“No es el voto lo que cuenta, sino el que cuenta los votos”.
Atribuido a Joseph Stalin

La oposición y muchos críticos han caído una vez más en el juego político del Presidente. Han centrado sus cuestionamientos a la reforma judicial en la elección de jueces por voto popular, pero el peligro no radica en el voto.

López Obrador ofreció uno de sus tradicionales desplantes populistas el 1 de septiembre al pedir en el Zócalo una consulta a mano alzada sobre la reforma judicial cuyo resultado fue, por supuesto, unánime a favor del voto popular. Nadie se hubiera atrevido a retar al Presidente en ese lugar. Pero AMLO no tiene que estar en un mitin de incondicionales para obtener el resultado que quiere. Cualquier encuesta sobre si es mejor que los políticos o el pueblo escojan a los jueces favorecerá el voto popular. El problema, sin embargo, es quién elige a los candidatos y quién controla y cómo a los jueces ya elegidos.

Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ha señalado que hay tres instrumentos en la iniciativa de reforma judicial “que vuelven el voto popular una farsa porque el régimen tendría el control de los jueces, los magistrados y los ministros”. Nadie podrá postularse simplemente porque quiere ser juez o magistrado, ni podrá ascender por la carrera judicial. Los candidatos serán seleccionados por “comités” de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Presidenta elegiría o vetaría a los candidatos de los dos primeros, que ya controla, pero incluso muchos del judicial serían favorables al Gobierno, porque el comité debe ser nombrado por mayoría de ocho de los 11 ministros de la Corte, que tendrá para entonces cuatro ministros de la 4T.

El sistema está hecho para dar al Gobierno la mayoría de los candidatos. Los aspirantes estarán más interesados en quedar bien con los comités que en promoverse ante los electores. Esto lo hace el Partido Comunista Cubano que, en vez de hacer fraude en las elecciones a la Asamblea Nacional, simplemente controla quiénes pueden ser candidatos.

Otro elemento que contribuirá a que el voto sea una farsa es el número tan elevado de candidatos. Ningún elector, por más concienzudo que sea, sabrá realmente quiénes son todos. Las elecciones se ganarán con muy pocos votos, promovidos por la maquinaria política de Morena que llevará a sus activistas a sufragar por los ungidos entre cientos de candidatos desconocidos.

El arma más poderosa de control será el llamado Tribunal de Disciplina. Este no será un simple remplazo del actual Consejo de la Judicatura. Los nuevos magistrados serán electos también por voto popular, con las condiciones que favorecen a los candidatos del Gobierno, pero mientras que el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de permitir la independencia de los jueces, y solo sancionar de manera posterior a los fallos, dejando a salvo los derechos de los juzgadores de acudir a tribunales para defenderse, el Tribunal de Disciplina podrá sancionar en cualquier momento y sus fallos serán absolutos y definitivos. Los jueces no tendrán ningún recurso para defender sus puntos de vista. El Tribunal de Disciplina será tan poderoso como la Santa Inquisición.

Ha sido un error de la oposición y los críticos concentrarse en el voto popular. El problema real es que los candidatos serán seleccionados por el Gobierno y el Gobierno podrá sancionar, sin derecho a un debido proceso, a los que no acepten las órdenes. El voto popular no es la mejor forma de elegir a los jueces, pero el verdadero peligro es que estos estarán sometidos a una disciplina que los despoja de su independencia para juzgar conforme a la ley.

Rebeldía

Hay buenas razones jurídicas para cuestionar las suspensiones provisionales otorgadas contra la discusión en el Congreso de la reforma judicial. Un recurso de queja las habría invalidado, pero en vez de responder legalmente el morenista Ricardo Monreal declaró que “la mayoría legislativa no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados”. Una probadita de la justicia en los tiempos del partido único.