Nacional
Por Proceso
Publicado el lunes, 15 de julio del 2024 a las 11:09
Ciudad de México.- Sin caminar demasiado se encuentran bandejas, contenedores y hasta cilindros de gas entre la naturaleza. Algunos están dentro del agua, sobre todo en los lugares donde los ríos hacen curvas, y se huelen olores que no encajan con el ambiente. Son utensilios para la fabricación de droga sintética, muchas veces arrastrados por las lluvias desde narcolaboratorios en lo alto de la sierra en Sinaloa.
Así los ha visto Mauro Aguirre Zazueta, medioambientalista que estudia la preservación de la flora y fauna que están en peligro en el serrano municipio de Cosalá.
“ Sí afecta, porque manejan ácidos y son muy peligrosos; si los derramas en una planta, pues la planta no va a durar mucho tiempo viva, se va a secar”, explicó.
Es la catástrofe ecológica del narco. Con una epidemia de adictos a opioides en Estados Unidos, la producción de drogas sintéticas en México ha ido al alza de una manera que nunca se había visto. Mientras el impacto a la salud por drogas ilícitas ha sido bien cuantificado —unos 110 mil muertos de sobredosis en EUA de enero del 2022 a enero del 2023— el daño medioambiental en México por los residuos en el proceso de elaboración de estas sustancias es desconocido.
Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que las autoridades mexicanas encargadas de manejar y perseguir los crímenes medioambientales no han intervenido en ningún caso de contaminación ocasionado por laboratorios clandestinos.
No es por falta de información. En los últimos cinco años, la cifra de laboratorios descubiertos a nivel nacional ha crecido más de 16 veces, de 58 en 2018 a 948 en 2023. Ha habido dos mil 79 hallazgos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tres veces más que en la administración anterior, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Relación de laboratorios de droga sintética desmantelados por entidad, municipio y año. Elaboración propia con información de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, vía Plataforma Nacional de Transparencia
La misma Sedena reporta la incautación de 488 mil 707 kilogramos y un millón 215 mil litros de químicos y precursores en los laboratorios asegurados desde 2018. Son equivalentes a 17 contenedores de carga largos y más de 40 pipas de las que transportan combustible de Pemex repletos de químicos peligrosos, capaces de causar envenenamiento, intoxicación, discapacidad temporal, hemorragias cerebrales y hasta la muerte a las personas que están en contacto con ellos prolongadamente.
Como un ejemplo del impacto al medio ambiente, en México fueron asegurados 556 mil 308 kilogramos de metanfetamina entre 2018 y 2023. La ONU estima al menos seis kilogramos de desechos por cada kilo de esta droga producida ilegalmente, y en algunos casos podría ser aún mayor.
Los narcolaboratorios representan un riesgo para quienes manipulan los químicos, pero también para las personas que se encuentran en dichos espacios, tal como ocurrió en mayo de 2024 en el poblado de El Pozo, al norte de Culiacán, donde nueve militares resultaron gravemente heridos por la explosión de un laboratorio clandestino, obligando a las autoridades a evacuar las escuelas cercanas.
Además, los químicos empleados para la fabricación de droga sintética matan de inmediato la flora en los sitios donde fueron instalados los narcolaboratorios, mientras sus desechos son arrastrados por el agua o terminan en el subsuelo. En ambos casos ocasiona la muerte de animales y representa un riesgo latente para los humanos. Los espacios contaminados pueden tardar hasta 25 años en recuperarse.
Solicitudes a través de la Ley de Transparencia de parte de Quinto Elemento Lab encontraron nulos diagnósticos por parte del gobierno sobre este daño ambiental. Tampoco hay evidencia de protocolos que deban seguir los primeros respondientes que llegan a los laboratorios, ni quienes decomisan las sustancias peligrosas ni quienes deberían resarcir el daño al ecosistema.
La mayoría de los narcolaboratorios ha sido encontrado en Sinaloa, Durango, Michoacán y Jalisco. Pero la producción de droga sintética aumenta tan rápido que ya se han detectado laboratorios clandestinos en más de la mitad de los 32 estados, extendiendo la narco-contaminación por el territorio nacional.
Sin embargo, la estrategia del gobierno federal bajo el liderazgo de López Obrador se ha centrado en negar que el fentanilo, un opiáceo sintético, se produzca en México.
La gente que corre el riesgo de estar expuesta a los químicos —y a quien la autoridad tiene la responsabilidad de proteger— sabe de la inminencia del peligro ecológico cuando encuentra ganado muerto cerca de un pozo de agua contaminada, o un mangle donde ya no se puede pescar, o por la explosión de químicos en una bodega o por un derrame en la carretera. En algunos casos los daños ecológicos podrían dejar secuelas permanentes, terminando con la agricultura, ganadería o pesca en la región.
“ Es inevitable ver el impacto tan tremendo que el crimen organizado ha tenido en el medio ambiente (…) de lo que no hay datos, de lo que no hay ni siquiera una estrategia de prevención o de mitigación”, dijo Siria Gastélum, sinaloense que trabaja en Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, una organización civil que documenta y hace recomendaciones frente a los estragos del crimen organizado internacional. “No digo que no dé miedo. A todos nos da miedo. Creo que ustedes ya saben en lo que se meten, pero es impensable no hacer nada y dejar que se queme todo”.
Los laboratorios clandestinos en México están ubicados en las áreas más remotas del país, a menudo en los ecosistemas más frágiles de la Sierra Madre Occidental y a lo largo de los bosques de manglares costeros. Ahí se evita la detección por parte de las autoridades a la vez que se encuentran fuentes de agua esenciales para fabricar las drogas sintéticas.
Muchos son de metanfetamina, pero varios son capaces de producir otros tipos de drogas y a veces mezclarse. No son operaciones caseras, sino de escala industrial con capacidad de producir toneladas diariamente.
Los lugares donde se instalan estos laboratorios se han vuelto más complicados en los últimos años por el aumento de operativos por parte de la Sedena y la Marina, bajo la presión de los Estados Unidos de cesar el flujo de estas drogas a su país. Por eso se enfrentan a la tarea de operar con sustancias químicas peligrosas en terrenos difíciles.
Las autoridades han reportado el aseguramiento de más de 60 sustancias encontradas en los laboratorios de droga sintética, y de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas, estos productos son catalogados nocivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, peligrosos para la salud y dañinos para el medio ambiente. Algunos como el cianuro de potasio, del que se han asegurado 510 kilos y siete mil 658 litros en Sinaloa, tienen hasta cuatro de estas advertencias.
Entre 2018 y 2022, la mitad de los laboratorios encontrados a nivel nacional estaban en Cosalá, el municipio con menor densidad poblacional de Sinaloa y un Pueblo Mágico enclavado en la Sierra Madre Occidental. El área es tan aislada, que fue el sitio donde en 2015 la actriz mexicana Kate del Castillo y la estrella de Hollywood Sean Penn se reunieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el prófugo más buscado del mundo que ahora está cumpliendo una cadena perpetua en Estados Unidos.
Ahí se encuentra la Reserva Nuestra Señora Mundo Natural de Cosalá perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y que cuenta con un observatorio astronómico, museo, jaula de guacamayas rescatadas y viveros de especies nativas.
El lugar se caracteriza por una selva seca, donde sus árboles no rebasan los 10 metros de altura, y más del 75 por ciento de su vegetación pierde sus hojas durante la época de sequía, dejando un paisaje con montañas en tonos café. Aun así, es hogar de guacamayas, venados y algunos felinos, destacando la presencia del jaguar, dijo Manuel Guillermo Millán, profesor en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Cosalá, quien ha estudiado detalladamente los ecosistemas en la región.
“ Estamos hablando de especies que únicamente se distribuyen en cierta región”, dijo al confirmar que se encuentran protegidas por las autoridades federales.
Mientras los ambientalistas trabajan y los ecoturistas realizan diversas actividades —como senderismo, paseo en tirolesa, y observación de fauna silvestre— los narcos vigilan desde la entrada al pueblo, sin esconderse. Jóvenes “empecherados”, es decir, usando chalecos tácticos, se trasladan a bordo de una camioneta de doble cabina, sin placas y con los vidrios abajo, portando radios y armas largas frente al Palacio Municipal.
David Jacobo, biólogo de UAS, no tiene duda de que la cantidad de químicos desechados por los laboratorios están destruyendo el ambiente.
El acecho de las autoridades aleja la instalación de laboratorios a sitios más apartados o poco comunes, y ahora aparecen en municipios donde antes no tenían presencia. Ya se han detectado laboratorios en 11 de los 18 municipios de Sinaloa.
A principios de octubre del 2023 la Sedena encontró un laboratorio de metanfetamina en el municipio de Sinaloa, uno de los más alejados y de difícil acceso que han localizado, según las propias autoridades. Los narcos se apoderaron de un predio de 10 hectáreas rumbo al estado de Chihuahua. Desmontaron y construyeron más de 2.5 kilómetros de camino y equiparon el lugar en energía eléctrica para ser capaces de fabricar droga las 24 horas del día.
No habría sido posible ubicarlo vía área y hacerlo por reconocimiento terrestre resultó en un enfrentamiento contra el grupo de narcotraficantes que dejó un militar sin vida. En este laboratorio construyeron siete fosas en toda una ladera de la montaña para deshacerse de los residuos de los reactores, donde se mezclan los químicos y precursores a grandes temperaturas hasta obtener la droga, un proceso que afecta a la vegetación.
Los árboles alrededor de las fosas estaban completamente secos, los escurrimientos provocados por las lluvias habían extendido el daño, y en los alrededores se escuchaba ganado. Los militares dicen que en otros laboratorios han encontrado vacas muertas cerca de los desperdicios.
El líquido que abastecía a este laboratorio era extraído de un arroyo, pero los contaminantes regresaban a él, sin importar que aguas abajo estaba un poblado. Los narcotraficantes saben de los riesgos, por eso colocan sus dormitorios arriba de la fuente de desechos.
La Sedena ha localizado la mayor cantidad de laboratorios clandestinos en la actual administración federal: el 89 por ciento de los aseguramientos han sido realizados por militares, según el informe de seguridad que se dio a conocer en mayo del 2023. Sin embargo, su función se limita a encontrar, resguardar e inhabilitar, pero nunca la limpieza.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, es la responsable de establecer las políticas ambientales del país, con el fin de regular acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Es la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hacer cumplir las leyes en materia ambiental y formular denuncias. Pero Sedena no da aviso a ninguna de ellas luego de encontrar un laboratorio clandestino, únicamente notifica a la Fiscalía General de la República (FGR) para que incauten y aseguren los químicos.
Al solicitar vía Transparencia a Profepa y Semarnat información sobre los laboratorios, ambas dependencias respondieron que hicieron búsquedas al respecto y no encontraron nada. Quinto Elemento Lab hizo varias solicitudes formales a través de las áreas de comunicación de Semarnat y Profepa para conocer más detalles y cuestionar sobre su responsabilidad en la materia. Semarnat sólo hizo un deslinde de responsabilidades al señalar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la instancia que se tendría que consultar. La autoridad, que se encarga de “la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales”, respondió que no tiene nada que ver con contaminación por los laboratorios clandestinos.
“ Es un tema total y absolutamente asociado a temas delictivos, no sanitarios”, dijo un vocero.
Mientras tanto, Profepa respondió mediante su vocera que en sólo un caso “la Fiscalía General de la República solicitó la coadyuvancia de la Profepa en la dictaminación pericial del grado de contaminación al área y la afectación al ecosistema de manglar, del cual se presentó el peritaje correspondiente”. Ocurrió en 2022, y “no se ha requerido por el juzgado la participación de la Profepa” desde entonces. Cuando Quinto Elemento Lab pidió el lugar y detalles de este caso, la entidad dejó de responder.
Las autoridades estatales y federales están al tanto de la contaminación que producen los laboratorios clandestinos, según personas que lo han informado directamente a las autoridades correspondientes.
Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, dijo haber expuesto el tema el 9 de octubre de 2023 en la Mesa de Seguridad Estatal, donde están presentes autoridades de los tres niveles de gobierno con representación en Sinaloa. Les pidió hacer todo lo posible para reducir la contaminación y revertir el daño provocado por los laboratorios.
“Hubo poco interés”, reconoció el mando militar, quien volvió a plantear el tema tiempo después por una probable contaminación de aguas al sur de Culiacán. Las autoridades habían desmantelado unos laboratorios en la comunidad de San Lorenzo y los químicos esparcidos habrían causado la muerte de ganado.
Por acuerdo de la Mesa de Seguridad se instruyó a la Secretaría de Salud a tomar muestras en la zona e involucrar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para averiguar más sobre posibles daños a los productores, pero hasta el momento no se ha informado sobre resultados y el tema no se ha vuelto a tratar en la Mesa de Seguridad.
Antes de finalizar el reportaje, Quinto Elemento Lab preguntó en la Secretaría de Salud si tenían algún avance de dicho estudio, pero dijeron desconocer el asunto, al igual que en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), argumentando que las sustancias y residuos peligrosos son competencia federal.
Los funcionarios estatales han sabido al menos desde 2018 sobre la instalación de estos laboratorios gracias a un proyecto de reforestación de mangle en las costas de Sinaloa realizado por Humedales Sustentables, AC. Pescadores locales informaron desde entonces acerca de la presencia de estos laboratorios y que algunos de sus colegas utilizaron sus embarcaciones para suministrar agua y combustible a quienes los operaban, según Leonardo Moroyoqui Rojo, académico de la UNAM y experto en ecosistemas costeros.
Según Moroyoqui, surgió el tema de la seguridad para implementar dichos programas y el reconocimiento de laboratorios de droga sintética en la zona de mangles en una reunión en 2023 con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Pero ellos negaron haber participado en mesas en las que el tema del daño ecológico por precursores químicos fuera abordado.
Lejos de haber hecho una limpieza en las áreas contaminadas por los narcolaboratorios, hay muchos ejemplos en que las autoridades quemaron químicos al aire libre, esparciendo más contaminación, los dejaron en el lugar, los transportaron inadecuadamente o los guardaron de manera incorrecta. Por un mal almacenamiento de las sustancias aseguradas, las bodegas de la Delegación en Sinaloa de la FGR han explotado en dos ocasiones, una en 2015 y otra en 2021.
A finales de septiembre de 2023, la Semar informó del aseguramiento de uno de los más grandes laboratorios incautados a orillas del Río San Lorenzo (que nace en Durango y pasa por municipios de Sinaloa como Culiacán y Cosalá hasta llegar al océano Pacífico), donde fueron asegurados ocho mil kilogramos de metanfetamina, 33.1 mil kilos de precursores químicos, 12 reactores, 21 condensadores, batidoras y material diverso para la alteración de droga.
La única forma de tener acceso al laboratorio era por agua, una nueva modalidad para evitar los operativos de los militares que ya ha sido puesta en práctica en otros municipios sinaloenses. El problema en este tipo de instalaciones, al igual que en la zona serrana, es que las autoridades no pueden trasladar todos los químicos y recipientes incautados, por lo que optan por destruirlos en el lugar, dejando más contaminantes esparcidos en el área.
En las fotografías incluidas en los comunicados de prensa de Sedena y Semar se observa a su personal destruyendo utensilios, rompiendo bolsas de químicos y quemando algunos de ellos al aire libre al no lograr una forma de extraerlos de los sitios en donde fueron localizados.
El narcolaboratorio considerado el segundo más grande que se haya descubierto durante el periodo de López Obrador se encontró en el poblado de Angostura, localizado en medio de unos cultivos de maíz dentro de la reserva natural de la Bahía Santa María. Disperso en un terreno de tres hectáreas protegidas por el techo de los árboles, con sus 36 reactores distribuidos en 10 módulos era capaz de producir hasta tres toneladas de metanfetamina diariamente.
El agua utilizada por este laboratorio era extraída de los canales de riego que abastecen los campos de maíz, y regresaba a la tierra junto a otros desechos, a escasos metros de los cultivos. De acuerdo con la FGR, en el lugar aseguraron 10 mil 724 litros de metanfetamina, dos mil 369 litros de tolueno, 589 litros de ácido clorhídrico, 140 litros de ácido sulfúrico, 39 litros de metilamina, 39 litros de acetona y 39.9 kilos de ácido fenilacético.
Entre los arbustos se escondían materiales y tinas abandonadas, corroídas por los químicos y decenas de bidones sin nombres para identificar las sustancias, pero en la tierra se observaba un cambio en la coloración, dejando un aspecto rojizo.
Cuando Quinto Elemento Lab preguntó vía Transparencia qué pasó con esos desechos, la Sedena señaló que todo fue puesto a disposición de la FGR, y esta autoridad se negó a compartir más información relacionada con dicho laboratorio.
El laboratorio de Angostura ostentó el título de ser el más grande descubierto en el sexenio hasta febrero de 2024, luego de que Marina encontró uno de 72 rectores, 102 condensadores y 32 centrifugadoras, en Quiriego, al sur de Sonora, donde había insumos para producir hasta 41 toneladas de metanfetaminas.
En el Informe Mundial Sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) se reconoce el impacto al ambiente por la fabricación de drogas sintéticas, advirtiendo que sus efectos pueden ser considerables a nivel local o comunitario, porque las drogas suelen ser fabricadas en lugares remotos y su producción conlleva vertidos o descargas de desechos a bosques y ríos.
La UNODC dispone de una guía para eliminar las sustancias encontradas en un laboratorio, destacando la distancia mínima de cuerpos de agua, campos, zonas agrícolas, poblados, pozos de agua y huertos, la cual puede variar de 500 a 750 metros, y puede llegar a ser hasta de 1 kilómetro en caso de aguas subterráneas.
Al no obtener respuestas de la autoridad federal, Quinto Elemento Lab indagó en la base de datos filtrada por Guacamaya Leaks, donde encontró una guía básica para el procedimiento de laboratorios clandestinos y gestión de sus desechos, elaborada por la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR.
En un correo enviado el 27 de enero de 2021 desde el despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional, se adjuntó la propuesta de guía para su análisis, en seguimiento a una reunión de trabajo interdisciplinaria realizada cinco días antes y donde las autoridades abordaron el tema del manejo de los residuos que dejan los narcolaboratorios.
“ Ante la importancia del tema, dicho documento es una guía básica para los procedimientos del manejo de las sustancias, así como del apoyo técnico requerido, la cual contempla requerimientos, personal técnico, métodos para la destrucción (excavación segura, quema al aire libre e incineración)”, dice el correo destinado a personal de FGR y de Sedena, con cargos de generales, tenientes y mayor.
En la base de datos de Guacamaya Leaks se encuentra este correo electrónico que indica que los mandos de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría) y la Sedena iniciaron la redacción de un documento técnico para la destrucción de laboratorios clandestinos muy parecido a la guía de la ONU. Pero al preguntar si este manual está en uso, la FGR dijo a Quinto Elemento Lab que dicho material es considerado reservado. Las personas listadas en el correo fueron contactadas vía correo electrónico, pero no hubo respuesta a las solicitudes de entrevista.
Luego del hallazgo se preguntó vía Transparencia a la FGR —por ser quienes elaboraron la guía— confirmar su existencia. Pero respondieron que dicho material era considerado reservado, y mandos militares en Sinaloa no lograron confirmar su uso en la práctica.
Este equipo periodístico preguntó al menos a tres comandantes y a un teniente militar sobre los protocolos para desmantelar los laboratorios de droga sintética en los sitios donde fueron descubiertos, pero no lograron dar una respuesta detallada.
En la Plataforma Nacional de Transparencia se localizaron contratos de la FGR con al menos tres empresas dedicadas al acopio y destrucción de residuos peligrosos, pero vía acceso a la información, negaron tener una relación vigente con ellas, y no quisieron compartir datos sobre carpetas de investigación en específico al considerar que la información contiene datos personales.
COMESA es la empresa encargada de recoger y destruir los contaminantes en Sinaloa, según mandos de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán. En su página de internet, la compañía menciona procedimientos para deshacerse de sustancias peligrosas provenientes de la industria, agricultura, clínicas y hospitales, pero no señala nada sobre laboratorios de droga sintética, a pesar de reconocer públicamente que la FGR figura entre sus clientes.
Los intentos de Quinto Elemento Lab para comunicarse con COMESA y las solicitudes de entrevistas con sus directivos fueron ignorados hasta el cierre de este reportaje.
La preocupación del gobierno federal en el tema de las drogas no son las políticas ambientales, sino dar el mensaje que el daño ocasionado por el fentanilo no es culpa de México. AMLO por casi un año insistió en su país que no fabrica este opiáceo sintético.
Esto a pesar de docenas de comunicados emitidos por la propia Sedena, donde presume de haber incautado más de 80.3 mil kilos y 76.9 mil litros de precursores y sustancias esenciales para la fabricación de fentanilo en México entre 2018 y 2022, incluyendo piperidona, cloruro de propionilo, tetrahidrofurano y piperidina, precursores químicos empleados para la fabricación de ese opioide. En un boletín de febrero de 2023, Sedena también reportó, “personal del Ejército Mexicano llevó a cabo el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo”.
En el otoño pasado, el nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general retirado Gerardo Mérida Sánchez, se metió en problemas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando en su primera conferencia de prensa reconoció que la entidad es un lugar de producción y trasladado de fentanilo.
Hasta “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que ya lideran el Cártel de Sinaloa y a quienes Estados Unidos culpa de la epidemia de sobredosis en su país, niegan que haya producción de fentanilo en el estado, según mantas colgadas supuestamente por aquel cártel. En el mensaje el grupo se deslindó de este negocio, aunque es imposible confirmar quién colgó las pancartas.
“ En Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo … Nunca hemos sido ni seremos afines a ese negocio. Aténgase a las consecuencias. Att. Chapitos”, decían las 11 mantas colgadas en diversos puntos de Sinaloa el 2 de octubre de 2023.
Luego AMLO admitió que sí, con los Estados Unidos y Canadá, México produce fentanilo, en una entrevista con el programa de noticias estadounidense 60 Minutes. Pero también, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República tuvo que retractarse de una declaración en abril que “México ha sido campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo”, por contradecir la narrativa del presidente.
Por la falta de procedimientos gubernamentales y ante la negación como una estrategia para no enfrentar el problema, a los pobladores solamente les queda la opción de tomar el asunto en sus propias manos.
En 2019, un guardabosques detectó un laboratorio dentro de la reserva ecológica de la Bahía de Santa María, en el municipio de Angostura, pero no se atrevieron a denunciarlo. A principios de la pandemia de covid en 2020, los criminales lo abandonaron y los ambientalistas esperaron a que alguna autoridad acudiera a desmantelarlo, pero eso no ocurrió.
Después de esperar infructuosamente que alguien acudiera a limpiar y llevarse los desechos, decidieron hacerlo ellos mismos. El intenso olor que desprendían los contenedores los guio hasta el sitio exacto, donde había una gran cantidad de desperdicios, recuerda Ximena, quien solamente ofrece su nombre de pila por asuntos de seguridad.
Para instalar su narcolaboratorio, los delincuentes destruyeron parte de la vegetación de esta zona destinada a la conservación de cactáceas, una especie protegida por las autoridades federales.
Ximena recuerda haber visto tinacos, barricas de fierro, recipientes de distintos tamaños, quemadores, cilindros de gas, ladrillos ahumados, decenas de ollas de peltre y otros utensilios repartidos en al menos tres hectáreas, aisladas por canales de riego.
Varios recipientes aún tenían líquidos, y no olvida el olor, similar al emanado por un baño abandonado. A pesar del temor de estar en el laboratorio abandonado y del riesgo que implicaba trasladar esos materiales, comenzaron a levantar los desechos para transportarlos en una camioneta hacia un basurero a cielo abierto localizado a una media hora del lugar. Ninguna autoridad se los impidió.
“ Sabían lo que estábamos recogiendo porque parecíamos hormigas y pasamos por el medio de todas las comunidades (…) no había manera de que no se dieran cuenta que estábamos acarreando como hormigas una camioneta, otra camioneta, y otra camioneta con tambos”, relató.
Los pobladores no lograron hacer ningún trabajo de restauración porque no existían programas para replantar cactáceas en la zona. En febrero de 2023 las autoridades detectaron otro narcolaboratorio dentro del área natural protegida, a tan sólo 15 kilómetros de distancia de donde habían instalado el antiguo laboratorio abandonado.
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