participó en esas reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran “políticas” -no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los normalistas.

Este mapa de vínculos sobre los funcionarios y exfuncionarios que sabían lo que sucedía en Guerrero, lo que pasó aquella noche en Iguala en septiembre de 2014 y su investigación, perfila la trampa en la que se metió Encinas con sus palabras ligeras. A menos, claro, que como demanda el núcleo duro de López Obrador, lleve al paredón político a miembros del Ejército y de la Marina, a comandantes de la Policía Judicial, a tres administraciones de la vieja PGR, a quienes Gertz Manero recicló, y a líderes de su coalición de Gobierno, para documentar lo que han dicho durante cinco años, que fue “un crimen de Estado”. Estos nudos no serán fáciles de deshacer. Menos aún, de encontrar la verdad legal a lo que sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus contradicciones. 
18 Septiembre 2019 04:05:00
El gobernador investigado
La violencia en Nuevo Laredo, que alcanzó una difusión nacional por la presunta ejecución de ocho personas a manos de comandos de élite de la Policía Estatal de Tamaulipas, ha generado una ola de reacciones en aquel estado, combinado con mensajes anónimos en las redes sociales donde se acusa a funcionarios del Gobierno de proteger a organizaciones criminales que están luchando contra el cártel del Noreste para arrebatarle la aduana en ese punto fronterizo.

Fuera de lo público son las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de sus colaboradores.

Funcionarios federales revelaron que están analizando operaciones financieras del gobernador y de un familiar, que llamaron la atención del Gobierno de Estados Unidos, que está pidiendo información al respecto. La UIF de la Secretaría de Hacienda está tratando de determinar si esas operaciones fueron con recursos de origen ilícito.

Por su parte, la SSPC avanza en una investigación para determinar la responsabilidad de colaboradores importantes de García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía estatal, en los hechos de violencia en Nuevo Laredo y otras partes del estado.

A lo largo de la última década, en este espacio se han hecho menciones de la presunta vinculación del Gobernador y de su secretario de Gobierno, César Augusto Verástegui, con el crimen organizado, que han sido rechazadas por ambos en diferentes momentos.

Las imputaciones contra García Cabeza de Vaca han sido tan fuertes y constantes, que durante el Gobierno de Felipe Calderón fue obligado a tomar dos veces el polígrafo para poder determinar si tenía o no vínculos con el narcotráfico, luego que la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizara (Siedo) abriera una
averiguación en su contra en 2009.

El 23 de enero de 2012, recién entrado el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Siedo tomó la declaración ministerial de un testigo protegido de la DEA, llamado “Ángeles”, en la Corte Federal del Distrito Oeste
en San Antonio, Texas.

“Ángeles” es el empresario Antonio Peña Argüelles, cuya detención fue dada a conocer un mes después por el delito de lavado de dinero y como enlace del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con los cárteles de la droga, fue puesto en libertad en 2014, luego de declararse culpable.

En esa declaración, Peña Argüelles dijo que en septiembre de 2004, el gobernador Yarrington le dijo que necesitaba conseguir recursos del cártel del Golfo para apoyar la candidatura de García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa, porque tenía especial
interés en que ganara.

Él le ayudaría con los votos, y Peña Argüelles pidió dinero, de acuerdo con su testimonio, a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de Gregorio Sauceda Gamboa, “El Metro 2”, miembro del cártel del Golfo y jefe de plaza en Reynosa, quienes le proporcionaron medio millón de dólares.

Peña Argüelles declaró que le entregó personalmente el dinero a García Cabeza de Vaca en un hotel de esa ciudad. Una vez que ganó las elecciones para alcalde de Reynosa, Peña Argüelles afirmó que en enero de 2005, García Cabeza de Vaca le dijo que “cualquier cosa que necesitara el cártel del Golfo”, se la hicieran saber. Como respuesta, agregó, le entregaron una lista de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública municipal para que fueran reacomodados o que no los movieran de su sitio, como sucedió con el director de Tránsito.

Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca fueron desechadas, aunque los testimonios de “Ángeles” fueron pieza importante en la acusación de EU contra Yarrington de ser parte de la estructura de mando del cártel del Golfo y por lo que enfrenta a la justicia en ese país.

García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las corporaciones policiales de México y EU desde hace casi tres lustros, pero nunca se ha procedido en su contra por delitos relacionados al crimen organizado o lavado de dinero.

Incluso, mantiene vigente su visa a EU, donde vive su familia y pasa buen tiempo. Las investigaciones que se llevan a cabo en su contra y sobre su entorno familiar y profesional incorporan nuevos elementos y más información.
Entre los altos funcionarios del Gobierno que tienen información de la red de complicidades en Tamaulipas se encuentran el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, que estaba al mando de la Cuarta Región Militar que componen Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, y el comandante del 77 Batallón de Infantería, Anastasio Santos, que estuvo comisionado en Ciudad Victoria.

El Gobernador de Tamaulipas ha sido respaldado por un sector del PAN que en los últimos años estuvo vinculado a Puebla y desde donde le enviaron dos recomendados que hoy están siendo cuestionados públicamente e investigador por las autoridades federales.
Uno es Irving Barrios Mojica, el fiscal del estado, muy cercano a la exprocuradora Marisela Morales, y que participó en la construcción fallida de los casos llamados “El Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, en el Gobierno de Calderón.

El otro es Félix Arturo Rodríguez, quien fue acusado de extorsión y privación de libertad en aquel estado, y que es el responsable de los comandos especiales, varios de los cuales están acusados de la ejecución en Nuevo Laredo.

García Cabeza de Vaca enfrenta al Gobierno federal sin mayores respaldos. La protección que le brindaba su partido se acabó, y sus viejas relaciones han visto declinar su poder. Dentro del Gobierno no existe un buen ánimo hacia él, pero serán las investigaciones las que determinen su futuro.
17 Septiembre 2019 04:07:00
Nuevo Laredo, la putrefacción
La crónica de la violencia y los ajustes de cuentas que se viven actualmente en Nuevo Laredo, comenzaron el 4 de enero de 2017. Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, fue emboscado por un comando poco antes de la medianoche y lo acribillaron. Iba acompañado de una agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un agente de la Policía Investigadora. Se informó que el ataque se dio después de haber tenido una reunión de trabajo, pero nunca se dijo con quién y de qué se trataba esa junta. Lo que sucedió en ese encuentro, según se colige de informes de inteligencia del Gobierno federal, es lo que motivó el asesinato. 

De acuerdo con la información de inteligencia, aquella reunión de trabajo en enero de 2017 había sido para enviar el mensaje al Cártel del Noreste, que tiene bajo su control Nuevo Laredo, Guerrero y Mier, en el pequeño cuerno tamaulipeco que encierra a Nuevo León, que todos los acuerdos que podrían haber tenido en el pasado, se cancelaban. Esa región no estaría ya más en su control. En desafío claro, respondieron asesinando al mensajero. Hoy se encuentra sujeta a proceso por ese crimen Sofía del Carmen, quien era la presunta jefa de la plaza de Nuevo Laredo, y sobrina de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, que fundaron ese cártel tras las rupturas internas de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Un día después, sucedió otro evento vinculado. El delegado estatal del Cisen, Marco Francisco González Meza; el coordinador general de la Policía Federal de Tamaulipas, Sergio Licona Gómez; el inspector general Tito Jiménez Vázquez y el oficial Macedonio Hernández murieron en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo cuando se dirigían a una reunión de emergencia del Grupo de Coordinación Tamaulipas, para decidir las acciones a seguir tras el asesinato de Martínez Chávez. Oficialmente se dijo que se había tratado de un accidente y la camioneta blindada de la Policía Federal en la que viajaban quedó prácticamente destrozada a un costado de la carretera.

El asesinato de Martínez Chávez cimbró las estructuras de seguridad. Escasos dos meses antes, Francisco Javier Cabeza de Vaca había asumido la gubernatura y había designado como nuevo fiscal a Irving Barrios Mogica, con un historial negro de sus tiempos cuando trabajó en la PGR durante el Gobierno de Felipe Calderón. Barrios Mogica era jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y fue pieza instrumental de la entonces procuradora, Marisela Morales, en la manipulación de testigos para acusar a personas públicas, como sucedió con el llamado michoacanazo, cuando se detuvo a 10 alcaldes y 25 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y la llamada Operación Limpieza, que se fue desmoronando y dejó en entredicho el trabajo de la PGR y de su entonces titular, Eduardo Medina Mora.

Barrios Mogica nombró a Martínez Chávez, quien también había trabajado en la PGR en las áreas que combaten la delincuencia organizada, como coordinador regional en Nuevo Laredo. El gobernador designó a Félix Arturo Rodríguez, quien llegó directamente de Puebla, donde estaba acusado de extorsión y privación de libertad, como director del Centro de Análisis de Información y Estudios de Tamaulipas, responsable de los comandos especiales, algunos de los cuales son los que están presuntamente acusados de la ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo la semana pasada. Informes del Gobierno federal señalan que algunos de sus integrantes forman parte de varias organizaciones criminales enemigas del Cártel del Noreste.

Tamaulipas está podrido en términos de seguridad, como lo muestra el microcosmos de Nuevo Laredo, donde la cadena de violencia sugiere que las organizaciones criminales se están alineando con las fuerzas de seguridad del estado para eliminarlos. En Mier, el municipio que sirve de barrera que impide fácilmente llegar a grupos rivales a Nuevo Laredo, opera el grupo conocido como Los Metros, una escisión del Cártel del Golfo, fundado por Jorge Eduardo Costilla, El Coss, exlíder del Cártel del Golfo, que se alió con el Cártel del Pacífico, cuyo brazo armado es el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.

Contra el CJNG, dicen funcionarios federales, defiende el Cártel del Noreste la aduana de Nuevo Laredo, la principal frontera del comercio con Estados Unidos y Canadá. El control de esa aduana, por donde cruzan 13 mil 500 contenedores al día, es altamente redituable para los grupos criminales, que cobran miles de dólares por cada unidad que cruza. De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel del Noreste, en colusión con autoridades federales, maneja la aduana, por donde entran todo tipo de mercancías -sobre todo dinero-, salvo explosivos, municiones y medicinas. 

Esa aduana es tan peligrosa que cuando el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, era administrador general de Aduanas del SAT, el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, le recomendó no meterse en la de Nuevo Laredo, y que si se concretaba la mudanza de su dependencia a esa ciudad, como deseaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, viviera en Laredo, Texas, no en territorio mexicano. Peralta fue relevado en mayo.

El asesinato de Martínez Chávez se dio cuando el Cártel del Noreste entendió que el statu quo en el que operaban se iba a modificar y el crimen fue la respuesta de lo que enfrentarían si lo intentaban el Gobierno o sus adversarios, el CJNG, que es el que pretende apoderarse del control de la aduana de Nuevo Laredo. Por esta razón, Nuevo Laredo vive en zozobra desde hace más de dos años y medio.
13 Septiembre 2019 04:07:00
El enigma de Nuevo Laredo
Desde hace más de una década, la violencia en Tamaulipas ha sido muy difícil de explicar, no por sus desenlaces sanguinarios sin escrúpulos, sino por la complejidad de la anatomía del fenómeno. Durante años se ha tejido una red de políticos, empresarios, líderes sindicales, activistas y periodistas vinculados a organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, políticos, líderes sindicales, activistas y periodistas han enfrentado a los cárteles y en muchos casos, sufrido las consecuencias; es decir, el exilio o la muerte. El gran marco que envuelve a todos es la sociedad, mujeres, hombres, hijas, hijos, madres, padres, familiares, amigas, amigos, conocidos, que quedan en medio de todo, sin trincheras donde guarecerse y a la merced de aquel que, en ese momento, tenga la mayor capacidad de fuego.

Hoy es turno de Nuevo Laredo, la gran frontera mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde donde arranca la superautopista IH 35 que conecta hasta Toronto y sirve de distribuidor para alrededor de 100 mil millones de dólares de productos que exporta México anualmente a esa región, que lleva años atrapada entre esos dos fuegos. En los últimos días ha estado en el ojo nacional porque un grupo de gasolineras se negó a abastecer de combustible a militares por las amenazas del narcotráfico, y por la difusión de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de una posible ejecución extrajudicial de cinco hombres y tres mujeres.

Las autoridades estatales iniciaron una investigación, a lo que se sumó, con la suya propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente al repudio que ha levantado este caso, que comenzó con una balacera entre Las Tropas del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, y policías municipales. El Comité de Derechos Humanos afirmó que había sido un “montaje” y que los policías los habían asesinado. Lo que parece claro no es tan claro, y habría que caminar de manera muy prudente en esa investigación al haber antecedentes de eventos similares montados, empero, por el CDN.

El pleito armado entre Las Tropas del Infierno y la Policía Municipal comenzó el 19 de agosto pasado, cuando inició un operativo contra los grupos criminales. Los municipales estaban instalando un filtro de seguridad en la carretera que conduce a Piedras Negras, Coahuila, cuando un presunto comando del CDN llegó a ese punto y comenzó a dispararles. Tres policías resultaron heridos, y uno murió en el hospital. El 27 de agosto, un grupo especial de la Policía Estatal enviada como refuerzo fue atacado en las inmediaciones del aeropuerto por presuntos miembros de ese cártel, donde murieron siete personas.

Esa misma noche, decenas de personas fueron al hotel donde se hospedan para impedir la entrada y salida de personas y vehículos. Algunos de ellos llevaban niños en brazos que colocaron como escudo, demandando la salida de la estatal de Nuevo Laredo. Al día siguiente, cuando la Policía Municipal iba a trasladar a tres internos del Centro de Ejecución y Sanciones a una cárcel federal, uno de ellos, líder del CDN, estalló una protesta de aparentes familiares que acusaron a la policía de movilizaciones irregulares. En medio de la confusión, los policías fueron atacados dentro del Centro y perseguidos hasta el hotel donde se hospedan.

La siguiente acción, el 4 de septiembre, fue resultado de las amenazas a los gasolineras para que no vendieran combustible ni a policías ni a militares, que trajo a Nuevo Laredo a la atención nacional. Desde entonces, antes las presiones del Gobierno federal para que no discriminen el servicio –el recurso legal para forzarlas a vender combustible a quien lo solicite–, el CDN extendió sus amenazas a todo tipo de comercio, para que no les vendan ningún producto.

Esta historia ya la hemos visto otras veces, en otras ciudades. Ante la presión contra los delincuentes, los cárteles movilizan a la sociedad a través de sus amplios tentáculos mediante la complicidad o el temor, generando acciones cívicas en su contra y utilizando las redes sociales para denunciar “abusos policiales” y “desapariciones”, que detonan de manera natural acciones jurídicas basadas en presuntas violaciones a los derechos humanos. Las comisiones que los defienden intervienen, en algunas partes de manera auténtica y en otras movilizadas por los grupos delincuenciales. El propósito de los criminales, al utilizar a la sociedad y a órganos como las comisiones de derechos humanos, es paralizar las acciones policiales y militares.

En el caso de Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó el jueves que suspendió temporalmente a los policías involucrados en la presunta ejecución de ocho personas el 5 de septiembre en Valles de Anáhuac, un fraccionamiento semiabandonado, en reacción a la difusión que tuvo la denuncia del Comité de Derechos Humanos. La acción gubernamental neutralizará indirectamente los operativos.

La razón de porqué la Policía Municipal en Nuevo Laredo realizaba los operativos, es porque en junio de 2018, tras una serie de hechos similares a los que estamos observando, la Marina tuvo que dejar de hacerlos ante medidas cautelares que le impedían operar en esa región tamaulipeca. No hay información suficientemente creíble para saber cuál es el fondo de lo que está sucediendo hoy en esa ciudad. Es cierto que el CDN ha mostrado capacidad de penetración en la sociedad para manipularla, pero también, las ejecuciones extrajudiciales no son ajenas al fenómeno de la violencia que vivimos desde hace dos décadas.

Uno pensaría que la investigación alumbrará el camino al origen de lo que sucede en Nuevo Laredo. Sin embargo, la experiencia dice que una vez más, no sabremos qué tan podrido está México.
12 Septiembre 2019 04:06:00
Aguanten, digan guácala y abrácenlos
La zona serrana de Guerrero está sufriendo. Hay un desplazamiento forzado que ha dejado pueblos fantasmas porque familias enteras huyeron ante la presencia y ataques de grupos criminales que los robaban y mataban. “Se ha roto el tejido social”, dice un habitante de esas comunidades. “Ha caído drásticamente el pequeño comercio, la ganadería, la agricultura. Las escuelas de esta zona son una tristeza. En pocas palabras, se respira desesperanza y miedo”. Esta realidad se la describió por carta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y al senador Félix Salgado Macedonio, quien es de Guerrero. No tuvo ninguna respuesta de ellos, aunque Durazo, de manera indirecta, le respondió.

Este ciudadano recibió respuesta de Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Pública, pero no le dio certidumbre ni tranquilidad. El exgobernador de Baja California Sur y expresidente nacional del PRD, donde se incubó Morena, le dijo: La desintegración social y la inseguridad de su pueblo es una muestra de cómo “miles” de comunidades en el país “se fueron contaminando con la presencia de grupos armados, la siembra de enervantes y del mercado ilegal de las drogas”. También, agregó, refleja el proceso de fortalecimiento de los grupos criminales mientras se daba el abandono del territorio por parte del “Estado neoliberal, que, preocupado solo por hacer negocios y servir a los intereses de unos cuantos, dejaba en el abandono el campo y a los sectores más humildes y necesitados de la población”. 

El diagnóstico es certero. En algún momento que nadie tiene claro, el tejido social se rompió y los valores se trastocaron. Y todo se fue descomponiendo más y más. A mediados de los 90, en las zonas residenciales de una de las ciudades cuna de grandes capos de la droga, sus habitantes impedían, mediante la presión y el aislamiento social, que narcotraficantes fueran sus vecinos y que estuvieran en la escuela y las fiestas con sus hijos. Una década después, ante la falta de oportunidades económicas, la visión había cambiado. Dejar a sus hijos arriesgar diariamente su vida a cambio de dinero y una vida que jamás tendrían, fue aceptado como divisa de cambio por una vida corta. En dos de las más grandes ciudades mexicanas, los capos fueron admitidos socialmente. Los estereotipos en las narconovelas en televisión crearon modelos a seguir para cientos de jóvenes.

El Estado mexicano no hizo nada. Desde mediados de los 80 abandonó el campo y achicó las instituciones que lo atendían. El EZLN, que nunca se involucró con el narco, fue una expresión clara de ese abandono: su surgimiento se dio en las zonas cafetaleras que dejó a su suerte el Instituto Mexicano del Café, al ser cerrado. En la sierra de Guerrero, el Ejército, pragmáticamente, cerró los ojos por décadas permitiendo que los campesinos cultivaran amapola. Un general, confrontado por esa tolerancia, respondió: “Si no lo hacemos, se mueren de hambre”. El tejido social no podía fortalecerse. No había Estado para atender esa fractura nacional. El modelo neoliberal tuvo en ello una de sus más grandes externalidades.

Cota lo refiere bien en su carta al vecino de la sierra de Guerrero, pero no abre un camino que avizore soluciones. Su respuesta es descorazonadora porque está llena de propaganda y lugares comunes. “Con la honestidad y responsabilidad que debe caracterizar a un Gobierno que quiere transformar al país, le comentamos y nos comprometemos con lo siguiente”, le dijo. “El proceso de reconstrucción del Estado mexicano, para reorientarlo al servicio de los sectores, regiones y comunidades de todo el país, llevará un tiempo razonable que va de tres a seis años… Las bases de la reconstrucción del Estado empiezan con las políticas sociales de bienestar con apoyos a los adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes y cobertura en educación y salud… La nueva política económica… contempla incrementos salariales arriba de la inflación… La presencia y operación de la Guardia Nacional… es solo un complemento de las políticas económicas y sociales del nuevo proyecto de nación… de nada sirve enviar a la Guardia Nacional si antes no han llegado los programas sociales, educativos, económicos y culturales”.

¿Cómo le hace la gente en zonas como la serrana de Guerrero? ¿Mandando a volar a los criminales y a los cárteles de la droga como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Decirles, cuando los vean, ¿“fuchi” y “guácala”? Obviamente no, pero tampoco existe un plan alterno. La carta de Cota confirma que el combate a criminales no es la prioridad, que la prevención -que es lo que significan los programas sociales- es la primera vía, aunque para que eso pueda darse, no bastarán los tres a seis años que planteó el subsecretario como horizonte, sino cuando menos una generación para comenzar a verse el impacto. Objetivamente hablando, eso no será posible solo con abrazos sin balazos. 

La receta que propone el Gobierno está incompleta. El Gobierno de Felipe Calderón fracasó porque no fue integral -solo funcionó la policial-militar-; el de Enrique Peña Nieto se hundió porque primero no hizo nada, y luego siguió el ejemplo de Calderón, sin atender lo social. Vamos para allá. La crítica que hace Cota al pasado, también es al presente. El Gobierno está aniquilando programas que daban soporte al tejido social y soslayando, como los antecesores, al campo. El presupuesto para el próximo año es una muestra. Le quitan dinero y están prendiendo una bomba de tiempo. A los municipios también les reducen las participaciones federales. El programa de becas para jóvenes, casi se redujo 70 por ciento. No hay para donde voltear. Ni tampoco, por su estrategia, espacio para la esperanza.
11 Septiembre 2019 04:07:00
No disparen, soy periodista
La violencia retórica de las mañaneras contra medios y periodistas, ha sembrado el mal ejemplo. Fuera el diálogo, bienvenida la descalificación artera e impune. La soberbia del poder es lo que marca la hora política de estos tiempos agrios y oscuros, donde las normas se están desvaneciendo rápidamente en muchos campos. Entre los empoderados y los oportunistas, definidos por la falta de recursos dialécticos para discutir, replicar y defenderse -legítimo derecho de cualquier servidor público-, funcionarios de diferentes niveles se han sumado a la ola: si el Presidente saca la cimitarra para cortar cabezas por las mañanas y encabeza el Comité de Salud de Robespierre, ¿por qué no seguir su ejemplo?

El último en la lista de los que se formaron en la fila presidencial es el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se quejó públicamente de que la cobertura de los medios sobre la violencia en la región, le cargue la mano a su estado. Se refería a un incidente reciente en Jilotlán de los Dolores, que está en Jalisco, donde los medios hablaban únicamente de su turbulento vecino michoacano Tepalcatepec. El reclamo tiene fundamento, pero no cómo lo hizo: “Está bien que somos famosos”, dijo en una conferencia de prensa, “pero también es injusto que todos quieran que suceda en Michoacán… Ahí están la comandanta (Denise) Maerker y el comandante Ciro Gómez Leyva que hacen apología de actos en Michoacán que están fuera de la ley”. Aureoles no solo personalizó en ellos su molestia por la cobertura sobre la violencia en su estado -realidad objetiva-, sino que en la cotidianeidad de plomo de su tierra, marcó sobre sus pechos un blanco para disparar. 

El penúltimo en esa lista es el director de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro, quien utilizó papelería oficial y tiempo de oficina -que pagan los contribuyentes-, para escribir dos cartas en defensa de su jefe, Manuel Bartlett, por un asunto de su vida privada. Una fue enviada al director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, para quejarse de su articulista Leo Zuckerman, quien retomó una investigación periodística de Arely Quintero, difundida en el programa de Carlos Loret en W Radio, sobre propiedades de Bartlett que no fueron anotadas en su declaración patrimonial. Quejándose del uso del verbo “descubrió” en su texto, para referirse a la investigación, Bravo Navarro escribió:

“¿Descubrió, podría decirnos el señor Zuckerman qué se descubrió? Porque los datos de Quintero y Loret son absolutamente falsos, carecen de sustento periodístico y de fundamentación legal. Podría entenderlo de otros que se jactan de ser periodistas y se cuelgan de las mentiras, pero el impoluto señor Zuckerman, crítico y analítico, se limita a repetir las falsas aseveraciones de un sicario del periodismo, tal cual un copy paste?”. 

Bravo Navarro, poblano como Bartlett, que fue director de Comunicación Social del PT en el Senado, que coordinó Bartlett, quiso ser sarcástico con Zuckerman y le endilgó calificativos, aunque ninguno tan grave como llamar a Loret, que tiene un historial brillante como periodista, “sicario del periodismo”. Igual le fue a Carlos Puig, columnista de Milenio, quien el viernes recibió una carta del mismo comunicador para protestar que se hubiera hecho eco de la misma información de Quintero y Loret, en su colaboración del día anterior. En esta misiva, Bravo Navarro fue más elaborado que con Zuckerman. Cuestionó a Puig el uso de sus palabras burlándose de su “periodismo de investigación” -que el columnista le recordó el lunes que se confundió de género periodístico-, y llamándolo “loro”.  

Al final, Zuckerman le hizo notar el mal uso de dinero de contribuyentes para su gesta contra la prensa, y Puig, tras agradecerle a Bartlett que lo leyera, remató con “sigo pensando lo mismo”. Maerker también le respondió a Aureoles de manera concreta y sólida. Violencia hay en Michoacán y Tepalcatepec, motivo de la molestia del Gobernador, y un grupo criminal de Jalisco, amenazó al Alcalde y al pueblo. El alegato de Maerker, periodísticamente impecable. Ahora, como el Gobernador cree que el Alcalde también es criminal, entonces ¿hay que dejar de cubrir el drama que vive ese municipio?

El mal ejemplo de las mañaneras ha cundido. Desde hace un buen tiempo los políticos y las figuras públicas ven más fácil atacar al mensajero que al emisor de los mensajes. Pero es solo hasta los últimos meses cuando el discurso contra medios y periodistas ha llegado a provocar rencor y odio en varios casos. Esto no va a parar. Se sabe cuándo inició, pero no cuándo terminará. Esto es algo que deberían pensar los políticos y sus colaboradores cuando deciden salir en defensa de posiciones legítimas, pero con violencia en la descalificación, insultos y amenazas indirectas. Los climas, se ha dicho repetidamente en este espacio, matan. 

Los climas matan. No es una figura retórica. Según Artículo 19, de 131 periodistas asesinados en México desde 2000, 11 han caído durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos meses, varios periodistas han sido agredidos en la calle, insultados, retomado frases del Presidente para acosarlos y denostarlos. Seguramente no es la intención del Presidente, pero en su alrededor, o más allá, como los casos de Aureoles o Bravo Navarrete, eso no se sabe. 

Con la violencia extendida por todos lados -no solo por los delincuentes-, al tener la lengua suelta y pronta para disparar al mensajero, se construyen condiciones sociales que pueden terminar en una fatalidad. Cualquiera en su sano juicio pensaría que no es lo que nadie de ellos desea, pero una reflexión sobre el costo de una palabra incendiaria, bien valdría la pena para ahorrarnos lamentos, recriminaciones y esquelas.
10 Septiembre 2019 04:06:00
Impuestos: vivir o morir
En octubre de 2016 se aprobó la Ley de Ingresos en el Congreso, que eliminaba los subsidios a la gasolina y contenía nuevos gravámenes para 2017 a los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, conocidos como IEPS. En 2018, en la campaña de José Antonio Meade, consideraban que esa medida, conocida como el gasolinazo, aniquilaría sus pretensiones presidenciales y regalaba a su rival, Andrés Manuel López Obrador, material para atacarlo y captar nuevos electores. Rocío Nahle había dejado claro la estrategia desde abril de ese año, cuando escribió en Twitter: “Reducir el IEPS para tener una gasolina más barata, buscar rehabilitar refinerías y rescatar el sector energético son parte de mis propuestas en mi proyecto sobre Energía”. Dieciséis meses de golpeteo contra el gasolinazo ayudó en las urnas. Lo que vino después fue irrelevante para millones de mexicanos.

El presupuesto para 2019, trabajado en conjunto por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de transición del presidente electo López Obrador, mantuvo los IEPS, contrario a lo que había ofrecido que no habría más gasolinazos. No impuso nuevos, pero mantuvo los vigentes. El sábado, la Secretaría de Hacienda volvió a dejar sin estímulo fiscal a la cuota del IEPS, por sexta semana consecutiva a la gasolina Premium, y elevó el de Magna y Diésel. Simple. El IEPS, junto con las remesas, se han convertido en el ingreso que ha permitido evitar una crisis económica al Gobierno y darle márgenes de maniobra a costa de los consumidores.

Somos el octavo país que más gastamos en gasolina, con 4.2% de gasto por ingreso por hogar, casi el doble de Estados Unidos (2.1%). El costo de la gasolina comparado con Estados Unidos es casi 20% más cara. Según los indicadores de globalpetroprices.com, el costo promedio del litro de gasolina, al 2 de septiembre en Estados Unidos, fue de 15.46 pesos, mientras que en México fue de 20.78 pesos, superior al costo en Canadá, Brasil, todo Centroamérica (menos Costa Rica) y todo el Caribe (menos Barbados). Esto se explica por el IEPS, que casi duplica el costo del combustible.

Los impuestos, el favor no solicitado que le hizo a López Obrador el Gobierno de Peña Nieto, le ha ayudado a sobrellevar fiscalmente la desaceleración y la caída en la demanda externa –salvo las exportaciones, que tuvieron un buen rendimiento por el tipo de cambio–. Por eso el discurso oficial es ambiguo y escurridizo. No hay oficialmente gasolinazos, pero se mantienen los impuestos que así se definen. Los impuestos suben en términos nominales pero no reales, aunque la gente pague más por lo mismo.

El paquete económico para 2020, que entregó el domingo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso, incluye una actualización de los IEPS, con lo cual subirán los precios de refrescos y bebidas edulcorantes en general, y el tabaco. “Cuando Hacienda tiene emergencias, siempre recurre a esos impuestos”, dice el consultor Carlos Alberto Martínez, que trabajó en esa Secretaría y en el Banco de México. La recaudación es el principal vector del paquete económico, dividido en dos grandes ejes.

El primero es el combate a la evasión, y aumentarán las sanciones –tipificarla como delincuencia organizada– se trabajará para cambiar la percepción de que se puede defraudar al fisco porque las consecuencias son limitadas –o sea, que regrese el miedo al fisco– y disminuir sustancialmente las condonaciones de impuestos. La segunda medida fortalece la recaudación, que se hará cobrando impuestos en la economía digital –aplicaciones como Uber, Airbnb o entrega de comida rápida– servicios digitales prestados por residentes en el extranjero –como Google y Facebook– pago del ISR por arrendamiento –casas, departamentos y locales pagarán impuestos–, retención del IVA a la subcontratación laboral, facilidades administrativas para los trabajadores informales –y captar también de ellos– e incentivos fiscales a ejidos y comunidades.

El paquete económico prevé recaudar el próximo año poco más de 6 billones de pesos, que es un incremento nominal de 5.4% con respecto a 2019. Si se tiene éxito, se habría recuperado la pérdida de recaudación tributaria de 7.5% en el primer semestre de este año, en comparación con 2018, por la caída en las captaciones del ISR, el IVA, y la desaceleración en los IEPS. Sin embargo, los instrumentos que le dan al SAT para alcanzar este propósito parecerían ser insuficientes para poder seguir haciendo más con menos el próximo año, y alcanzar las metas planteadas en el paquete económico.

Varios de sus presupuestos están anclados en supuestos, como la expectativa de crecimiento, que se daría si se firma el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o invierte el sector privado, que hasta hoy no tiene incentivos fuertes para hacerlo. La consultora Eurasia reportó esa cara de la moneda a sus clientes, al decir que el paquete es “demasiado optimista (la tasa de crecimiento está arriba de la estimada por los analistas privados del Banco de México, y la elevada plataforma petrolera) y muestra un lento relajamiento (la reducción de 1% a 0.7% del PIB del superávit primario)”, mientras se mantiene el gasto en las prioridades de López Obrador.

Una persona cercana al Presidente, involucrada en las negociaciones presupuestales está escéptica que alcance el dinero, y comparte la línea de pensamiento que López Obrador tiene que aumentar impuestos. La mayoría de las personas que conocen o han observado al Presidente, piensan que eso no va a suceder. Pero hay realidades objetivas y urgencias. Como lo planteó esa persona, “de que haya dinero depende el futuro de la 4T, y el dinero solo puede llegar de impuestos”. Será la lucha entre el López Obrador dogmático, y el López Obrador pragmático.
09 Septiembre 2019 04:06:00
¿Evangelizar criminales?
El 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de amnistía para procesados y sentenciados por delitos relacionados con el narcotráfico. Iba a ser presentada en el Congreso como una iniciativa preferente para que fuera discutida y con seguridad, dada la mayoría de su partido, aprobada en un mes. Ya nadie ha dicho nada de tan polémica propuesta, lo que era un retorno a la sensatez. Sin embargo, en los hechos, tampoco parece necesaria.

El crimen organizado se mueve impune por el país, disputando territorios con sus adversarios, movilizando comunidades para vejar a militares y policías federales, y generando con esas imágenes la sensación de ingobernabilidad.

Desde febrero, cuando el Presidente anunció en Palacio Nacional “el fin de la guerra contra las drogas”, las condiciones han cambiado para los cárteles. Sus líderes tienen extendido una especie de salvoconducto con la afirmación de López Obrador que “no se han detenido a capos porque no es nuestra función principal”, con lo que sus márgenes de operación deben haberse ampliado sustancialmente.

Las frases no ayudan al Presidente. Si su intención era despresurizar a una sociedad en zozobra por la violencia, el discurso quedó rebasado. Si el propósito es minimizar el fenómeno, la incidencia delictiva lo ha derrotado. Pero López Obrador no ceja.

El fin de semana en una gira por Tamaulipas, donde días antes las gasolineras se negaron a reabastecer de combustible a los soldados y policías federales por amenazas del crimen organizado, López Obrador envió un mensaje a los criminales para que se desistieran de ello.

“Amenazaron a este grupo de gasolineros de que no vendieran al Ejército y la Policía, están mal, así no es la cosa”, les dijo el Presidente. “Yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo en sus familias, en sus mamás, en sus mamacitas”.

La dulzura con la que les habla y la ausencia de una estrategia para combatir integralmente al crimen organizado, los empodera. En su gira tamaulipeca lo estaban esperando con pancartas de bienvenido miembros de la “columna cívica general Pedro José Méndez”, una escisión de la “columna armada Pedro J. Méndez”, vinculada al cártel del Golfo, con quien su Gobierno había tenido contactos.

La ruta cambió para que no se topara con ellos, pero el comité de recepción habla por sí mismo del ánimo hacia el Presidente por parte de esos grupos. En la campaña presidencial fue detenido en un retén de narcotraficantes, y dejado pasar sin mayor problema al identificarse.

¿Quiere decir que hay un pacto del Gobierno con el crimen organizado? Hasta donde se conoce, no hay tal. Pero la política de dejarlos pasar y dejarlos hacer, construye una relación funcional para los criminales.

El propio Presidente, en un uso caprichoso de conceptos para justificar la no acción contra ellos, ha dicho que el Ejército no será utilizado para “reprimir” criminales. A quien delinque se le aplica la ley, y si es necesario, por la fuerza. Eso no es reprimir, sino cumplir con la obligación de un Gobierno. No aplicar la ley contra un criminal es incumplir con la ley y la responsabilidad de una autoridad.

Esta actitud pasiva, tolerante y por omisión, cómplice, ya ha sido notada. El nuevo embajador de Estados Unidos en México ha recibido informes donde le mencionan esta política del Gobierno de López Obrador, que afectan o pueden afectar intereses económicos de ese país en México.

Los jefes de la DEA y el FBI han visitado al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en sus oficinas en México para discutir estos temas, que han sido mantenidas en secreto por el Gobierno. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha discutido ampliamente con el canciller Marcelo Ebrard sobre el trasiego de drogas por México a Estados Unidos. La presión, a nivel de insistencia en las conversaciones, está creciendo.

El Gobierno de EU ha donado equipo a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, y les ha dado entrenamiento para interceptar cargamentos de droga y erradicación de cultivos de amapola, sin que las estadísticas muestren un cambio en la tendencia.

Desde mayo el presidente Donald Trump se ha referido en cuando menos dos veces al tema del narcotráfico y su poder en México. A López Obrador se le van a seguir enredando los temas con la Casa Blanca si no hay ajustes en sus políticas y, de inmediato, en sus discursos.

La lógica de López Obrador, según personas que han estado en sus discusiones, es que si no combaten a los cárteles la violencia se reducirá –como se ha señalado varias veces en este espacio, esa fue la estrategia en el inicio del Gobierno de Peña Nieto y fue un rotundo fracaso–, y que la droga que ellos lleven a los consumidores de EU, no es problema de México, sino de Trump.

Esta racional es simplista y las cosas no funcionan de esa manera. El problema es bilateral, aunque por la asimetría entre los dos países, la carga del combate al narcotráfico siempre recae en México. El consumo no es único de EU, y desde 1996, al pagar en especie los cárteles colombianos el trasiego, existe un mercado interno.

Cerrar los ojos a la actividad de los cárteles o voltear a ver a otro lado mientras producen, comercializan, distribuyen y transportan su droga, es un error. Querer evangelizar a los criminales es un acto cristiano, pero no de Gobierno. Su actitud los empodera y su estrategia les irá regalando territorio y control. Si su intención no es co-gobernar con los cárteles de la droga, cuidado, porque eso es lo que está construyendo.
06 Septiembre 2019 04:08:00
Los datos reales de López Obrador
Desde hace varios días las mañaneras se han convertido en un rehilete de distracción. El espionaje en el comedor de Palacio Nacional, con una cámara a la vista de todos, sin sonido, que no transmite y para la cual hay que sacarle la memoria para ver qué grabó. El tema de su salud, donde inventar una afirmación inexistente en esta columna le regaló 48 horas de diversión a las redes sociales. La suspensión del fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, le ayudó en este esfuerzo distractor, como también el indeseado agandalle de Morena en la Cámara de Diputados para retroceder la ley electoral –que finalmente logró a partir de 2021– más de 22 años. López Obrador es un maestro en comunicación política y con un posgrado en plantar temas en la opinión pública para que se entretenga y no voltee a ver los asuntos que sí importan. El circo mediático ocultó la realidad de la economía nacional en vísperas de la entrega del presupuesto este domingo, que para describirlo gráficamente, es como un motociclista atropellado que llega a la sala de emergencias donde se apuran a evitar que entre en shock.

El presupuesto que llevará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados el domingo por la tarde, está siendo altamente esperado por los inversionistas, los analistas y todos los que tomarán decisiones estratégicas a partir de los números que presente. De cómo establezca la tasa de crecimiento, el ingreso por recaudación, la plataforma petrolera, el superávit fiscal, el gasto y la deuda, por citar algunos de los datos más relevantes, dependerá si la misma noche de ese día los mercados se vuelven locos porque no le creen al planteamiento del Gobierno, o le dan el beneficio de la duda porque la información en el presupuesto les parece razonable. Esto es lo que anticipa Herrera será el paquete que entregará; otra cosa es lo que, en esta última etapa, decida el presidente López Obrador.

Los analistas se muestran ligeramente escépticos sobre lo que pueda suceder. Un análisis de la consultora Eurasia a sus clientes señala que Hacienda tiene poco margen de maniobra ante la caída de las finanzas públicas para mantener el superávit fiscal –ofrecido por el presidente en su informe el domingo pasado– de 1.3% del PIB al tiempo de disponer de los recursos para sus programas sociales. Varios bancos y calificadores internacionales están advirtiendo a sus clientes de la probabilidad de que se baje el grado de calificación de Pemex –porque no convenza su plan financiero–, con lo cual arrastraría la deuda soberana de México. Si esto se diera, probablemente comenzarían a irse inversiones del país, con una creciente pérdida de confianza. Los análisis técnicos tienen fundamento en los indicadores de la economía durante los primeros siete meses de este año:

Los ingresos petroleros cayeron 18.2%, de 567 mil 700 millones de pesos a 483 millones 300 mil.

El impuesto sobre la renta creció 0.0%, de mil 10 millones, a mil 51.

El IVA se redujo 1.7%, de 558 millones 200 mil pesos, a 571.

La deuda interna creció 167%, de 7 mil millones 36 mil pesos, a 7 mil millones 227 mil.

La deuda externa se elevó 9.5%, de 202 mil 400 millones de dólares, a 211 millones 100 mil.

El indicador Global de la Actividad Económica, que muestra la evolución del sector real de la economía ha crecido en el año 0.2%, que significa una caída de 1.4% de cómo recibió la economía del gobierno anterior.

Las ventas al menudeo dejaron de crecer y cayeron de 2.2% a 1.7%.

El desempleo creció de 3.4% a 3.5%.

El impuesto a las gasolinas, que es un impuesto indirecto que se cobra a los clientes, creció de 98 millones a 170 millones de pesos.

Estos son los datos reales de la economía de los primeros siete meses de Gobierno de López Obrador, aunque el Presidente afirme tener otros datos. La información no surge de las mañaneras, como él mismo ya califica su comunicación circular de todas las mañanas en Palacio Nacional, sino de los reportes de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el Inegi. Los acentos en el presupuesto estarán en la recaudación de ingresos. El presupuesto deberá contener cifras de ingreso conservadora en petróleo y gas, contra lo que sugiere el gabinete energético, si se busca que el presupuesto sea creíble. La recaudación por la vía fiscal es lo que viene reforzado.

El Gobierno está trabajando con el Congreso para generar ingresos. Morena presentó una iniciativa para cobrar el IVA a las plataformas digitales que dan servicios de alojamiento, transporte, y comida, que no será suficiente. También estará la elevación del delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada y seguridad nacional, y el combate contra las facturas falsas, por donde se evaden 300 mil millones de pesos anuales. En la cocina, sin saberse aún si se presentará, es un cambio de régimen en la venta de medicinas, para que pasen del sistema del IVA a exención de impuestos. Para el consumidor no significa nada, porque de cualquier forma no pagaría impuestos, pero ese cambio de régimen significaría alrededor de 80 mil millones de pesos anuales menos, que se entregan anualmente a las empresas farmacéuticas.

Nuevas medidas de austeridad, señaló Eurasia, son probables y “mostrarán desesperación” del Gobierno para encontrar recursos adicionales. Tampoco considera, pese a las señales de la semana pasada, que el Presidente modifique su oposición a inversión privada en el sector energético, que le daría recursos frescos. Su pronóstico es pesimista y ve que los riesgos políticos hacen probable un mayor deterioro económico de las finanzas públicas en 2020.
05 Septiembre 2019 04:06:00
La cacería de Winkler
Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un objetivo, que se unieran las facciones de Morena que representaban los intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del superdelagdo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge Winkler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las facciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el Gobernador. El problema es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley. Pero vayamos por partes.

El martes se publicó una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III, donde se informó del “Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz del cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”. Ipso facto, Winkler dejó la Fiscalía y lo sustituyó Verónica Hernández, una abogada con larga experiencia como notaria, fiscalista y derecho civil y administrativo, aunque de penalista nada.

Al hacerlo, el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el Diario Oficial de la Federación”.

Si alguien alega que la suspensión temporal de Winkler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.

Es decir, desde mayo la ley protegía a Winkler, como lo hacía con Éric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington. 

En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica a la del expresidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista.  

Los resultados de Winkler en la Fiscalía veracruzana están lejos de ser los mínimamente esperados. La violencia en el estado continúa teniendo la impunidad por omisión o comisión como su común denominador, sin que el fiscal haya podido marcar un punto de inflexión. Es decir, si el Congreso hubiera pensado en la seguridad de los veracruzanos, podría haber encontrado la forma de despedirlo por incompetente. Incluso, se podrían haber explorado las vías para que dejara el cargo porque su presencia generaba una creciente inestabilidad política, en perjuicio de los ciudadanos. Pero eso no es lo que estaba en la cabeza de los legisladores evidentemente. Tomaron la decisión de cazarlo.

La manera por la que optaron para suspenderlo, como se demostró párrafos arriba, es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el Gobierno federal. Violar la ley para que se alinearan las fuerzas veracruzanas al Gobernador es una ruptura del estado de derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el Gobierno, no le conviene al Presidente ni al país la reiteración de atropellos como el que se acaba de dar en Veracruz.

04 Septiembre 2019 04:07:00
Réplica de un fugitivo
Interpol, por petición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, emitió una ficha roja para la detención preventiva de Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la empresa Oro Negro, acusados de los presuntos delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza con un daño superior de 750 millones de pesos. El caso en sí mismo es importante, y el contexto aún más. Gil White es hijo de Francisco Gil Díaz, uno de los economistas más respetados por toda una generación de expertos y un secretario de Hacienda tan poderoso en el gobierno de Vicente Fox, que actuaba prácticamente como vicepresidente para asuntos económicos. Gil White se encuentra prófugo, y al no ser considerados esos delitos como graves, podría enfrentar su litigio en libertad.

Gil White considera que la acción de la Procuraduría capitalina es una venganza fabricada para perjudicarlo. “Hemos sido víctimas de un ataque doloso en una carpeta de investigación que lleva la Procuraduría de la CDMX repleta de faltas al debido proceso y pruebas falsificadas”, escribió el empresario en una carta dirigida a esta columna, como réplica a un texto publicado el 22 de agosto. “Estas pruebas fueron insertadas en información proporcionada por el SAT a la PGR en violación del artículo 69 del Código Fiscal, y son el fundamento para el aseguramiento de las cuentas de Oro Negro que acarreó la quiebra de la empresa y la pérdida de empleos para cientos de trabajadores”.

La columna comparaba la historia de Gil White y Oro Negro a un mapa de poder y privilegios, de conflictos de interés y protección que se extendió durante tres gobiernos, a propósito de dos demandas en tribunales de Nueva York por más de 700 millones de dólares. El empresario precisó que las demandas son diferentes. Una, la que interpuso, fue contra los tenedores de bonos y “otras partes” que le causaron un daño a Oro Negro “al confabularse con la administración anterior de Pemex”, durante la gestión de Emilio Lozoya. 

Esa demanda está relacionada con contratos de arrendamiento de plataformas marinas durante los primeros años de gestión de Lozoya que le generaron más de mil millones de dólares. Los términos de los contratos fueron cambiados por el colapso del mercado petrolero en 2015-2016 que provocó la caída de los precios del crudo en alrededor de 60 por ciento. Oro Negro tenía créditos que no pudo pagar y empezaron sus problemas insalvables con sus accionistas. Dos fondos extranjeros lo demandaron por la forma unilateral de tomar decisiones corporativas en detrimento suyo e ignorar las exigencias de gobierno corporativo en Oro Negro. Los tribunales mexicanos les dieron la razón y los bonistas le ganaron un concurso mercantil, por lo que se quedaron con las plataformas. Oro Negro fue declarado en quiebra el 13 de junio pasado.

Gil White rechaza los argumentos por los cuales perdió la demanda. “Oro Negro celebró diversos convenios modificatorios con Pemex para darle alivio presupuestal ante la caída de los precios del petróleo”, escribió. “A pesar de tener los términos más favorables para Pemex, fue la única empresa a la que se le suspendió el 40% de su flota sin pago. Cuando Pemex buscó hacer permanentes las reducciones temporales, Oro Negro aceptó las condiciones propuestas por Pemex. No obstante, insólitamente Pemex terminó en forma unilateral e ilegal los contratos cuando Oro Negro buscó la protección de las cortes para reestructurar sus pasivos”. Esto es lo que llevó a Gil White a la demanda en la Corte Sur de Nueva York, razón por la cual, afirma, la Procuraduría de la Ciudad de México actuó en su contra como represalia.

Gil White responsabiliza de sus desgracias al “esfuerzo coordinado” entre Pemex y el inversionista David Martínez “para quebrantar la empresa y consolidar sus activos en la operación de Seamex”, que es una sociedad entre el inversionista y la empresa Seadrill. En su carta a esta columna no da más detalles de esta acción supuestamente coordinada en su contra, salvo que, afirma, recibió contratos “más ventajosos” que los del resto de la industria, mediante adjudicaciones “sui generis”. Gil White subraya: “Oro Negro nunca participó en actos de corrupción ni recibió beneficios o un trato preferente por parte de Pemex”. 

Sobre la segunda demanda referida, Gil White señala que fue interpuesta por los accionistas estadunidenses de Oro Negro bajo los términos que permite el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “ante el trato discriminatorio del que fueron objeto por parte de la administración anterior y que resultó en la expropiación de su inversión”. Esta demanda podría representar un fuerte daño financiero al Gobierno de México, pero Gil White asegura que él no es parte de este litigio. 

La carta, enviada directamente por él a través de un correo electrónico, es una réplica sobre precisiones para evitar malas interpretaciones, que no aportan mucha información pero sí muestran su sentir sobre el proceso que se le sigue en México, iniciado por un gobierno del PRI, y profundizado por un gobierno de Morena. Esta paradoja, tampoco la explica.
  
P.D. Una pregunta mentirosa y con dolo le fue hecha en su conferencia de prensa matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que en la columna de este lunes, quien esto escribe señaló que el Presidente estaba enfermo del corazón “y se iba a morir muy pronto”. Falso totalmente. Al describir la rapidez con la que avanza su proyecto político, se mencionó en el texto que le urgía consolidarlo “porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio, pese a que no hay ningún indicio de que esté mal”. El Presidente no cayó en esa provocación infame y reiteró que su salud se encuentra perfecta.
03 Septiembre 2019 04:00:00
López Obrador para siempre
Andrés Manuel López Obrador asegura que reelegirse no está en su cabeza ni en sus planes. Muchos no le creen, pero esta idea también ha sido muy consistente a lo largo de los años. Sin embargo, el hecho de no pretender hacerlo, no significa que la construcción de un andamiaje para la preservación de su proyecto a través de los años, no sea de la más alta prioridad. A López Obrador le urge establecer esas bases para levantar el nuevo edificio que eternice lo que comenzó en diciembre. Sabe, porque así lo ha dicho, que el respaldo popular que tiene ahora es efímero y tiene que aprovecharlo. Hay quien piensa que su ideal es un Maximato, como el de Plutarco Elías Calles, pero no es así. Le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida, porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio –pese a que no hay ningún indicio de que esté mal– incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor.

Al gran plan de López Obrador lo abraza el discurso de la cuarta transformación, pero nunca aparece en la retórica ni se observa desde el exterior del Gobierno. Es, sin embargo, un ambicioso proyecto electoral muy inteligentemente diseñado. Está montado sobre las 266 coordinaciones regionales y territoriales donde operará, cuando esté desplegada totalmente, la Guardia Nacional. En esos puntos no solo se concentrará el esfuerzo para tratar de restablecer la seguridad, sino que se acompañará con la aplicación de la mayor parte de los programas sociales para que, de acuerdo con la promesa presidencial, se demuestre que con trabajo y bienestar se resuelve el problema de la seguridad y valide su estrategia. El resto del país, fuera de esas regiones, es desechable.

En esas zonas se concentra la mayor parte de la población, mayoritariamente urbana y electoralmente valiosa. No tienen que buscar el apoyo de todo el país, sino basta con el voto mayoritario en esos 266 puntos. La cuarta transformación se ancla a este proyecto. No es una tarea sencilla. Hoy la presencia y legitimidad de López Obrador le permite tener una concentración absoluta del poder. Pero el traslado automático de esa autoridad sobre los electores es imposible. López Obrador ha venido haciendo un trabajo de poda para sembrar la semilla de Morena, achatando y mediatizando a la sociedad, neutralizando y anulando a quienes discrepan de su proyecto, y realineando a las instituciones a su modo.

Junto con ello, la arquitectura jurídica que permitirá el cambio de régimen está prácticamente completa, al haber sido desmanteladas las reformas energética y educativa que deseaba aniquilar López Obrador. Por la vía de los amagos y jugando con los tiempos, ha ido remplazando con incondicionales a los miembros de los órganos autónomos reguladores para que operen a favor del proyecto. Con manotazos también ha logrado que el sector privado, en muchos casos temeroso, accedan –por ahora básicamente de palabra– a colaborar en la construcción del México que imagina.

Con amenazas de iniciar investigaciones penales ha paralizado a la clase política y limitado sus posibilidades de organización opositora. Sus campañas de difamación ha buscado inhibir al pensamiento crítico. De manera clara ha iniciado el proceso de creación de instituciones sobre las cenizas de las instituciones de la segunda generación de reformas democráticas, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o para deshidratar a las universidades públicas a través de la creación de sus 100 universidades de adoctrinamiento para sus cuadros.

El modelo de López Obrador, es un cambio del viejo régimen por el nuevo, que toma del sistema político que se encuentra en agonía lo que le sirve para su perpetuación, el control lineal sin disidencia, una vieja tipología autócrata, para dirigir verticalmente el dinero de los recursos sociales a la creación de entornos en paz y construir bolsas de bienestar de donde esperan obtener en cada votación el apoyo a las y los candidatos de Morena. La ingeniería electoral es la base de todo. López Obrador dice que el éxito del 1 de julio fue haber trabajado las secciones electorales, que suman en total 68 mil 436. Y como está el diseño para Morena, en solo una fracción de ellas está la llave de la victoria.

El tema electoral es lo único que le importa a López Obrador al 100 por ciento. En sus giras, a lo que dedica tiempo es a hablar con los líderes de Morena locales para que le den un informe de cómo se va implantando el partido y dónde hay alertas que tienen que atenderse. En Palacio Nacional, una de las tres personas más influyentes en López Obrador es Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales, quien es el cerebro de este plan. García Hernández es quien define en dónde se aplicarán los programas sociales, seleccionados por valor electoral, y tiene superioridad jerárquica, aunque meta legal, sobre los propios miembros del Gabinete.

El diseño es llevar el clientelismo a un nivel superior y más sofisticado, con apoyos estratégicamente dirigidos, en donde toda la estructura piramidal tiene como cabeza de playa a los “servidores de la nación”, las brigadas desplegadas en el país para que al alimón de los trabajos que realizan, como el censo del Bienestar o la entrega de programas sociales, reclutan cuadros para Morena. El Gobierno está montado sobre ese plan y debe operar en función a sus intereses. Por ahora no hay nada que pueda enfrentarlo o vulnerarlo. Es decir, si no sucede algo extraordinario en el país, Morena habrá para rato y López Obrador para siempre.

02 Septiembre 2019 04:01:00
La cosmogonía de Macuspana
Hasta ahora, el modelo de país del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que dice no ser. Ya no hay corrupción porque la barrió de arriba hacia abajo -que es el método que dijo en campaña utilizaría para purificar el país-, ya no hay balazos porque hay abrazos, ya no hay avión presidencial, ni Los Pinos, ni Texcoco, ni Reforma Educativa, ni Reforma Energética, ni lujos, ni ostentaciones. Aunque no es parte de su discurso, tampoco hay el crecimiento prometido, ni bajó la violencia que dijo tendría una inflexión en sus primeros meses de Gobierno, ni hay paz en el país. Hasta ahora, López Obrador es el Presidente del no. Lo que sí existe es el país que se imagina -por tanto aún imaginario- hecho realidad a través de su poderosa narrativa. 

En su realidad alterna, la guerra contra el huachicol fue un éxito -los datos de Pemex lo contradicen-; la lucha contra la delincuencia avanza aunque falta más por hacer -los datos de su Gobierno dicen lo contrario-; cancelar el aeropuerto de Texcoco le ahorró pagar a los mexicanos millones de pesos -que en realidad era un costo autofinanciable-; el programa para jóvenes sin escuela ni trabajo es un éxito -no ha superado el 40% y ha perdido fuerza-; se restableció el estado de derecho -justo cuando su partido violó la ley en el Congreso para perpetuarse en la presidencia-; tener a ProMéxico era “ridículo” y ni Japón, Francia o Alemania tienen algo parecido –-los tres sí tienen ese equivalente-. La lista podría seguir, aunque quizás la síntesis de todo está en cómo llamó a este acto constitucional: “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México”. Así, dos alocuciones partidistas previas, las convirtió en actos de Estado.

En todo caso, el resultado hasta ahora de este primer corte de caja legal es un sacudimiento nacional que ha hecho crujir todo el andamiaje institucional y la arquitectura del país. López Obrador lo llama “la cuarta transformación”, comparando su modelo con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Visto con objetividad, ese discurso renovador tiene que ver con otro cambio radical, que es el otro sí de su joven administración: el retorno al presidencialismo más fuerte que hemos vivido desde hace cuando menos unos 40 años, donde el poder está concentrado en una sola persona, que busca quitarse obstáculos del camino: órganos reguladores, ONGs, prensa crítica y empresarios. A ellos se refirió indistintamente en su mensaje, al afirmar que “estaban moralmente derrotados”. El Poder Judicial, por otra parte, está en camino del sometimiento; el Poder Legislativo está hincado frente a él.

El andamiaje de una democracia le estorba a la construcción del país que quiere. Como prácticamente todas las cosas que han sucedido en su Gobierno, no hay engaño. Su mundo se construyó en la cosmogonía de Macuspana, su tierra, durante sus años de formación. Lo que bajo esa óptica interpretó, moldeó al Presidente que hoy nos gobierna. Quizás el Tren Maya es un sueño de aquellos años, con su confusa visión de desarrollo, donde habla del periodo del desarrollo estabilizador de los 70, pero da las estadísticas del periodo del milagro mexicano de los 50. A pocos les importa esta diferencia, pero habla de cómo las ideas se mezclan y cruzan en su cabeza sin contexto, ni tiempo y espacio.

Solo observándolo en ese marco de referencia, se puede entender, o cuando menos intentar comprender acciones como sus rituales de respeto por “la madre tierra” y por los pueblos originarios -con los que ha convivido por décadas-, y que esté empeñado en iniciativas tales como que las carreteras del sur se construyan a mano, sin maquinaria industrial, y que las escuelas las levanten los maestros y los padres de familia. Soslayar totalmente procedimientos, regulaciones, reglas de operación y controles que las obras significan, no es algo ajeno al Presidente. El mundo de López Obrador es otro, que todos tengan trabajo, que se haga agricultura de autoconsumo y un ingreso fijo, sin importar que sea bajo. Es la búsqueda de una sociedad menos desigual, aunque el piso de la igualdad sea un retroceso en el desarrollo.

Por primera vez en la historia, más de 51% de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa entre 9 y 18 dólares por día, que es lo que cobra un trabajador en Estados Unidos -una economía con la cual el Presidente gusta comparar la mexicana-, reveló Tomás de la Rosa en una serie de trabajos analíticos publicados en Eje Central. En 2005, 27.7% de la población ocupada ganaba más de tres salarios mínimos, y actualmente se cayó a 11.6%, msientras que en ese mismo periodo, el número de personas ocupadas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se elevó de 38.6, a 51.3 por ciento. Estos datos perfilan un país rumbo a la precariedad, que es lo que el presidente López Obrador parece entender como sociedad igualitaria. Por eso piensa que es mejor tener un país agrícola que una economía de servicios.

Desde el universo de Macuspana, López Obrador también observó las oleadas democráticas en el mundo -incluido México-, pero no es algo que esté debajo de su piel. Se dice democrático pero este sistema político de contrapesos y rendición de cuentas es algo con lo que no se siente cómodo -que tampoco es algo novedoso- y trata de colocarle muros. Su modelo no es democrático, sino utilizar los recursos de la democracia para imponer el suyo, la cuarta transformación, que es eminentemente político, con un andamiaje que se está construyendo para garantizar, electoralmente, la hegemonía transexenal de Morena. De esto hablaremos en una próxima columna.
30 Agosto 2019 03:52:00
La larga luna de miel
Las noticias no podían ser peores. Desabasto de medicinas causado por la burocracia en su Gobierno que ponía en riesgo la vida de cientos de niños. El crecimiento en picada, dos puntos debajo del paraíso prometido. El peso que tanto presumía como sinónimo de prosperidad, escalando a más de 20 por dólar. La violencia como nunca, matanzas y decapitados pintando de rojo el país y él, en plena confusión, defendiendo del Ejército a los criminales, mientras a los soldados los humillan porque sus instrucciones son aguantar las vejaciones. Todo en una semana, donde los cañonazos partirían cualquier blindaje. Pero el de Andrés Manuel López Obrador no. Su figura sigue siendo refractaria. El Presidente más poderoso que se tenga en la memoria sigue recibiendo altas dosis de vitamina.

La última encuesta nacional de Buendía, Laredo y Asociados, dada a conocer el miércoles, muestra la confianza en López Obrador. El 71% apoya su trabajo, y un mismo porcentaje se dice optimista sobre el futuro. Todavía más. Si hoy se realizara una consulta ciudadana sobre la revocación de mandato, 8 de cada 10 mexicanos marcarían la casilla para que continuara en el cargo, pese a que el 51% piensa que los problemas ya lo rebasaron. La luna de miel de que goza se ha prolongado con vaivenes de éxtasis. 

Este es un fenómeno conocido en América Latina en los últimos años, recuerda Felipe Noguera, uno de los consultores políticos más reconocidos en la región. Lo ha visto en los presidentes populistas Ernesto Kirchner, en Argentina, y Rafael Correa, en Ecuador, que iniciaron sus gobiernos con políticas fiscales conservadoras, vigilando el superávit y la macroeconomía, al tiempo de inyectar dinero a programas sociales, como lo está haciendo López Obrador. 

Con el tiempo, el balance entre el rigor fiscal y los programas sociales fue perdiéndose e inclinándose hacia la entrega de dinero para sus clientelas político-electorales, causando ilusiones equivocadas en gobernantes con otras filosofías e ideologías. Por ejemplo, Mauricio Macri, en Argentina, subraya Noguera, que si bien se enmarca como neoliberal dentro de la geometría política, profundizó la inyección de recursos en los programas sociales de Cristina Fernández, la esposa y heredera de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, que lo llevó al colapso económico en el que se encuentra. López Obrador no está, cuando menos todavía, en esos mundos de crisis, pero por su perfil no sería raro que siguiera sus pasos.

Pero hablar sobre ese futuro es ocioso al ver el respaldo del Presidente en este momento, a quien le perdonan todo. Su luna de miel, como la tuvieron los sudamericanos, no fue efímera, sino que se extendió por un tiempo que no se había experimentado. Una razón importante de ella, piensa Noguera, es que entendieron lo que nunca pasó con los neoliberales, que la comunicación política y social debía de ser intensa, y debían estar en campaña permanente. De eso critican sus opositores a López Obrador, sin entender que la razón de su éxito es precisamente eso. Campaña permanente y comunicación política, a través de una narrativa consistente y persistente.

La narrativa está anclada en el tema de la corrupción, donde López Obrador ha perfeccionado el discurso. Va más allá de culpar de todo al pasado, y como sucedió esta semana, ante una pregunta sobre el desorden y caos en su partido Morena, respondió que si van por el camino de otros partidos, él termina su militancia. Esta reacción es típica en él, quien antes de que le lleguen los problemas, los aleja. Si Morena lo puede contaminar, rápidamente mete el antídoto: si en Morena hay corrupción, son ellos, no yo, y termino mi relación con el partido. Al Presidente le funciona muy bien este discurso, que compacta todos los días durante un promedio de media hora, en lo que se conoce como “la mañanera”.

Al rendir su primer informe legal de gobierno el próximo domingo, López Obrador habrá sostenido 189 “mañaneras”, de acuerdo con el análisis de Spin, Taller de Comunicación Política, en donde ha priorizado, con 40.5% del total de preguntas, a medios digitales, que como justifica el Presidente, nunca habían tenido tanta prominencia porque no existían. Como en muchos otros temas, esa mentira no se la cuenta a la mayoría de los mexicanos. La televisión, en cambio, el principal medio de comunicación masiva -que él entiende perfectamente que así es-, apenas alcanza a hacer 10.9% de las preguntas.

El diseño de las mañaneras refuerza esa estrategia. De acuerdo con Luis Estrada, director de Spin, la probabilidad de que se pueda hacer una pregunta al Presidente si está sentado en la primera fila, es de 60%; la probabilidad si se encuentra en la segunda, es de 24%. Al estar controlada la primera fila mayoritariamente por comunicadores digitales, son ellos los que preguntan, adulan o le regalan al Presidente la oportunidad para inyectar un tema que no estaba en la agenda nacional, golpear a quien difiere de sus acciones de Gobierno o difamar en función de su estado de ánimo. López Obrador le ha dado cuatro veces la palabra a Ni uno Más, ni un Corrupto Más en Gobierno, y dos veces a Nopal Times y Charro Político, plataformas digitales que respaldan incondicionalmente al Presidente. En cambio, el Financial Times, el periódico financiero más importante del mundo, solo ha preguntado
una vez.

La estrategia ha sido altamente funcional y podrá prolongarla tanto como logre mantener el equilibrio fiscal y el dinero a programas sociales, lo que le dará la estabilidad financiera y social. Se derrumbará si pierde el balance, en cualquier sentido. Y hasta entonces se acabará esta luna de miel que se ve eterna.






29 Agosto 2019 04:01:00
Las desgracias de Cuitláhuac
Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante, porque prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado con el escarnio masivo de las redes sociales. El Gobernador le dijo al Presidente una mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el Presidente la repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el Gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López Obrador.
Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una opción.

Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el Presidente, pese ser destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El dislocamiento del Gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.

Es insólito que un estado donde la seguridad es la prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado, coincidiendo con la llegada de García al poder.

Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14 personas –incluido un bebé– fueron asesinadas en abril, y el martes en Coatzacoalcos, donde hasta hoy suman 26 víctimas de un atentado en un table dance donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas, incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto impacto como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores lugares del país.

Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este año Veracruz estaba en el último lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por 100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media nacional de 0.45. La incidencia delictiva se incrementó este año en 122%, y la gestión de García ha sido tan ineficiente, que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial locales, propusieron un juicio político contra él y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que presume tener el control de ese municipio.

El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el Presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winkler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del Presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.

Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió a la calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, Caballo Blanco, no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.

Tras el secuestro del dueño del Caballo Blanco, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría saber que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.

El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Solo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre el 30% y el 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso. García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.

La violencia se ha extendido, y la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el Presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de López Obrador.
28 Agosto 2019 03:53:00
La sumisión de Slim
La fotografía en Palacio Nacional es histórica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, todo poderoso, con el empresario más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo, Carlos Slim, a sus pies y bailando la música que le tocaban en el Salón de la Tesorería. El poder económico, como tantas veces lo ha dicho López Obrador, subordinado ante el poder político. La mañanera del martes es, en este sentido, una nueva prueba material del argumento, que se comenzó a construir en la praxis cuando de un manotazo sobre la mesa, canceló la obra del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Desde ese momento, López Obrador estableció los términos de su relación con el sector privado, que ha sido consistente, congruente y clara.

Aquello fue una demostración de fuerza. Nunca más los empresarios volverían a formar parte de la toma de decisiones, ni mucho menos, como dejó entrever, ser ellos quienes gobernaban al Presidente. Cuando canceló Texcoco, contra el consejo de sus cercanos, Slim ofreció una conferencia de prensa donde criticó la decisión y dijo que eso sería frenar el crecimiento. Este martes, dijo que el crecimiento era “intrascendente”, y que lo que se necesitaba era una inversión masiva en proyectos públicos. Notable la maroma del ingeniero, quien pese a conocer hace casi 20 años a López Obrador, no lo conoce. O no cree lo que dice, y trata de endulzarle el oído con un objetivo particular, sin entender que la abyección es una actitud que el Presidente no aprecia.

Slim fue el invitado de honor en la mañanera, donde se anunció el acuerdo gasero. Una de sus empresas era una de las cuatro que fueron amenazadas por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con llevarlas a un litigio, pero su contrato era tan marginal en cuanto al total de los siete gasoductos en conflicto, y tan baja la escala del negocio para su conglomerado, que era la que menos presionaba. Pero la ascendencia de Slim sobre los empresarios tenía otro peso, que fue el que utilizó el Presidente, como símbolo de consenso y concordancia, durante el evento en Palacio Nacional.

Ahí, el Presidente lo llamó al atril cuando quiso, y le pidió que hablara. Slim se fue de más en sus declaraciones, como el calificar de “intrascendente” el crecimiento. Si el ingeniero lo hubiera dicho a lo largo de su vida, como otras de sus posiciones polémicas, como la que tiene sobre la informalidad, habría mostrado congruencia. Pero sus expresiones han estado en las antípodas y, más en prejuicio de su imagen, dio la impresión de querer quedar bien con el presidente, respaldando su dicho del viernes pasado en Tabasco, donde en reacción al informe del Inegi sobre el crecimiento en el segundo trimestre, declaró que el crecimiento no importaba porque había desarrollo, mejor distribución de la riqueza –donde Slim también tiene puntos de vista divergentes–, y mayor poder
adquisitivo.

“¿Qué tiene que hacer entonces un empresario?”, preguntó un miembro del Consejo Coordinador Empresarial. En primer lugar, no pelearse con el Presidente, tenga su empresa o no relaciones comerciales con el Gobierno. En segundo lugar, tener una comunicación fluida y franca. Un empresario sí puede contribuir a la buena marcha del Gobierno y del país, pero no mediante la adulación, sino a través de una comunicación abierta y honesta, no de sumisión sino de interlocución.

En parte tiene razón López Obrador al desconfiar del sector empresarial, y no solo por sus prácticas. Hubo muchos gobiernos donde algunos empresarios sentían que eran ellos quienes gobernaban, no el Presidente, pero el Presidente se dejaba intimidar. No es fácil confrontar a alguien cuyo poder económico puede mover el PIB, pero tampoco puede haber nadie por encima del jefe del Ejecutivo. Este tipo de relación puede no ser siempre fácil para ninguna de las dos partes, pero es de respeto mutuo y de certidumbre: cada uno sabrá que lo que le dicen es lo que piensan y no tratan de engañarlo. La palabra es un activo y tiene un alto valor.

Pero moverse un empresario por el camino de buscar quedar bien, lisonjero y agachado, no los lleva por buen camino. Un gran ejemplo es el de Claudio X. González Laporte, una de las figuras más notables del empresariado mexicano en más de 40 años, con quien tiene viejas fricciones López Obrador, hasta integrarlo a “la mafia del poder”. La antipatía entre ambos siempre ha estado presente, pero en las últimas reuniones con el Consejo Mexicano de Negocios, en las fotografías y en las declaraciones González Laporte se ha mostrado meloso. Poco le ha servido. No hay ningún empresario como él y su hijo Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que hayan sido identificados más veces por el Presidente como sus adversarios, enemigos de su Gobierno y saboteadores de su proyecto.

Hay empresarios que en el último año han intentado por diferentes maneras ser bien vistos por el Presidente, comprando equipos de beisbol, el deporte de López Obrador, o pagando coberturas en revistas del corazón para algunos de sus cercanos. Hay otros que le han dado cobertura retórica, justificando todo lo que hace, porqué y cómo lo hace. En el péndulo de la interlocución, se fueron hasta la genuflexión. No se ayudan, porque esa actitud no cambiará lo que López Obrador ha sido siempre. Pero tampoco apoyan al Presidente, porque muchos de ellos no son sinceros. Si quieren contribuir realmente por el país, que dejen de lanzar besos y tomen acciones. Por ejemplo, un diálogo respetuoso y sincero, sin alabanzas ramplonas.
27 Agosto 2019 04:00:00
Acuerdo gasero
El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario se habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan mal en el último minuto, pero habrá que esperar el anuncio.

López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett en la última plática del miércoles impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al Presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones.

Para entonces, el Presidente ya tenía encima las presiones de Estados Unidos y la información que le había dado su equipo de que no ganarían un litigio en los tribunales internacionales. Los miembros del Subcomité de Comercio del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes se lo plantearon directamente a López Obrador en Palacio Nacional, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también lo ventiló con el canciller Marcelo Ebrard durante su última reunión en la Ciudad de México. Previamente, la embajadora en Washington, Marta Bárcena, recibió llamadas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado donde le plantearon el tema y su pronta solución. Tras esas comunicaciones, el Gobernador de Texas, Gregg Abbott, el estado más afectado por el impasse, le envió una carta al Presidente urgiéndolo a resolver el problema. Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días.

La declaración optimista del Presidente de la semana pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro en que a él solo le interesaba ver el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder de la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el Presidente ha rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas que tendría para su Gobierno.

La negociación se ha dado de manera independiente con las cuatro gaseras que operan siete gasoductos: IEnova, filial de Sempra, con fuertes vínculos en la Casa Blanca y el Capitolio; TransCanada, que tiene detrás al Gobierno canadiense; Fermaca, empresa mexicana que está apalancada con bancos internacionales -por lo cual un litigio, como planteaba Bartlett, iría a tribunales internacionales no solo comerciales-, y Carso, cuya participación en el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos contratos con la CFE tienen condiciones particulares. 

Por insistencia del Presidente, el tema central con todas fue el de las tarifas y la extensión de los contratos. De acuerdo con personas que participaron en las negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de ahorro, nivelada a 25 años con posibilidades de extensión, con lo cual calculaban el ahorro, y se lo dijeron al Presidente, de alrededor de 15 por ciento. El anuncio del jueves pasado reflejaría el éxito de la negociación, donde las dos partes ganaban. Pero no contaban con Bartlett.

El director de la CFE decidió que lo que quería el Presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es que las “fuerzas mayores” pueden durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.

Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett de que eran contratos “leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que ante los sabotajes de la comunidad yaqui dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de cuatro meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato.

Las conversaciones de jueves y viernes arrojaron avances y puntos de entendimiento con Bartlett, que les hicieron abrigar expectativas de éxito. Las empresas confiaban en que tras la reunión con López Obrador en su despacho, podrían limpiar el resto del camino, que era poco, y que se pudiera anunciar en la mañanera. Pero no querían anticipar nada. Con Bartlett, nada era seguro.

26 Agosto 2019 03:51:00
De mañaneras, cretinos y algo más
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a uno de sus temas favoritos, insultar periodistas. En esta ocasión le tocó a quien esto escribe, a quien llamó cretino por haber publicado una columna El Negocio de las Mañaneras, el lunes pasado, en donde se hacía referencia a que empresas estaban aprovechando el formato caótico que tienen sus conferencias de prensa matutina, para plantar preguntas, pagando 200 mil pesos a quien la formulara, para obtener del Presidente una respuesta que apoyara sus intereses particulares. Fue un denuesto gratuito. No le faltaré el respeto a López Obrador, por la investidura presidencial, ni a Andrés Manuel, como individuo, porque los vituperios no son lo mío.

La ofensa la hizo el viernes durante su mañanera en Villahermosa. En la víspera le habían hecho la pregunta en Palacio Nacional, pero había eludido una respuesta directa. En esta ocasión no solo la tomó sino que mostró su enojo, que es una apreciación subjetiva, y su desinformación, que es una apreciación objetiva. El rápido intercambio de preguntas y respuestas, fue así:

Presidente: “Nosotros tenemos que entender que la política es un imperativo ético, no puede haber un doble discurso, una doble moral. Digo esto también porque leyendo ayer (jueves), de un columnista de esos famosísimos, que eran muy famosos pero ya ahora las redes sociales están arrasando, tienen que revisar eso los columnistas famosos de antes. Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200 mil pesos. A ver, a ver, a ver ¿cómo está eso?”.

Periodista: “¿Riva Palacio?”.

Presidente: “Sí, Riva Palacio. Imagínense la falta de respeto, que además qué desfachatez. Eso no es cinismo, es cretinismo. Pero hay que respetar a todos, ¿no?”.

Curiosa su forma de respeto. Pero veamos. El Presidente acusó: “Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200 mil pesos”. El texto dice lo siguiente:

“… Es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el Presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?

“No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del Presidente, sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en ‘las mañaneras’ repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200 mil pesos hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del Presidente, que aceptaron la tarea de contra preguntar”.



Entonces, el Presidente se equivocó, leyó mal o le informaron peor. En el texto, para evitar confusión, desinformación o mala fe, se puntualizó: “El negocio de las mañaneras, es pertinente saberlo y tenerlo presente, no es algo diseñado o tolerado por López Obrador”. (El subrayado es mío).

La diatriba del Presidente es difamatoria porque es mentira. La columna mencionó que era una iniciativa de empresas, no de la Presidencia, y que López Obrador era ajeno a esos manejos. En todo caso, como demuestra la manipulación que hizo de él quien le proporcionó combustible para la calumnia, demuestra que “el formato que él construyó, que diariamente alimenta y que casi siempre goza, a decir por su lenguaje de cuerpo, favorece la existencia de estas estrategias que aprovechan las condiciones inéditas en las que se da la comunicación circular”.

Después de sus insultos, paradójicamente, quien esto escribe recibió más información sobre el tema: una contratista de una empresa paraestatal, ofreció dinero para que le hicieran una pregunta al Presidente, y pudiera conocer la posición de López Obrador sobre un tema específico de su mayor interés; un Gobierno estatal también pagó para plantar otra pregunta para que al ventilarse públicamente el tema de su interés, pudiera desencadenar una serie de acciones de Gobierno; y en otro caso, la crítica a una empresa la obligó a pagar desplegados en prensa para neutralizar los ataques.

La columna mostraba la vulnerabilidad del modelo de comunicación y sus riesgos, para que se pudieran hacer ajustes. Era un ejercicio normal en la prensa, alumbrar en donde se considera hay algo que debe observarse para corregirse.

En los medios no se espera agradecimiento por lo que es su trabajo, pero tampoco una filípica. En cualquier caso, este momento no deja de ser parte de la picaresca matutina y del anecdotario profesional. Sin embargo, hay una variable preocupante.

Si el Presidente decidió subirse a una locomotora y estrellarse contra un muro, con injurias sin el menor sustento y totalmente errático, la pregunta y duda es si así es como toma las decisiones que afectan la vida de 130 millones de mexicanos.

Que insulte a un periodista o a alguna otra persona es, salvo personas relevantes, un pie de página, a lo más, en la crónica de su sexenio. Pero si resuelve políticas públicas o acciones estratégicas sin información y manipulado fácilmente por sus asesores, sí tenemos un problema como país por su no método de toma de decisiones.

López Obrador mostró que le hierve la sangre y explota en retóricas violentas, sin tener datos ciertos. No es la forma como se deben tomar las decisiones, menos aún las de un jefe de Estado. Su responsabilidad requiere de eso, responsabilidad, lo menos que se le exige a un Presidente.


22 Agosto 2019 03:51:00
Fondos buitre contra López Obrador
A los flancos abiertos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno enorme, con potencial devastador, está tomando fuerza. Lo paradójico es que no fue generado por él ni por sus adversarios. Esa batalla, que se libra en tribunales de Nueva York, comenzó antes de sentarse en la silla presidencial. Dos demandas presentadas en los tribunales por más de mil 700 millones de dólares fueron emprendidas por Gonzalo Gil White y la empresa que dirigía, Oro Negro. Pero Gil White, miembro de una familia de alcurnia, fue más allá y decidió jugar con todo. Vendió la demanda mayor a una sociedad secreta con lo que abrió la puerta para un litigio de fondos buitre, largo, oneroso en extremo, si se pierde el pleito.

En el mundo binario que tanto le gusta a López Obrador, esta es una batalla entre el poder viejo y el poder nuevo, que arranca en 1990, cuando Gil White y su primo José Antonio Cañedo White, fundaron Grupo Axis, el primer escalón de una red de contactos, apoyados por las relaciones familiares, que les dio acceso al capital global y les permitió lucrar de las modificaciones en el Código Fiscal instrumentadas en el último año del Gobierno del presidente Vicente Fox, por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, padre de Gil White, que detonaron su fugaz crecimiento en el sector.

Los conflictos de interés y el respaldo de Gil Díaz a su hijo y su sobrino no fueron cuestionados. México era otro México, y en el mundo de los símbolos y los signos, eso era una combustible que aprovecharon los jóvenes para crear empresas para créditos corporativos en el sector energético, que obtenían respaldo de fondos de inversión internacionales. Gil White utilizaba el efectivo a futuro de los contratos de Pemex, su único cliente, para convencer a fondos, inversionistas y afores, de inyectarle capital y para
endeudarse.

La historia de Gil White y Oro Negro es un mapa de poder y privilegios, de conflictos de interés y protección que se extiende durante tres gobiernos. Aunque su primera empresa arrancó en los 90, en la agonía del sexenio de Fox se establecieron los cimientos que los harían despegar espectacularmente. Su primer director fue Luis Ramírez Corzo, a quien llevó Gil Díaz en la dirección de Pemex durante el Gobierno de Fox, bajo el cual nació Oro Negro en 2012. En el Gobierno de Felipe Calderón, durante la gestión en Pemex de Juan José Suárez Coppel, uno de los alumnos preferidos de Gil Díaz en el ITAM, que fue su coordinador de asesores en Hacienda, la empresa de Gil White obtuvo el registro como proveedor de plataformas petroleras, y 10 días antes de terminar el sexenio, le asignaron sus primeros dos contratos. Oro Negro iba a ser una mina de dinero.

Cinco meses después de llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex le otorgó a Oro Negro otro contrato de arrendamiento de otras dos plataformas marinas, en el inicio de una serie de asignaciones durante los primeros tres años de esa administración que les generó más de mil millones de dólares. Oro Negro y los primos Gil White y Cañedo White, eran poderosos y su apellido pesaba. Los tribunales mexicanos les dieron la razón cuando dos fondos extranjeros los deman-daron por la forma unilateral de tomar decisiones corporativas en detrimento de ellos, y soslayaron las exigencias de sus accionistas para robustecer el gobierno corporativo de Oro Negro.

Cuando el mercado petrolero se colapsó en 2015-2016, y los precios cayeron de más de 100 dólares el barril a alrededor de 40, Gil White se negó a renegociar con Pemex tarifas y contratos, con lo que comenzaron sus problemas con la empresa y los tenedores de bonos. Oro Negro no pudo pagar los créditos porque el ciclo de flujo diseñado por Gil White perdió volumen y la burbuja que creó se reventó. Los bonistas le ganaron un concurso mercantil, obteniendo la posesión y propiedad de las plataformas, y el 13 de junio pasado declararon en quiebra a Oro Negro.

Gil White debió verlo venir. Junto con Oro Negro, demandó una semana antes a acreedores, inversionistas y a personas relacionadas con su defensa, por daños y perjuicios por mil millones de dólares en el Juzgado Federal del Sur en Brooklyn, que lleva los casos más importantes de Estados Unidos, acusándolos de coludirse con Pemex para quitarle Oro Negro. Al mismo tenía la demanda contra el Gobierno mexicano al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gil White, además, hizo algo que puede resultar una calamidad para México.

El 7 de junio, un día después de deman-dar en Nueva York, firmó un contrato con una empresa constituida un mes antes en Delaware, CM Squared ON LLC, para venderle la demanda de mil millones de dólares, por lo cual recibiría un anticipo, con lo que abrió la puerta para una demanda tipo fondos buitre, que son aquellos donde prefieren alargar un juicio que creen ganado, porque más dinero les van a pagar, que fueron el principio de la debacle financiera Argentina.

El caso está abierto y los primos son prófugos de la justicia desde julio, buscados por administración fraudulenta y abuso de confianza por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Gil White se encuentra en Coconut Grove, al sur de Miami, moviendo sus piezas y sus relaciones, que confía le alcancen para ganarle a todos. Mucha soberbia sin duda, pero si las partes en conflicto no actúan correctamente, les puede ganar la partida. Esto, sin duda, sería un desastre para México.
21 Agosto 2019 04:01:00
Texcoco, entre berrinches y leyes
El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro, que podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador soslayando la Constitución, es lo que ha puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierra los ojos.

El juez Guzmán emitió dos resoluciones en el fallo de un amparo del colectivo #NoMasDerroches, donde suspende cualquier obra en Santa Lucía hasta determinar si la decisión del Gobierno, como señala el Artículo 134 Constitucional, “cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público”, y que mientras eso se prueba, cancela el desmantelamiento de las obras en Texcoco. La reacción del Presidente fue una vez más política y mediática, pero jurídicamente errático. “Es un sabotaje legal”, describió la acción del juez, acusándolo implícitamente de actuar de manera ilegal. Pero estas escaramuzas nos plantean diáfanos los escenarios: la política contra la ley, y viceversa, la ley contra la política.

El amparo contra Santa Lucía es parte de la estrategia del colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, al que se han sumado organizaciones civiles, despachos de abogados y, como afirman, “cientos de ciudadanos”. En el campo político, son probablemente los enemigos número 1 del presidente López Obrador, y su estrategia se compone de 147 juicios de amparo para que se revise la legalidad de la cancelación de Texcoco y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.

Según el juez Guzmán, el Gobierno debe determinar si actuó en función de que Texcoco no reunía todos los preceptos indicados en el Artículo 134 Constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así fue, y tiene publicado en su home de internet un largo alegato sobre el porqué el Presidente canceló Texcoco. Todas sus afirmaciones técnicas, ambientales y financieras fueron desmentidas por las autoridades de la Administración pasada. Este documento está lleno de valoraciones subjetivas y calificativos, alineado en su retórica al discurso de López Obrador, contrario al de la dependencia, de que se canceló por actos de corrupción.

En todo caso, como lo estipula el Artículo 134, serán instancias técnicas las que evaluarán los resultados de los ejercicios; es decir, la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía. Un abogado comentó que nadie va a auditar al Presidente, por lo que todo lo que diga no será tomado en cuenta por el Poder Judicial, que ha sido consistente en sus omisiones sobre el Ejecutivo. En ningún momento ha externado alarma, preocupación o extrañamiento por sus constantes violaciones a la Ley, como en quizás la más notable, presentar al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo sin cumplir con los fundamentos legales. López Obrador no tiene problema en este sentido. Al tener controlado al Congreso, hace lo que quiere con la Legislatura y las leyes. Al tener amedrentado al Poder Judicial, neutraliza al otro contrapeso. Como agregó el abogado, al final se reducirá a un análisis constitucional teórico, y los jueces resolverán a modo.

Esto es lo que probablemente sucederá con Texcoco, donde los técnicos revisarán los alegatos de las dos partes para tomar su decisión. En el caso de Santa Lucía, como sugiere un observador de la industria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría bien en comenzar a preparar un escenario ante la posibilidad de que pierda el amparo sobre esa obra. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental por 28 años para la construcción de Santa Lucía, pero condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, amplíe sus estudios, porque el primero que entregó tenía 52 errores, de acuerdo con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. 

El Gobierno no pasa ese escollo aún, que sería el primero. De acuerdo siempre con el 134 Constitucional, también deberá probar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que la obra sea eficiente, eficaz, transparente y con honradez en el gasto público. Eficiente y eficaz falta por ver el estudio final, pero la información oficial hasta el momento señala que las metas originalmente planteadas sobre el incremento de la capacidad de pasajeros, están por debajo de lo anunciado. Tampoco se sabe el resultado final del estudio sobre la simultaneidad de operaciones con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que según el consenso internacional no es posible. La transparencia está en entredicho, pues el Gobierno está evaluando considerar la obra de Santa Lucía un tema de seguridad nacional, con lo cual podría mantener todo en opacidad.

Si Texcoco muere en forma definitiva, la suerte de Santa Lucía no estará decidida por descarte. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tendrá que aportar la información técnica, ambiental y financiera completa que cumpla con lo establecido en el 134 Constitucional. De otra forma, será el gran fiasco, no para el secretario, sino para el Presidente. 
20 Agosto 2019 03:50:00
‘El viernes ocurrió algo muy importante’
Una semana de ira creciente por las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al acusar de “provocación” actos violentos violencia desatados por la frustración de que los feminicidios crezcan tanto como la impunidad, tuvo un primer colofón el viernes, con una marcha vespertina que se salió del control de las propias organizadoras, reflejada en los medios de manera crítica el sábado, y de abundante reflexión el lunes donde la prensa se llenó de explicaciones sobre el por qué había razones objetivas en el sedimento de la explosión.

El debate se abrió en diversas tribunas. Un pensamiento que invita a decodificar y entender el momento, apareció en la página en Facebook de Conversa Mujeres Mx, un proyecto colectivo de mujeres para dialogar y reflexionar:

“El viernes vivimos emociones muy fuertes. Nos miramos entre nosotras y nos descubrimos las unas a las otras... enojadas, rabiosas, desesperadas, unidas.

Tanto que juntas perdimos el miedo. Aunque fuera por unos instantes. Es interesante pensar sobre esto. Por unas cuantas horas, de verdad, no sentimos miedo estando en la calle. ¿Cuántos momentos al día pueden estar fuera de sus casas sin tener la alerta puesta? ¿Cuándo pueden estar en la calle sin estar pendientes del potencial peligro en algún lugar de su inconsciente?

“El viernes, por unos breves momentos, la calle fue nuestra. Descubrimos que juntas somos muy fuertes. Descubrimos en la otra la rabia de una, y eso nos hizo sentir menos solas. Vimos en los ojos de desconocidas sentimientos que conocemos perfectamente. Sentimientos que nos acompañan allá donde vamos.

“Me pregunto, hermanas, quiénes se creen que somos aquellos que comentan con tanto odio hacia nosotras. De dónde creen que salimos, qué creen que buscamos para que discursen así. Quizá no sepan que somos mujeres normales, de su día a día. Somos su vecina, su prima, su amiga, su alumna, o su maestra, somos la becaria, la panadera, la trabajadora de la limpieza, la que trabaja en su propia casa, la que abrió un negocio, la que despidieron ayer que te caía tan bien, la que te atiende en el hospital cuando te enfermas, la que te vende boletos en la taquilla del cine, la que hace las películas que ves en el cine, la que trabaja en recursos humanos de tu empresa, la que te lleva en Uber...

“No, no somos alienígenas buscando joderles la ciudad, ni tampoco terroristas, no somos un grupo de mujeres despechadas, no somos un grupo de mujeres vengativas, no somos un grupo de mujeres incoherentes (somos muchas, eso debería darte una pista), no somos un grupo de narcos ni mujeres que quieren hacer dinero vendiendo cuerpos de hombres, ni tampoco un grupo de locas. Somos las mujeres de sus vidas. Aunque no lo soporten.

“Ojalá miraran a su alrededor, en sus escuelas, sus trabajos, sus familias, en sus redes sociales... a sus amigas y les dieran, al menos, el beneficio de la duda. Ojalá se preguntaran: ¿Qué será tan grave como para que un grupo inmenso de mujeres desconocidas entre sí, se organicen para vandalizar mi ciudad? ¿Qué nos quieren decir con tanta rabia que han llegado a ese nivel? ¿Qué les molesta tanto que se han expuesto así? ¿Cuánto tiempo llevaban intentando hacerse escuchar? ¿Cuántas marchas pacifistas, cuántas peticiones al Gobierno, cuántas organizaciones, cuántos comunicados?

“Me pregunto si podrán hacerse una idea de la valentía que supone enfrentarse a todos para luchar por nuestras vidas. Porque 10 feminicidios al día suponen, literalmente, un genocidio silencioso. Me pregunto, compañeras, si se han percatado que este también es un problema de clase. Porque, claro, David, el estudiante de Comunicación de la Ibero no empatiza con este problema, porque sus amigas no han desaparecido; incluso Daniela, tu compañera de trabajo que dice que ni machismo ni feminismo, no ha entendido que este problema también le afecta a ella, porque no tiene amigas que se fueran un día a la escuela y no regresarán. Porque son 10 mujeres al día menos pero en la prensa hacen eco como dos al mes. Quizá es que ninguno de ellos se da cuenta de que esa cifra no es solo una cifra. Son 10 vidas menos, pero de cuerpos que tienen menos valor que los suyos. Tan poco valor que nadie está haciendo nada. Tan poco valor que les parece escandaloso vandalizar una ciudad o quemar una comisaría por exigir que se detenga la masacre.

“Quizá ellos no tengan miedo y ellas achaquen su miedo a cosas individuales. Pero el viernes, hermanas, ocurrió algo muy importante que no debemos dejar que nos arrebaten. El viernes nos descubirmos las unas a las otras, poderosas. Y si perdemos ese sentimiento, si nos olvidamos de lo que vivimos el viernes, vamos a volver atrás. Y no podemos permitirlo. El viernes descubirmos que hay mujeres que están dispuestas a llegar a donde haga falta por nosotras. ¿Y qué hay más hermoso que eso?. El viernes hubo tanto pinche amor que nos descubrimos y ahora no podemos volver a cubrirnos.

“Spread the word. Ahora más que nunca. Júntense. Hagan colectivos, organícense. En sus escuelas, en sus barrios, en sus casas. No nos van a proteger ellos, no nos van a cuidar, no nos van a salvar. Nos tenemos que salvar nosotras y el viernes entendimos que sí podemos hacerlo. Si la guerra es por la vida, estamos dispuestas a hacerla. Porque sin guerra las que morimos somos nosotras. La paz solo es paz para algunos privilegiados que se enfurecen porque una vez al año sintieron la rabia que sentimos nosotras a diario. Y eso, que lo que tocamos fue un monumento”.

Pensemos. Aprendamos. Entendamos.
19 Agosto 2019 04:01:00
El negocio de las mañaneras
La modalidad única en el mundo de comunicación política instaurada por Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como “la mañanera”, ha sido útil y funcional para los propósitos del Presidente. Aunque cualitativamente no domina la agenda informativa –aproximadamente siete de los 10 temas que trascienden a la opinión pública son los que plantean los medios–, cuantitativamente domina la conversación, lo que le permite mantener sólido el consenso para gobernar. El ritual de “la mañanera” ha ido evolucionando en la manera como la perciben sus interlocutores y generado una diversidad de estrategias para propósitos diferentes.

En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un espectáculo que generaba angustias y temores, al ser utilizado por el Presidente para ajustar cuentas con individuos o sectores. Desde el atril convertido en patíbulo, juzgó y sentenció a empresarios y empresas, periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición, utilizando el terror como método de sumisión. Tuvo éxito con algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores comenzaron a imaginarse formas más inteligentes para poder obtener los mejores frutos de la maravillosa oportunidad de tener todos los días durante casi una hora y media al Presidente, respondiendo todo tipo de preguntas.

De esta peculiaridad extraordinaria en la relación permanente con el Presidente, que a la vez generó la certidumbre de que en “la mañanera” siempre atacaría a una persona, organización, negocio o sector que se le atravesara en su estilo de gobernar y su proyecto de cambio de régimen, varios interlocutores comenzaron a analizar y descubrir ventanas de oportunidad para sacar un mayor provecho, más allá de lo meramente informativo, de esas comparecencias públicas. El formato ampliaba las posibilidades.

Periodistas de medios perfectamente acreditados acuden al ejercicio diario, pero una de las innovaciones en “las mañaneras”, comparado con el realizado a principios de esta década cuando López Obrador era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, fue la inclusión y participación de personas ajenas a los medios de comunicación, pero que experimentaban con otras formas de comunicarse con la gente. La mayor novedad fue la integración –siempre sentadas y sentados en la primera fila del salón de las comparecencias–, de representantes de medios nativos digitales, todos proclives al Presidente y dispuestos a preguntar cualquier cosa para denostar a sus interlocutores críticos, lanzar lisonjas sin pudor a López Obrador, y hacerle preguntas a modo para que pueda ajustar alguna cuenta pendiente, enfatizar en una idea o desviar la opinión pública de un tema incómodo.

Lo más importante de todo es que pese a la colocación de preguntas para inyectar oxígeno político al Presidente, no hay filtro alguno. Es decir, es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el Presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?

No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del Presidente, sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en “las mañaneras” repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200 mil pesos hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del Presidente, que aceptaron la tarea de contra preguntar –en el entendido que quien temía que iba a ser balconeado de manera negativa, les entregara un menú de respuestas ante probables preguntas.

La falta de organización y control en “las mañaneras”, junto con la eterna disposición del Presidente para hablar de todos los temas y tener una respuesta para cada cuestionamiento, duda o exigencia para que tome una posición, fue vista en otro caso por un interesado que pagó para que uno de los habituales en Palacio Nacional, hiciera preguntas con intencionalidad negativa sobre una empresa competidora, en busca de una respuesta negativa. En este caso, el intento no resultó, porque ante la provocadora pregunta, López Obrador evadió la insidia.

El pagar para que se hagan las preguntas, como fue en este caso, no logró el objetivo por la forma como reaccionó el Presidente. La contrapregunta, hasta donde se sabe, nunca hubo necesidad de hacerla. El negocio de “las mañaneras”, es pertinente saberlo y tenerlo presente, no es algo diseñado o tolerado por López Obrador. Sin embargo, se puede argumentar, el formato que él construyó, que diariamente alimenta y que casi siempre goza, a decir por su lenguaje de cuerpo, favorece la existencia de estas estrategias que aprovechan las condiciones inéditas en las que se da la comunicación circular, como describe el Presidente el ejercicio, parafraseando lo que alguna vez le explicó Carlos Monsiváis, sin orden ni filtros.

También se puede argumentar que están timando al Presidente, cuyo cristianismo moldea su convicción sobre la buena fe de las personas y que seguramente jamás pensó que este tipo de arreglo pudiera construirse en “las mañaneras”. Los interesados con agendas extrainformativas han encontrado la vulnerabilidad en este evento, eje rector de su Gobierno. Influir en el Presidente es muy difícil para sus colaboradores, pero la debilidad que lo hace susceptible a manipulación es su protagonismo, verticalidad y desorden en la organización del instrumento que inventó.
16 Agosto 2019 03:51:00
Una traición dolorosa y un robo de 2 millones
Rosario Robles mostraba enjundia al iniciar la semana. “Estoy aquí para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, dijo el martes por la tarde, minutos antes de comparecer por segunda ocasión ante el juez. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.

Sus abogados le habían dicho que con seguridad la iban a vincular a proceso, pero que no se preocupara porque estaba todo arreglado para que no fuera a la cárcel y se defendiera en libertad. Robles se los creyó, le entregó a una persona que estaba vinculada con la defensa 2 millones de pesos y tomó un avión a Europa para irse de vacaciones con su hija. A su regreso descubriría cuántos la traicionaron. En la parte más sórdida de la semana donde Robles perdió su libertad, se encuentran dos episodios desconocidos, cuyos detalles han comenzado a emerger del círculo cercano a la
exsecretaria de Estado.

Ella estaba preocupada por las acusaciones que estaba preparando la Fiscalía General por el caso conocido como La Estafa Maestra, aunque públicamente mostraba una imagen diferente. La ausencia de huellas en los documentos donde presuntamente se probaban triangulaciones con universidades y empresas fantasma, mediante las cuales se calculaba un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, le daba tranquilidad.

No sabía en ese momento que dos exfuncionarios que trabajaban con ella, habían declarado en su contra, inculpándola del delito. Y uno más, de quien jamás hubiera imaginado una puñalada, sospecha Robles, probablemente también la entregó, Emilio Zebadúa, su oficial mayor y quien presuntamente armó el enjambre financiero del presunto delito. Tampoco que dentro de su equipo de abogados le hicieron creer que ya habían negociado
con las autoridades.

Cercanos a Robles revelaron que los abogados le dijeron que con 2 millones de pesos podían comprar a los fiscales para que pudiera defenderse en libertad. La persona que le decían cooperaría con ella tenía un alto cargo en la Fiscalía General de la República.

Lo identificaron como Juan Ramos López, quien fue nombrado originalmente por el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y que a la salida de Felipe Muñoz de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a fines de mayo, fue
trasladado a ese cargo.

Ramos López no es una persona bisoña. Fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Gertz Manero encabezó la dependencia en la primera parte del gobierno del expresidente Vicente Fox, y trabajaron cerca durante los 18 últimos años. Al llegar Gertz Manero a la Fiscalía no hizo cambios inmediatos en ciertas áreas delicadas. Uno de los que parecía haber sobrevivido el cambio de Gobierno fue Muñoz, que había sido un dique para las investigaciones.

Tan pronto como fue relevado, todas las averiguaciones sobre funcionarios federales se destrabaron. Inclusive, se descongelaron pesquisas que realizó el SAT y que se encontraban archivadas desde hace cuando menos tres años, como la de Robles, Zebadúa y sus cercanos.

Si Ramos López había aceptado 2 millones de pesos, como le hicieron creer, Robles podía sentirse tranquila sobre su futuro mediato, por lo que no regresó de Italia, donde se encontraba, hasta 72 horas antes de ir a comparecer el lunes al Reclusorio Sur, por Xochimilco.

En esa idea debe encontrarse una de las razones subjetivas de su reacción y la de sus abogados, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, estimó que debía ser enviada a prisión. De acuerdo con sus allegados, Robles no entendía por qué si se había pagado a un alto funcionario para que la protegiera,
no lo había hecho.

La primera reacción de la defensa tras la decisión del juez fue explosiva, acusando al juez y al Poder Judicial de haberse erigido en un tribunal de Estado. Poco a poco, Robles se fue dando cuenta que la habían timado, aunque en su entorno no pueden ubicar con precisión el momento o el día.

Lo que sí les quedó claro es que el subprocurador Ramos López no estuvo involucrado en ningún menjurje de esa naturaleza –de haber revisado sus antecedentes, se habría dado cuenta que esa posibilidad nunca iba a existir– y que el dinero que entregó, nunca llegó ni a la Fiscalía ni al juzgado.

El engaño a Robles no ha alcanzado aún sus últimas consecuencias. Se combina con la decepción de sentirse abandonada. La exsecretaria, que se enfrentó con la parte tecnócrata del Gabinete de Peña Nieto, buscó apoyo en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.

Su relación se fortaleció y tejió amistad con su esposa y con la hoy senadora Nuvia Mayorga. Uno de sus abogados, Julio Antonio Hernández Barros, trabajó con Osorio Chong como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y dos de los testigos que declararon en su contra, también pertenecían
a ese grupo político.

No está confirmado quién le mintió a Robles sobre el subprocurador Ramos López, si se es parte del equipo hidalguense o está relacionado con el otro bloque de abogados, encabezado por Xavier Olea. Pero detalles de cómo la entregaron están fluyendo y, según sus cercanos, la ha llenado de incertidumbres.

La última es sobre el rol de Zebadúa, que está amparado. Información que le allegaron esta semana indica que su entrañable amigo y viejo colaborador también está cooperando con la FGR para inculparla, lo que sería el equivalente al tiro de gracia. Estamos atestiguando que la parte oscura de su proceso es más violenta que el juicio mismo.
15 Agosto 2019 04:02:00
Larga prisión para Rosario
Los abogados de Rosario Robles están convencidos de que la exsecretaria de Estado no pasará ni dos meses en la cárcel, que es la fecha en que se prevé la segunda audiencia para desahogar pruebas. Todo indica que su diagnóstico está mal, y lo más probable, como se ve el caso de Robles en este momento, es que pase una larga temporada en prisión. No debió haber pisado la cárcel, pero los yerros de la defensa y una comparecencia ante un juez que se excedió en sus atribuciones, se combinaron para que duerma en Santa Martha Acatitla. Para entender cómo se hundió ella misma, y las dificultades que enfrentará en el proceso ante un juez en sus 15 minutos de fama, hay que empezar por el principio.

El delito por lo cual se le vinculó a proceso está en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal, donde señala su violación si “por cualquier acto u omisión… no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”. En su declaración, Robles dijo que le avisó al presidente Enrique Peña Nieto “de primera mano”, en los acuerdos que tenían o a través del teléfono rojo. Es delincuente confesa. La ley especifica claramente “por escrito”, lo que nunca hizo. Dentro de la administración pública, este tipo de comunicaciones las llaman “save my ass e-mail” o “save my ass brief”, para describir cómo los informes por escrito los eximen de esa responsabilidad.
 
Robles fue omisa, y por esa razón el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dijo que la forma como dijo informar al expresidente, no era suficiente. Su incumplimiento fue total. Para efectos judiciales, Peña Nieto no fue puesto al tanto por Robles. Su defensa también planteó que le había avisado a su sucesor, José Antonio Meade, pero una vez más, erró. El presunto delito es porque ante el estipulado legal de que “evite (los presuntos actos delictivos) si está dentro de sus facultades”, Meade no pudo incurrir en él por omisión o comisión, porque no podía “evitar” algo que ya estaba consumado; en este caso, como señala la fracción III del Artículo 214, el daño grave al patrimonio. Cuando la sustituyó en la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se hizo mal, irregular o ilegal, ya estaba hecho.

Los yerros de Robles y su defensa no impiden ver, sin embargo, la extralimitación en la que incurrió Delgadillo, un juez de Control que cuando Robles presentó como prueba el acta entrega-recepción en la Sedesol, dijo que “era una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos”. El exceso de Delgadillo fue patente al actuar como un juez de Instrucción, que es una figura que existía en el viejo sistema penal. 

El nuevo sistema penal acusatorio lo obliga a cumplir con los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, cuya valoración violó, además que socavó la ley que defiende porque el juez de Control no puede ordenar diligencias ni estimular y dirigir líneas de investigación, como lo hizo al pedir a la Fiscalía General que determinara antes de este viernes si era o no procedente que se iniciara una investigación, por los mismos delitos imputados a Robles, en contra de Meade, que estuvo al frente de Sedesol por poco más de un año. Con su protagonismo, Delgadillo violó la autonomía de la Fiscalía General al socavar el artículo 20 de la Constitución y sus leyes secundarias.

Visto de esta manera, si Robles fue a la cárcel de una manera clara al violar la ley, también debería de ser sancionado -administrativamente, en este caso- el juez Delgadillo, por violar el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su fracción VIII obliga a preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo, lo que claramente incumplió. Con el juez no va a suceder nada. Es la estrella en estos momentos, el Baltazar Garzón y el Sergio Moro de los tiempos mexicanos de la revolución de terciopelo. Tampoco se espera un extrañamiento del Poder Judicial, que si bien trata de mantener autonomía e independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae más veces en la sumisión pusilánime que en el equilibrio entre poderes -por lo menos hasta lo que va del sexenio.

La actitud de Delgadillo dejó mucho que desear al querer dirigir a la Fiscalía General hacia una investigación específica, que es prerrogativa única de los fiscales. También sorprendió el mutis que hicieron los fiscales ante la irrupción ilegal del juez, cuya responsabilidad tiene como fin resolver la situación jurídica de la persona sujeta a proceso, no ordenar oficiosamente diligencias. 

Delgadillo rompió de paso con el principio de presunción de inocencia de Meade, al provocar con su desafortunada declaración el llamado “efecto corruptor”, inspirado en la doctrina constitucional estadunidense, que el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, introdujo en 2013 para alegar a favor de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, porque el manejo de medios sobre su detención, alegó, había afectado la decisión imparcial del juzgador.

Robles se encuentra en desventaja. Pisar la cárcel, como reconocen sus abogados, no era lo que esperaban. Estaban convencidos de que sería vinculada a proceso, pero que se defendería en libertad. No será así. En las condiciones actuales, sus márgenes de maniobra legal se reducen. A las acusaciones de la Fiscalía hay 105 nuevas indagatorias que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. Que se arme de paciencia y sus abogados de mejor estrategia, porque la noche en la cárcel promete ser larga.
14 Agosto 2019 04:00:00
Rosario, Rosario…
Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el Gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los abogados a los que se encomendó.

La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús Delgadillo la envió a la cárcel.

Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el teléfono rojo, como se identifica la red intragubernamental y en sus acuerdos, y de haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada del acta entrega-recepción en esa dependencia.

El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del análisis de la cuenta pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor.

Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella en su momento. En los siguientes análisis de la cuenta pública no se repitieron las imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del auditor Portal.

Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron solo provocó que el caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la comparecencia, pueden ser llamados por la Fiscalía, sobre todo porque el propio juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los mismos delitos que la acusada.

La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá ser.

La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad aportando pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el Gobierno del Estado de México. Esa previsión de la ley abriría la caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su usufructo. De estos temas se hablará más adelante.
13 Agosto 2019 04:01:00
Antídoto contra López Obrador
Estaba tan cantada la victoria de Alejandro Moreno en la elección para presidir al PRI, que se percibió como un hecho irrelevante. No generó expectativas, ni inyectó ánimo. La carga negativa que arrastra el partido habría perjudicado a cualquiera que ganara, porque el lastre va más allá de las personas. Por lo mismo, Moreno tiene una enorme posibilidad y oportunidad para convertir la crisis en la que está el PRI a una etapa de vida, o será quien termine de enterrar al partido cuya hegemonía él vio en su fase terminal. Lo que tiene que hacer es aquello por lo que los gobernadores priistas le dieron su apoyo, al considerar que el partido requería de una cara diferente que tuviera, sobre todo, ganas de encabezarlo.

Moreno lo dejó entrever varias veces durante su campaña, cuando sus adversarios cambiaban su sobrenombre “Alito” por “Amlito”, dada la forma como el entonces gobernador de Campeche trataba al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su defensa recordaba las declaraciones que hizo durante la campaña presidencial donde lo confrontó, buscando comprensión por la condición en que se encontraba y la necesidad que tenía para impedir castigos presupuestales. Eso ya acabó, y ahora deberá probar que ni es un apéndice de López Obrador, ni el PRI será un partido satélite de Morena.

“Alito” lo necesita hacer rápido y que la gente lo note. Requiere ganar espacio y credibilidad para recuperar votos y que en las elecciones intermedias de 2021 no se evapore el PRI. Necesita hacer espuma y que López Obrador se enganche con sus provocaciones –porque sólo con provocaciones podrá captar la atención– y, dependiendo de cómo lo ejecuta y gestiona, ganará credibilidad en su liderazgo y construirá expectativas para el PRI. De otra forma quedará sepultado por el PAN, y eventualmente será rebasado por Movimiento Ciudadano, cuya tendencia va al alza.

La única forma como puede hacerlo es aplicar la receta que siguió López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y quería atraer la atención de los capitalinos para mostrar que estaba atento y resolviendo los problemas de la ciudad, y después, al ver el peso de su palabra, marcar agenda para construir su primera candidatura presidencial. Es decir, necesita una contramañanera. Si el Presidente ha hecho de su mañanera la forma de gobernar, el mismo formato debe ser empleado para ser oposición. Lo tradicional huele a rancio.

Hasta ahora, López Obrador tiene a la sociedad de rehén a lo que pueda hacer o decir en las mañaneras. Sus interlocutores son pasivos, y exudan temor. Salvo en los medios de comunicación, nadie ha confrontado sus hechos y dichos. Moreno no tiene que imaginarse y diseñar la forma como va a ser líder en la oposición, sino aplicar la fórmula exitosa de López Obrador. ¿Lo logrará?

No es lo mismo López Obrador que Moreno. De hecho, el único antídoto contra López Obrador sería tener como cuña al propio López Obrador. En la visión de los gobernadores priistas, “Alito” es lo más cercano que tienen a ese ideal. En el ideal de “Alito”, eso es lo que desea. La traducción operativa sería esa contra mañanera que podría tener diariamente, una hora después de que el Presidente terminara su comparecencia pública, sólo para refutarlo, mostrar sus contradicciones, imprecisiones o falsedades. Las posibilidades de atraparlo en las propias trampas que construye el Presidente son inmensas. De acuerdo con SPIN Taller de Comunicación Política, hasta ayer lunes, López Obrador llevaba 175 mañaneras –contadas únicamente de lunes a viernes–, en su joven sexenio, donde produce 245 afirmaciones “no verdaderas” por semana, de las cuales seis son claramente falsas.

Si López Obrador ha hablado en promedio 89 minutos durante esas mañaneras y controla de manera centralizada el mensaje, el discurso y el protagonismo, los márgenes de equivocación son enormes. Y algunos de esos errores son monumentales, como cuando dijo que había imprenta en México desde hacía 10 mil años, cuando en realidad Johann Gutenberg la inventó hasta 1452 en Alemania. Este lunes afirmó, como explicación del porqué el equipo mexicano había tenido tan alto rendimiento en los Juegos Panamericanos de Lima, dijo que porque las cosas ya habían cambiado, el ánimo estaba en alto y había desaparecido, salvo en pequeños grupos, el mal humor social. ¿Cómo midió el Presidente el humor social? El cuestionamiento podría ser directo, inclusive con bromas y provocaciones: ¿el humor social lo mide el índice de la felicidad del Presidente?

Moreno no tiene que ser grosero con el Presidente, pero sí presentar el contraste con sentido del humor y trabajo sofisticado, que le dé rapidez y profundidad para poder responderle casi en tiempo real. Su trabajo sería el equivalente a lo que en el Reino Unido es el gabinete en la sombra, que opera dentro del sistema parlamentario donde un grupo de expertos de la oposición, bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de los Comunes, forman un gabinete espejo para analizar las políticas y acciones del Gobierno. La oposición en San Lázaro y el Senado no se atrevieron a poner en práctica esa iniciativa, pero Moreno tiene la mesa puesta para ello, si se decide a hacerlo.

Prominencia, reflectores, empatía y credibilidad es lo que necesita Moreno para ser un buen dirigente en tiempos extraordinarios, por las características políticas y mediáticas de López Obrador. Sin embargo, no tiene mucho espacio para donde moverse, si quiere el nuevo líder del PRI trascender, ser relevante, significar algo en la política y, sobre todo, ser un dirigente digno de la oposición y no un palero del régimen, que son las disyuntivas a las cuales se enfrentará.
12 Agosto 2019 04:06:00
Uruapan, recuerdo de la muerte
Diecinueve cuerpos desmembrados y colgados regresaron a Uruapan a la arena pública. Apurado por la prensa a una definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que de ninguna manera declararía la guerra a los cárteles de la droga, porque esa estrategia fracasó. Esa es la percepción pública, derivada de un error de la comunicación política del presidente Felipe Calderón, que sigue pagando el costo de la propia distracción causada por haber declarado la guerra al narcotráfico, sin anticipar que su fuerza retórica ocultaría el análisis de su estrategia a partir de sus méritos. 

La estrategia de Calderón rompió los equilibrios de los gobiernos previos con el crimen organizado, donde no enfrentaban a todos en forma simultánea, sino eran aleatorios y selectivos. Los cárteles sabían que si un sexenio les tocaba ser perseguidos, al siguiente la cacería caería sobre otros. De esa forma, pactaban entre ellos territorios y pagos de piso. En Uruapan, precisamente, eso comenzó a desbaratarse en septiembre de 2006, cuando La Familia Michoacana dejó cinco decapitados sobre la pista del prostíbulo Sol y Sombra, en desafío al Cártel del Milenio, placenta del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Semanas antes de tomar posesión, Calderón tenía un diagnóstico sobre la penetración del narcotráfico en México. Más de 80 municipios eran controlados totalmente por los cárteles en Guerrero y Tamaulipas. En Michoacán, la lucha entre criminales rebasaba al gobierno de Lázaro Cárdenas -hoy coordinador de asesores del Presidente-, y le pidió ayuda a Calderón. La DEA, en una reunión secreta en Cuernavaca en septiembre de 2006, presionó para que no fuera laxo como el presidente Vicente Fox, y combatiera decididamente a la delincuencia organizada.

La estrategia cambió. Sacó a la calle a las Fuerzas Armadas para combatir junto con la Policía Federal a todos los cárteles simultáneamente, modificando los incentivos de no pelear entre ellos para evitar la fuerza del Estado, por tener que pelear con los demás para sobrevivir el embate del Estado. La violencia se disparó. El entonces procurador Eduardo Medina Mora decía que se habían equivocado al “pegarle al avispero” sin prever que la atomización de los cárteles haría surgir grupos más pequeños y más violentos con enorme rapidez. Criticaba sutilmente al arquitecto de la estrategia, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que había adaptado lo que hicieron en Palermo, Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York.

Calderón se vistió de militar -otro error- y endureció su discurso. García Luna explicaba que el incremento en la violencia era resultado del combate frontal, y que la estrategia consistía en ser más rápidos que los cárteles en su reorganización y reclutamiento. Afirmaba que si lo hacían bien, la incidencia delictiva bajaría. En mayo de 2011, con 2 mil 131 homicidios dolosos registrados, se dio ese punto de inflexión, y comenzó a bajar la tasa. Sin embargo, convencieron a Peña Nieto de que la violencia obedecía a que el Estado los confrontaba y prohibió combatirlos. Ocho meses después, al ver la equivocación, revocó la orden. Llegó tarde. Dejarlos en paz permitió a los cárteles su recuperación.

Uruapan es uno de sus botones, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación recuperó el control territorial y está liquidando a una de las externalidades de la guerra de Calderón, la banda de Los Viagras. El mismo error comete López Obrador. No está enfrentando a los cárteles y quiere que sean las propias organizaciones criminales las que se depuren. Dejar de combatirlos, como hizo Peña Nieto, no resolverá la inseguridad ni bajará la violencia. Permitir que opere el Cártel Jalisco Nueva Generación elevará los índices criminales y aumentará los homicidios dolosos, como se está viendo en el comparativo con los gobiernos anteriores.

Uruapan es claro ejemplo de ello. Como publicó La Voz de Michoacán el viernes pasado a propósito de los 19 cuerpos desmembrados y colgados, “asesinatos, balaceras, cuerpos embolsados, ataques a civiles y servidores públicos, calcinados, mutilados y decapitados han sido los constantes hechos de violencia ocurridos en Uruapan desde que comenzó este año”. Ha sido el semestre más violento en esa ciudad, al incrementarse 175% la incidencia delictiva, y en el primer semestre del año, casi se duplicaron los homicidios dolosos registrados en ese mismo periodo del año pasado.

La segunda ciudad más grande en Michoacán es un microcosmos del país, y un anticipo del destino al que vamos si no se corrige el rumbo. Peña Nieto dejó un desastre de país en materia de seguridad y un sistema colapsado. En el primer mes de gobierno de López Obrador, la cifra de homicidios dolosos llegó a 2 mil 474; en junio, fueron 2 mil 560. Funcionarios federales celebraron la imperceptible baja y aseguran que la incidencia decrecerá. Probablemente subirá porque a la estrategia equivocada de no combatir cárteles se le suma el factor adicional de la política de austeridad, que redujo la capacidad de fuego de las fuerzas federales, mientras que la impunidad a los narcotraficantes les da altos márgenes de utilidad para contratar más asesinos y comprar mejores armas. 

El gobierno de López Obrador va hacia el pantano en donde se ahogó el gobierno de Peña Nieto. Aun así, hay una gran diferencia entre ellos. Peña Nieto y su gobierno fueron incapaces de sanar lo que dejaron pudrir, pero nunca se plantearon como estrategia final abrazos en lugar de balazos. Dada esta visión, si no hay una reconsideración radical, de lo mal que estuvimos el sexenio pasado, estaremos peor en el futuro.

Nota: En la columna del 8 de agosto se menciona incorrectamente que Luis Vega Aguilar es diputado plurinominal. Fue registrado como tal, pero la asignación de plurinominales no le favoreció ante los resultados electorales. 
09 Agosto 2019 04:02:00
Morir en la Mixteca
La muerte en México ha pasado a ser una estadística. Estamos tan expuestos a convivir con la violencia, en la vida cotidiana o a través de la mirada de los medios de comunicación, que alcanzamos niveles de insensibilidad y déficit agudo de asombro. Nos parece tan normal la violencia en la que estamos inmersos –no distantes o ajenos-, que las escenas más dantescas han convertido el horror en memes. Preferimos fugarnos a enfrentarlo. Lo vemos bajo el prisma de la nota roja no de una sociedad enferma que ha sido instrumental de grupos de interés, que durante años han logrado aniquilar el principio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Lo vimos en Tlahuelilpan en enero, donde militares y policías federales fueron testigos de cómo decenas de personas estaban suicidándose al robar combustible de un ducto, porque les prohibieron intervenir ante el temor de provocar violencia. La inacción dejó un saldo de 154 personas muertas. No aprendemos, como lo acabamos de ver en Cohuecan y Tepexco, municipios poblanos en la puerta de la región Mixteca, donde durante 10 horas de este miércoles, la furia se apoderó de esa comunidad que cazó personas que acusaron de secuestradores. Al final de la jornada, siete nombres quedaron en el registro de las muertes que podrían haberse evitado.

La pregunta ya no es a dónde hemos llegado, sino para dónde vamos. La cronologíade la masacre, publicada por el diario digital Cambio de Puebla, da cuenta de un Estado fallido, donde las autoridad, para efectos de su responsabilidad, fue inexistente, y la fuerza militar de la Guardia Nacional o las fuerzas federales, no intimidaron a nadie, pese a que en algún momento llegaron a tener 148 elementos en la zona de violencia.

La bitácora de la barbarie empieza a las 10 y media de la mañana, cuando en el municipio de Tepexco, vecino de Cohuecan, cuatro personas privaron de su libertad a un hombre de aproximadamente 61 años, identificado por Cambio como un ganadero local. A las 11 de la mañana con 17 minutos, sigue la crónica, la Policía Municipal fue alertada por un vecino sobre lo que sucedió, y pidieron refuerzos a sus colegas de Cohuecan, al dirigirse hacia ese municipio los atacantes. Encontraron al ganadero –aún no está claro si vivo o muerto–, pero no alcanzaron a dos de los secuestradores, que huyeron por una barranca. Los otros dos detuvieron a una persona que pasaba por ahí en su camioneta. Al negarse a entregársela, le dispararon un tiro en la cabeza.

A las 12 del día y 23 minutos, según la crónica, 40 personas de la Junta Auxiliar –la autoridad comunitaria– de Los Reyes Teolco, se sumaron a la búsqueda y captura de dos de los secuestradores, a quienes en modo turba comenzaron a golpear. Habían oído que el ganadero estaba muerto, por lo que se negaron a entregarlos a las autoridades policiales. Cuarenta y tres minutos después, tomaron la justicia en sus manos y los colgaron de un tablero de basquetbol frente a la Presidencia Municipal de Tepexco. Ya había 250 vecinos en el lugar, que dijeron que sólo bajarían los cuerpos para quemarlos.

Cuarenta y un minutos después llegaron 72 refuerzos policiales municipales, la Policía Estatal y un grupo pequeño de la Guardia Nacional. Ni así entregaron los cuerpos. Las policías querían persuadirlos a que se los entregaran, pero los pobladores continuaron el avasallamiento de la autoridad. En esas estaban cuando los pobladores notaron que dos personas se escondían a orilla de la carretera y rápidamente los señalaron y juzgaron como secuestradores. La Policía Municipal los llevó a la comandancia municipal de Tepexco, pero la turba enajenada los sacó de la instalación sin que nadie se les opusiera, y ahí mismo los golpeó hasta matarlos.

A las 3 y media de la tarde, un hombre llegó a Tepexco y dijo que los dos últimos linchados trabajaban con él. Sin mayor explicación, lo acusaron de ser el líder de la banda de los secuestradores, lo tundieron a golpes y lo colgaron. Las autoridades no resolvían nada. La calma pareció llegar a esa región mixteca, mientras las autoridades aseguraban que se habían aplicado correctamente los protocolos sobre linchamientos, pero que como la gente estaba muy enojada y había gente armada, optaron por no actuar.

Abiertamente, la autoridad claudicaba de su responsabilidad primaria, proveer seguridad. Para que no sucediera algo más, desplegaron Guardia Nacional, Policía Estatal y municipales. Poco sirvió. Entre las 8 y media y las 9 de la noche, vecinos de Cohuecan y Tepexco, que no habían dejado de buscar a los llamados secuestradores, los encontraron en una barranca, los golpearon y los colgaron. La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, les habían dejado libre la noche para la cacería, porque como los vieron descontrolados, se replegaron.

La capacidad de fuerza policial era muy superior a la de los mixtecos enajenados, pero la instrucción fue no actuar para evitar actos qué lamentar. Decisiones políticas que no protegen vidas. No es novedad. Hace muchos años que el Gobierno perdió el uso legítimo de la fuerza, que es un derecho único, y es rehén gente como la de Cohuecan y Tepexco. Cuando se apoya el uso legítimo de la fuerza –que está regulado y se sanciona el abuso–, la respuesta colectiva es que es un acto de represión. Es falso. La interpretación es amañada e ignorante, pero sirve políticamente, a costa de muertos y proliferación de linchamientos. Muchos piensan que es mejor ese costo que el que pueda significar evitarlo. Seguiremos apáticos frente a este horror. Ya cambiaremos cuando este crimen nos pegue cerca de casa.

08 Agosto 2019 04:15:00
Con Rosario, la caldera se calienta
Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad de que podría llegar a ser un punto de negociación, que le ofrezcan el criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.

El Artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras de que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su comparecencia hoy en el Reclusorio Sur obedece a la acusación de presuntos delitos investigados por la Fiscalía. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105 operaciones de presuntos desvíos de recursos del erario hacia empresas fantasma, por lo que próximamente habrá una nueva denuncia. 

Robles se dice segura de que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que declararon en su contra y que trabajaron con ella en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras en donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas políticas. De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa maestra”, que según el abogado de la exsecretaria, es una “ficción”. Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán mayores y el caso más complejo para que pueda salir avante. 

En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es si, dadas las condiciones en las que se encuentra, está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable directa. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, inició el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.

La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como subsecretario del ramo, y cercano a Luis Miranda, quien fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el Estado de México, y fue su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.

En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo en sus bóvedas, donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década, para ser utilizados más adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue el gran ejemplo cuando, después de muchos desencuentros con la Coordinadora magisterial, sacó la chequera del Gobierno y les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la reforma educativa. 

El dinero político de Peña Nieto tenía un cajero, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña Nieto, y a quien puso en la Secretaría de Finanzas del PRI, donde fue el responsable de la Operación Zafiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, mediante la cual presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados, a través de 12 empresas fantasma, para campañas priistas. En la investigación sobre los desvíos de Robles aparece también Vega Aguilar, a quien -como a ella y a Zebadúa- el viernes pasado le congelaron sus cuentas bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la estafa maestra”.

La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el político y su reputación están hechos añicos, es el criterio de oportunidad para revelar el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto. Hacerlo sería reconocer culpabilidad, pero no habría consecuencias legales para ella. Si decide por esa estrategia, podría aportar evidencias para que la Fiscalía y la UIF actúen legalmente en contra de la élite mexiquense, en España o en San Lázaro. Su valoración será personal y política, sin olvidar, como parece ser hasta ahora, que está tragándose todo lo que hizo y lo que no.
07 Agosto 2019 04:01:00
Nos quieren ver la cara de tontos
Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días.
Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el Gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el Artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al Gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan: la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un Gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del Gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su Gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero son jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas acusaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un gran jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere imputarle el delito de crimen de odio y pedir la pena capital. 

En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es que esta insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadunidenses son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición. 

Ebrard dice que, para México, Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelanta querer su extradición, pero es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del Gobierno mexicano tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General, en todo caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el Presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” de que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la Colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró en el siglo 20 y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser contraproducente para el Gobierno. El artículo 139 del Código Penal Federal establece prisión de 6 a 40 años y hasta mil 200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Elevar la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard, también son terroristas. 

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión a las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del Gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del Gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.

06 Agosto 2019 04:02:00
Desgaste presidencial
Quienes observaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle de Bravo, pudieron haber apreciado a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Se podría entender porque sus horas de sueño, para las cuales es muy disciplinado, se alteraron por la matanza de mexicanos en El Paso. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que pensaba el Presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en los medios exuda frustración ante la observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha reflejado intramuros. Uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público.

El Presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación al llegar a 81%, que representaba 27 puntos arriba del porcentaje de mexicanos que votaron por él en la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable en julio, de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un margen importante que mantiene el consenso para gobernar, pero está lejos de ser una cifra extraordinaria. De hecho, es apenas un punto más de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el primer semestre de sus presidencias. Fox cayó durante su primer año de gobierno, pero Calderón se mantuvo. La duda es qué sucederá con López Obrador.

Si se realiza una proyección a partir de la encuesta de El Financiero, la probabilidad de que López Obrador siga cayendo es alta. Esta afirmación es casi un pleonasmo. Cuando se ha llegado tan alto en las encuestas, se aplica la mecánica clásica de Isaac Newton: todo lo que sube, tiene que caer. La gravedad política de López Obrador muestra claramente esa caída. El porcentaje de aprobación de 66% es el principal dato duro del estudio, pero no refleja el desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última medición con la que hizo el periódico al cumplir el Presidente 100 días en el cargo. 

En los rubros torales donde existe la pregunta expresa, la aprobación de López Obrador cae y el desacuerdo sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla durante tres campañas presidenciales: la corrupción. A la pregunta si veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53% aprobó las acciones presidenciales en su corte a los 100 días, mientras que 24% lo desaprobaba y lo calificaba de muy mal/mal (MM/M). En la encuesta de julio, la respuesta MB/B se desplomó 37 puntos (21% aprobó), y la MM/M se elevó 27 (51% desaprobó). 

A los 100 días de Gobierno, 58% de los encuestados calificó la seguridad pública como MB/B, contra 22% que la pensaba MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33% respondió MB/B y 42% dijo MM/M, lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación. En el tema de la economía, a los tres meses 53% dijo que la conducción económica era MB/B contra 24%, que al responder MM/M reprobaba esa gestión. Tres meses después, la respuesta MB/B cayó 30 puntos (23% de aprobación de los encuestados) y la respuesta MM/M subió 27 puntos (51% de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos en la aprobación, y se elevaron 12 puntos en el desacuerdo.

La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la pobreza -otro de sus compromisos históricos-, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública, que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias en la asignación de recursos para la compra de medicinas, el subejercicio y la desorganización dentro del Gobierno que impactó en la no entrega de los programas sociales, así como al parar la construcción, se deshidrató la economía. Dos datos duros del estudio que refuerzan estos desacuerdos tienen que ver con la percepción de los colaboradores del Presidente, donde 39% respondió a la pregunta cómo calificaría al Presidente, con MM/M, contra 35% que dijo MB/B, y la forma como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si bien 45% respondió MB/B, 35% dijo MM/M. 

El Presidente mantiene altos niveles en sus principales atributos, honestidad (58% de aprobación, contra 24% de desacuerdo), y liderazgo (53% de aprobación, contra 32% de desacuerdo), pero al revisar los resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que el discurso del Presidente de que todo lo malo que existe es culpa del pasado, está perdiendo efectividad. Los mexicanos empiezan a no creerle, y a cuestionarlo sobre promesas incumplidas, como muestra la mala calificación en el rubro de la corrupción. No le ayudaron para mejorar esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el abogado de las élites Juan Collado.

La medición no prende los focos rojos al Presidente, pero sí es una llamada que requiere su atención. El desgaste tiene que ver con el discurso y su comunicación política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas también han perdido efectividad. La ventaja es que apenas lleva siete meses en el Gobierno, y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligentemente las expectativas -si admite que está mal y va mal.
05 Agosto 2019 04:00:00
Hasta a los de casa muerde
La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel dos funcionarios y dos exfuncionarios del Instituto de Administración de Avalúos Nacionales porque se negaron a entregarle sin sustento legal seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.

Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terr-or ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el Indaabin, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos –una ca-tegoría donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley–, y quería imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.

El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo al servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.

A quien tiene en el umbral de la imputación es al director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al expresidente del Indaabin, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado –aunque se suspendió la audiencia–, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del Indaabin de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la Alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega-recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.

La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no te-ner facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el Indaabin notificó a todas las instituciones del Gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.

En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al Indaabin que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del Indaabin, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, concluyendo que “no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud”.

La respuesta de la Fiscalía fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro o del presidente del Indaabin, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del Gobierno actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Mi-nisterio Público Federal, obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.

La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.

La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el Gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección, para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.

02 Agosto 2019 04:00:00
El rencor del Presidente
El presidente Andrés Manuel López dice que no es vengativo. Pero de que guarda un profundo rencor por lo que sucedió en la elección presidencial de 2006, no hay duda. López Obrador tiene muy bien identificados a quienes no ve como adversarios sino como enemigos, los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, con quienes tiene un diferendo histórico y, todo sugiere, está en proceso de ajustar cuentas. Lo transpiró ayer en su comparecencia ante la prensa cuando le preguntaron sobre Rosario Robles, y si seguía pensando que era un chivo expiatorio.

“Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo decirles como les decía antes”, dijo. O sea, “la mafia del poder”.

La pregunta sobre Robles fue fraseada de una manera extraña, donde no se inquirió directamente sobre la investigación, pero le abrió a López Obrador el contexto para regresar 12 años en la historia. “Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está”, agregó.

“Ese fraude causó muchísimos daños porque impusieron a Calderón. Nosotros hicimos un compromiso que no íbamos a desatar la persecución, no es mi fuerte la venganza, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no solo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país”.

López Obrador no supera la elección presidencial de 2006, que perdió ante Calderón por sólo 243 mil 934 votos. Nunca admitió el resultado y profundizó un conflicto postelectoral para solicitar, por fuera de la ley electoral, que hubiera un recuento general de votos. Calderón envió a un emisario, Florencio Salazar Adame, un expriista que se sumó a su campaña, para hablar con dos personas cercanas a López Obrador y proponerle que abrieran todas las urnas y recontaran todas las boletas, con la condición de que quien resultara perdedor, aceptaría la derrota. Como respuesta solo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con toda fuerza, pero en un contexto donde están alineándose las cañoneras. Salinas es a quien responsabiliza primariamente de “imponer” a Calderón, y “robarle” la elección, tras una embestida para descarrilar su campaña presidencial al difundir escandalosos videos producidos por el empresario argentino mexicano, Carlos Ahumada, a quien el abogado Juan Collado llevó ante el expresidente para entregárselos y fraguar el desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando un proceso por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Ahumada, de la nada, volvió a la escena pública criminal, al desempolvar la Fiscalía General una denuncia de Robles en su contra por la falsificación de documentos y la firma apócrifa de un pagaré, que había desestimado la vieja Procuraduría General de la República en 2013.

Entonces, lo que tiene es al autor intelectual y material de los videos políticos donde aparecía el secretario particular de López Obrador, René Bejarano, recibiendo miles de pesos, y a su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas, así como al facilitador del encuentro con Salinas, en la picota. Los dos expresidentes no tienen cargos en su contra, pero ya los colocó López Obrador en la línea de fuego.

Los videoescándalos son una historia de intriga. Comenzó su difusión en marzo de 2003, cuando Ahumada estaba siendo perseguido por López Obrador, que empezó a cerrarle sus empresas y cancelarle contratos en la Ciudad de México. Ahumada había financiado campañas políticas del PRD, incluida la de López Obrador para el Gobierno del entonces Distrito Federal, y como pago le habían dado contratos de obra pública.

Rosario Robles lo metió al partido y Ahumada amplió sus financiamientos. Bejarano no era el único. Le da miles de pesos a Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum –y les pagó una vacación en París, en el espectacular George V–, y a Horacio Duarte, que fue representante de López Obrador en viejo INE y actualmente es subsecretario de Trabajo.

La persecución de Ahumada se originó cuando suponía el entorno del entonces jefe de Gobierno, financiaría la cuarta intentona presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, cruzándosele López Obrador. Ahumada, soberbio e ingenuo, decidió ponerse en manos de Salinas, confiando en que sus videos le impedirían llegar a la Presidencia. Lo dañaron, pero prematuramente.

A Ahumada todos los desecharon por ser un lastre, pero la lucha en las élites continuó. López Obrador revivió ayer esa afrenta y describió a sus enemigos políticos.

Salinas está residiendo en Londres, Calderón en la Ciudad de México y Ahumada, que tiene órdenes de aprehensión en este país, en Buenos Aires, donde ha querido replicar lo que hizo en México, ante la preocupación del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Collado está en la cárcel, y aunque se le relaciona más con el expresidente Enrique Peña Nieto, es el tronco del que se pueden desgajar las ramas. Es él portador de los secretos patrimoniales de toda una generación de priistas, no sólo los que se ven hoy en día, sino otros más, muy influyentes en su momento, que se cruzan a su vez con empresarios metidos en el sector minero, energético y de medios de comunicación, enemigos del Presidente.

Calderón no forma parte de ese grupo, aunque López Obrador lo vincula por la elección de 2006. Es una externalidad revigorizada del rencor de López Obrador, que se reflejó de manera evidente en su tono, retórica y lenguaje de cuerpo, al enseñar que esta vieja guerra que reabrió ayer, no tiene luz al final del túnel.
01 Agosto 2019 04:03:00
Los amigos (extorsionadores) de Lozoya
En el verano de 2015, Emilio Lozoya, el entonces muy poderoso director de Pemex, me recibió con la indignación contenida en su oficina. La reunión pactada para hablar de la empresa se convirtió en un reclamo, al haber puesto en entredicho la integridad de dos personas muy cercanas a él, que trabajaban en la paraestatal. Lozoya quería refutar una columna sobre la corrupción en Pemex publicada en julio, en donde se señalaba a sus amigos, Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección General, y Arturo Henríquez Autrey, director de Procura y Abastecimiento de Pemex, responsable de las adquisiciones. En aquel encuentro incómodo, Lozoya dijo responder plenamente por la honestidad de los dos. La columna que motivó la reunión decía:

“Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión en Pemex y corrupción. Hay incluso una investigación sobre funcionarios de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya…

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias de que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió 7 millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio el año pasado, cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares… Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

En 2015, la corrupción ya tocaba los pisos más altos en Pemex. Lozoya lo negaba y decía que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque riqueza tenían de antemano, sobre todo Henríquez Autrey, cuya familia cercana, Autrey Maza, se habían asociado con Alonso Ancira para quedarse con Altos Hornos de México, que se privatizó en el gobierno de Carlos Salinas. Ancira se encuentra en España, perseguido por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto lavado de dinero en relación a la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, por el cual la Fiscalía General acusa a Lozoya de corrupción.

Sin embargo, Henríquez Autrey, de acuerdo con información confirmada –en aquella columna de 2015 apenas se esbozaba– se dedicaba a actividades que iban más allá de sus responsabilidades oficiales. El responsable de compras de Pemex extorsionaba a dueños de empresas que tenían relación con la paraestatal. El amigo de Lozoya pedía cuatro millones de dólares mensuales a empresarios que, decía, eran en realidad para el director de Pemex. Gracia, quien era el que cobraba por citas para ver a Lozoya, formaba parte de este círculo. En una casa en la colonia Nueva Anzures, no lejos de Pemex, era a donde se entregaba el dinero en efectivo. Esa casa tenía cámaras escondidas para videograbar a todas las personas que llegaban a ella. Ahí llegaban a llevar mujeres eslavas para divertimento de políticos o empresarios, quedando los videos como seguros de vida o, eventualmente, para extorsiones.

Hernández Autrey renunció a Pemex en septiembre de 2015, luego que se dio a conocer en los medios una fotografía tomada en 2013 en Los Cabos, con Amado Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía. La fotografía fue proporcionada por Martín Díaz, socio de Yáñez, de quien se había distanciado. Las imágenes mostraban un ambiente de camaradería lo cual, cuando menos, generaba la percepción de un conflicto de interés. Era todo lo contrario, la PGR del entonces titular Jesús Murillo Karam, recibió información de que Yáñez era uno de los empresarios a los cuales estaba extorsionando Henríquez Autrey a nombre de Lozoya, y que ese encuentro terminó muy mal, pues el empresario petrolero se negó a seguir pagándole a la extorsión. Meses después de ese choque, Lozoya acusó a Yáñez de fraude y logró que lo detuvieran. El dueño de Oceanografía recuperó la libertad en 2017.

Las investigaciones por la venta de citas para Lozoya no siguieron adelante. Tampoco se procedió en contra de Gracia ni de Henríquez Autrey. Aunque el director de Pemex tenía en contra a Videgaray, el alter ego del Presidente, la relación de Lozoya con Enrique Peña Nieto estaba anclada en intereses económicos superiores que incluían servicios a la familia presidencial. En una ocasión, la segunda vez que Videgaray le pedía la renuncia de Lozoya, Peña Nieto le respondió que era la última vez que le permitía hablar del tema, y que no lo cesaría. Toda la información que acumuló Murillo Karam contra Lozoya se congeló. La que construyó el exprocurador Raúl Cervantes en los temas relacionados con Odebrecht, también. El caso contra Lozoya fue congelado por el último encargado de despacho en el Gobierno de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.

La corrupción en Pemex fue el pri-mero de los grandes casos en los que intervino Gertz Manero. Según personas que conocen la investigación, no es el más sólido sobre Lozoya, pero es el principio. Lozoya, que decía tras salir de Pemex que si lo abandonaba Peña Nieto, hablaría todo lo que sabía, tiene abierta la amenaza. La duda persiste si se va a entregar próximamente a la Fiscalía, y si esta procederá contra sus colaboradores. Pero la información que tiene es nuclear contra un gobierno que avaló o que hizo cómplice por omisión, al ex director de Pemex.
31 Julio 2019 04:06:00
La cobardía de Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio la cara a la opinión pública desde la clandestinidad, al responder un cuestionario que le presentaron conjuntamente los diarios Süddeutsche Zeitung, de Münich; Tamedia de Zúrich y el portal Quinto Elemento Lab, de la Ciudad de México. Lozoya dijo que había una persecución política contra él y su familia, calificándolo como un “ataque cobarde y sin fundamentos”. El cuestionario que le presentaron los medios fue devuelto, ya respondido, tres días después de que detuvieran a su madre en Alemania, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“En dicha persecución política atacan a mi familia. A mi madre se le acusa que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público”, afirmó Lozoya en su defensa epistolar. “¿Qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el Gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para general órdenes de aprehensión”.

Las respuestas de Lozoya no se inscriben en las motivaciones que llevaron a la FGR a solicitar las órdenes de aprehensión. Según funcionarios federales, las órdenes en las cuales aparece relacionada su madre tienen que ver con el Caso Odebrecht, donde varios de sus ejecutivos declararon ante la Fiscalía brasileña que investiga la corrupción del conglomerado de la construcción, que le entregaron 10 millones y medio de dólares entre 2012 y 2014, presuntamente para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para obtener contratos durante ese gobierno. La imputación en México es como autor material de lavado de dinero, que es un delito que no alcanza fianza.

El proceder de Lozoya no sorprende. Las propias autoridades mexicanas están asombradas que el exdirector de Pemex esté más preocupado en él que en su familia, toda vez que sabía de la existencia de un voluminoso expediente que había sobre él. No hay sorpresas en ello.

Lozoya fue a ver al fiscal general Alejandro Gertz Manero antes de que el caso se enredara y saliera la orden de aprehensión en su contra. Gertz Manero le pidió que declarara, pero Lozoya le respondió que él era inocente y, como insiste públicamente, no había cometido ningún acto de corrupción. El fiscal le insistió, mostrándole el voluminoso expediente, que tenían evidencia que lo inculpaba. Lozoya se mantuvo en su posición.

De acuerdo con los funcionarios federales, ante la decisión de Lozoya de no declarar y de fugarse de la justicia, se siguió con el proceso que terminó con la orden de aprehensión de su madre por el presunto delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, y la emisión de una ficha roja de Interpol para la ubicación de su esposa, su hermana y una corredora de bienes raíces que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el caso de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, que adquirió a sobreprecio de Altos Hornos de México, por lo cual también su dueño, Alonso Ancira, está detenido en España acusado de presuntos delitos de corrupción.

Un funcionario federal defendió la captura de la madre de Lozoya. “Su firma aparece por todos lados”, dijo de manera figurativa para subrayar que documentos que sirven de evidencia sobre el caso Odebrecht, fueron firmados por ella.

Lozoya pudo haber declarado cuando se lo pidió Gertz Manero y haber aclarado la participación de su madre y su familia en los presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, pero no lo hizo. Para un funcionario que no está a cargo de la investigación, resulta inverosímil que la madre y la esposa, que pertenecen a una de las familias más ricas de Europa, con el control del mercado de jugos y panes de caja, participaran en una operación ilícita. Pero al mismo tiempo, resulta aún más inverosímil que Lozoya no se hubiera presentado ante la justicia para librarlas de los cargos.

“Es un cobarde”, afirmó.

La Fiscalía General está buscando a Lozoya en varias partes del mundo. No se tiene idea en dónde pueda estar. La última vez que se obtuvo una confirmación de su paradero, antes de que se girara la orden de aprehensión, fue en Dallas.

Pero de entonces a la fecha, nadie sabe, fuera del círculo más cercano del exdirector de Pemex, en dónde se encuentra. Varias personas que trabajaron estrechamente con él en Pemex tienen propiedades en Texas, y uno de ellos, Froylán García, que sigue vinculado a Lozoya, creen las autoridades que pudiera ser el informante confidencial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en donde salta el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de Lozoya es responsabilizar al expresidente y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray por lo que sucedió en Pemex. Ninguno de ellos ha respondido, que es lo que desea la defensa de Lozoya. Paralelamente existe la investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de 2012, cuyo coordinador general era Videgaray, aunque quien se encargaba de las finanzas era Luis Vega, cuyo nombre no ha aparecido en todo el esquema de presunta corrupción relacionado con el exdirector de Pemex.

La Fiscalía de Gertz Manero sigue encontrando información sobre Lozoya, pero no la ha judicializado. Es el momento de las estrategias. Por un lado apretar a la familia para que se entregue a las autoridades. Por el otro, forzar a la Fiscalía a cometer errores y que se le caigan los casos. En el Gobierno aseguran que eso no sucederá, aunque la probabilidad con tantos frentes abiertos,
es que así sea.
30 Julio 2019 04:06:00
Rosario, candidata a la guillotina
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal.

La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual Administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada Estafa Maestra, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.

La Estafa Maestra, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de 7 mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.

Tras la denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos
resultados solo produjeron acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría.

En enero pasado, Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a seis funcionarios de esta última, cuatro de ellos quedaron liberados de las imputaciones al desistirse la FGR de las acusaciones, y uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.

La Fiscalía reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la Estafa Maestra había sido una operación realizada desde el corazón del Gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delito de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi 6 mil millones de pesos al erario público.

No se conoce ningún documento firmado por la exsecretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la Estafa Maestra, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por parte de excolaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.

Nadie en el actual Gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del Gobierno de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en la Presidencia de ocho exmiembros del Gabinete legal y ampliado sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la indagatoria en contra de la exsecretaria de Estado, que años antes como presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel

López Obrador para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
Los intentos por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la ASF.

Antes de la elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada que temer”.

En una comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada
que esconder”, remató.
En su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por los que la acusan fueron para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del sexenio peñista.

De concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el Gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la FGR se enfocan hasta este momento en funcionarios del Gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto, para el expresidente.

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