Ciudad de México.- Una juez federal negó la libertad provisional al capitán primero José Martínez Crespo y al sargento segundo de Infantería Fabián Pirita Ochoa, en el proceso que tienen abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, les negó el cambio de medida cautelar y volvió a imponerles la prisión preventiva justificada, porque consideró que persistía el riesgo de que pudieran darse a la fuga.

De acuerdo con fuentes federales, la defensa presentó unas cartas firmadas por el ex Presidente Andrés López Obrador, en las cuales se señala que no se han encontrado pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición de los normalistas.

En esas cartas, destacaron los defensores, se responsabiliza a los abogados de los deudos por la liberación de posibles implicados, en referencia a la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que dio lugar a la libertad de decenas de presuntos responsables.

En audiencias celebradas el 30 de noviembre, 7 y 8 de diciembre, la juez Duarte Cedillo desestimó los distintos argumentos de los representantes legales de los militares, procesados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

En el caso del capitán, consideró que no existía un arraigo familiar ni domiciliario suficientemente acreditado que pudiera disminuir el riesgo de fuga.

También se mencionó en la diligencia la falta de información detallada sobre el bloqueo de cuentas bancarias al que estuvo sujeto y se mencionaron depósitos acumulados en múltiples cuentas, por montos cercanos a 400 mil y 700 mil pesos.

Respecto al sargento Pirita, la impartidora de justicia apoyó su resolución en la evaluación de riesgos emitida de la Guardia Nacional, que señala una alta posibilidad de evasión de la justicia, por la falta de arraigo familiar y domiciliario.

A los militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa se les acusa, entre otras cosas, de tratar de llevarse a los estudiantes internados en el Hospital Cristina, la noche de los hechos en Iguala, sin lograr su propósito.

La Fiscalía General de la República presume que esa instrucción fue girada por los mandos de los 27 y 41 Batallones de Infantería, luego que así se los ordenara el grupo criminal Guerreros Unidos.

Por el caso Ayotzinapa, en 2022 se giraron órdenes de aprehensión contra 20 militares de los dos Batallones referidos.

Desde entonces 16 han sido detenidos y 15 de ellos vinculados a proceso, sólo uno quedó en libertad por falta de elementos.

De los 15 procesados, 12 ya obtuvieron la libertad provisional bajo distintas medidas cautelares y sólo permanecen presos en el Campo Militar Número 1 el capitán Martínez Crespo, el sargento Pirita y el soldado de Primera de Infantería Francisco Narváez Pérez.

Los únicos que continúan prófugos son los soldados Óscar Cruz Román, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano y Enrique Martínez Chávez.