Las empresas del Estado mexicano se crearon con la finalidad de producir bienes y servicios a la sociedad, para que contribuyeran a su desarrollo; particularmente aquellas orientadas a atender a los sectores económicos, considerados como estratégicos para el país, como el de energía, transporte, telecomunicaciones, entre otros. No obstante, y lamentablemente con los políticos que llegaron  al poder en la década de los 80, responsables de la conducción del país, y de sus técnicos encargados del diseño de las políticas económicas, emanadas de un modelo impuesto desde el exterior, se malbarataron compañías de aviación, siderúrgicas, ferrocarriles, telefonía, etc.

PEMEX y CFE. Y, sólo lograron sobrevivir de la razia privatizadora, por cierto, en condiciones financieras muy precarias: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta última, ha recibido rabiosas críticas de los medios de comunicación en los últimos días por los cortes de energía eléctrica, que se han dado en diversas partes del territorio nacional, afectando a los consumidores domésticos y ocasionando pérdidas millonarias en las actividades productivas. Los críticos al Gobierno han atribuido que los apagones se deben a la ineficiente administración de la compañía y a la política energética seguida por la 4T, que ha restringido la participación de compañías privadas y de Productores Independientes de Energía (PIE), con la intención de monopolizar la producción de electricidad en el mercado a través de la paraestatal. Antes de externar alguna sucinta opinión acerca del funcionamiento competitivo o no, de la CFE, y de la orientación de las políticas de la Secretaría de Energía (SENER), para tal  empresa. Es conveniente recordar que las empresas públicas además de buscar la rentabilidad financiera en su desempeño, siguiendo los criterios de mercado, también cumplen con objetivos y funciones sociales porque los recursos que manejan proceden del erario. Y, en ocasiones, como contingencias sanitarias, conflictos bélicos, desordenes en los mercados por los cambios climáticos, etc, sacrifican utilidades, y subsidian  a las poblaciones afectadas. La Administración federal 2018-2024, trazó un plan para el rescate de las compañías de energía del país, la meta es que produzcan hasta lograr la autosuficiencia energética del país. En el caso del suministro de luz, se parte del principio rector de que la prestación del servicio es un derecho que tienen los hogares de recibirlo, más que un negocio, para el productor y/o comercializador, y por ende no se puede lucrar con él. Por obvias razones, la empresa privada no podría participar en ese mercado regulado, porque a lo máximo que podría aspirar sería a ganancias ordinarias o lograr equilibrios financieros. De ninguna manera, se critica o se sataniza a los establecimientos privados, cuya estructura está diseñada para participar en mercados competitivos, cuyas ganancias los hacen permanecer dentro de ellos. No pueden seguir produciendo cuando sus costos son superiores a sus precios. ¿Es ineficiente la administración de la CFE? Las empresas públicas en México, por el rol social que juegan no deben evaluarse bajo los mismos criterios que demanda el mercado para definir si una compañía es productiva o no. Para ponerlo en blanco y negro. El siguiente ejemplo es ilustrativo. “Desde abril de 2020, la SHCP determinó que durante el periodo que se mantenga vigente la declaratoria de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, no se considere el aumento del consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos para efectos de su reclasificación a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Ello con la finalidad de permitir la permanencia de dichos usuarios en una tarifa baja, y así impedir que su consumo excedente -por tener que quedarse en casa debido a la pandemia-, no se traduzca en un golpe a la economía del grueso de los hogares mexicanos”.

Subsidios y energías limpias. En 2023 se erogaron en subsidios más de 76,625 millones de pesos para los consumidores de la tarifa 1(consumo básico). En cuanto a cobertura del servicio eléctrico 99.29% de la población en México, en 2022 dispuso de energía eléctrica en su vivienda. (Fuente: Desempeño y Las Tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. SENER, 2023) A pesar de que en enero de 2023, se tuvo un incremento de 7.3% en el precio del kilo watt hora del consumo básico, que fue el mayor del sexenio. Los aumentos que se dieron en las tarifas, anualmente de 2018 en adelante, estuvieron en función del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pero, aun así, fueron insuficientes para cubrir los costos de producción del fluido eléctrico en ese periodo. Por otra parte, su deuda de corto plazo se elevó 154%, de 2018 a 2022, mientras, la de largo aliento disminuyó marginalmente 0.3% en el mismo lapso. Recibió de la SHCP recursos monetarios para compensar los costos reales de producción con las tarifas cobradas a los consumidores del tramo básico. Los flujos que le transfirió la hacienda pública subieron 16.9% entre 2021 y 2022. En este último año, de cuatro calificadoras internacionales que fueron contratadas por la compañía, una de ellas le rebajó la calificación de Baa1 a Baa2 (Fuente IMCO), aunque ambas evaluaciones consideran que la empresa tiene la capacidad de cubrir sus compromisos financieros, la última denota más riesgo que la primera. Las restantes agencias mantuvieron su calificación sin cambio. Pero, volviendo a la pregunta inicial, se puede responder diciendo que en estricto sentido financiero, no es eficiente porque no relaciona los costos de producción con las tarifas que cobra a los usuarios, lo que resulta en desequilibrios anuales en sus resultados contables. Parte de los préstamos contraídos por la empresa los ha invertido en la construcción de centrales que producen electricidad con tecnologías renovables y limpias: Hidroeléctrica, Geotermoeléctrica, Fotovoltaica y Eoloeléctrica, Bioenergía; todas ellas aportaron al sistema nacional de abasto de energía eléctrica 31.2 por ciento… (Continuará).