Ocurrió hace unos días en un Puente Internacional de Tamaulipas en la frontera con los Estados Unidos. A un alcalde electo de una ciudad fronteriza que intentaba cruzar a Texas con su familia lo detuvieron los agentes migratorios para verificar su identidad y cuando los guardias estadunidenses leyeron el nombre de su pasaporte, a pesar de que él tiene la visa “Global Entry” que otorga el Gobierno de Estados Unidos a mexicanos de alto perfil socioecónomico, le pidieron al recién electo alcalde que se bajara de su vehículo y los acompañara “para unas preguntas de rutina”.

Extrañado, el alcalde accedió al interrogatorio en una oficina donde a los agentes migratorios se sumó uno del FBI. En algún punto de la situación uno de los agentes accedió a explicarle los motivos del interrogatorio: “Lo que pasa es que tu nombre aparece aquí como que eres parte de una organización criminal llamada Morena, que está conspirando contra Estados Unidos y que financia sus campañas con recursos ilícitos”, le dijo el funcionario del Gobierno norteamericano.

Con base en un supuesto reporte de su Gobierno, le dijeron tener nombres e información de varias personas que serían parte de esa “organización criminal”, como se refirieron al partido del presidente López Obrador. Le mencionaron a un tal “JR” al que le preguntaron si conocía, porque “él encabeza el contrabando de armas y gasolina en las aduanas fronterizas”, luego le dieron al alcalde los nombres de un senador de la República por el partido Morena, y el de un diputado federal también del mismo partido, como parte de la lista que incluía a algunos otros políticos morenistas del estado de Tamaulipas.

En un punto del interrogatorio le mostraron fotografías de unos empresarios de apellido Carmona, que le mencionaron también como parte de la supuesta “organización criminal” pidiéndole que los identificara. El mismo alcalde electo, cuyo nombre se reserva, narró cómo ocurrió este interrogatorio y los señalamientos que los agentes fronterizos y del FBI le hicieron sobre su pertenencia al partido Morena al que insistían en vincular con supuestos actos de “conspiración y financiamiento ilícito”.

El incidente narrado por el futuro alcalde de un municipio tamaulipeco resulta de la mayor gravedad, sobre todo por tratarse de información que dicen tener las autoridades estadunidenses sobre el partido gobernante y varios de sus integrantes en el estado de Tamaulipas. Dicha información se basaría en denuncias presentadas por mexicanos que han acudido a realizar acusaciones o a proporcionar información y nombres a las autoridades estadunidenses que involucrarían al actual partido gobernante.

Algo similar es lo que ahora hace en Estados Unidos el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Sería bueno que, tanto en el Gobierno de López Obrador como en el partido Morena, se tomaran más en serio este tipo de denuncias y acusaciones que aquí han minimizado e ignorado tanto el Presidente y sus colaboradores que acusan a los gobernadores que denuncian de estar haciendo “amarillismo” y de tener motivaciones políticas detrás de sus graves señalamientos. Tal vez a las autoridades mexicanas, incluida la Fiscalía General de la República, ese tipo de denuncias no les parezcan serias ni atendibles, pero cuando información de ese tipo llega a autoridades o agencias del vecino país, hablando de vínculos entre el narcotráfico, personajes de Morena y financiamiento ilícito al partido en el poder, las cosas cobran otra dimensión.