Ciudad de México.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptaron disminuir sus percepciones y ganar menos que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a partir de 2025, luego de seis años de críticas y de intentos por reducir las remuneraciones de los togados.

La titular del Ejecutivo Federal tiene una remuneración mensual que corresponde a un salario bruto de 186 mil 93 pesos y neto de 129 mil 432 pesos netos.

Mientras que los ministros, actualmente, perciben un salario bruto de 297 mil 403.77 pesos y neto 206 mil 948 pesos.

¿Cómo se tomó la decisión de bajarse el sueldo?

En sesión privada y tras una votación de ocho a tres, el Pleno avaló el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025, presentado por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, que contempla una baja de salarios a 330 personas del Alto Tribunal, desde ministros hasta altos mandos.

La Corte informó que con lo anterior se cumple con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del Decreto de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Para 2025, la Corte está solicitando un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos.

El proyecto representa una disminución de 1.4%, en términos reales, considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024, respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó al Alto Tribunal para el presente año.

El proyecto será remitido al Ejecutivo Federal a más tardar el 5 de noviembre, para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

La Suprema Corte  señaló que, para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por el máximo tribunal de justicia del país equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado).

Indicó que para 2025, a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades.

Asimismo, explicó que para el rubro de servicios personales se destinarán ocho de cada 10 pesos solicitados, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3 mil 805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.