“Las instituciones pasan por tres períodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso”.  R. de Chateaubriand

El pasado viernes 27 el el Ayuntamiento de Saltillo aprobó un ajuste en las tarifas de transporte. Esto trae de nuevo la discusión sobre la vigencia de un sistema donde sindicatos como la CROC y la CTM han impuesto prácticas sobrevivientes del pasado corporativo del Estado mexicano, y tal imposición enfrenta cualquier modelo de planeación de la movilidad urbana a través del transporte público.

El derecho a la movilidad en condiciones dignas forma parte de la calidad de vida de las personas en dos dimensiones, una instrumental y una subjetiva: desde la primera, es garantía de bienestar físico y económico de las personas ya que los tiempos de traslado, la accesibilidad, el alcance geográfico, la conectividad territorial y la seguridad de las infraestructuras permite el acceso a oportunidades laborales, de educación, productivas, de acercamiento a los servicios así como el consumo presencial de bienes.

En lo subjetivo, la movilidad incide en la calidad de vida de las personas, permitiendo el ejercicio del ocio, al descanso, al entretenimiento y a la cultura que en estos momentos de desarrollo capitalista son revolucionarios. También como medio de contacto con la familia y los amigos que construirán las redes de apoyo y la interacción social y personal entre los ciudadanos.

Esta complicidad sistémica entre gobierno municipal y sindicatos corporativos ha generado en las ciudades de nuestro Estado, un transporte urbano, excluyente, inseguro, ineficaz, impuntual, contaminante, sucio al que acceden sólo quienes no pueden costearse opciones privadas de movilidad.

Esta brecha de desigualdad contraria a todos los indicadores de crecimiento urbano del sureste del Estado, ahondan también de manera interseccional a la discriminación.

Si lo consideramos como un sector de la actividad económica también entra en franca contradicción con el establecimiento de inversión directa más grande de todo el país.

Tenemos el peor transporte porque las autoridades municipales no pueden renunciar a la complicidad político electoral con líderes de papel con quienes comparten también las funciones de gobierno y de representación popular.

Mientras la esperanza espera a abordar algún día.