En una entrevista de días pasados, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se atrevió a asegurar que, la reforma judicial aprobada por los de Morena, “ni Dios Padre encarnado (Jesucristo)” podía revisarla y detenerla.

Lo anterior, a pesar de todas las anomalías en su aprobación, errores en su redacción y violaciones a garantías individuales en contenido, para luego rematar diciendo: “No hay ninguna posibilidad de que nosotros cambiemos un milímetro nuestra posición, ni podemos ni queremos”.

Las anteriores afirmaciones por parte de quien ahora inexplicablemente dirige la máxima tribuna de nuestro país, más allá de considerarlas una verdadera blasfemia, agresión o falta de respeto para quienes profesan una religión o pertenecen a una iglesia creyente en Dios Padre o en Cristo, debemos interpretarlas como la verdadera cara o principal característica de este régimen absolutista, insensible y extremadamente soberbio que, por desgracia, nos vino a imponer al anterior Presidente de México y que ahora, maximizado, pretende continuar la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fieles a su ambición de poder, los dirigentes de la autodenominada 4T, buscan con la aprobación de esta reforma judicial, que ahora es la causa de esta guerra sucia contra el Poder Judicial, capturar para sí a los tres poderes del Estado, con el inequívoco propósito de implantar en México un régimen literalmente absolutista; aunque lo anterior provoque que este estado de derecho y la autonomía en la impartición de justicia caiga pedazo a pedazo, al fin, precisamente así lo vino planeando meticulosamente el exmandatario tabasqueño y los de su camarilla.

Por si usted aún duda de todo lo anterior, déjeme explicarle, cómo este nuevo esquema de conformación de los juzgados federales lleva implícita la intención de acabar con la democracia y las libertades de los mexicanos; en dicha reforma se establece que las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para lo cual se emitirá una convocatoria pública, en la que, cada poder integraría un Comité de Evaluación para seleccionar a los aspirantes; luego estos seleccionados serán depurados mediante insaculación y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación.

Entonces, los de Morena, que ya dominan dos de los tres poderes de la Unión, tendrán un papel preponderante en la aprobación de las nuevas candidaturas y podrán concederse un Poder Judicial alineado con ellos, perpetuando a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones; así mismo, la reforma establece un Tribunal de Disciplina Judicial, que no es otra cosa que una arma fuerte para ejercer presión sobre el resto de los empleados de este poder reformado, logrando con lo anterior la captura política, ahora sí, de todo nuestro sistema de Gobierno.

En resumen, de darse esta reforma judicial, la elección popular de ministros, magistrados y jueces obedecerá únicamente a intereses políticos y debilitará los derechos de todos, para luego, exponernos a la impunidad, abusos del Gobierno, y la aniquilación del estado de derecho, aunque la consecuencia sea menguar el desarrollo económico de nuestro país, y entonces sí, será bastante difícil que Dios Padre pueda ayudarnos a salir de ese régimen demoniaco.