Torreón, Coah.- El Municipio revisará las condiciones legales para sancionar a la empresa Servicios Tecnológicos de Prepago, por incumplir con la entrega de información sobre el manejo y destino de los recursos que recauda de las tarjetas prepagadas que utilizan los usuarios del transporte público, y de la cual se ha negado rotundamente a rendir cuentas.

Ayer, por tercera ocasión, los representantes de la empresa no atendieron la convocatoria para la sesión del comité técnico del fideicomiso del sistema de recaudo, en la que presentarían el informe financiero que se les solicitó desde hace algunas semanas.

La Secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez indicó que esta vez tampoco se dio una justificación ni comunicación de forma oficial por el presidente de la empresa, Roberto Cerna Aguilera, para no asistir a la sesión.

Señaló que una de las vías legales que se revisan es la de aplicar sanciones conforme a la Ley Nacional Bancaria, que regular el tema de los fideicomisos, y aclaró que no se trata de una empresa particular que no tenga obligación de rendir cuentas.

“Ellos tienen la concesión de un servicio que es público, no es un fideicomiso privado, tenemos derecho a recibir cuentas”, indicó, al señalar que en dicho fideicomiso están representadas las autoridades municipales, al igual que los concesionarios de las rutas urbanas de autobuses.

Resaltó que la solicitud del informe financiero se hizo con base en las peticiones de los mismos concesionarios, debido a que éstos no han recibido en casi dos años, los recursos que les corresponden por la operación del sistema de prepago.

Esa misma petición se ha hecho en los diferentes organismos, que operan con fideicomisos, como es el Consejo Promotor para las Reservas Territoriales (Coproder), en atención a los requisitos por el cambio de la administración municipal.

Además, la empresa de prepago está sujeta a una auditoría externa a cargo de la Contraloría municipal, la que se sigue desarrollando, aunque los datos son limitados precisamente porque la empresa no ha dado la información solicitada.

En este contexto, las sanciones a la empresa podrían ser considerables, según destacó Fernández Martínez.

Para dar fe de la inasistencia de los representantes de la empresa a la sesión del comité técnico, acudió el notario público número 81, Alejandro Martínez.

Con información de El Siglo de Torreón